GERARDO RICO INCREPA AL GOBIERNO SANTAFESINO SOBRE SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS.

GERARDO RICO INCREPA AL GOBIERNO SANTAFESINO SOBRE SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
17 de enero 2012
El Diputado Provincial GERARDO RICO define la política de Derechos Humanos del gobierno santafesino desde 2007 como “una no política” , que perjudicó por su falta de compromiso el avance de los juicios en la provincia y el fracaso del Programa de Protección de Testigos.

En un claro tiro por elevación a las recientes declaraciones de la Diputada Alicia Gutiérrez y la defensa del gobierno de Binner , Rico define la gestión como indolente, cruzada por la teoría de los dos demonios, y marcada con hechos trágicos como el crímen de Silvia Suppo.

“No estuvieron a la altura del proceso que debían afrontar; se desmoronó su andamiaje de maquillaje y doble discurso,

El gobierno Provincial debe salir de su autismo, y esta inercia indiferente que nos lleva hacia el abismo.”

sostuvo el por cuatro años vicepresidente de la Comisión de Derechos y Garantías en Diputados, de la que también formó parte la Diputada Gutiérrez.

Sería largo ennumerar la saga de la política de Derechos Humanos en Santa Fe, de 2007 a esta parte, y compartir lo que con asombro, y con bronca debimos afrontar diariamente.

Nos consumía mas litigar para adentro, que con claridad enfrentar la impunidad estructural existente tanto en la burocracia como en la corporación judicial.

Lo que sí nos dimos cuenta que era un problema cultural, era una concepción contrapuesta entre la política del gobierno provincial y quiénes pretendíamos avanzar en la medida que desde la Nación se impulsaba una verdadera política de Memoria, Verdad y Justicia.

La política del gobierno santafesino era justamente la inexistencia de una política.

Desde mi primer propuesta como Diputado de apoyo a la Comisión Investigadora de los hechos de diciembre del 2001, que nunca avanzó, se diluyó, hubo obstrucción manifiesta, y luego de diez años todo se tapó con gestos grandilocuentes y expresión de deseos. Con “El Angel de la Bicicleta” se tapó el apoyo concreto.

Más aún, se archivó un proyecto de la misma Diputada Gutiérrez de otorgar una pensión a los familiares de las víctimas, dónde el Estado, entonces, asumía la responsabilidad de los hechos.

La nefasta gestión de María Bressa al frente de la Secretaría de DD HH destapó lo que subyacía, una clara interpretación a la luz de la teoría de los dos demonios.

Que luego tuvo sus consecuencias, porque simultáneamente se debía impulsar con creatividad y eficiencia el Programa de Protección de Testigos. Que terminó siendo una estructura pesada, sin verdadera ingerencia, y en manos de dudosos miembros de la policía, a lo que muchos querellantes y testigos no aceptaron ante una nueva victimización.

A eso la diputada Gutiérrez lo contabiliza como un mero acto de voluntad del testigo, extrañamente, desconociendo los trasfondos de destrucción personal y retraimientos sicológicos de muchos compañeros y compañeras.

Y las consecuencias fueron, lamentablemente trágicas. El asesinato de Silvia Suppo en Rafaela y la inmediata posición de desvirtuar su jerarquía de crímen político puso blanco sobre negro que no existió en ese Programa una estrategia, una inteligencia concreta.

Debemos destacar el acoso y la intimidación de testigos en Santa Fe; la nunca aclarada amenaza en la intimidad en su hogar a nuestra compañera Josefina T. –que sí estaba acogida al Programa- o la total desprotección en Reconquista aún al Fiscal de la causa, que motivó la presencia en el lugar y las audiencias de los Diputados en pleno.

Que la Diputada Gutiérrez diga que el Programa consistía en proveer de un celular a los querellantes y testigos, infantiliza una dimensión que debe ser tomada con cuidado porque no estamos ante bebés de pecho, ante señoritas del instituto. Estamos ante criminales de lesa humanidad, que aún mantienen la larga garra de la impunidad en estructuras del Estado, en la sociedad civil, y en las corporaciones militares, policiales y judiciales.

