Las verdaderas razones detrás del juicio contra Baltasar Garzón
Publicado el 29 de Enero de 2012
Por Lidia Fagale
El juicio al juez Baltasar Garzón y la búsqueda de justicia por los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo llegan en un momento muy particular de España y de Europa en general. El avance de políticas neoliberales, la marcada involución de derechos sociales y económicos, se corona con un gobierno de derecha que a finales de 2011 ganó las elecciones españolas y llevó a Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. El abogado argentino Carlos Slepoy, exiliado en Madrid desde 1975, integra el equipo jurídico que ha interpuesto una querella por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el franquismo. Tiempo Argentino dialogó con el letrado sobre cómo interpretar las verdaderas razones del juzgamiento a Garzón por prevaricato.
–¿Vinculá esta arremetida contra la figura paradigmática del juez Baltasar Garzón como parte de una ofensiva política en un contexto de crisis que apela a soluciones conservadoras y de mayor ajuste?
–Desde luego que tienen gran incidencia. El evidente y constante retroceso respecto de derechos y conquistas sociales, conseguidas con mucho esfuerzo y sacrificio por miles de personas, constituye un caldo de cultivo propicio para que los distintos poderes fácticos e institucionales, entre ellos las más altas instancias judiciales, compuestas en general por sectores conservadores, se sientan respaldados para aplicar políticas regresivas y adoptar resoluciones contrarias a derechos fundamentales, como son, en este caso, las relativas a los Derechos Humanos violados masivamente por la dictadura franquista.
–Política y socialmente existen sectores que han asumido un compromiso claro de movilización a favor de ponerle fin a la impunidad de los crímenes del régimen franquista. ¿Está expresiones tienen un potencial político estratégico?
–El peso fundamental en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo recae sobre las asociaciones de familiares, víctimas y represaliados, del mismo modo que sucedió en nuestro país y, en general, en todos aquellos en los que se cometieron crímenes similares. Al combatir la impunidad del franquismo ponen en evidencia y cuestionan las gravísimas falencias de la democracia española. Con ello efectivamente, en mi opinión, son expresión de un enorme potencial político...
–¿La estructura de la justicia en España sigue vinculada a un pasado fascista?
–La mayoría de los jueces que integran las cúpulas de la administración de justicia española juraron lealtad a los principios del movimiento nacional franquista y pertenecen, en muchos casos, a familias biológicas de altos dirigentes de la dictadura. Además han hecho su trayectoria profesional en el marco de una cultura de privilegios, desmemoria e impunidad. Sin duda que lograr una auténtica justicia democrática requerirá la remoción de estos jueces y su relevo por otros incontaminados de franquismo, como ocurrió en la Argentina con la sustitución de los miembros de la Corte Suprema. Será el primer paso. A partir de ahí, la tarea deberá alcanzar a las distintas instancias judiciales, tarea que, por cierto, aún nosotros tenemos pendiente en gran medida.
–¿Por qué considera que se ha tardado tanto tiempo en España en recuperar la memoria histórica de lo ocurrido durante el franquismo?
–Por una parte la dictadura duró 40 años y produjo el exterminio de múltiples grupos humanos: políticos, sociales, culturales, etcétera. Por otra, y como suele ocurrir en estos casos, las complicidades de un lado y los temores a una reinstauración dictatorial de otro, determinaron que se sellaran acuerdos de impunidad, cuya expresión legislativa fue la Ley de Amnistía. Esta ley fue suscrita y promovida lamentablemente por partidos políticos, como el Socialista y el Comunista, que tenían entre sus filas, en especial este último, decenas de miles de víctimas. Se creó de este modo un clima social propicio al olvido y la impunidad que, sin embargo, comenzó a revertirse hace unos diez años aproximadamente, cuando los nietos empezaron a buscar a sus abuelos en fosas comunes (más de 1000 detectadas hasta el momento) y cunetas y dieron origen a las asociaciones de la memoria histórica que han tenido una importancia trascendental en este proceso, ya indetenible a mi entender, de lucha por la justicia. No tengo dudas de que la impunidad del franquismo tiene los días contados.
