Fuentealba II: los querellantes plantearon que este es un caso de violación a los derechos humanos; la defensa pidió el “punto final”
(Publicada el 13/05/2011) Durante la audiencia pública, que se extendió por casi tres horas, expusieron sus argumentos las partes. La Sala Penal del TSJ se expedirá en un plazo estimado de 20 días.
En el Salón de Usos Múltiples del edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y ante la Sala Penal, integrada por los magistrados, Ricardo Kohon, Guillermo Labate y Oscar Massei, los abogados querellantes, Gustavo Palmieri y Ricardo Mendaña, argumentaron porqué debían investigarse las responsabilidades políticas del asesinato del docente, Carlos Fuentealba, ocurrido el 4 de abril de 2007 en el contexto de un operativo policial represivo, y fueron críticos de la labor del fiscal de Cámara, Alfredo Velasco Copello.
Apenas iniciada la audiencia, alrededor de las 10.20, Labate aclaró que esta sería videograbada y que cada uno de los oradores tendría media hora para explicar los fundamentos de sus planteos.
Tanto los querellantes como la fiscalía y los defensores, Ricardo Cancela y Gustavo Lucero, presentaron recursos de casación contra la resolución de la Cámara Provincial de Apelaciones, basados en motivos antagónicos.
La petición de la querella es ampliar el objeto procesal y así posibilitar que se averigüen todos los aspectos del crimen. Esto comprendería, entre otras medidas, la citación a indagatoria del ex gobernador, Jorge Sobisch, quien dio la orden a la policía provincial de reprimir en Arroyito. Hasta ahora sólo se condenó al autor material del hecho, el cabo Darío Poblete.
Mendaña hizo hincapié en que la decisión de la Cámara “implica una lesión constitucional, pues desconoce o retacea el derecho de la tutela judicial efectiva”.
Le solicitó al tribunal que “asegure la vigencia del bloque de constitucionalidad, que asegure el derecho de las víctimas a participar de una manera autónoma y plena en la persecución penal del delito que la afecta”. “Está claro que las víctimas tienen derecho a la justicia, el derecho a la justicia en realidad es un derecho humano fundamental”, ponderó.
Emprendió contra el Ministerio Público Fiscal: “salvo honrosas excepciones los fiscales son expertos en archivar, en pedir insubsistencias, en no investigar o en demorar los procedimientos, esto es un dato de la realidad”. “Ninguna sociedad se construye sobre la base del silencio o el ocultamiento”, añadió.
En cuanto al debate sobre la facultad de promover la acción penal pública de la fiscalía, Mendaña acotó: “permitimos que una condena tenga como único título una pretensión de la querella y no permitimos que un juez abra una investigación sobre la base del impulso de la querella”.
Palmieri subrayó que el caso de Carlos Fuentealba es un caso de violaciones a los derechos humanos. “El Estado a través de su aparato represivo, y entendemos nosotros, a través del consentimiento y de la utilización política del aparato represivo del Estado, ha causado una muerte injusta e innecesaria”, dijo.
“Lo que el Ministerio Público se ha encargado de hacer en este caso es poner todos los obstáculos que sean posibles para que no lleguemos a la verdad”, reveló el letrado. Durante el discurso del querellante, Velasco Copello posó su mirada en un punto fijo, ajeno a lo que sucedía.
“Es un chiste de mal gusto que el Ministerio Público de esta provincia nos diga que está dispuesto a controlar la legalidad de este proceder”, refirió. “El Ministerio Público lamentablemente en esta provincia, no es que está ausente, está presente para favorecer la impunidad”, completó.
Velasco Copello, que instó en su oportunidad el sobreseimiento de los imputados, aseguró que no respondería a los “agravios personales” de Palmieri. Se limitó a defender el trámite y a solicitar la revocación de la resolución de la Cámara Provincial de Apelaciones, que declaró la nulidad parcial de su dictamen.
Nunca más y punto final
El primero en hablar, en representación de la defensa, fue el abogado, Ricardo Cancela, quien asiste al ex jefe de la Policía provincial, Carlos David Salazar, y a Raúl Pascuarelli, por entonces subsecretario de Seguridad de Neuquén.
La exposición de Cancela se confundió con los gritos que provenían desde afuera. La marcha de los gremios estatales se apostó en las puertas del tribunal justo cuando comenzaba su argumentación: “Hoy por Carlos, exigimos, juicio y castigo, para Sobisch asesino”, se oyó.
