Jueces en la mira por jubilaciones de privilegio
El organismo denunció maniobras fraudulentas en causas de reajustes de haberes. Al mismo tiempo, empezó a desplegar controles sobre el régimen jubilatorio que beneficia a los magistrados y detectó pagos incompatibles. Hay haberes de más de 60 mil pesos.
Por David Cufré
“Nos dicen que la Justicia quiere cuidar a los jubilados. (Pero) los cuidan cuando la plata la pone el Estado”, se quejó CFK hace dos semanas.Imagen: Bernardino Avila
“En la Argentina hay jubilaciones superiores a los 100 mil pesos que la Anses paga todos los meses, producto de sentencias judiciales con retroactivos muy grandes”, advirtió ayer el titular de la Anses, Diego Bossio. “Son cuestiones que generan privilegios y no justicia, y lo mismo ocurre muchas veces con las jubilaciones de los propios jueces, que superan los 60 mil pesos”, avanzó. El funcionario hizo estas declaraciones luego de denunciar nuevos casos de “caranchos previsionales”. Es decir, maniobras armadas entre jueces o secretarios de juzgados y abogados previsionales para defraudar a la Anses, dictando fallos que la obligan a pagar sumas millonarias. El organismo detectó expedientes en los que tuvo que desembolsar más de un millón de pesos en retroactivos y actualizar los haberes de los jubilados demandantes por arriba de los 50 mil pesos mensuales. Al comprobar la estafa, hizo las denuncias penales correspondientes y reclamó la restitución del dinero (ver aparte).
Pero Bossio no se detuvo allí. También apuntó contra “situaciones de privilegio” que benefician a los jueces en general, cuyo régimen especial les permite cobrar jubilaciones que llegan a los 60 mil pesos mensuales. En este caso, según pudo saber Página/12, la Anses empezó a desplegar una serie de controles sobre la liquidación de haberes de magistrados, fiscales, secretarios y demás miembros del Poder Judicial. El promedio de ingresos en este sector es de 22.353 pesos mensuales en el caso de los jubilados y de 15.598 pesos entre los pensionados. Son diez veces más de lo que ganan en promedio el resto de los jubilados del régimen general. La investigación del organismo ya detectó situaciones irregulares. Hay nueve funcionarios judiciales de alto rango a quienes se ha intimado o se lo hará a corto plazo por seguir cobrando la jubilación, a pesar de que al mismo tiempo siguen ejerciendo como magistrados u otros cargos y percibiendo la totalidad de su sueldo por esa función, lo cual es incompatible.
La Anses exige la renuncia al haber previsional o, en todo caso, que opten por ese ingreso y dejen de percibir el otro. Según la ley que establece el régimen jubilatorio para los miembros de la Justicia federal, los beneficiarios “que sean convocados (a trabajar) podrán optar por continuar percibiendo el haber o por cobrar la remuneración propia del cargo al que han sido llamados y, en este último caso, se suspenderá la liquidación de aquel haber”. Si la tarea durara más de un mes, entonces sí podrían percibir “un tercio del sueldo que corresponda al cargo que ejerzan”. La excepción que les permite acceder a la totalidad de la remuneración es si se desempeñan como docentes. Pero no es lo que ocurre en los nueve casos de incompatibilidades detectados por la Anses. Entre ellos hay jueces de “alto rango”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio hace dos semanas el marco en el cual se desa-rrolla el trabajo de la Anses, que analiza el desempeño de la Justicia en las causas previsionales y el régimen de liquidación de jubilaciones de los propios jueces. La jefa de Estado se refirió al tema el día que anunció un tope a las tasas de interés de los créditos para jubilados que otorgan mutuales, cooperativas y otras entidades. “Siempre nos dicen que la Justicia quiere cuidar a los jubilados. (Pero) los cuidan cuando la plata la pone el Estado, cuando la plata se la sacan a los privados la Justicia no existe”, reprochó en aquella oportunidad. Y agregó: “Si el Estado tiene que poner la plata, la tiene que poner, toda, corresponda o no corresponda, doble o triple. Todavía tenemos jubilaciones de privilegio. También vamos a comenzar a hablar de eso más adelante”.