–Está a cargo, junto a otros letrados, de varias presentaciones de familiares de víctimas del franquismo. ¿Cuántos desaparecidos o asesinados se han contabilizado hasta ahora?
–En las actuaciones llevadas a cabo por Garzón se calculan en 113 mil los desaparecidos y en 30 mil los niños secuestrados y privados de su identidad, sólo en el período 17 de julio de 1936 –fecha del comienzo del alzamiento militar contra la República– hasta finales del año 1951. No hay cifras definitivas de los asesinados y torturados que sin duda quintuplican, al menos, esas espeluznantes cifras en dicho período. A ellas hay que sumar las producidos a partir de 1952 y hasta el final de la dictadura, el 15 de junio de 1977, en que se producen las primeras elecciones libres, que son igualmente un altísimo número.
–Desde la Argentina, familiares de las víctimas han presentado demandas. ¿Cuál es la figura o el fundamento utilizado para cumplir con los objetivos de justicia?
–Nosotros hemos interpuesto la querella por el crimen internacional de genocidio o, subsidiariamente, por crímenes de lesa humanidad. No hay espacio en esta entrevista para que me explaye sobre la diferencia sustancial entre estos dos delitos (espero que tengamos otra oportunidad), pero en todo caso ambos constituyen crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, inindultables y perseguibles judicialmente por distintos tribunales del mundo en todo tiempo y lugar.
–¿Cuándo concluye el juicio por prevaricato al juez Baltasar Garzón?
–El juicio por investigar los crímenes del franquismo tiene prevista una duración de unas tres semanas desde que comenzó este 24 de enero. Sin embargo, son tan burdas las irregularidades procesales que se han cometido en la instrucción –incluido el descarado asesoramiento del juez instructor del Tribunal Supremo a los querellantes– que existe la posibilidad de que este martes próximo, 31 de enero, sean anuladas las actuaciones y se archive la causa. Si así no fuera se desarrollaría el juicio hasta su conclusión con la declaración de, Garzón en primer lugar y, en los subsiguientes, con la de distintos testigos. Por otra parte Garzón tiene abiertos otros dos juicios, uno de ellos también por prevaricato, se celebró hace dos semanas y está pendiente de sentencia, y en el otro, por cohecho impropio, se acaba de formular acta de acusación. Son tan disparatados estos procesos que acreditan la manifiesta intención de erradicarlo de la carrera judicial. <
La extrema derecha y la prensa española
–¿Puede clarificar qué son “Manos Limpias” y “Libertad e Identidad” y por qué la defensa de Garzón piensa aplicar la denominada Ley Botín?
–En cuanto a lo primero, se trata de dos ínfimos grupos de marcado carácter fascista, que son los que han promovido la querella contra el juez Garzón. La denominada doctrina Botín surge de una resolución del propio Tribunal Supremo que estableció que –no existiendo ni acusación fiscal ni acusación particular– como en este caso en que el Mº Público se opone firmemente a la prosecución de la causa y no hay particular querellante alguno, la llamada acusación popular que ejercen los dos grupos antes mencionados, no puede por si misma impulsar un procedimiento penal. Esta puede ser una de las causas por la cual se sobresea y archive la causa.
–¿Qué rol ha desempeñado la prensa española en el juicio a Garzón?
Desde luego la prensa de derecha –que es mucha en España– se frota las manos con el juicio a Garzón y quisiera ver enterrada toda posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo. A cambio, el también amplio espectro de la prensa que podríamos denominar genéricamente de centroizquierda se opone firmemente a los juicios contra Garzón.
Fuente:TiempoArgentino
UN JUEZ VINCULADO CON EL CASO GÜRTEL FORMALIZA OTRA ACUSACION POR COBRAR HONORARIOS ACADEMICOS
Garzón resiste la embestida del neofranquismo
“No he solicitado, ni gestionado, ni administrado, ni recibido personalmente o por terceros, ni directa o indirectamente, cantidad alguna de ninguna de las entidades patrocinadoras de los seminarios”, se defendió Garzón.
