BAHÍA BLANCA: sin sentencias por la represión.

Un informe destaca avances en las causas, pero critica la falta de condenas
Bahía Blanca, sin sentencias por la represión
Publicado el 20 de Diciembre de 2011
Por G.A.M
La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca que conduce el fiscal Abel Córdoba confeccionó un informe donde plasma la situación de las causas en las que interviene su fiscalía, pero subraya aspectos negativos que han dominado el escenario hasta el momento. En un contexto marcado por los avances y retrocesos en los expedientes, la cantidad de personas imputadas por delitos de lesa humanidad sólo en esa ciudad hoy asciende a 121. Sin embargo, el informe cuestiona “la ausencia de sentencias por delitos de lesa Humanidad en Bahía Blanca, a cinco años de la reapertura de los procesos penales”.
En términos numéricos, del total de imputados, 16 ya han fallecido. A esto se suma que tres de los señalados –Miguel Ángel García Moreno, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina– están prófugos, merced a excarcelaciones que también fueron cuestionadas por los tribunales de alzada y por el propio Córdoba, en un criterio contrario a recomendaciones de la Corte Suprema. La presión del diario procastrense La Nueva Provincia no se menciona en el escrito pero fue el medio que señaló al propio fiscal como responsable de vulnerar la libertad de opinión, al requerir allanamientos a la sede del matutino en busca de sus archivos.
Actualmente, 17 imputados están siendo juzgados por el TOF Bahía Blanca en el proceso oral por la actuación del V Cuerpo del Ejército, mientras que a otros 52 acusados se les ha formulado la elevación a juicio oral, que se estima, comenzará el año próximo. En ese marco, Córdoba cuestionó que a cinco años de la caída de las leyes de obediencia debida y punto final y la reapertura de los procesos, Bahía Blanca no tenga condenados por delitos de lesa humanidad. “Tal aspecto, ha sido encausado a lo largo del año 2011 a partir de los planteos recusatorios del Ministerio Público Fiscal en relación a la integración del Tribunal Oral que originalmente intervenía”, señaló el fiscal. La referencia a la demora de un año y medio de la causa fue atribuida a Juan Leopoldo Velázquez, que días antes de que empiece el juicio fuera apartado por haber mantenido reuniones personales con abogados defensores.
“Es un avance muy importante en una jurisdicción difícil y por la alta responsabilidad de los imputados que va de altos jefes que han emitido órdenes hasta guardias del centro clandestino o ejecutores directos. Se ha podido abarcar la responsabilidad de los órganos de inteligencia”, subrayó Córdoba a Tiempo Argentino.
Fuente:TiempoArgentino