PUERTO RICO.

martes 3 de enero de 2012
Consulta de estatus y elecciones dominarán nuevo año
Por Néstor Rosa-Marbrell (PL)
En medio de un cuadro incierto en el renglón de la seguridad social, los puertorriqueños se preparan para concurrir a fines de 2012 a las urnas a elegir a las autoridades de la isla y volcar su sentir sobre las relaciones con Estados Unidos.

Puerto Rico tiene desde 1952 una administración interna bajo el nombre de "estado libre asociado" (ELA) a Estados Unidos, que lo invadió en 1898, considerada por la mayoría de la población de carácter colonial, por lo que el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), anexionista, busca darle jaque.

Para ello, el gobernador Luis G. Fortuño ha convocado una consulta de estatus con el fin de forzar a Washington a tener en cuenta el sentir mayoritario de esta isla del Caribe, de 3,7 millones de habitantes, que consideran que "somos una colonia".

Los puertorriqueños, además de elegir el 6 de noviembre a sus nuevos gobernantes, contestarán en la boleta de estatus si desean continuar o no con el ELA tal como está y, además, cuál es su preferencia de estatus: anexión, independencia o estado libre asociado soberano.

Se da por sentado una votación de rechazo a la colonia en la primera pregunta, aunque el resultado entre las tres opciones de estatus es incierto a esta altura.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla, ha objetado la consulta porque entiende que busca descalificar la "relación" con Estados Unidos tal como está actualmente.

García Padilla, quien disputará la gobernación a Fortuño para la misma fecha, alega que tal como está planteada el plebiscito se excluye al ELA al endilgarle la calificación de soberano.

Si el PPD no asume la defensa del estado libre asociado soberano, la organización Alianza Pro Libre Asociación (ALAS) ya ha pedido a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que la certifique para concurrir a la consulta.

Un ELA soberano implica el traspaso por parte de Estados Unidos de los poderes inherentes al pueblo puertorriqueño, lo que llevará a una negociación en diversas áreas, incluida la ciudadanía estadounidense impuesta por el Congreso en 1917.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ha expresado a través de su presidente ejecutivo, Fernando Martín, su aval a la consulta como una forma de forzar a Washington a terminar con la situación colonial a que está sometido este país.

El PIP, socialdemócrata, llevará como candidato a la gobernación al joven abogado Juan Dalmau Ramírez, quien considera que la consulta terminará con la ambigüedad en que la nación del norte ha colocado a los puertorriqueños.

Otros sectores de la izquierda, como el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), rechazan la consulta por entender que se trata de un proceso "amañado" para llevar a los anexionistas disgustados con Fortuño a las urnas el día de las elecciones, con el fin de lograr la reelección.

En cambio, el Partido Comunista de Puerto Rico (PCPR) debate llamar a votar en contra de la actual relación para mandar un mensaje a Estados Unidos de repudio a la colonia.

Corrientes disidentes del PNP no simpatizan con la consulta porque temen "un voto castigo" en contra de Fortuño, que en este cuatrienio despidió unos 30 mil empleados públicos y no ha conseguido detener la caída de la economía, con un 16 por ciento de la fuerza laboral parada, aunque oficiosamente se ubica en el 25 por ciento.

Además, aunque no ha tocado tan directamente al ejecutivo, su administración ha estado plagada de escándalos, principalmente en la Asamblea Legislativa, dominada por el PNP.

Las elecciones de noviembre próximo tendrán la particularidad de que concurran varias organizaciones nuevas, como el Movimiento Unión Soberanista (MUS), el Partido del Pueblo Trabajador (PPT) y el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR).

Ninguna de esas nuevas organizaciones busca en principio resolver el problema del estatus político, sino "arrebatar" una cuota de poder a los partidos tradicionales.

Analistas de la realidad política consideran que la atomización electoral puede favorecer la reelección de Fortuño, quien busca su segundo término de cuatro años al frente del país.

Los electores ven los comicios como una forma de cambiar a "los malos" (PNP) por los "menos malos" (PPD), que se han alternado el gobierno desde 1969 sin que se haya buscado una solución a los principales problemas que agobian a los puertorriqueños, a juicio del analista Carlos Gallisá.

Gallisá, exdiputado por el PIP que pasó después a la dirección del marxista-leninista Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), opina que ni las elecciones ni la consulta plebiscitaria conducirán a ningún lado.
Fuente:Argenpress