Garzón sigue el juicio por el caso Gürtel junto a su abogado Martínez Fresnada.Imagen: AFP
El Tribunal Supremo de España prosigue su avanzada contra el juez Baltasar Garzón. Mientras el ex magistrado de la Audiencia Nacional espera el martes la nulidad del juicio por investigar crímenes de lesa humanidad franquistas y la sentencia del caso Gürtel, el instructor Manuel Marchena formalizó la acusación por cohecho en la tercera causa abierta en contra de Garzón. Con esa última formalidad cumplida se hace inminente el inicio de un tercer juicio, aunque la fecha exacta todavía no se definió. En este tercer juicio Garzón está acusado de haber recibido dinero del Banco Santander y otras empresas por unos cursos que dio en 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York. En una circular difundida ayer, Garzón rechazó la acusación de Marchena.
En la conclusión de la instrucción de la tercera causa, el magistrado del Tribunal Supremo afirmó ayer que existen indicios de que hubo un reparto clandestino de dinero procedente de subvenciones. “Se creó un interesado escenario de descontrol en el reparto de las abultadas partidas que recibía la Universidad de Nueva York”, dijo Marchena. Se acusa a Garzón de contactarse personalmente por correo electrónico con los directivos de Santander, BBVA y Telefónica solicitando un total de 2.595.375 dólares. “Las gestiones del querellado permitieron la obtención definitiva de 1.237.000 dólares”, dice la resolución.
Garzón negó categóricamente ayer en la circular haber solicitado ese dinero. “No he solicitado, ni gestionado, ni administrado, ni recibido personalmente o por terceros, ni directa o indirectamente, cantidad alguna en metálico de ninguna de las entidades patrocinadoras de los seminarios”, dice la carta de Garzón.
Para el secretario de organización del PSoE en Buenos Aires, no es casual que Marchena haya sido quien procesó a Garzón por cohecho. “Es uno de los jueces del caso Gürtel”, dice en diálogo con Página/12 Gustavo López Pardo, haciendo referencia al caso de corrupción que salpicó al Partido Popular gobernante y que investigara Garzón en 2009. Ese juicio acaba de terminar y se espera la sentencia. Garzón ya había recusado en otro procedimiento a Marchena por oficiar simultáneamente de instructor en la causa de los honorarios y de juez en el proceso por el caso Gürtel. “La resolución ahora dictada demuestra lo fundado de aquella recusación”, asegura Garzón en la circular difundida ayer. “Sería ya el tercer juicio en su contra. Es insólito que a Francisco Camps (el principal político opositor implicado en el caso Gürtel) lo dejen libre en un fallo dividido de cinco a cuatro. Me parece que en la Justicia española hay un sentido común bastante emparentado con el franquismo”, afirmó López Pardo.
El jueves pasado, Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana por el PP, fue sobreseído por falta de pruebas en la causa Gürtel. El funcionario conservador era sospechado de haber recibido trajes por el valor de 14.000 euros de una empresa a la que su administración le otorgó contratos. Por este caso, Camps estaba acusado de delito de cohecho, la misma figura por la que se lo imputa a Garzón en la tercera causa en su contra.
Marchena no especificó la cantidad de dinero que supuestamente se habría embolsado Garzón de los bancos por los seminarios que dictó en la Universidad de Nueva york, que para Marchena constituye un cohecho. Según el diario El País, el ex juez asegura haber recibido 160.000 dólares. Por su parte, la Universidad de Nueva York declaró haber recibido 28.000 de la misma fuente por organizar los seminarios. Garzón aclaró que de sus ingresos totales le dedujeron sus gastos de alquiler.
Para hoy está prevista una marcha organizada por la plataforma Solidarios con Garzón, compuesta por artistas, escritores, intelectuales y representantes de los sindicatos CCOO y UGT. El recorrido finalizará en la plaza de Canalejas de la capital. Partirá al mediodía de la plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, donde Garzón será juzgado el martes por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1979).
