Durante alrededor de tres meses peritos de Memoria Abierta y profesionales de la Universidad Nacional del Sur, realizaron peritajes en La Escuelita.
Tras las excavaciones, encontraron restos de prendas de vestir y de envases de medicamentos, entre ellos calmantes.
Esos elementos permitieron corroborar cada uno de los relatos de los testigos, y además, se logró definir que el centro clandestino funcionó a unos 200 metros de donde se suponía que estaba.
“Se consiguió un número de elementos que confirman que allí hubo actividad”, destacó el fiscal Abel Córdoba en nuestro programa de radio.
Todos los peritajes fueron incorporados al juicio oral contra 17 represores que actuaron durante la última dictadura militar en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército.
Respecto del proceso judicial, el fiscal estimó que antes de que termine el primer semestre del año, el juicio llegará a su fin con las sentencias.
“El juicio está avanzado en un 70%. Se ha avanzado a un buen ritmo. Éste era uno de nuestros objetivos”, agregó.
Asimismo, adelantó que otros 10 imputados podrían ser incorporados al juicio, y así los juzgados serían 27.
También, fue radicada la denuncia contra otros 21 acusados de delitos de lesa humanidad que actuaron en los centros clandestinos dependientes de la Armada.
“Si bien falta un 30% de los testigos y valorar los documentos, la mayoría de las hipótesis de responsabilidades de los imputados con las que la fiscalía llego al juicio, vienen siendo corroboradas”, concluyó Córdoba.
Excavaciones y hallazgos importantes en La Escuelita
Los cimientos de lo que fuera el centro de torturas "La Escuelita", en los terrenos del V Cuerpo del Ejército, salieron a luz con la excavación de los peritos de Memoria Abierta y de la Universidad Nacional del Sur. Los hallazgos sucedieron el marco de recolección de pruebas para el juicio por los secuestros, torturas y homicidios ocurridos durante la dictadura militar. La casa donde alojaban a los secuestrados, la sala de torturas, el aljibe o cisterna donde permanecían días y noches las víctimas quedaron al descubierto con el trabajo de los peritos.
Los hallazgos periciales serán presentados como prueba cuando se reanude el juicio.
"Se encontraron entre los escombros restos de prendas, medicamentos y calmantes. Esto evidencia la actividad que hubo allí y explica, además, que la ubicación del centro clandestino dista a unos 200 metros de donde se suponía que estaba", dijo el fiscal general de Bahía , Abel Córdoba. Agregó que "todo coincide con los testimonios de sobrevivientes, inclusive la referencia de un árbol que aún está en pie y donde fue atado uno de los testigos (del juicio) luego de la tortura".
Antes de que finalizaran las audiencias por el receso de feria, Córdoba intentó infructuosamente convencer al tribunal de asistir al lugar donde funcionó el centro clandestino. Los jueces realizaron una inspección ocular en el predio en agosto pasado y consideraron que no era necesario volver.
"Se contaba con la presencia de Alicia Partnoy –exiliada– porque podía ser proyectado en el lugar el testimonio de una sobreviviente que inclusive podía ubicar en qué cama estaba cada secuestrado, lo que es una precisión importante para que los jueces pudieran observar", insistió el fiscal.
Córdoba explicó que el juicio está en un 70% de su desarrollo y que finalizaría en junio de este año.
"Están siendo demostradas tanto la responsabilidad del personal de inteligencia como de los oficiales de Estado Mayor de las diferentes unidades y quiénes integraban la "agrupación tropa", que operaba como grupo de tareas. "Fueron mencionados en el juicio y complementa la documentación de prueba, que es mucha", agregó.
En la etapa final de las audiencias, los peritos de Memoria Abierta y de la UNS atestiguarán sobre la labor realizada.
"En el debate aparecieron circunstancias que corroboraron hipótesis que no había sido posible probar antes, como la presencia de monseñor Jorge Maier en el centro clandestino o de oficiales del Estado mayor durante las torturas de los cautivos. Se demostró la sistematicidad de los hechos y la dimensión de la afectación hacia el entorno de las víctimas. Se produjo mucha prueba sobre la participación de funcionarios del poder judicial y de religiosos, que fueron girados a primera instancia", finalizó Córdoba.