Planteó dos agravios que le ocasionó la resolución de la Cámara: la nueva oportunidad que le concede a la querella al correrle vista, y la nulidad, como consecuencia, del dictamen fiscal. “Acá no existe prueba alguna que pueda llegar a que la querella analice estas interpretaciones tan graves”, sostuvo Cancela, defensor de Sobisch en otras causas.
Gustavo Lucero, representante de los policías Moisés Soto, Adolfo Soto, Federico Soto, Mario Rinzafri, Aquiles González y Cristián Vázquez Salinas dijo que a partir de la sentencia contra Poblete “nunca más debiera haber existido la causa Fuentealba II”. “¿Por qué no contamos la otra parte de la historia?, ¿Por qué no contamos que lo hace el gobierno es a consecuencia de que Aten decide ir a cortar las rutas? Y en este caso una ruta en un punto en donde no había caminos alternativos. Entonces yo pregunto: si dicen que el gobierno tiene algo que ver con las consecuencias ¿Por qué no hablamos de Aten? Si Aten no hubiera decidido esto, el gobierno no hubiera reaccionado“, deslizó. Descartó la teoría de la autoría mediata.
“Se solicita al Tribunal Superior de Justicia que tome una decisión que yo califico una decisión de punto final a este lamentable proceso”, afirmó Lucero. Para impedir que “una facción de la sociedad neuquina” se “encuentre por encima de la justicia, y del imperio de la ley, porque esto es impunidad”.
Mendaña requirió el derecho a refutar los argumentos, pero el tribunal se lo negó.
La abogada defensora Estefanía Saulí y su colega, Eduardo Lino González, no hicieron uso de la palabra. Saulí patrocina a Benito Mathus, mientras que Lino González a Rubén Hernández y Pablo Odone.
Estuvieron presentes en el auditorio, además de los imputados, miembros del sindicato docente Aten y de la Comisión Carlos Presente (Cocapre), los secretarios generales de Ate y Cta, referentes de organismos de Derechos Humanos, y del pueblo nación Mapuce, obreros de Zanón, diputados provinciales y concejales de Neuquén. Concurrieron especialmente para acompañar a Sandra Rodríguez, compañera de Carlos Fuentealba, el presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, Hugo Cañón, la Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, asesinado en una manifestación de trabajadores ferroviarios tercerizados, el secretario general de Unter, Marcelo Mango, e integrantes de Ctera.
“Como si estuviera escuchando un abogado de Videla”
“La audiencia de hoy, realmente, está cargada de simbolismo, creo que es un paso muy importante, en este camino por una pulseada con el poder para lograr justicia”, aseguró Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y ex fiscal federal de Bahía Blanca, en una conferencia de prensa brindada en la sede de Aten, luego de la audiencia.
En relación a las palabras de Lucero, Cañón apuntó a que el abogado: “responsabilizó a la militancia, responsabilizó a las víctimas, responsabilizó a Carlos Fuentealba de lo sucedido con su propio crimen. Se ha dado vuelta la cosa diciendo que la policía no habría actuado como actuó si Aten no hubiera salido a la ruta, si no se hubiera hecho la manifestación a un reclamo, por lo tanto se hace una transferencia de responsabilidad, como se hizo con la teoría de los dos demonios en la época de la dictadura”.
“Quiere circunscribir este caso de la muerte de Carlos Fuentealba a un policía loco que se le ocurrió disparar un arma y que en él comenzó y terminó toda la cuestión, y justamente no se quiere advertir, que estamos frente a un problema de abuso de poder”, agregó.
Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, dijo: “Yo sentí ahí, en ese momento, como si estuviera escuchando un abogado de Videla, sencillamente así de brutal, con esa teoría de los dos demonios bien recalcada”.
Roberto Baradel, secretario general de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), señaló: “quiero repudiar los dichos del abogado Lucero porque fue una clara provocación teniéndola a Nora Cortiñas, a una Madre de Plaza de Mayo, sentada atrás de él, lo dijo con toda la intencionalidad y con todo el acento”.
Pablo Ferreyra indicó: “mi presencia acá sirve como antecedente para entender que cuando la justicia es independiente de cualquier presión política y mediática, creo que se puede avanzar”.
La compañera de Carlos, Sandra Rodríguez, cerró la conferencia: “fue una audiencia muy intensa donde se vieron dos caras de la justicia”. “Nosotros hoy reclamamos que se rompa ese corporativismo político, obviamente reclamamos que la policía se rompa, y se diferencia de estos policías que actuaron en Arroyito, y también convocamos al poder político en general, a que se diferencie, y de una vez por todas, no se apoye la impunidad acá en Neuquén”, expresó.
Fuente:8300Web
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