El desmanejo en la difusión de los juicios y su instrumentación; la falta de un trabajo conjunto con la Secretaría de DD HH de la Nación; el retaceo presupuestario permanente, la no contundencia y claridad en la posición de un Gobierno Provincial que enfrentaba en su territorio causas de envergadura, el no compromiso : envalentonó y refortaleció –obviamente- esa subyacente y silenciosa corporación de los Brussa, de los Amelong-Lofiego, de las Cosidoy, de la Base Aérea Reconquista.

Hoy caminan por las calles los asesinos en Rosario, en Santa Fe, y los perejiles de la causa Suppo fueron dejados en libertad. En Reconquista y San Lorenzo las causas duermen y son planchadas beneficiando a los implicados y procesados aún sin resolución.

Si esto no es causal de una verdadera vuelta de página a la política de Derechos Humanos provincial, y de una asunción de compromisos verdaderos y contundentes, entonces no queremos pensar en la complicidad por inexpericia o por mala leche. No queremos pensar, sino estaríamos ante algo realmente indignante.

Hasta ahora nada se hizo, nada se afrontó. Preferimos menos arbolitos, menos exposiciones, menos nombramientos en las estructuras de la Secretaría y más realismo y audacia creadora.

Larga sería la saga.
Los impedimentos permanentes al Equipo de Antropología Forense.
La indolencia en el manejo del archivo de la memoria, que motivó la intervención de la Fiscal Colalongo, que tuvo que obtenerlos judicialmente para metodizarlos y que sean útiles como medios de prueba.

La existencia elemental del registro único de ex presos políticos, pese a que impulsamos la firma de los Convenios respectivos, sólo sostenido por la tarea de compañeros sin el mas mínimo apoyo oficial.

El freno permanente a la Ley de Pensión a los ex presos, y su enclaustramiento en un presupuesto que sí es lábil y flexible para la superpoblación de las estructuras jerárquicas del estado provincial.

La desjerarquización presupuestaria para llevar adelante la Ley contra la violencia de género, que sólo existe en lo enunciativo o en lo propagandístico.

Tenemos Paseo de la Diversidad pero no existe una sola medida de freno contravencional o policial al estigma y escarnio que siguen sufriendo la población trans.

No existió una sola política desde la Secretaría de DD HH, ni del inefable Gabinete Joven que tenga que ver con la masacre de jóvenes, y desprotección de niños y niñas en las principales ciudades santafesinas, con políticas de contención, asistencia o capacitación. El punto de inflexión fue la Masacre de villa Moreno, pero allí también el área de DD HH estuvo ausente.

Lo mismo podemos decir de la población penitenciaria, el IRAR o los institutos de menores, que ya ni existen. Creo que Rosa Acosta jamás visitó el Penal de Coronda, por ejemplo, y vio si se aplicaba aquello de que las cárceles son para la reinserción y no para el castigo.

No saben cómo (no) se llevan adelante los programas de educación o laborales o el acceso a la Justicia de los privados de libertad.

Tampoco se interesaron nunca, jamás ví una posición ni medida sobre los suicidios o asesinatos por enfrentamientos en la población carcelaria; o cómo se estigmatiza y criminaliza a los ladrones de gallina y a sus familiares -al decir de Zaffaroni- que sí pueblan las cárceles.

Si esta no política prosigue estamos ante graves problemas.
Exigimos terminantemente al Gobernador Bonfatti, a los Ministros Rubén Galassi y Juan Lewis una reconversión inmediata al rumbo que hasta ahora llevó adelante el gobierno provincial en materia de Derechos Humanos. La urgente convocatoria a todos los sectores involucrados: Secretarías, poder Legislativo, poder Judicial, organismos reconocidos, querellantes y testigos, y se expongan detalladamente los programas y criterios a tener en cuenta hacia la gestión que se ha iniciado.

Obtener mesas de diálogo para la re confección de programas o su monitoreo, con poder de decisión sobre los puntos mas urgentes y álgidos como por ejemplo el Programa de Protección de Testigos.

El gobierno Provincial debe salir de su autismo, y esta inercia indiferente que nos lleva hacia el abismo.

Siempre hay tiempo de rectificar errores y corregir el rumbo.


