Torturas, hacinamiento y abandono en cárceles de Corrientes y Santa Fe
Publicado el 29 de Enero de 2012
Por Clarisa Ercolano
Bocas cosidas, espaldas laceradas, sangre, sarna, cortes, mugre, inmundicia, basura al lado de donde se prepara la comida. Las imágenes valen en este caso más que cualquier palabra. Son de las cárceles de Coronda y Las Flores ubicadas en la provincia de Santa Fe y de la Unidad 1 en Corrientes. Todas fueron tomadas por personas que, como cuentan ante Tiempo Argentino , “arriesgaron su vida” para que esta realidad salga a la luz.
“Siempre se dice que en las cárceles las condiciones son pésimas y que se reprime, pero esta vez quisimos mostrarlo”, asegura a este diario Graciela Nazer, dirigente social y titular de la organización Acmehs (Asociación Civil madres e hijos solos) que trabaja con personas privadas de la libertad.
“El Servicio Penitenciario de Santa Fe es inhumano. Quienes dirigen hoy por hoy, empezando por el ministro de Seguridad Leandro Corti y el de Justicia Juan Lewis, son terribles”, describe la dirigente y denuncia que hay reclusos que teniendo hace un año permitidas las salidas transitorias para trabajar, inclusive con un seguro que paga la misma ONG, no pueden comenzar su proceso de reinserción.
“Hay muchos que negocian a costillas de los presos, reciben más de 3000 pesos por interno para comer raciones que se hacen con verdura y carne que compran a dos pesos, cuando están a punto de ser desechadas.”
Nazer aclara que quienes pueden comenzar a salir están en su mayoría presos por delitos menores y no duda en señalar que todos son de clase media baja o baja: “Hay un sistema penal para los ricos y otro para esta gente que es pobre y todas las personas que pueden salir tienen conducta ejemplar, pero cuanto más se los retiene es peor, hay riesgo de que se resientan porque la mente no resiste tanta presión.”
Hace un año, un relevamiento realizado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) dio cuenta de que dos presos mueren por mes en las unidades carcelarias de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, desde Acmehs estiman que la cifra es mayor: “En Coronda y Las Flores las peleas son constantes, muchas veces es entre internos pero incitados por el personal policial.”
Tiempo pudo comunicarse con un interno de Coronda quien dio testimonio de que “no nos toman declaración cuando pasa algo, nos llevan a los buzones (celdas de castigo) y la represión por parte del servicio penitenciario es constante”. “Hay muchos acuchillados, las sobras frigoríficas las comemos nosotros, no hay elementos de higiene y se tortura a la gente, el ‘verdugueo’ es persistente y no solamente nos persiguen a nosotros, también lo hacen con el grupo familiar cuando viene a las visitas y afuera también.”
“Desde septiembre de 2011 estamos pagando el seguro para una persona que hace cinco meses no tiene una transitoria pese a tener la firma del juez. ¿Esto es socialismo?”, se preguntan desde Acmehs. La ONG además, mantiene contacto con las familias de los reclusos y señala otro dato que genera estupor: las mujeres que quedaron solas, en su mayoría viviendo en asentamientos precarios, se prostituyen para sobrevivir. “Más sueldos, más patrulleros, pero los jueces no tienen huevos y se pasan la pelota con el Servicio Penitenciario para que nada cambie”, señalan para finalizar.
CORRIENTES: OTRA POSTAL DEL TERROR. La Unidad Penal 1 es la cárcel de condenados de toda la provincia de Corrientes; alberga cerca de 450 personas, aunque tiene capacidad para 300. Allí, la situación no es muy diferente a la de Santa Fe. La Ley de Ejecución de Condena establece un régimen de progresividad, por el cual, a medida que se cumplen la condena y condiciones de conducta y concepto comienzan a llegar las salidas laborales o de estudio. O al menos, deberían llegar. Hilda Presman de la Red de Derechos Humanos de Corrientes no duda y le dice a Tiempo que “las cárceles son un depósito de personas a las que la sociedad esconde como basura debajo de la alfombra. No sólo esconde, sino que maltrata y profundiza sus problemas y adicciones, seguramente para seguir manejando ‘mano de obra’ y ‘mercado cautivo’ para el control social”.
El último conflicto en esa unidad se desencadenó hace menos de un mes por el pedido de un interno de ir a visitar a la familia de su padre, recientemente fallecido, pero recibió una negativa y protestó prendiendo fuego su colchón lo que desató sobre él una brutal represión que generó la solidaridad del resto de los reclusos.