La marcha fue presentada el pasado jueves en el Ateneo de Madrid en un acto en el que participaron artistas, entre quienes estaban el poeta Luis García Montero, el director de teatro José Luis Gómez, y los actores José Sacristán, Juan Diego Botto y Pilar Bardem. Las acusaciones que se presume provienen del PP, ejercidas por el supuesto órgano del partido para presentar querellas –el sindicato ultraderechista Manos Limpias– piden que Garzón sea condenado a una pena de inhabilitación por prevaricato, mientras que la fiscalía pidió su absolución por irregularidades en la querella. “En pleno siglo XXI España es el único estado europeo que no se arrepiente de sus crímenes de lesa humanidad”, asegura López Pardo. “Se nota cómo construyó sentido común en la gente española los cuarenta años de dictadura franquista.” En su circular de ayer, Garzón concluye que será difícil reparar los graves perjuicios en su persona por esta causa. “Mi confianza en el sistema judicial español está fuera de toda duda”, concluye.
Informe: Juan Nicenboim.
Fuente:Pagina12
Sábado, 28 de enero del 2012
María del Pilar Tello: Mi solidaridad con Baltasar Garzón acusado por investigar los crímenes de la dictadura franquista.
Por: Francisco Huanacune
Baltasar Garzón, el magistrado mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, ha sido demandado ante el Tribunal Supremo español por dos asociaciones de ultraderecha españolas que lo acusan de haber vulnerado la ley de amnistía de 1977 al haberse declarado competente para investigar las “desapariciones forzosas” ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).
Garzón está suspendido desde mayo de 2010 de sus funciones en la Audiencia Nacional, la principal instancia penal española, y podría ser condenado a veinte años de inhabilitación profesional, lo que supondría el final de su carrera.
Entrevistamos a la doctora María del Pilar Tello, reconocida, abogada y periodista, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quien anuncia un pronto seminario debate en su Facultad sobre los juicios a Baltazar Garzón teniendo en cuenta los aspectos políticos y jurídicos que están en cuestión.
Francisco Huanacune: El magistrado que abanderó la jurisdicción universal al perseguir las dictaduras iberoamericanas, que dinamizó la lucha contra el narcotráfico, que combatió la guerra sucia y contribuyó a la derrota de ETA, se enfrenta a la inhabilitación…
María del Pilar Tello: Baltasar Garzón no es un juez cualquiera, es un ícono de la justicia universal contra quien se está ejerciendo represalias a partir de tres procesos simultáneos que demuestran que hay poderes muy fuertes a los que la acción y la presencia de Garzón molesta. No les importa su prestigio internacional ni el respeto ganado ni que el mundo se pregunte cómo es posible que un puñado de corruptos, en connivencia con sus abogados, puedan acusar al juez que los investiga.
FH: Les interesa desactivar las investigaciones, sacar del escenario a un juez sumamente molesto.
MPT: Exactamente. Garzón citó en el proceso una frase de Willy Brandt: "Abrir la puerta a la primera injusticia es abrir la puerta a todas las que le siguen". Y la primera injusticia es que el grupo Gürtel haya logrado sentar en el banquillo al juez que destapó sus manejos lo que abre las puertas a los otros procesos igualmente injustos. Se ha dicho que es la justicia al revés, cuando los presuntos delincuentes sientan en el banquillo al juez que los investiga.
FH: Cuando los acusadores son acusados como titulaste uno de tus artículos recientes...
MPT: Así es y lo hice relacionando a un caso personal cuando junto a un prestigiado grupo de docentes en la Facultad de Derecho de la Villarreal denunciamos a una funcionaria ilegal y ella a su turno nos denunció y consiguió causarnos muchos problemas con su difamación durante varios años. Felizmente el Fiscal Anticorrupción puso las cosas en su sitio y mandó las falsas imputaciones al archivo y nos exoneró de toda responsabilidad, como debe ser.
FH: Volviendo a Garzón, ha sido acusado de prevaricato, de dictar a sabiendas resoluciones injustas y de violar las garantías constitucionales por intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel, ligada al Partido Popular...