El Diputado Rico además afirmó: “Si no hay respuestas inmediatas, cuando se inicie el Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura pediremos la comparecencia del Ministro Juan Lewis y el actual Secretario de Derechos Humanos Dr. Horacio Coutaz ante la Legislatura”

Compartimos con uds. algunas notas:
"Entre Binner y Bonfatti llevan cuatro años de puestas en escena"
16 de enero de 2012
El diputado Eduardo Toniolli cruzó al minsitro Corti:
"Entre Binner y Bonfatti llevan cuatro años de puestas en escena"

Tras las declaraciones del Ministro de Seguridad de la provincia, el diputado provincial aclaró que la Ministra Garré cumplió con los compromisos asumidos en la reunión de la semana pasada, y contraatacó.

El diputado Eduardo Toniolli, integrante del bloque Movimiento Evita –FPV y Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la cámara baja, salió a cruzar esta tarde las declaraciones efectuadas por Leandro Corti, Ministro de Seguridad de la provincia, quien en una entrevista radial caracterizó la reunión que Nilda Garré mantuvo con los familiares de las víctimas de la masacre de Villa Moreno como “una puesta en escena” que no implicó “ninguna ayuda concreta para resolver el caso”.

En ese marco, Toniolli señaló: “Estuve presente en la reunión, todas las medidas en las que se comprometieron la ministra Garré y el Secretario de Justicia Julián Álvarez se hicieron efectivas, tal es así que el testigo principal de la causa se encuentra bajo la custodia del ‘Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados’ desde el día siguiente a la reunión, y se efectivizó hoy mismo la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Colegio de Abogados de Rosario para brindar asesoramiento legal gratuito a los familiares de las víctimas a través de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia”, y agregó que además el juez Pazos les comunicó el viernes que “se habían comunicado con él desde la Nación para coordinar con el juzgado la publicación de las fotos de los implicados en todo el territorio nacional” y que el magistrado se había negado por considerar que podía resultar contraproducente para el desarrollo de la causa judicial.

Finalmente Toniolli ironizó: “quizás Corti pretende que desde la Nación pongan a las fuerzas federales a parar los enfrentamientos entre bandas en los barrios de Rosario y a resolverle todos los problemas de seguridad, pero la ministra Garré es muy respetuosa de las competencias de cada nivel del Estado” y agregó que “estas declaraciones para la tribuna son la reedición de actitudes de un gobierno que, como el de su antecesor Hermes Binner, es especialista en ‘puestas en escenas’ y busca justificar su incompetencia en determinadas áreas responsabilizando a factores externos”.

La masacre de Villa Moreno en Rosario debe ser un punto de inflexión !
GERARDO RICO Diputado Provincial, presidente del Bloque Movimiento Evita y dirigente nacional de ese sector fue durante los 4 años anteriores vicepresidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la legislatura santafesina, que hoy preside el Diputado Eduardo Toniolli.

Sus equipos, como los de la Fundación Igualar, fueron permanentes reclamantes de los hechos de violencia que hoy nos toca lamentar, ante el silencio y traba de gestiones por parte del gobierno provincial.

Hoy analiza exhaustivamente el caso de los crímenes en los barrios de Santa Fe y Rosario.

La masacre de Villa Moreno en Rosario debe ser el punto de inflexión que obliga al gobierno provincial a asumir definitivamente, tardíamente, el manejo de la cuestión integral de la seguridad.

La inmolación de casi 500 santafesinos en las calles de Santa Fe Capital y Rosario durante el año 2011 es la sangrienta prueba del desmanejo y el desmadre de una situación agravada diariamente.

La sucesión de matanzas, que incluyó a menores, va en un ascenso progresivo, incrementándose la impunidad y el ya definido control territorial de bandas. Esto indica que la política de criminalizar a la víctima, y archivar las causas como “ajuste de cuentas” fue funcional al ya indudable crecimiento de los hechos que enlutan las principales ciudades.

Con un facilismo exasperante, y salvando la ropa del momento, se colocan motes como “con antecedentes”, “barra bravas” y se tira a las víctimas a las fauces de una opinión pública que justifica a veces en una generalización fascista lo que luego se vuelve contra el ciudadano común.

Los desprotegidos, los que mueren, los que no son escuchados, los que no están en la consideración de la estadística, los que mas padecen esto son los habitantes de los barrios mas humildes. Que a su vez son estigmatizados por el mismo funcionario público que debe darle mas cobertura y protección por su debilidad, y mas de una vez fueron víctimas del gatillo fácil.

La prolongación de la mano larga del crímen dentro de los institutos penitenciarios, constituye asimismo el universo que estamos tratando de desmontar.