“En situaciones como esta empiezan a actuar las fuerzas de choque, el ETOP (Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias) que es el grupo antimotines con escopetas, lanzagases y palos. Luego ingresar, la PAR (Policía de Alto Riesgo) de la policía, que es la que más reprimió. Alrededor de 100 heridos, 12, por la gravedad de las lesiones, debieron ser hospitalizados. Traumatismos de cráneo, narices rotas, fracturas de brazos y costillas fisuradas, terribles hematomas por los palazos en la espalda, intoxicados por gases, lesiones por balas de goma. La PAR Y el ETOP disparan con gases a pabellones cerrados, que no tienen salida al exterior, esto obliga, para poder respirar, a que los presos rompan las paredes que comunican pabellones, esto es importante porque la fuga, si de eso se trata, era hacia adentro del penal. La PAR rompe los candados de las rejas para ingresar, atontados los pibes por los gases, los van “cazando” de uno en uno, los tiran al piso, los patean, los apalean, algunos PAR enmascarados iban con cuchillos, para justificar luego que se pelearon entre ellos; usaban también unas picanas de mano”, relata Presman, quien añade que las condiciones de detención son deplorables, desde el punto de vista del hacinamiento y de los déficits de infraestructura sanitaria, eléctrica y edilicia.
El Ministerio de Gobierno a través del único funcionario a cargo, el subsecretario Luis Bravo, avaló, ordenó y acompañó activamente la represión, según dicen desde el organismo de Derechos Humanos y agregan que los presos pedían por la jueza de turno, Laura Varela, que nunca fue.
Por estos días, existe mucha preocupación por la situación de los heridos y la necesidad del tratamiento médico externo al servicio ya que los reclusos denuncian que no les dan la medicación y que hasta fueron suturados sin anestesia.
“En lo personal, me asombra la naturalización de la degradación humana que son las cárceles. Me duele comprobar que la media de la población carcelaria tiene menos de 25 años, sin estudios primarios completos, y muy pocos con secundario incompleto, que vienen casi todos de familias humildes, y con mucha indefensión técnica. Me desespera ver circular, casi descaradamente la droga en los penales, con la mirada permisiva, cómplice, ausente, de quienes están a cargo de su custodia”, enumera finalmente Presman. <
El caso de Jesús Cabral
La última semana, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, denunció al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por el traslado ilegal de Jesús Cabral desde la Unidad Nº 48 de San Martín a la Unidad Nº 36 de Magdalena.
Según la presentación, a la que Tiempo Argentino tuvo acceso, “el director de la Unidad 48 le solicitó el 20 de diciembre de 2011 a la jueza María del Carmen Rodríguez Melluso el traslado de Cabral desde la Unidad 48 a otra unidad del SPB”.
Siete días más tarde, Melluso determinó que Cabral tenía que seguir alojado en el penal de la zona norte.
Sin embargo, el interno fue reubicado en Magdalena y el SPB hizo caso omiso a tres pedidos de diferentes jueces para que fuera trasladado de regreso.
Durante este tiempo, Cabral fue torturado psicológicamente por los penitenciarios y habló en dos ocasiones con Víctor Hugo Morales en el programa de radio La Mañana de Radio Continental para contar su situación.
En la demanda, Casolati también pidió que se indague al director de la Unidad Nº 48 Andrés Almirón, y a los funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense, que con pleno conocimiento de las ordenes de los jueces no actuaron en consecuencia.
Opinión
“Estas cárceles no cumplen ningún tipo de misión”
Edgardo Gibilisco *
La Constitución dice que el sistema de reclusión debería servir para resocializar a quien delinque. A algunos retirándolos de la sociedad y recluyéndolos. La resocialización intramuros es la pena y no la reclusión en sí. Pero en algunas unidades se tiene a la privación como castigo. Esto sumado a los malos tratos y las malas condiciones de vida para lo que menos sirve es para educar o reinsertar.
Hay que pensar desde antes, la unidad carcelaria debe ser la excepción, lo que se debe hacer es cumplir las penas, si yo le digo a alguien que va a delinquir “vas a ir preso diez días” y está uno solo también le enseño que nada es serio. Una vez que alguien está preso no encuentra, muchas veces, un sistema que cumpla su misión. Este tipo de cárceles no sirven y pierden su razón de ser ya que nadie se reeduca en un contexto tan adverso ni mucho menos a los golpes.
En contrapartida, hay algunas unidades que ya tienen un sistema laboral para internos que les permite cobrar, tener una caja de ahorro y ayudar a su familia o que les acercan planes de estudio. Es ridículo y siniestro no enseñarles un oficio o dejarlos sin estudios porque no se trata solo de temas de infraestructura, hay que ocuparles la cabeza y el tiempo, también dejarlos hacer deportes.
Por último, no olvidemos que a todos nos puede pasar. Usted mañana choca a alguien con el auto, por más que sea sin querer y va preso. Es un tema que debería importarle a toda la sociedad.