MPT: Este es un extremo insólito. El magistrado enfrenta en este caso 17 años de inhabilitación por haber ordenado intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. Su decisión se justifica en la necesidad de impedir el blanqueo de más de 20 millones de euros que estaban deslocalizados en Suiza y en otros paraísos fiscales. Sospechaba el juez de la posible connivencia para poner a buen recaudo los millones de euros como se desprendía de una conversación del primer abogado, también imputado.
FH: ¿En qué consiste el delito de prevaricación judicial?
MPT: En su función jurisdiccional el juez debe expresar la voluntad y el interés general y no su voluntad particular. La prevaricación se da cuando la sentencia no está de acuerdo con las reglas de la interpretación jurídica establecidas normativamente.
FH: No hay delito de prevaricación si el juez acierta en la interpretación de la ley...
MPT: Así es. Incluso el juez se puede equivocar pero para corregir errores judiciales está el sistema de recursos. No hay necesidad de hacerle un juicio. No existe prevaricación si la resolución obedece a criterios compartidos por el Ministerio Fiscal y por otros jueces y magistrados como ha sido en este caso.
FH: Entiendo que Garzón actuó para prevenir un posible delito, como era su deber…
MPT: Así es. Y lo hizo a petición de la Policía Judicial y de la Fiscalía Anticorrupción, de manera motivada y amparándose en la ley. Garzón aseguró en la primera sesión del juicio que "los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero", y que su intención, al ordenar las escuchas, era "evitar la continuación de la acción delictiva".
FH: El juicio más sonado es el segundo, el considerado más irracional, por investigar los crímenes del franquismo... La comunidad jurídica internacional ha protestado masivamente por este proceso al punto que ha enviado media docena de observadores internacionales.
MPT: También me parece el más significativo. Es un juicio por una querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias admitida por la Sala Penal en mayo del 2009. El instructor, Luciano Varela, sostuvo que el juez Garzón no pretendía investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar”, superando las limitaciones de la ley de Memoria Histórica.
FH: Se le acusa de “orillar” la ley de amnistía de 1977 y abrir un proceso penal que desconoce los principios esenciales del Estado de derecho...
MPT: Es una increíble contradicción que España sea el único país de Europa que no puede investigar los crímenes cometidos en su territorio. Garzón quiso auxiliar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista pero no se le ha permitido. Es decir que quien pudo investigar crímenes de otros muchos países, en su país no lo puede hacer y lo acusan por ello.
FH: Todo esto daña la imagen de la justicia en España...
MPT: Irreversiblemente. A Garzón se le acusa de prevaricar por dar una respuesta legal a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que buscan recuperar los restos de sus allegados que yacen en fosas comunes en toda España. Los denunciantes son como podemos imaginar los nostálgicos del franquismo —Manos Limpias— y un grupo político fascista —Falange Española.
FH: Un proceso con irregularidades notables...
MPT: Notables. Desde que el sindicato denunciante logró que su demanda fuera admitida copiando párrafos enteros de un auto del juez instructor Varela quien les ayudó a cambiar los escritos presentados inicialmente por los acusadores los que no cumplían las mínimas exigencias legales. Esos escritos debieron ser rechazados y el procedimiento debió archivarse pero el instructor Varela en lugar de declararlos nulos les permitió que presentaran otro escrito bajo sus instrucciones precisas. Un verdadero escándalo procesal.
FH: ¿La Ley Española de Amnistía del año 1977 impide investigar los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo?
MPT: No puede prohibirlo porque estaría yendo contra las obligaciones que el derecho internacional impone a España, como a la mayoría de países, cual es la indagación y castigo de cualquier violación de derechos humanos.
FH: ¿Por qué se permite entonces que los corruptos y la ultraderecha puedan sentarlo en el banquillo. Les molesta su prestigio internacional, su presencia mediática?
