Voces múltiples en favor de un derecho
Entidades médicas, de DD.HH., de intelectuales, de mujeres y académicas cuestionaron el manejo oficial en la situación de la nena de once años que quedó embarazada por una violación y a la que se negó la práctica de un aborto.
Por Mariana Carbajal
La familia de la nena violada es de la localidad entrerriana de General Campos, a 45 kilómetros de Concordia.Imagen: Joaquín Salguero
Organizaciones de mujeres, médicas, de derechos humanos, de intelectuales y académicas cuestionaron la inacción de las autoridades sanitarias de la provincia de Entre Río y de la Nación –y las dilaciones de la Justicia de Concordia– para resolver el pedido de un aborto no punible de la niña de 11 años embarazada como consecuencia de un abuso sexual, cuyo caso conmocionó al país en los últimos días. Y advirtieron sobre el avasallamiento de los derechos y la salud de la nena, luego de que su familia decidiera –al parecer en el marco de fuertes presiones– que continúe con la gestación forzada. El caso sigue generando repercusiones: hoy a las 18 está convocado un escrache en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos (Suipacha 844). En Facebook se formó el grupo “Pedí la renuncia del ministro de Salud de Entre Ríos”, Hugo Cettour, donde se puede dejar la adhesión a la iniciativa, en repudio a sus polémicas declaraciones sobre el caso. Según pudo saber Página/12, algunas entidades están analizando denunciar penalmente o promover juicio político a los funcionarios públicos que no allanaron la interrupción legal del embarazo requerida en un primer momento.
A través de distintos pronunciamientos dejaron sentada su posición el Equipo de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, el Area de Salud del Cedes, la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, el Espacio Carta Abierta, el Instituto de DD.HH., Igualdad de Género y Oportunidades Mar del PlataTandil (inDHigo) y la Maestría de Salud Familiar de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hay varios puntos de coincidencia en los diversos comunicados. Uno de ellos, tal vez el más importante, es que se reafirma, sin dudas, que se trataba de un aborto no punible, contemplado en los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, dado que el embarazo en juego provenía de un abuso sexual.
“Compartimos entre todos el espanto por la desatención del Estado provincial y nacional, la indiferencia absoluta frente a una persona concreta. La atención real de la salud y el respeto por los derechos demanda otras medidas, que claramente no se alcanzan con la aprobación de guías, leyes y ni siquiera tratados”, señaló en diálogo con Página/12 la directora ejecutiva de ELA. Desde ELA recordaron que éste no es el primer caso de aborto no punible cuya realización se obstaculiza. “Argentina tiene en su haber varios casos paradigmáticos en los cuales el Estado, sea por la inacción de los servicios de salud o mediante la judicialización innecesaria, ha violado los derechos de las mujeres frente a pedidos de abortos no punibles”, advirtió la entidad en un comunicado –al que adhirieron el CELS, la ADC y el Area de Salud del Cedes–, en el que se plantea “la imperiosa necesidad de legalizar el aborto” para evitar que se repitan ese tipo de arbitrariedades. “La negativa del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos y el silencio del Estado nacional no sólo desoye el pedido expreso de la niña para que ‘todo vuelva a ser como antes’ en violación de su derecho a ser oída, sino que además le infrigen sufrimientos inaceptables que califican como tortura”, señalaron las ONG.
El Espacio Carta Abierta difundió también su mirada del tema: “La igualdad está en juego: rechazamos el tratamiento del caso de la niña violada”, comienza el texto. Y más adelante sigue: “Su embarazo puso a prueba el modo en que algunas instituciones resuelven este hondo drama personal y familiar, impidiendo con una suma de arbitrariedades y presiones la interrupción de la gestación en un caso en que no es punible, superadas ya las 12 semanas de gestación”. La gestación ronda las 13 semanas. “Esto es un ejemplo más de la desigualdad a que las personas de menores recursos se ven enfrentadas para tener el acceso adecuado e igualitario a la salud. La recurrente problemática nos obliga a instar a las máximas autoridades del área de salud de la Nación a disponer de los recursos médicos, en casos como el presente, para que en los hospitales públicos del país se aplique la ley sin reiterar pasos dilatorios inadmisibles, que pueden ocasionar daños irreversibles a las víctimas”, exhortó Carta Abierta, el espacio de intelectuales que apoya la gestión kirchnerista. En su última “Carta Abierta”, difundida unas semanas atrás, el grupo reclamó la discusión parlamentaria de la despenalización del aborto en el país.
La familia de la nena es de la localidad entrerriana de General Campos, a 45 kilómetros de Concordia. La mamá de la niña tiene 27 años. El embarazo fue detectado en el Hospital de San Salvador, cuando fueron a consultar porque la nena tenía dolores abdominales. En ese ámbito la madre planteó que no quería que su hija continuara con la gestación. La menor relató luego que había sido abusada sexualmente y señaló como culpable a un adolescente de 17 años, amigo de un vecino de su abuelo. Pero el hospital no accedió al pedido de aborto no punible. Y el caso se judicializó. Estuvo sin resolución cuatro días en el juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. El ministro de Salud de Entre Ríos, entre tanto, dijo que el caso no encuadraba en los supuestos de no punibilidad y que el cuerpo de la niña estaba en condiciones de soportar la gestación. En la misma línea se pronunciaron médicos del Hospital Masvernat, de Concordia, donde el juez pidió un informe. En ese marco, finalmente la madre desistió el jueves del pedido de aborto. Según denunció la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y otras entidades, la mujer habría tomado la decisión de dar marcha atrás presionada en el ámbito judicial y por las repercusiones mediáticas del caso.
Desde las entidades profesionales
Por Mariana Carbajal
En una “carta a la sociedad argentina”, también manifestó su posición sobre el caso de la nena de 11 años y ratificó que se trataba de un aborto no punible, contemplado en el Código Penal, la presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, Gabriela Kosoy. La especialista, además, indicó que cuando se habla de peligro para la vida o para la salud de la mujer, en los casos de aborto terapéutico, “debemos tener en cuenta que definimos a la Salud como un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones” y como “el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, así como el deber de los estados partes de procurar su satisfacción” (Organización Mundial de la Salud y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”. Kosoy consideró que “dado que la adolescencia temprana, período en el cual se encuentra esta niña, es un proceso de crecimiento y desarrollo, donde predominan los cambios físicos, y donde quizá haya alcanzado su madurez biológica para la reproducción, no lo está desde el aspecto psicológico ni social para llevar a término un embarazo y tener un hijo con todo lo que ello implica”. Y más adelante indicó: “Debemos reflexionar, entonces, ¿por qué si existen las leyes éstas no se cumplen? Y así seguirán pasando estos casos por delante de nuestros ojos, que crean polémica, exposición en los medios y que al poco tiempo todos se olvidan menos ellas, que después las atendemos en los hospitales y llevan esas historias terribles de vida, que requieren tratamientos psicológicos”.
En la misma línea se pronunciaron la semana pasada desde Asumen, una alianza de entidades que trabaja contra la mortalidad maternoinfantil, que agrupa a Unicef, OPS, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Federación Argentina de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, entre otras sociedades médicas.
Fuente:Pagina12
Hipocresía
Por Ana Falú *
Tanta hipocresía asusta. La hubo siempre. Sin embargo en el siglo XXI, luego de haber transitado el siglo de los derechos asusta más: el de la Carta de los Derechos Humanos, el de los derechos de la infancia, el de los derechos de las mujeres, el derecho a decidir y aquí estamos, como si nada, negándole el derecho a la infancia y a la adolescencia a una niña de 11 años.
¿Cómo explicamos, en la Argentina democrática, la imposición del atraso atávico que nos impide como sociedad cuidar la vida de una niña de 11 años? ¿Qué abusos de poder tuvo esa madre, esa familia, para sacrificar los derechos de su hijita?
Violada. Avasallada en su cuerpito de niña, para volver a victimizarla, ahora por la Justicia, luego lo será por la misma sociedad. Esta niña de 11 años abusada, ¿sabría qué le estaba sucediendo cuando sufría la violencia sexual? ¿Cuánto miedo habrá sentido? ¿Cuánta culpa le habrán adjudicado?
¿Cómo será una niña de 11 años pariendo? Trato de imaginarlo, he tenido dos hijos y ese momento mágico, único, del dolor de parir demanda la madurez de la decisión y el deseo del hijo/a.
En la pobreza. Niña madre, mujer niña, no respetada, mandan los señores del “orden”, muchos son los mismos que pagan para que sus mujeres, amantes e hijas tengan aborto seguro y cuidado en una clínica privada. A la niña pobre que depende de la salud pública y de las leyes del Estado no se lo permiten.
Ella representa no sólo a la niña que es, sino también al colectivo de las mujeres pobres, las que no tienen el conocimiento suficiente, ni los recursos, para decidir sobre sus cuerpos. Los abortos en la pobreza o en la miseria, las que aún persisten y conviven con obscenas riquezas, se practican en condiciones precarias, terribles, y muchas de esas mujeres que se someten a ellos mueren por septicemia.
Este es un tema de salud pública, de derechos ciudadanos, atravesados por situaciones de pobreza, no es una cuestión de religiosidad.
Cada uno que cuide su ética y práctica religiosa, el Estado debe cuidar la salud de la ciudadanía, en particular la de la infancia. No se debe poner en riesgo a la niña, su salud física y psicológica.
Cuidemos la vida, la de esa niña: educación sexual para no abortar, aborto seguro para no morir.
* Presidenta del Centro de Investigación y Servicios de Promoción de Habitat, militante feminista, ex directora Regional de Unifem para Brasil y los países del Cono Sur.
Fuente:Pagina12
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