*Coordinador general del área de Seguridad y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón, donde también se dicta el primer Posgrado de Políticas Públicas en Seguridad.
Fuente:TiempoArgentino
Un baile sin chamamé en Corrientes
Año5. Edición número 193. Domingo 29 de enero de 2012
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com
Hubo más de cien heridos tras un motín en la Unidad 1. “Entraron a matar”, denuncian los familiares de los presos.
Luque no pudo llorar a su viejo ninguna de las dos veces que lo velaron. La primera sepultura se la dio la mujer con quien estaba manteniendo un amorío. Unas horas después fue el turno de sus deudos legítimos: cuando se enteraron de la noticia, su madre y su hermana pidieron exhumar el cadáver para tener la exclusividad de cremarlo. Pero no fue sino tres días después, tras el papeleo fúnebre y los entierros y desentierros que Luque, quien cumplía una condena por robo en la Unidad Penal 1 de Corrientes, supo que su padre había muerto. Pidió permiso para hacer un rato de duelo junto a su familia, pero la jueza de turno Laura Varela se lo negó con un tecnicismo: la letra de la ley sólo obliga a concederlo para asistir al funeral o al entierro. Luque retiró discretamente de la celda su colchón, caminó hasta los barrotes cercanos que cierran el pabellón, frente a la celaduría de la peor de las seis cárceles correntinas, y lo prendió fuego. La reacción de los penitenciarios, un castigo impiadoso, encendió la ira de los internos. “Sabemos que pegan, pero por lo menos que no lo hagan adelante nuestro”, es el lema de los reos. Respondieron con cascotes contra los guardias, desatando la represión más feroz de la historia carcelaria de Corrientes.
“El primer señor que salió tenía la cabeza partida, te lo juro por mis dos hijos: un señor mayor con la cabeza partida a la mitad.” Apostada desde las siete de la tarde de aquél sábado 14 de enero frente a la cárcel, con su marido del lado de adentro, Ester vio desatarse la cacería; lo que pasaba a su alrededor lo había visto sólo en la televisión. “Era como el recuerdo de una guerra. Los heridos salían tan mal que no se los reconocía, y no te dejaban acercarte. Como yo le explicaba a uno de esos hombres: yo no quiero llevarle a ningún lado, quiero verle, saber si es mi marido. No pido otra cosa”, le cuenta a Miradas al Sur. En el pico represivo, Ester contó por reloj una hora y media ininterrumpida de disparos. Detonaciones que para ella, como para otras mujeres que montaron la vigilia, también eran de balas de plomo (algunos presos mencionan en sus declaraciones casquillos de calibre 22). “Yo vi como sacaban a un muchacho de no más de 25 años con un agujero en el pecho. ¿Vos sabés lo que es presenciar eso?”, se pregunta Ester, angustiada.
Miriam –ambos nombres han sido cambiados para preservar a sus parientes presos– también identificó el rumor del plomo. Vive a pocas cuadras del puente Corrientes-Chaco, donde se levanta el presidio, una construcción centenaria, de fortín, que originalmente tenía 8 pabellones y capacidad para 80 personas, y ahora tiene 11 pabellones, algunos anexos, y una población de 450 presos. El ulular de tanta sirena la convocó con un mal presentimiento. En diálogo telefónico con este diario, confirmó con tres palabras que no se equivocaba: “Entraron a matar”.
Miriam vio como se desplegaban las fuerzas represivas. A los guardias penitenciarios se sumaron unos doscientos hombres de dos grupos especiales. El Etop (Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias), que registra desde su creación denuncias por torturas y agresión. Entran vestidos de negro, bien pertrechados, casi siempre con máscaras. Y el PAR (Policía de Alto Riesgo), la división antimotines de la policía de Corrientes.
Los policías, que no conocen las instalaciones, tiraron gases a través de las rejas a pabellones sin salida. En la desesperación, los presos rompieron paredes para escapar de la asfixia. “Por eso, el PAR rompe los candados, porque estaban encerrados, y los va sacando de a uno, atontados, y ahí es cuando con esta crueldad y violencia los apalean ferozmente, inmovilizados contra el piso vino esa descarga de balas de goma a menos de un metro”, cuenta Hilda Presman, integrante de la Red Provincial por los DD.HH. que trabaja hace muchos años con los presos. Cuando se acabaron las municiones, policías y carceleros apelaron a las facas. Los cortes, en codos y tobillos, prácticamente descartan la célebre teoría de una pelea entre presos. Fue la policía –cree Presman–, la que incorporó a la faena un elemento novedoso: las picanas de mano que se utilizan para arrear el ganado.