Cuando el atentado al colectivo de NOB y el asesinato de un menor de 14 años, la población se enteró por La Capital del poderoso cartel de drogas y la disputa hacia el centro y norte de la ciudad. ¿Lo que un cronista se entera, es ignorado por la policía y su conducción política? ¿Lo que cualquier vecino sabe de los bunker sellados de venta de drogas, los ubica, los señala, y a veces los incendia o demuele, no es visto por la misma autoridad?

Son nuestros compañeros en las barriadas de ambas ciudades los que están en contacto permanente con estos hechos, de los que muchas veces son víctimas. Son los militantes, los referentes sociales los que batallan diariamente ante la ausencia de políticas oficiales no de represión, sino de contención, de control, de asistencia, de seguimiento.

Son nuestros compañeros los que ponen el pecho ante los delincuentes, ante la policía, ante el poder público que está ausente, que los expulsa ante cada profundo planteo. Se defienden con un escarbadientes y lo poco que podemos brindarles desde nuestras trincheras.

Nuestro Movimiento en muchos casos se ha hecho cargo de tutorías judiciales, de acompañamientos terapéuticos, de tareas de contención sin el mas mínimo apoyo oficial, y denunciando permanentemente la estigmatización de los niños y los jóvenes por el sólo hecho de pertenecer a barriadas humildes.

Y así justamente, estos pibes que cayeron muertos en la canchita del club oroño eran militantes sociales, que pretendían promoverse a ciudadanos desde sus saberes y problemáticas. Que su sacrificio no sea un mensaje a sus pares que el mundo es así, y hay que vivir así en la espiral inexorable de pobreza, marginación y delito. Muy por el contrario que sirva para abrir las mentes, para golpear las puertas de los poderosos, para unir a sus amigos y vecinos y hacer algo de lo que ellos estaban convencidos: desmontar definitivamente esta forma de vida, que no es la que libera sino la que esclaviza.

Citar el caso último, sintetiza un poco la desazón y la alarma, y también destapa la fétida urdimbre que se cocina. Un baleado sospechoso de la masacre se movilizaba en un auto importado a nombre de un reconocido abogado penalista de Rosario, y su internación en el Hospital no fue registrada por la guardia médica. Es un indicativo, de la impunidad estructural, donde conviven abogados, policías y algunas veces –por indolentes y justificatorios- muchos funcionarios del poder político.

Mientras las cárceles están pobladas de rateros, ladrones de gallinas, criminalizada su pobreza sin derecho a un servicio de justicia, del que sí gozan los que conducen la matanza en las calles -esos están libres-

El poder político, el ejecutivo no controló esta sucesión de hechos por ineficiente, timorato, marketinero, declamatorio, y el inclumplimiento de sus deberes ensangrentó las barriadas.

En los 4 años de gestión de Binner nada se hizo, y los equipos dedicados a la seguridad -pasando por el payasesco Ghirardi- en varios enroques: sigue siendo el mismo que hoy pasa a la gestión de Bonfatti.

No existe una política integral que aborde la violencia barrial, de género, de control de la venta de drogas.

La corporación judicial -la misma que permite la espera de sentencia en libertad de los criminales de lesa humanidad- con su indolencia, y sectores policiales en franca connivencia completan un preocupante cuadro de situación que desencadena los hechos que hoy vivimos y la sociedad contempla con asombro. La verdad es que el poder político no controla, no conduce, y los peores y mas cuestionados sectores policiales con total independencia, conviven y cohabitan en una virtual colombianización de las ciudades.

Es imprescindible la inmediata convocatoria a un Comité de Crisis, que involucre a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las autoridades municipales del área, a las Unidades especiales de Policía Provincial y Federal y al servicio Penitenciario.

Se debe monitorear en conjunto el avance de las investigaciones, y cómo enfrentar eficientemente este estado de cosas, que trasciende con dureza la fuerza de la comisaría y el delito convencional.

Si no se toman urgentes medidas protectivas a la sociedad en su conjunto, cada gota de sangre caerá sobre los responsables políticos de la indolencia y la ineficacia.

JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE VILLA MORENO
En la madrugada del 1º de enero tres militantes sociales, Jere, Mono y Patón, fueron brutalmente asesinados en el Barrio Moreno de la ciudad de Rosario por una banda armada de sicarios.

