02-01-2012
Rossi defendió la ley antiterrorista y dijo que es para delitos económicos
Aseguró que en la ley antiterrorista aprobada por el Congreso "claramente quedan absolutamente afuera de cualquier tipo de calificación" vinculada al terrorismo "la protesta social o la libertad de expresión o de prensa".
El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, aseguró que en la ley antiterrorista aprobada por el Congreso "claramente quedan absolutamente afuera de cualquier tipo de calificación" vinculada al terrorismo "la protesta social o la libertad de expresión o de prensa".
En una entrevista concedida a la agencia DyN, Rossi puntualizó que en la norma "no queda afuera algún tipo de delito económico", aseguró que en 2012 el Parlamento "va a funcionar" con iniciativas del oficialismo y habló de la complementación de proyectos en el bloque del FpV y de los aliados en la Cámara de Diputados.
Además, el diputado destacó que la presidenta Cristina Fernández "no tendrá costo político" por el recorte de subsidios a los sectores de mayores ingresos.
—La oposición asegura que en 2012 el Congreso será una escribanía sin debate. ¿Usted qué opina?
—En 2012 el Congreso, primero que todo, va a funcionar, sobre todo, por la iniciativa que va a tener el oficialismo por tener mayoría parlamentaria. Estará presente la agenda del Poder Ejecutivo porque estos dos años sus temas no estuvieron en la agenda. Todos los temas que tratamos en sesiones extraordinarias habían sido enviados por el Poder Ejecutivo y que no habían sido tratados porque la oposición no dio facilidad de tratamiento. A las iniciativas del Ejecutivo, completaremos con las de nuestros diputados y también con las de la oposición que nos parezcan razonables y que obtengan niveles de consenso.
—¿Qué costo político estima usted que pueda tener para la presidenta Cristina Fernández por el recorte de los subsidios a los servicios públicos?
—Para nosotros no tienen costo político. Fue una herramienta que nuestro gobierno mantuvo ocho años y medio, basada en dos cuestiones: hacia los usuarios residenciales, para que tuvieran una mayor capacidad de consumo y que esa capacidad se transformase en crecimiento económico, y ese crecimiento en generación de empleo. Y por el otro lado, al subsidiar al sector empresario, lo que hicimos fue aumentar la tasa de rentabilidad y con eso permitir mayores niveles de inversiones para aumentar la capacidad instalada buscando sostener el crecimiento económico. Esa política duró ocho años y medio y nos parece que ahora tiene que tener correcciones. Seguir subsidiando a usuarios residenciales de altos niveles de ingreso no tiene el efecto de subsidiar el consumo, sino el ahorro.
—¿La pauta salarial de 2012 puede ser estimada en un 18 por ciento?
—Habrá que ver. No me preocupa demasiado ese tema porque se habla siempre de lo que va a suceder en marzo o abril y venimos de ocho años de ejercicio de paritarias. Confío mucho en la madurez y la responsabilidad de nuestros sectores gremiales, tanto empresario como los representantes de los trabajadores. Se va a resolver esa cuestión sin ningún tipo de inconveniente.
—¿Qué opina de los cuestionamientos que recibió la ley antiterrorista?
—Lo que hemos hecho es tomar un camino procesal al definir el delito de terrorismo. No hemos querido hacer una definición cerrada de terrorismo, para crear un nuevo delito, sino que nos hemos basado en el siguiente criterio: Sobre los delitos existentes, que están en la parte general del Código, aquellos delitos que cometen y que generan algún tipo de desestabilización en el funcionamiento de las instituciones en Argentina, pueden ser incluidos dentro de la categoría de terrorismo.
—¿Podría precisar más sobre este tema?
—Tomamos un camino que es abierto y que tiene una cláusula que para nosotros es absolutamente taxativa: cualquiera acción desarrollada en defensa o en reclamo del cumplimiento de algunos de los derechos previstos en nuestra Constitución y, específicamente, en derechos humanos y sociales, quedan fuera de éste agravamiento de penas. Entonces claramente la protesta social o la libertad de expresión o de prensa, quedan absolutamente afuera de cualquier tipo de calificación de estas características. No queda afuera algún tipo de delito económico.
Fuente:LaCapital
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