Durante toda la madrugada, 10 ó 15 internos fueron retirados en ambulancias, con heridas graves. Uno de ellos perdió un ojo. Al último se lo llevaron con el sol del domingo, con convulsiones y el tabique quebrado. El martirio siguió en el área de Sanidad del penal: los reos denunciaron que los propios enfermeros les pegaban en las heridas.
“Nosotros estimamos que alrededor de 100 personas están heridas. Con los antecedentes de la primera tanda, pasaron por Sanidad alrededor de 50. Otros ni se acercaron a la enfermería, por eso el control de médicos externos sigue siendo prioritario”, agrega Presman.
La regla. La violencia intramuros no es una rareza. Las muertes y los suicidios extraños alcanzan números escandalosos. La violencia de los carceleros en penales bonaerenses y mendocinos ha merecido sentencias condenatorias al país de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Entre enero de 2009 y marzo de 2011, la Procuración Penitenciaria contabilizó 90 muertes en cárceles federales, y sólo de enero a agosto de 2011, documentó 351 casos de torturas y malos tratos.
Pero la masividad y la saña de la represión en Corrientes, donde hay apenas más de mil reos, tiene su correlato más evidente en las requisas de la dictadura. “Cuando actúan los grupos especiales, la violencia tiene estas características. Pero son hechos focalizados, sobre un pabellón o un preso. Esta vez fue masivo y cruel”, relata Presman.
En un mes de vacaciones, el operativo fue conducido o presenciado por todos los vices. El gobernador correntino Ricardo Colombi y el comisario retirado que dirige el Servicio Penitenciario, Miguel Ángel Domínguez, estaban de licencia. Tampoco estaban en funciones el director del Penal, Roque Romero, ni el ministro de gobierno Gustavo Váldez. Sí estuvieron el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, de 10 a 11 de la noche, y toda la sesión, siguiendo la paliza muy de cerca, el subsecretario de Gobierno Luis Bravo, quien consideró que el episodio estuvo “tendenciosamente manejado, con la intención de jaquear el gobierno”, y acusó a Presman de “fogonear desde afuera” el amotinamiento. Bravo sólo fue quitado de su rol de intermediario con los presos y el subdirector de la Unidad, Gustavo López, presuntamente removido, aunque “no tenemos garantía de que sea desplazamiento efectivo”, dice Presman.
Las denuncias de los presos fueron desestimadas en cuestión de horas por la jueza Varela. Adujo cuestiones de forma, pero el abogado de la Red Provincial por los DD.HH. no pudo tomar contacto con los presos. Y las denuncias de los familiares tienen un rumbo incierto.
Si el relato de los presos no alcanzara, si el recuerdo intacto de los familiares no fuera suficiente, quedan las fotos que acompañan esta nota y el expediente judicial. Una espalda cruzada por más de diez machetazos, como trazada al azar por un nene con acuarela roja; un torso tatuado con una herida en cruz que semeja latigazos; un tajo hondo y ensangrentado, de faca, debajo de una tetilla; una nariz, un pómulo y una frente moradas; un ojo en compota, a punto de explotar. Souvenirs macabros de un verdadero safari humano.
Muerte dudosa
David Dubra fue sacado de la cárcel los primeros días de enero, y paseado cinco días sin saber donde estuvo. Al día siguiente al que lo devolvieron, se ahorcó. Fue en la Unidad 6 de máxima seguridad de Rawson, a 1.500 kilómetros de su casa. El caso es confuso. Un tiempo antes, David había descripto en un valioso alegato “la indiferencia y el abandono” del encierro, condiciones que se replican en casi todo el país. Fue su último correo electrónico, al que accedió Miradas al Sur: “Aquí el modelo de rehabilitación que se aplica son los palos, los engomes (encerrados en una celda) y ante tantas injusticias que uno tiene que bancar siempre va a haber quien reaccione mal, y es ahí adonde aprovechan (…). A tomar la excusa para dejar a los otros 29 presos encerrados en su celda por 3, 4 ó 10 días; privado de comunicación telefónica, defecando en bolsas y orinando en botellas. Con suerte te bañas 1 vez cada 2 ó 3 días (…) Desde que vine pedí atención psicológica y aún estoy esperando”. David enfatizaba la indefensión. “No existe un organismo que regule estas atrocidades y nos proteja. Procuración Penitenciaria apenas hace lo que puede y están saturados de casos. Las defensorías oficiales directamente no existen”, y se preguntaba: “¿Quién nos protege?”. Al final de su mensaje, cuyos fragmentos publica este diario, David hablaba de una utopía que ya no será posible. “No sé si hay muchos que estén aquí interesados que esto cambie para mejor. Pero yo soy uno, y estoy seguro de que debe haber muchos más. Sólo hay que despertarlos.”
Fuente:MiradasalSur
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