Las primeras versiones policiales presentaron el hecho como la represalia de una fracción de la barra brava de Newell´s, que de esta manera pretendía vengar las heridas infringidas horas antes a su referente, Maximiliano Rodríguez, en un enfrentamiento armado. Dichas versiones quedaron desestimadas cuando, a partir de la denuncia de la organización a la que pertenecen (Movimiento 26 de Junio – Frente Popular Darío Santillán), se determinó que los jóvenes eran militantes sociales.

Indudablemente, la rapidez con que la policía caratuló el caso como un ‘ajuste de cuentas’, y la entrada de Maximiliano Rodríguez al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez sin que el agente de guardia registrara que se trataba de un herido de bala, obligan al gobierno provincial a establecer rápida y firmemente las responsabilidades de esa fuerza en el intento de desviar la investigación. Estos elementos son indicativos de la impunidad estructural en la que conviven policías, sectores del poder judicial y también funcionarios del poder político que amparan este accionar.

Esta masacre revela también un estado de anomia por parte del Estado provincial frente a la realidad de los más humildes, en la que estos compañeros estaban inmersos, y que los llevaba a militar de manera organizada para transformarla.

El asesinato de estos compañeros debe significar un punto de inflexión que obligue al gobierno provincial a asumir definitivamente, tardíamente, el manejo de la cuestión integral de la seguridad, estableciendo un esquema preventivo que incluya, por un lado, la preocupación por los marcos de convivencia comunitaria y el bienestar de los vecinos, y – fundamentalmente – el combate a determinadas economías delictivas ligadas al tráfico de drogas, entre otros flagelos.

Los desprotegidos, los que mueren, los que no son escuchados, los que no están en la consideración de la estadística, los que más padecen esto son los habitantes de los barrios más humildes. Que a su vez son estigmatizados por el mismo funcionario público que debe darle más cobertura y protección por su debilidad, y más de una vez fueron víctimas del gatillo fácil.

Son nuestros compañeros en las barriadas de ambas ciudades los que están en contacto permanente con estos hechos, de los que muchas veces son víctimas. Son los militantes, los referentes sociales los que batallan diariamente ante la ausencia de políticas oficiales no de represión, sino de contención, de control, de asistencia, de seguimiento.

Nuestro Movimiento en muchos casos se ha hecho cargo de tutorías judiciales, de acompañamientos terapéuticos, de tareas de contención sin el más mínimo apoyo oficial, y denunciando permanentemente la estigmatización de los niños y los jóvenes por el sólo hecho de pertenecer a barriadas humildes.

Es imprescindible la inmediata convocatoria a un Comité de Crisis, que involucre a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a las autoridades municipales del área, a las Unidades Especiales de Policía Provincial y Federal y al servicio Penitenciario, que monitoree conjuntamente el avance de las investigaciones, y que comience a definir cómo enfrentar eficientemente este estado de cosas.

Exigimos que se investigue a fondo y con celeridad, y se establezcan todas las responsabilidades, de los autores materiales, de quienes encubrieron y desviaron la investigación, y de quienes amparan y promueven por acción, omisión o ineptitud estos mecanismos de impunidad estructural que riegan de sangre nuestros barrios, matando a nuestros pibes.

Desde el año 2003 los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han hecho una política de Estado la no represión de la protesta social y han ampliado el horizonte de los derechos de las mayorías sociales de esta Patria. Sin embargo hechos como la Masacre de Villa Moreno, el asesinato de Mariano Ferreyra, la Masacre de José León Suárez, el asesinato de Cristian Ferreyra, los graves hechos de represión en Ledesma, en Bariloche, en el Indoamericano y del pueblo Qom en Formosa, demuestran que hay sectores policiales, políticos y económicos que se resisten a que los trabajadores y los humildes sean escuchados y puedan ejercer sus derechos al trabajo, la tierra, vivienda, la educación. Expresamos nuestra profunda preocupación, fundamentalmente por estos comportamientos de fuerzas policiales y/o parapoliciales amparadas por quienes quieren defender sus privilegios.

MOVIMIENTO EVITA
Mesa Ejecutiva Nacional:
Emilio Pérsico (Sec. Gral.), Fernando Navarro, Jorge Taiana, Gerardo Rico, Raúl Lorenzo, Ernesto Paillalef, Luis Cáceres, Adela Segarra, Eduardo Ancona, Leonardo Grosso, Gildo Onorato