Hace unos días asistimos a la sanción de una nueva norma llamada “Ley Antiterrorista”, la cual poco y nada se ha debatido, solo algunos Organismos de Derechos Humanos expresaron su preocupación anticipando la posibilidad de su sanción. Esta nueva Ley “Antiterrorista” se inscribe en una larga y nefasta tradición argentina de sucesivas leyes y decretos que dictados tanto por Gobiernos democráticos como dictaduras han ido en contra de los movimientos sociales y políticos. Esta lista comienza en 1902 con la llamada “Ley Cané” o “Ley de Residencia” la cual perseguía el objetivo de expulsar del país a cualquier extranjero que lidere expresiones del anarquismo y/o socialismo en nuestro país, sigue la Ley de Seguridad Nacional de 1910, los Decretos Ley de las Dictaduras del 30, 43, 55, 62, 66, y mas recientemente los Decretos de “Aniquilación de elementos subversivos” de María Estela Martínez de Perón y que fueron utilizados por la mas sangrienta dictadura militar que gobernó desde 1976 hasta 1983.
Esta nueva Ley sancionada por recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) enmarcada en la “Recomendaciones Especiales contra el financiamiento del Terrorismo” elaborada en octubre del 2001, solo un mes después de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y a pedido del gobierno de George Bush, marca la tendencia de seguir los lineamientos pergeñados por los EE.UU, en este mismo sentido se circunscribe el continuo intento para involucrar a nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico
Esta norma abre la posibilidad de perseguir y desarticular cualquier movimiento social, político o sindical que fomente acciones que dejado al arbitrio del Poder Judicial sean tipificadas como “terroristas”. Recordemos que desde 1937 se ha intentado a arribar a un concepto univoco de “terrorismo” sin llegar a ningún acuerdo, entre otras cosas por la falta de capacidad para el reconocimiento de la existencia además de otra categoría como el “terrorismo de Estado”. Esta Ley viene a significar además, un importante retroceso a las garantías civiles y económicas logradas a partir de la sanción del Codigo Civil en 1869 y su puesta en práctica dos años después en cuanto a que otorga al Poder Ejecutivo la potestad para la confiscación de bienes a individuos u organizaciones que puedan ser tipificadas como “terroristas”; prerrogativa ésta del Poder Judicial. Creemos que seguir esa línea es ir en contra de todos los logros que hemos tenido en materia de Derechos Humanos desde el restablecimiento de nuestra democracia en 1983. Lamentablemente el Gobierno Nacional y las mayorías parlamentarias de turno convirtieron en Ley una iniciativa que perjudicará la libertad de expresión y la posibilidad de sectores vinculados a las luchas sociales y políticas a reclamar modificaciones al orden establecido. Desde el Partido Solidaridad e Igualdad convocamos a todos los sectores sociales y políticos a condenar esta expresión vinculada con lo peor del sistema represivo mundial y de nuestra historia recientemente padecida. No debemos permitir el avasallamiento en ninguna forma de nuestros derechos adquiridos en tantos años de lucha y a tan alto costo.
Diputada Alicia Gutierrez
Partido Solidaridad e Igualdad
(0341) 155 896126
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