EL SALVADOR.

martes 3 de enero de 2012
CESTA advierte sobre incineración de materiales tóxicos en El Salvador
Por Roberto Flores (COLATINO)
Un supuesto arreglo entre una empresa transnacional y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para convertir a El Salvador en un centro regional de incineración de materiales tóxicos, alertó a los miembros de la organización ambientalista CESTA, quienes advirtieron sobre los peligros de ejecutarse un proyecto como este.

Ricardo Navarro, director del CESTA, mostró a la prensa documentos en los cuales se habla sobre dos proyectos pilotos, a implementarse en El Salvador y Nicaragua, para desarrollar un sistema regional de incineración de materiales tóxicos, específicamente las llamadas sustancias agotadoras del ozono y contaminantes orgánicos persistentes, ambos resultantes de procesos industriales.

En este proyecto, asegura Navarro, participa una empresa cementera de capital transnacional instalada en el país, la cual habilitaría sus instalaciones para ubicar un centro de incineración con la aprobación del MARN y el financiamiento de gobiernos europeos.

La quema de sustancias agotadoras del ozono y contaminantes orgánicos persistentes provocaría, según el ambientalista, serias consecuencias al medio ambiente y, más que todo, a las personas que entren en contacto con los gases que se liberen durante la combustión.

“La quema de tóxicos genera sustancias que la ciencia no sabe cómo resolver”, dijo Navarro al referirse a la inviabilidad de tratar materiales contaminantes a través del método de incineración.

De acuerdo a los documentos mostrados por Navarro, los gobiernos de El Salvador y Nicaragua se ofrecieron como destino de estos productos tóxicos para su eliminación tras un compromiso alcanzado con el Centro Regional de la Convención de Basel para Centroamérica y México (BCRC-CAM por sus siglas en inglés).

La Convención de Basel es un tratado internacional, adoptado por 170 países (incluido El Salvador), a través del cual se controlan los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su posterior eliminación. Con el acuerdo entre El Salvador, Nicaragua y el BCRC-CAM se está tratando de cometer un delito ambiental de forma legal, aseguró el director del CESTA.

Navarro dijo que la situación se agrava en la medida de que existe el peligro de que la empresa que se ha involucrado en el proceso de incineración recurra a las cenizas restantes para elaborar su producción, el cemento. Este tipo de contaminación se sumaría a la que provoca la liberación de gases tóxicos durante la cremación de los desechos.

Los proyectos pilotos estaban planeados para desarrollarse a finales de 2011, pero a la fecha no se tienen pruebas de que uno de estos haya iniciado en el país. Ante esto, Navarro dijo que esperan que este plan no se lleve a cabo por las consecuencias que traería a la salud ambiental y física de las personas.
Fuente:Argenpress