DESPRECIO POR EL JUICIO
Otra vez un médico integrante del área de Sanidad de la cárcel de Villa Floresta durante la dictadura cívico militar se presentó ante el Tribunal Oral a declarar como testigo y terminó detenido por mentir y entorpecer el proceso de juzgamiento. Para el fiscal fue “un juego de ocultamiento de la verdad”.
En este caso fue el cardiólogo Félix Alberto Iriarte de 73 años quien revistó en la penitenciaría desde 1970 hasta 1980. Trabajaba bajo las órdenes del dr. Nicotra y del director del penal.
La declaración llenó una hora y media de evasivas, desmemorias y generalidades. De entrada le dijo al fiscal que suponía que alguna vez le había tocado recibir detenidos a disposición del Poder Ejecutivo: “No puedo hablar de alguien en particular pero en un período de varios años donde ingresa gente diría que en alguna oportunidad me ha tocado. Tengo que decir que no he visto ingreso de gente con lesiones que hayan tenido magnitud como para recordarlas”.
Los ambiguos términos “cuestiones de magnitud” o “lesiones extremas” -que recién después de varios reclamos logró definir como “una lesión que produce un grado de invalidez, de incapacidad motriz o intelectual”- bastaron para minimizar el estado de salud deplorable que decenas de testigos ya se encargaron de mencionar en las audiencias, tanto víctimas como colegas de Iriarte.
A esa altura ya había recibido la irónica felicitación del presidente del tribunal que se mostró gratificado porque “nunca en mis años de trayectoria judicial he visto una Unidad Penal con tanta eficacia y con tantos buenos tratos hacia los detenidos” y le atribuyó el mérito “al cuerpo médico y al jefe de la unidad” pero esto no le quitó las dudas.
El juez Ferro preguntó entonces si la herida en el organismo de un interno atacado con una faca le parecía de magnitud. El testigo dijo que sí aunque aclaró que “puede ser que tenga escasa repercusión si es en un dedo y otra cosa si es en el estómago”. El juez sintió que le tomaba el pelo, respetó su criterio pero no pudo entender que “una persona golpeada que está sufriendo ante el médico” no le vaya a decir qué tiene.
Iriarte no conoció detalles del caso de Daniel Bombara ni recordó a Eduardo Mario Chironi que casualmente sufrió varios paros cardíacos, por lo cual hubiese sido de gran ayuda la consulta con un cardiólogo como él.
Sí supo de la detención de Víctor Benamo y tuvo “un poco más de recuerdo” dado que era colega del hermano. A pesar de eso, simplemente lo vio ingresar “con lesiones en los miembros superiores como si hubieran sido generadas por mecanismos de tracción” y como “no conseguía realmente interpretar el estado de este paciente” solicitó lo examine un neurólogo, trámite que cumplió el dr. Carlos Vecchi. Ni se le ocurrió preguntarle a Benamo qué le había pasado o dónde había estado o no quiso mencionarlo ante los jueces.
Se declaró amigo personal del dr. Mario Aggio y contó que supo que estuvo en la Policía Federal luego de ser denunciado por algún profesor universitario. Cree que no lo torturaron ni golpearon.
La escasa colaboración del testigo era evidente y tras casi ochenta minutos el fiscal Abel Córdoba pidió suspender la audiencia por considerar que no tenía sentido seguirlo interrogando dado el “flagrante falso testimonio”.
Destacó la discrepancia entre las referencias del testigo y lo que ya es conocido en el juicio y aseguró que “el testigo por formación y porque resulta una circunstancia evidente tiene un conocimiento fehaciente de la falsedad de lo que está afirmando y la conducta que está desarrollando potencialmente puede afectar la administración de justicia”.
“Es evidente el desprecio de Iriarte con la actividad de juzgamiento negando el ingreso masivo de personas que habían estado en centros clandestinos detenidos que se dio en centenares de casos mientras él era miembro de la Unidad 4″, dijo Córdoba.
Al cruce salió el abogado Mauricio Gutiérrez que defendió al testigo mencionando los 35 años transcurridos desde el momento de los hechos, lo “entrado en años” que está Iriarte y subrayó que entre tanta mentira dio “los nombres de los especialistas que atendieron a los pacientes y de los enfermeros”. Desde la defensa oficial lo apoyó Gustavo Rodríguez.
Los jueces le dieron otra oportunidad. Siguieron algunas preguntas más, un cuarto intermedio y la orden para que la Policía Federal lo detenga y lo deje a disposición del juez de primera instancia.