MPT: Todo les molesta. No le reconocen el haber prestigiado la justicia española y universal. La investigación de crímenes de lesa humanidad tiene en Garzón un ícono mundial. Ningún juez puede jamás ser investigado por castigar delitos de lesa humanidad.
FH: ¿A que se refiere la doctrina Botín que Garzón ha pedido se le aplique?
MPT: En este procedimiento solo existe la acusación popular de Manos Limpias pero no hay acusación del Fiscal ni de ningún ofendido por el delito, por lo que, al igual que sucedió con Botín del Banco Santander en el caso de las cesiones de crédito, no debería continuar el juicio contra Garzón. Esta doctrina impide abrir juicio a un acusado cuando solo hay acusación popular, es decir, cuando no acusa el ministerio fiscal –en este caso la fiscalía ha pedido el sobreseimiento desde el principio y ahora propugna la absolución- ni hay ofendido por el delito.
FH: Para Amnistía Internacional es “escandaloso” que se juzgue por prevaricación una “investigación de violaciones de derechos humanos”. Se ha dicho que estamos ante el Caso Dreyfus del siglo XXI...
MPT: También lo creo. En 1894, el capitán judío del Ejército francés Alfred Dreyfus fue acusado de espiar para Alemania, condenado por traición y encarcelado. Dos años después se encontró al verdadero culpable que sin embargo fue absuelto y aplaudido por los conservadores y antisemitas. El gran Emilio Zola lanzó su célebre alegato por la inocencia de Dreyfus y el Tribunal Supremo reabrió el caso en 1898 para volver a condenarlo, su inocencia sólo fue reconocida en 1906.
FH: El caso Dreyfus es un paradigma de la persecución judicial a un reo inocente condenado por motivos ideológicos. Toda sentencia injusta abre una herida moral en la sociedad...
MPT: La condena a Dreyfus supuso para Francia el desprestigio de sus instituciones judiciales e igual puede suceder con la justicia española. El juez que encausó a Pinochet, el que más ha luchado contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción está acusado, en peligro de perder su autoridad judicial, perseguido por los corruptos que él trató de perseguir. Absurdo total.
FH: La normativa internacional forma parte del derecho español y la noción de crímenes de lesa humanidad existe desde antes de la guerra civil española...
MPT: Por supuesto, en especial la desaparición forzada de personas es delito de lesa humanidad, continuado o permanente, para el cual no prescribe la obligación de investigarlos y castigarlos. No hay impunidad para ellos.
FH: ¿No proceden las amnistías para crímenes de lesa humanidad?
MPT: No proceden. Es más, está prohibido conceder amnistías para exonerar de responsabilidad penal los crímenes de guerra y los de lesa humanidad que son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se cometieron. No pueden sustraerse con reglas internas de prescripción. El principio de no amnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad es de obligatorio cumplimiento, asumido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Justicia Penal Internacional y por muchos tribunales nacionales.
FH: Garzón es por antonomasia el abanderado de la jurisdicción universal para perseguir penalmente a las dictaduras latinoamericanas que perpetraron crímenes de lesa humanidad, con más razón debería poder perseguir los cometidos en la propia España, los de la Guerra Civil y el Franquismo.
MPT: Es lo lógico. Su investigación deseaba marcar el fin de la impunidad de los hechos perpetrados en dictadura y reivindicar a miles de hombres y mujeres, 200 mil víctimas, que le reclamaban justicia. Garzón dando un ejemplo al mundo debía satisfacer este requerimiento.
FH: Finalmente se ha abierto a Garzón un tercer procedimiento por cohecho pasivo impropio...
MPT: Y lo han hecho sin esperar la sentencia sobre las escuchas ilegales en el caso Gürtel. Es una anomalía más, la Corte Suprema tiene tres causas en simultáneo contra una misma persona. Se habla de cohecho impropio por los cursos que impartió Garzón en el 2005 con el auspicio del Banco Santander y otras grandes empresas españolas. Quieren demostrar que el juez se dejó comprar por el banquero. Nada es suficiente para quitarle autoridad judicial pero sobre todo ética. Es ese el objetivo.
Fuente:Entrevista
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