Uno de los regímenes “de privilegio” es el que involucra a los jueces. En relación con éstos también existe una profunda polémica por haberse autoexcluido del pago del Impuesto a las Ganancias. Por lo pronto, la Anses empezó a involucrarse en el tema verificando que los jubilados de ese sistema cumplan con los requisitos establecidos. Además de aquellos nueve funcionarios que presentan incompatibilidades, el organismo previsional tiene bajo análisis 120 expedientes de jueces, secretarios y otros habitantes de tribunales para determinar si sus haberes fueron liquidados como corresponde.
En total, el régimen de jubilaciones de los jueces tiene 4051 beneficiarios. Como se indicó más arriba, los jubilados ganan 22.353 pesos en promedio y los pensionados, 15.598. Ello arroja un promedio general del sistema de 19.896 pesos. El haber más alto es de 62.407 pesos (ver aparte). La jubilación se compone de distintos items, como el sueldo básico, un suplemento remunerativo por la acordada 71/93, compensación jerárquica, compensación por residencia y antigüedad, entre otros. La Anses está verificando que esos distintos rubros que conforman la jubilación estén bien determinados. En la liquidación del haber inicial interviene tanto ese organismo como el Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura.
El régimen jubilatorio especial para los jueces empezó a conformarse en 1969 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y tuvo sucesivas mutaciones hasta adquirir su forma actual. Los magistrados y funcionarios judiciales hoy pueden jubilarse a los 60 años –en el régimen general son 65 años–, con 30 de servicio, de los cuales 15 o 20, según fueran continuos o discontinuos, deben desarrollarse en la carrera judicial. El haber es del 82 por ciento móvil del cargo en actividad. No existen topes ni al monto de la jubilación ni al de aportes. Además, deben aportar un punto porcentual adicional al régimen general. “El Estado está trabajando por la inclusión y no por los privilegios”, deslizó ayer Bossio.
CESANTEARON A DOS SECRETARIOS JUDICIALES POR MANIPULAR FALLOS
Caranchos previsionales
Emmanuel Catardo y Fernando Mora fueron desplazados de un juzgado de la Seguridad Social tras una denuncia de la Anses. La acusación fue que inflaban el pago de sentencias a jubilados por arriba del millón de pesos.
Por David Cufré
La Anses presentó una denuncia penal contra los ex secretarios Catardo y Prado.Imagen: Leandro Teysseire
Los aspirantes a jueces Emmanuel Catardo y Fernando Mora estaban a cargo de las secretarías del Juzgado Nacional Nº 3 de la Seguridad Social. Desde ese lugar manipulaban liquidaciones de sentencias en favor de jubilados para beneficiarlos con retroactivos superiores al millón de pesos y reajustes de haberes que los dejaban arriba de los 50 mil. Además, les asignaban fuertes honorarios a los abogados que patrocinaban a esos jubilados, algunos de ellos familiares o amigos. Todo esto figura en la denuncia penal que hizo la Anses contra esos funcionarios ante la Justicia y en la presentación que elevó al Consejo de la Magistratura. A raíz de ello, la Corte Suprema tomó intervención y resolvió primero suspender y luego cesantear a los involucrados. “Hemos dado con los caranchos previsionales. Hace más de un año que estamos presentando denuncias a distintos juzgados por fraudes” similares, sostuvo Diego Bossio, director de la Anses.
“Hay situaciones de connivencia entre abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes, con sumas realmente abultadas”, acusó ayer el funcionario, en declaraciones radiales. La sospecha que guía el accionar de la Anses es que existen numerosas situaciones como ésas en tribunales. En rigor, no sólo allí. Bossio implementó el año pasado un nuevo sistema de liquidación de sentencias dentro de la Anses para evitar que empleados del organismo privilegiaran determinados expedientes en desmedro de otros. En particular, que pagaran primero las causas de jubilados a quienes había que cancelarles retroactivos por fuertes sumas y dejaran atrasados otros expedientes menos onerosos. La presunción era que había estudios jurídicos interesados en cobrar esos casos, quienes lograban “el favor” de algunos empleados. En lugar de ese régimen, desde mediados de 2011 se aplica un sistema por el cual se definen prioridades –cobran primero las personas de mayor edad y con causas más chicas– y un mecanismo informático que limita arbitrariedades.
