NOTA: Puede llegarles este correo por varias vías, lo importante es adherir a esa dirección
NOSOTROS ACUSAMOS
APOYÁ AL JUEZ GARZÓN FIRMANDO ESTE TESTIMONIO
El 24 de enero de 2012 el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia: el juez Baltasar Garzón va a ser sometido a juicio por pretender investigar los crímenes del franquismo.
La impiadosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que algunos magistrados han puesto en marcha, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes lo que explica el desafuero que están cometiendo.
Contraviniendo la Constitución, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que los mismos establecen.
Las consecuencias que ha tenido este insólito desmán judicial perturban y acongojan. En lo inmediato, la suspensión en sus funciones del juez, el absoluto desamparo para las víctimas, la paralización de toda investigación penal sobre uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo pasado y la advertencia implícita a cualquier juez español que coincida con el sancionado. A más largo plazo, advierten que cuando median intereses materiales, ideológicos o políticos hay crímenes que no se investigan y criminales que no se juzgan.
Le imputan a Garzón haber dictado resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que sólo se explica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales, por ser violatoria de normas imperativas del derecho internacional y, por tanto, obligatorias para todos los Estados.
La Ley de Amnistía, en todo caso, sólo se refiere a la extinción de responsabilidad penal de los delitos cometidos con intencionalidad política. Ni de su texto se desprende que pretendiera albergar a quienes hubieran cometido crímenes lesivos para la humanidad ni, aunque así se lo hubiera propuesto o se quisiera interpretar, sería admisible. Salvo que se entienda, por ejemplo, que los nazis hubieran podido o pudieran ser eximidos de responsabilidad por estas causas.
En el colmo del despropósito, se trata del mismo Tribunal Supremo que juzgó - y condenó a más de mil años de prisión - al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador y van a juzgarlo.
La torcida interpretación de la ley de amnistía y la negativa judicial a juzgar estos hechos ilícitos no sólo sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e internacional, a la administración de justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro. Y a sus familiares que, pasados ya más de setenta y cinco años del comienzo de la acción criminal, deben seguir reclamando infructuosamente reparación y justicia.
En Alemania, Francia, Italia... se sigue juzgando a los genocidas nazi-fascistas por hechos cometidos aún antes de los que Garzón imputaba a los asesinos españoles. En Argentina, Chile, Uruguay... se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que los exoneraban de responsabilidad penal.
Tras cuarenta años de dictadura y treinta y cinco de democracia, en España no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países en los que se cometieron crímenes semejantes. Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente; ni a uno un juez le ha tomado declaración. No hay nadie, en fin, que haya sido imputado por la comisión de alguno de los múltiples, masivos y generalizados crímenes cometidos.
Los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo pueden y deben ser juzgados.
Encubren estos crímenes quienes se niegan a investigarlos, calumnian quienes le atribuyen delito al juez que pretende hacerlo.
Hay prevaricadores, pero Garzón no es uno de ellos.
Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas.
A ellos han de serles aplicadas las sanciones que el Código Penal prevé para quienes encubren delitos y prevarican. A esas penas deberán enfrentarse cuando cese el desvarío y el derecho y la justicia sean restablecidos. A ellos los acusamos.
envió: Dr Carlos Slepoy- España
Reenvío: AexPPChaco
MENSAJES DE SOLIDARIDAD PARA EL MAGISTRADO EN ESPAÑA Y ARGENTINA
Abrazo de juristas y artistas
El manifiesto “Nosotros acusamos”, que fue leído por el actor José Sacristán ante un millar de personas, ya circula por redes sociales y recoge adhesiones entre jueces, fiscales, académicos y militantes por los DD.HH. de la Argentina.
El Tribunal Supremo de España que juzga a Baltasar Garzón por prevaricato “ingresará en la historia universal de la infamia”. El proceso implica “el absoluto desamparo para las víctimas” del franquismo. “Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas.” Las afirmaciones forman parte de “Nosotros acusamos”, un manifiesto que se hizo público el sábado, cuando el actor José Sacristán lo leyó ante un millar de personas convocadas por la plataforma civil Solidarios con Garzón, y ya circula por redes sociales y recoge adhesiones entre jueces, fiscales, académicos y militantes por los derechos humanos de la Argentina. A cinco días del comienzo del proceso contra Garzón por haberse atribuido funciones para investigar los crímenes del franquismo, el próximo martes la Unión de Actores y la Federación de Artistas de España anunciaron ayer que se presentarán como querellantes en la causa por los mismos delitos abierta en la Argentina, en manos de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
“El 24 de enero de 2012 el Tribunal Supremo de España ingresará definitivamente en la historia universal de la infamia: el juez Baltasar Garzón va a ser sometido a juicio por pretender investigar los crímenes del franquismo”, arranca el texto que distintos colectivos de solidaridad con el magistrado hacen circular por el mundo. “La impiadosa e inaudita persecución judicial que este juez está sufriendo excede a su persona” y apunta en realidad a “enterrar la posibilidad de juzgar dichos crímenes”, explica. “Contraviniendo la Constitución, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este Tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que los mismos establecen”, destaca.
El documento se conoció públicamente el sábado, durante un acto en el Sindicato de Comisiones Obreras de Madrid organizado por la plataforma Solidarios con Garzón. El orador principal fue el prestigioso jurista Carlos Jiménez Villarejo, ex jefe de la fiscalía anticorrupción española en los ’90, cuando el fiscal Carlos Castresana –quien hoy oficia ante el Tribunal Supremo– impulsó la investigación de los delitos de lesa humanidad en la Argentina. Participaron alrededor de un millar de personas, desde representantes de asociaciones de víctimas y por la memoria hasta actores como Sacristán, Pilar Bardem o Alberto San Juan, intelectuales como Almudena Grandes, Luis García Montero, el ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, y juristas como Gaspar Llamazares. En la primera fila de quienes apoyaron públicamente a Garzón estuvo el abogado argentino Carlos Slepoy, que en los ’90 impulsó en España la causa por los crímenes de la dictadura argentina y ahora promueve en la Argentina la investigación de los crímenes del franquismo.
“En el colmo del despropósito, se trata del mismo Tribunal Supremo que juzgó y condenó a más de mil años de prisión al represor argentino Adolfo Scilingo –recuerda el documento– por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, sosteniendo que éstos pueden y deben ser enjuiciados por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos de similar tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos miembros de ese Tribunal lo acusan de prevaricador y van a juzgarlo”, destaca. Quienes apoyan al magistrado, clave para la reapertura de las investigaciones en la Argentina, destacan que “tras cuarenta años de dictadura y treinta y cinco de democracia, en España no existe siquiera una Comisión de la Verdad” como las que hubo en distintos países latinoamericanos durante sus transiciones a la democracia. “Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente; ni a uno un juez le ha tomado declaración”, enfatizan, para mostrar el verdadero trasfondo del proceso a Garzón.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario