Un crimen sin la debida investigación
Andrés Destéfani, el hijo de la testigo de causas de derechos humanos, cuestionó al juez federal Reinaldo Rodríguez, que dictó la falta de mérito para dos detenidos por delitos de lesa humanidad acusados por un testimonio protegido.
Por José Maggi
La familia de Silvia Suppo, acompañada de amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una "investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta" se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado un falta de mérito para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. "Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle", agregó el hijo de la víctima.
"Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado" dijo ayer Andrés. "Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quien cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó.
De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que "no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo, esta investigación no existió nunca, con solo mirar el expediente uno puede darse cuenta que esta investigación seria nunca existió".
Como ejemplo, Destefani apuntó que "los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías. El joven también recordó que "Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo".
La familia de Suppo exigió entonces "pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos". De igual modo, Andrés remarcó que "seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas, --por la calidad de testigo que exhibía su madre-- por lo cual la justicia tiene que ser rigurosa, queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires".
En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
"Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aun no fueron desmanteladas", dijeron desde el espacio.
Fuente:Rosario12
MARCHA POR EL SOBRESEIMIENTO DE DOS SOSPECHOSOS DEL CRIMEN DE SILVIA SUPPO
“No se hizo una investigación profunda”
La familia de la testigo en causas de derechos humanos asesinada en 2010 criticó que en la causa se haya abandonado la hipótesis que ligaba la muerte de la mujer con represores de la última dictadura.
Por José Maggi
Andrés Destefani, hijo de Silvia Suppo, asesinada en 2010.Imagen: Carlos Gentilcore
La familia de Silvia Suppo, acompañada por amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela para pedir justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una “investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta”, se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado el sobreseimiento para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de Estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. “Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle”, agregó el hijo de la víctima.
“Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado –dijo ayer Andrés–. Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quién cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual.” De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que “no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo esta investigación no existió nunca”.
Como ejemplo, Andrés Destefani apuntó que “los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías”. El joven también recordó que “Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo”.
La familia de Suppo exigió entonces “pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos”. De igual modo, Andrés remarcó que “seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas –por la calidad de testigo que exhibía su madre–, por lo cual la Justicia tiene que ser rigurosa. Queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires”.
“En síntesis –concluyó Destefani–, el juez Rodríguez tiene muchas puntas para investigar, pero lo que no tiene es voluntad para hacerlo.”
En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió “la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Este es un beneficio inusitado para cualquier persona condenada, y que resulta especialmente inaceptable para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país. Recordemos que el testimonio de Silvia Suppo fue fundamental para enviar a la cárcel a estos represores, en el año 2009”.
“Todo esto –recalcó– reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aún no fueron desmanteladas. Esto es un atropello a las víctimas, sus familiares, compañeros y a toda la sociedad.”
El caso
Silvia Suppo fue asesinada el 29 de marzo de 2010, cuando fue asaltada por dos jóvenes que tras robarle unos 200 pesos la mataron de nueve puñaladas. La causa fue tramitada por el juez de instrucción penal de los tribunales provinciales de Rafaela, Alejandro Mognaschi, quien determinó que los autores del crimen fueron los primos Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa, ambos detenidos. El 30 de diciembre pasado, el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, que investigaba las posibles conexiones del crimen con represores de la última dictadura, dispuso el sobreseimiento de Miguel Angel Mendoza y Emiliano Martín Rodríguez, denunciadas por un testigo de identidad reservada, que adujo que el primero de ellos había realizado tratativas para encargar la muerte de Suppo, mientras que el segundo ofició como campana.
Reclamo por las salidas
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia que “se tomen medidas restrictivas” en relación con las salidas transitorias concedidas a Víctor Brusa, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, condenados por delitos de lesa humanidad, y exigió que esos beneficios queden a cargo de la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penales de la cartera. La solicitud fue realizada “en virtud del impacto que estos beneficios representan para víctimas, testigos, querellantes y familiares”. Ayer a la mañana, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, presentó un escrito en el que manifiesta al tribunal que “es público y notorio que Brusa, Ramos y Aebi fueron condenados por la comisión de gravísimos delitos de lesa humanidad”, imputaciones sobre las que “no debe soslayarse que se cometieron como parte de un plan de ataque generalizado en contra de la población civil, donde se cercenaron garantías individuales y donde se utilizó el aparato estatal para su comisión, encubrimiento y el mantenimiento de impunidad para los perpetradores, situación que se mantuvo durante 30 años”.
Fuente:Pagina12
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