Publicado el 28/02/2012
"SIEMPRE ESTÁ ESE PENSAMIENTO"
De esta manera, la mañana se ocupó con las explicaciones de Alejandro Inchaurregui, fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, sobre peritajes realizados en la década del 80 en torno a los casos de Mónica Morán y Carlos Rivera y la tarde con las preguntas a Antonia Carmen López, esposa del desaparecido Julio Argentino Mussi.
Antonia Carmen López se casó con Julio Argentino Mussi y vive en Comodoro Rivadavia donde fue secuestrado su marido por una patota del Ejército que desde marzo de 1977 lo mantiene desaparecido.
Mussi era soldador de trépanos de pozos de perforación y, según relató López, su madre que vivía en la casa de enfrente pudo ver cómo se lo llevaron y enseguida fue a buscar a sus hijas para ir a la sede del Ejército donde les dijeron que tal vez lo encontrasen en el aeropuerto.
“Cruzó para la casa y no la dejaron entrar porque había soldados apostados y gente con él adentro. La puerta de la calle estaba abierta pero no la dejaron entrar. Él le alcanzó a decir que se vaya a la casa de la hermana. De ahí fueron al aeropuerto y nunca más lo volvimos a ver”, dijo.
A Antonia la llamaron diciéndole que Julio estaba enfermo. “Cuando llegué me contaron todo esto y vine con mi cuñada al V Cuerpo de Bahía Blanca”. Las visitas fueron varias, a veces con su cuñada Elsa otras con su hijo, “en una de las oportunidades nos mostraron la libertad firmada y que él se había retirado de ahí. Yo les dije que si era así hubiera aparecido en Comodoro. Me dijeron que tal vez se había ido con otra mujer y por eso no volvía”.
La insistencia colmó la paciencia de los uniformados que la amenazaron para que no vuelva “porque iba a correr la misma suerte”. Alguna vez el obispo la acompañó en las gestiones.
El fiscal le preguntó por el daño sufrido tras la desaparición de su esposo y López respondió quebrada que “moralmente todo, es como si no fuera la misma persona de esa vez hasta ahora porque es como si uno no pudiera vivir la vida de uno porque siempre está con ese pensamiento, es como una mochila que lleva encima”. Su hijo no quiere ni pisar Comodoro, es guardaparque en Lago Puelo y el crimen de su padre lo alejó de la familia.
“Tuve que trabajar repartiendo pan en una panadería, después trabajé de chofer del diario Crónica, después en distribución llevando los diarios a los canillitas. Con los nervios me había agarrado temblor en las manos, no podía trabajar en una tienda y recibir gente, entonces manejaba y hacía esos trabajos”, sostuvo.
Por comentarios cree que “lo mataron en el V Cuerpo de Bahía Blanca”. Varios de los doce hombres que fueron trasladados a la ciudad desde Comodoro Rivadavia y encerrados en el centro clandestino de detención y torturas conocido como el Vagón o Avión de Madrera declararon en el juicio que Mussi fue asesinado a golpes por criminales de la sede local del Ejército Argentino.
La abogada querellante Mónica Fernández Avello le consultó si cambiaría su situación el hecho de sepultar a su marido y Antonia le dijo que “vendría a ser como una tranquilidad para mí, para mi hijo, para mis cuñadas, para saber de una vez por todas qué fue lo que pasó con él”.
Forense
Alejandra Inchaurregui fue propuesto por el fiscal y comentó que en el año 1988 peritó el cuerpo de Morán y de otra persona cuyo nombre no recordó y realizó sondeos en el cementerio local, “es una técnica que implica hacer pozos como un tablero de damas con el objeto de encontrar inhumaciones”.
El relato del médico fue varias veces interrumpido por el defensor particular Eduardo San Emeterio que acusaba al fiscal Abel Córdoba de inducir con sus preguntas las respuestas. A pesar de ello, Inchaurregui detalló los peritajes del caso Morán y advirtió que la tarea la finalizó otro especialista.
“Nos sucedió el dr. Mariano Castex quien hizo un informe complementario. Yo hice fotos del peritaje y para marcar los orificios colocamos fósforos porque no teníamos otra manera de comparación. Recuerdo que eran compatibles con un cartucho de escopeta. Tenía lesiones de proyectil de postas en el abdomen o tórax o en ambas partes”, dijo.
Preguntado por Córdoba sobre la finalidad de su trabajo, Inchaurregui manifestó que “había una controversia entre la causa y la manera de la muerte. La manera de su muerte parecía un homicidio y se pretendía decir que era un enfrentamiento armado”.
Luego de responder el interrogatorio de las partes, San Emeterio acusó al testigo de falso testimonio argumentando que ante las preguntas del fiscal el forense era detallista en sus respuestas y no lo era ante sus consultas. El representante del Ministerio Público Fiscal rechazó el pedido en compañía de las querellas. El tribunal postergó la definición hasta la sentencia.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
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