FuentedeOrigen: http://www.frenteacano.com.ar
Fuente:Agndh
El camino hacia la justicia
La reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad durante la dictadura en Bahía Blanca, se produjo hace aproximadamente cinco años. Si bien el trabajo que se ha ido haciendo durante todo ese tiempo desde la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos es sumamente destacado, tal vez pocas personas pensaban que en la actualidad nos íbamos a encontrar con un juicio contra 17 represores y varias noticias positivas en torno a las causas y el futuro de las mismas.
Informe
Días atrás la Unidad dio a conocer un informe donde se detalla el estado de las causas. EcoDias conversó con el fiscal Abel Córdoba quien lo analizó: “A modo de balance la Unidad hizo un informe para constatar en datos confirmados cuál es el estado de situación de las causas en Bahía Blanca, lo cual arroja en la mayoría de los aspectos un balance muy positivo dada la dificultad que se tiene en esta jurisdicción, está entre las más difíciles del país, para avanzar en esta temática. En ese sentido es muy significativa la dimensión que tienen las causas”.
El fiscal destacó la formulación de 121 imputaciones así como también señaló como alentador que se esté juzgando a 17 acusados de la causa Ejército, “que la totalidad de ellos esté en detención y por otro lado el número de 50 elevados a juicio permite avizorar que los meses que siguen, entre la posibilidad de completar el juicio oral que marcha a muy buen ritmo más el inicio de otros procesos, permite ver que esta situación en los próximos meses será buena también para avanzar e ir cerrando los diferentes procesos que están en curso”.
Como se decía al principio, los avances en la materia son importantísimos teniendo en cuenta cómo había arrancado 2011 en ese sentido, y todas las trabas que impuso en todos los años anteriores el juez vitalicio Alcindo Álvarez Canale para que se impartiera justicia: “Si uno compara la situación que teníamos a principios de año con la actual, en enero teníamos un tribunal que no fijaba fecha y que por los criterios que veníamos viendo en las excarcelaciones había excarcelado a la mayoría de los acusados, tuvieran o no antecedentes de fuga o de períodos de prófugo, y esa situación se destrabó a partir de un planteo recusatorio. A partir de ahí la situación fue mejorando, se avanzó con buen ritmo, se detuvo a los acusados y eso permite ver que en el primer semestre del año que viene, seguramente se completará el primer juicio oral”.
A partir de allí se estudiará cómo se actúa respecto a los tramos que siguen de la causa Ejército, ya que hay diez acusados radicados ante el Tribunal Oral y varios que en los próximos meses estarán en las mismas condiciones.
Testigos
Se estima que la totalidad de testigos aportados por la Fiscalía para el juicio que se desarrolla contra 17 represores, llega a 400 de los cuales, señaló Córdoba, ya han declarado 250, “lo cual da bastante más que la mitad dado que los que han fallecido y los que no están en condiciones de declarar más algunos desistidos, estamos en un panorama muy avanzado del juicio, tratando ya el último tramo de los hechos”.
Aún contando con que declaren todos los testigos, el juicio, dijo Córdoba, finalizará en pocos meses más. Luego de los testimonios ofrecidos por Fiscalía, vendrán los de las defensas “pero han ofrecido muy pocos testigos o casi no han producido pruebas. Un juicio oral trata una hipótesis del acusador, de la Fiscalía, que tiene que ser comprobada con pruebas al cabo del juicio y en función de eso ver luego qué medidas se piden. Al cabo de lo que ha avanzado se van comprobando cada una de estas hipótesis de responsabilidad de los acusados que están hoy siendo juzgados en los diferentes hechos”.
De los 250, hubo tres casos de falso testimonio que determinaron la detención de los testigos que cometieron ese delito: “Lo significativo es que en los tres casos han sido miembros de diferentes fuerzas: un suboficial del Ejército, un profesional del Servicio Penitenciario y un suboficial de la Policía bonaerense. Evidentemente, el compromiso institucional que hubo con estos hechos tiene un remanente hoy en algún compromiso personal que se traduce en esta reticencia a colaborar con circunstancias que ya han sido probadas”.
