“Es necesario un rastreo en el dique Cabra Corral”
El planteo se suma al de quienes creen que las víctimas de la represión fueron fondeadas en ese cauce de agua.
miércoles 11 de enero de 2012
Por Rubén Arenas
“Esta noticia ha renovado las esperanzas de los familiares de muchas de las víctimas que integran la lista de desaparecidos en la provincia”, expresó el funcionario. Dijo que la secretaría a su cargo y la Provincia, como querellante en las causas por delitos de lesa humanidad, está siguiendo de cerca el curso de los acontecimientos a partir de la investigación que inició la Fiscalía Federal 2, a cargo en forma interina de Ricardo Toranzos, luego de evaluar lo manifestado a El Tribuno por el comisario Roberto Medina (ver edición del 29 diciembre pasado). El policía dijo que entre fines de los años "70 y comienzo de los "80 presenció la aparición de cadáveres fondeados en el dique. Si bien luego aclaró que se trató de un cuerpo con impactos de bala, el dato que aportó fue suficiente para que se abriera un expediente en el marco de las numerosas causas que se ventilan en la Justicia Federal de Salta por los muertos y desaparecidos.
“Estamos siguiendo de cerca la tarea del fiscal Toranzos y muy atentos al desarrollo de la investigación que se está realizando”, subrayó Alavila, quien le adjudicó especial importancia a los dichos de Medina. “Si tenemos en cuenta que es la primera vez que un funcionario policial de la época habla de la aparición de cadáveres en el dique y que uno presentaba impactos de balas, confirmaría la teoría de que muchas de las víctimas de la represión pudieron haber sido arrojadas allí, como lo sostiene desde siempre el comentario popular”, apuntó la segunda autoridad del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia. A su juicio, lo afirmado por Medina da pie para que la justicia disponga un relevamiento en las profundidades del dique en busca de restos óseos de las presuntas víctimas. En este sentido coincidió con el planteo realizado por representantes de los organismos de derechos humanos. “Quiero resaltar la tarea que está realizando el fiscal que tomó cartas en el asunto inmediatamente de conocida información”, dijo.
Alavila manifestó que el Gobierno va a colaborar en todo lo que sea necesario para el éxito de la investigación. “Precisamente la creación del Ministerio de Derechos Humanos tiene como fin potenciar el trabajo sobre esta materia”, precisó.
FuentedeOrigen:ElTribunoSalta
Fuente:Agndh
Lunes 2 de enero de 2012
Por Elena Corvalán
Va a juicio otra causa por crímenes de lesa humanidad
Diez represores están procesados
El juez Miguel Medina dispuso la elevación a juicio de una causa por el homicidio del joven Martín Miguel Cobos y las desapariciones de otras cinco personas, hechos cometidos en 1976 en el marco del terrorismo de Estado. Diez represores están procesados: siete militares retirados, dos oficiales de policía retirados y un civil. El juicio tendría que llevarse a cabo en 2012.
El juicio tendría por el asesinato y desapariciones de seis personas debe llevarse a cabo en 2012. Los acusados son siete militares retirados, dos oficiales de policía retirados y un civil.
Entre los procesados se cuenta Carlos Alberto Mulhall, que fuera jefe del Ejército en Salta y que ya cuenta con dos condenas, por la Masacre de Palomitas (el fusilamiento de once presos políticos) y el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y el homicidio del comerciante Santiago Arredes.
Otro convicto por crímenes de lesa humanidad está procesado en esta causa: el ex comisario general Joaquín Guil, también condenado en las causas Palomitas y Ragone.
Los demás militares procesados son Joaquín Cornejo Alemán, que era segundo jefe del Ejército; y Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín de la Vega, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa y Virtom Modesto Mendíaz. El otro comisario procesado es Abel Vicente Murúa, imputado también en otros procesos por crímenes de lesa humanidad. El civil es Juan Manuel Ovalle, que en esta causa está acusado por su supuesta participación en la desaparición de la docente Silvia Benjamina Aramayo.
Las seis víctimas están conectadas por su militancia en la Juventud Peronista (el brazo político que orientaba la organización Montoneros). Es el caso de Aramayo, que era maestra y estudiaba historia en la Universidad Nacional Salta; del soldado y estudiante universitario Víctor Brizzi; del matrimonio integrado por la docente universitaria Gemma Fernández de Arcieri y Héctor Gamboa y del trabajador y estudiante Carlos Estanislao Figueroa.
Martín Miguel Cobos, que tenía 18 años, no militaba en la JP pero era cuñado de Brizzi y su hermano, Enrique Cobos, militaba también en la JP. De hecho Martín fue asesinado a tiros por un grupo de policías que en la madrugada del 25 de septiembre de 1976 tomaron por asalto la casa paterna en busca de Enrique y de su esposa, Mabel Franzone, también militante de la JP.
Para entonces Víctor Brizzi, que en enero de 1976 se había casado con una hermana mayor de Martín, Cristina Cobos, estaba ya desaparecido, condición en la que se encontraba desde el 8 de marzo, cuando hacía el servicio militar en el Regimiento 5° de Caballería General Güemes del Ejército.
El 24 de septiembre de 1976, un día antes del asesinato de Martín Cobos, Silvia Aramayo fue secuestrada de su casa. También en su caso operó un grupo de tareas de la Policía.
Esa misma madrugada, Gemma Fernández y Héctor Gamboa fueron sorprendidos en su casa del barrio Santa Lucía por otro grupo de tareas. La pequeña hija de ambos, Mariana Gamboa, que hoy milita en HIJOS, fue abandonada en la calle, frente a un medidor y fue rescatada por vecinos. Dos policías que montaban guardia en las cercanías fueron testigos involuntarios del secuestro.
El 2 de octubre de 1976 hubo una explosión en el paraje El Gallinato, donde luego se encontraron restos humanos. Dos odontólogos verificaron que eran de Gemma, pero no fueron entregados a sus familiares y permanecen desaparecidos.
La misma madrugada del 25 de septiembre de 1976, hombres que se identificaron como miembros de la Policía secuestraron a Carlos Rojas, quien cursaba cuarto año de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Salta.
Los querellantes en este proceso esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta lleve a cabo el juicio en la primera parte del año próximo. Y se especula con la posibilidad de que a esta causa se acumulen otros referidos a desapariciones perpetradas en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que se llevó a cabo en el país desde 1975.
Repudio a Canto
La Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet" emitió un comunicado de repudio a “la actitud contradictoria del señor Héctor Manuel Canto”.
La Asociación señaló que esta contradicción queda manifiesta porque por un lado Canto realiza declaraciones públicas definiéndose como “un luchador político y social que reivindica a ex presos políticos que sufrieron cárceles, persecuciones y torturas durante las dictaduras militares que se produjeron en este país” y por otro lado se presentó como testigo de la defensa del ex capitán Ubaldo Vujovich Villa, en la conocida como Causa Ovalle.
“¿Se puede reivindicar a compañeros militantes encarcelados y torturados por un régimen militar y a la vez salir en defensa de un partícipe de esa represión? Su actitud desacredita todo el trabajo de los organismos de derechos humanos y los logros que con un enorme esfuerzo venimos obteniendo en la búsqueda de la verdad, memoria y justicia”, afirmó la Asociación.
•Elena Corvalán
Periodista
Fuente:SaltaLibre
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