La denuncia contra Catardo y Prado tiene más de un año. El caso recayó en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres. Según la Anses, las irregularidades se produjeron en general con expedientes previsionales que tramitaron durante varios años, con embargos trabados contra el organismo. En esas causas, los abogados patrocinantes originales eran desplazados por otros, vinculados con los secretarios. Después del reemplazo, estos últimos aprobaban una nueva liquidación por montos superiores a los dispuestos en un principio: hacían trepar los retroactivos por arriba del millón de pesos. Pero no se notificada de esto a la Anses. Como se trataba de expedientes con embargos trabados donde existía dinero depositado para su cobro, el juzgado libraba los cheques y el jubilado conseguía los fondos. “La Anses no podía ejercer su derecho de defensa”, sostuvo el organismo.
Al mismo tiempo, los secretarios asignaban “cuantiosas sumas de dinero para estos ‘nuevos’ abogados en concepto de honorarios, por una tarea nula”, señaló la Anses. La investigación del organismo avanzó luego de que el abogado original de uno de esos casos hizo la denuncia tras haber sido desplazado. Catardo y Mora figuraban en la nómina de aspirantes a jueces en uno de los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura.
“Todos los expedientes superaban el millón de pesos y efectivamente era una estafa a la Anses, una estafa al Estado argentino porque las liquidaciones previstas originalmente eran muy inferiores”, indicó Bossio, al explicar la maniobra. “En uno de los casos el juzgado ya le pidió al jubilado que devuelva los recursos a la Anses y en otros casos sigue el proceso”, precisó. El jefe de la Anses insistió en que “es una operación que estamos viendo de manera muy recurrente” y recordó cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de los “caranchos previsionales”. “Son situaciones muy injustas, donde se alteran los procesos y se generan privilegios”, completó.
LOS HABERES DE LOS JUECES
Un régimen especial
Por David Cufré
En total, los 4051 beneficiarios del régimen previsional de la Justicia federal reciben del Estado 80,5 millones de pesos por mes. Una de las razones por las cuales ganan esos haberes es que no existe el tope que rige para el régimen general, que en este momento determina una jubilación máxima de 10.507,9 pesos por mes. Del mismo modo, tampoco se aplica el tope en los aportes, que para los inscriptos en el sistema general es de 16.213,7 pesos por mes.
Como los jueces tienen sueldos elevados, aportan sumas altas y cobran haberes también muy superiores al resto. Son, en promedio, diez veces más de lo que ganan en promedio los jubilados del régimen general. De todos modos, los aportes de los miembros de la Justicia inscriptos en este sistema alcanzan a cubrir sólo una parte del costo total. La diferencia arroja un déficit de 258,9 millones de pesos, que son cubiertos por la Anses con recursos corrientes del sistema jubilatorio general.
EN 2011 LA ANSES CANCELO MAS DE 17 MIL SENTENCIAS
Los que pasaron por ventanilla
A lo largo de 2011, la Anses pagó un total de 16.932 retroactivos por reajustes de haberes, por un total de 2081 millones de pesos. Además, el año pasado ajustó la forma en que se clasifican los expedientes y desde julio liquida retroactivos dos veces por mes. La información fue presentada ayer por el organismo, en un balance de su gestión en este tema.
El documento oficial precisa que a lo largo de 2011 se liquidaron 17.992 sentencias, pero no todas resultaron favorables, ya que a algunas no les correspondió retroactivo y otras fueron dadas de baja o retenidas por el control que se realiza con posterioridad a la liquidación. Al respecto, el titular de la Anses, Diego Bossio, comentó que cuando asumió la conducción “una de las metas que nos propusimos fue la de reducir el índice de litigiosidad que tenía el organismo en materia de sentencias judiciales” y agregó que al finalizar 2011 “logramos acelerar los tiempos de pago, automatizar los procesos y una mayor transparencia”.
En el transcurso del año pasado se realizó un inventario y se puso en marcha un sistema de tipificación de expedientes para su clasificación de acuerdo con el rango de haberes, edad y antigüedad. En base a esos registros surge la orden de pago. Además, desde julio, y debido a la puesta en marcha de un sistema informático parametrizado que reemplazó a los antiguos controles manuales, se redujo el margen de error en las operaciones. Gracias a esto, fue posible empezar a abonar los retroactivos de sentencias dos veces por mes.
De mayo a junio se triplicó la cantidad de sentencias trabajadas y abonadas, pasando de 412 a 1219. Con el correr de los meses la cantidad fue aumentando (en promedio unas 2000 por mes), alcanzando las 2811 sentencias pagas en noviembre y 3148 en diciembre. En lo que a montos se refiere, la Anses pasó de abonar 28 millones de pesos en mayo a 443 millones en diciembre.
Fuente:Pagina12
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