Acerca de qué va a ocurrir con el resto de los imputados en la causa Ejército que todavía no acompañan a los 17 juzgados, Córdoba informó que si la causa se acumula no debería conformarse un nuevo tribunal aunque habría que ver los planteos de la defensa y su sustentación. Es decir, que de acumularse, seguiría el actual juicio con más represores sentados y tal vez con la repetición de algún acto procesal o testimonios.
Respeto
Cada testigo al momento de declarar recibe asistencia psicológica. EcoDias consultó al fiscal sobre esa tarea: “Es otro aspecto del Tribunal Oral que está actuando que nos tiene conformes además del ritmo de las audiencias, ya que las personas están siendo tratadas con mucho respeto y considerando la particularidad de los hechos que tienen que exponer ante el tribunal que son hechos dolorosos y traumáticos en sí”. En ese sentido, agregó, existen varios dispositivos previos a la audiencia, durante la misma y con posterioridad a ésta, que ayudan a atenuar lo que implica sentarse a declarar sobre episodios de este estilo.
Un año histórico
“Es altamente positivo el balance sobre todo en este aspecto de que al cabo de 35 años estamos muy cerca de completar el primer juzgamiento y de una entidad considerable. Más allá de que haya sido un año en donde hubo escenarios difíciles sobre todo con lo que fue y es todavía la acusación a responsables civiles en las audiencias indagatorias que se están llevando a cabo en estos días, por superposición de fechas está actuando el doctor Castaño en estas indagatorias y ha sido quizás uno de los aspectos más trabajosos que ha habido. Pero aún así se ha podido avanzar. Hoy, luego de innumerables recursos y pedidos se están indagando, y serán los jueces quienes decidirán qué responsabilidad les cabe. Pero también esa situación está encaminada, aún con dificultades. Luego empieza también a ser posible avanzar hacia otras cuestiones pendientes que también una vez que completemos estos tramos, iremos hacia otros aspectos que siguen pendientes de su juzgamiento”, dijo el fiscal Abel Córdoba.
Causa Armada
No hay que olvidar que pese al juzgamiento de represores y de la situación de los que aún faltan en la causa Ejército, existe también la llamada causa Armada. Al respecto, Córdoba señaló: “De lo pendiente lo más avanzado es la causa Armada, que es quizás otra de las grandes deudas pendientes del poder judicial con estos crímenes. En eso tenemos 21 elevados a juicio en condiciones ya de integrarse el tribunal. Del Tribunal Oral titular, que es el 1 de Bahía Blanca, se excusaron la totalidad de los miembros, con lo cual ahora estamos en período de conformación de un nuevo tribunal. Si eso ocurre rápido es posible que en los próximos meses también haya un inicio de ese juicio”.
En cifras
Del total de 121 imputados, 16 han fallecido en el curso del proceso mientras que 3 se encuentran prófugos y a dos se les suspendió el proceso penal en razón de que presentan incapacidad sobreviviente.
También son 16 de los 121, a los que se ha indagado y se encuentra pendiente el dictado de resolución que determine su situación procesal. Por su parte, los procesados suman 6.
El juicio actual es contra 17 represores al tiempo que respecto a otros 52, se ha formulado la requisitoria de elevación a juicio.
El informe describe que se dispusieron un total de 8 faltas de méritos y que un imputado todavía tiene pendiente la audiencia indagatoria por razones de salud.
De los 121 acusados, 65 son miembros retirados del Ejército, 32 pertenecen a la Armada, 7 a la Prefectura Naval Argentina y 5 a la Policía Federal.
Otros 4 son agentes retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 2 son del ámbito civil, 1 de la Policía de la Provincia de Río Negro y 1 del Servicio Penitenciario Federal. Por último, otros tres imputados formaron parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Acerca de las condiciones de los imputados, sobre un total de 100, sin considerar fallecidos, prófugos ni aquellos con proceso suspendido, 41 se encuentran detenidos. 25 están excarcelados sin restricciones, mientras que 5 están excarcelados pero con restricciones.
Hay 32 imputados que cumplen prisión preventiva domiciliaria mientras que a dos restantes no se les ha aplicado medida de restricción de libertad alguna, más allá de la prohibición para salir del país.
Autor: Redacción EcoDias
Fuente:Agndh
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