“No admitimos espionaje”
La ministra Garré ordenó auditar el accionar de Gendarmería.Imagen: Télam
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó una auditoría del Proyecto X. “No admitimos espionaje y, si llegara a haber, seremos inflexibles”, señaló en su cuenta de Twitter, sobre la denuncia del espionaje de la Gendarmería a delegados e integrantes de organizaciones sociales. La ministra explicó que Proyecto X “es en realidad un software” y la auditoría se realizará para “saber qué contiene”, es decir para determinar si los gendarmes habían armado una base de datos con información sobre activistas.
En cuanto al pedido de los legisladores de la oposición para que dé explicaciones en el Congreso, la funcionaria apuntó que al Parlamento “se le respondió sobre el tema el 23 de enero, apenas requirieron informes”.
Durante la jornada, Garré hizo otro gesto para mostrar su disposición a controlar cómo actúan los uniformados que están bajo su órbita. Según informó un comunicado de prensa, se reunió con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, y repasó con él “el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas”.
Este protocolo de actuación establece, por ejemplo, que cuando se hacen operativos de seguridad por protestas sociales a los efectivos que puedan entrar en contacto con los manifestantes les está prohibido portar armas, que no pueden disparar balas de goma sino para fines defensivos, que todo el personal policial debe estar identificado y que no tienen permitido el uso de pistolas lanzagases, entre otros items.
“El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial”, agregó el comunicado, aludiendo a las críticas que el Ejecutivo recibió en los últimos días a raíz de la represión que sufrieron vecinos que manifestaban contra la minería en Catamarca –donde actuó la policía de la provincia, pero se cuestionó al gobierno nacional no haber intervenido– y el desalojo de una protesta que ex soldados realizaron en el centro porteño en reclamo de ser reconocidos como ex combatientes de Malvinas.
El parte de prensa agregó que 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a estos criterios. “El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas.”
El tema siguió generando repercusiones en la dirigencia política. Desde Nuevo Encuentro, el diputado Martín Sabbatella dijo no tener dudas de que, “de comprobarse que la Gendarmería realizó investigaciones sobre organizaciones políticas y sociales, el Gobierno será tajante en sancionar a quienes las promovieron”. Además, sostuvo que “es ridículo” pedirle a la ministra Garré que “dé testimonio de su compromiso con la democracia y los derechos humanos” porque “sobran pruebas” de eso.
En el mismo sentido opinó Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad provincial y ex titular de la Policía Aeroportuaria. “Me consta, porque estuve al frente de una fuerza mucho más pequeña, que hay cosas que las podés controlar y otras que no podés controlar de manera directa. Es muy probable que la Gendarmería haya incurrido en alguna ilegalidad, pero tengo la absoluta certeza de que Nilda (Garré) no avala esto.”
La abogada del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman, una de las patrocinantes de la denuncia judicial, cuestionó en cambio a la ministra al recordar que el tema “hace tres meses” tomó estado público, por lo que “no puede decir que no sabía nada”. A estos cuestionamientos se sumó Néstor Pitrola, también integrante del Frente, pero por el Partido Obrero: “No hay dudas de que la Gendarmería excedió toda orden judicial, ya que en la causa Kraft (seguida contra los delegados de esa empresa por corte de rutas) informaron que participaba el militante Luis Cubillas, que había fallecido dos meses antes”. A su criterio, de esto se podría deducir que los gendarmes tenían una base de datos previa a la apertura del expediente judicial.
El caso quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide. En el informe que el jefe de la Gendarmería, Héctor Schenone, envió al fiscal Gerardo Pollicita, consigna que su fuerza tiene tres bases de datos, tal como reveló Página/12 hace dos semanas. Una de ellas es el Proyecto X que, agregó el informe, “se nutre de toda la información que surja durante el transcurso de una investigación judicial” como “nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos y lugares”. Su función principal, concluye la explicación oficial, es “auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos”.
Fuente:Pagina12
18.02.2012
la ministra ordenó una auditoría informática sobre la base de datos proyecto x
Garré: “Si llegara a haber espionaje seremos inflexibles”
Luego de las críticas que recibió su cartera por la presunta actividad de inteligencia que se le imputa a la Gendarmería, la funcionaria aclaró que no tomará decisiones “sin reflexión”.
Por: Martin Piqué
Ayer, aparte de informar sobre la cuestión a través de las redes sociales y de un comunicado de su cartera, Garré analizó si se está cumpliendo el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas. Para efectuar la revisión, la ministra convocó al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, el rionegrino Miguel Angel Bermejo. El protocolo en cuestión fue presentado en 2011 en el primer plenario del Consejo de Seguridad Interior, que reúne a los ministros y secretarios de seguridad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los puntos sensibles del método de intervención ante protestas sociales consisten en la prohibición de portar armas de fuego para el personal policial que entre en contacto con manifestantes, y la utilización de postas de goma sólo con fines defensivos y cuando esté en peligro la integridad física de algún agente.
Desde el ministerio que encabeza Garré recordaron que cinco distritos se negaron a firmar ese protocolo, que incluía esas restricciones: se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. El jueves, también a través de Twitter, la ministra había subrayado esa aparente contradicción entre la denuncia de espionaje por la base de datos Proyecto X y la negativa a aplicar el protocolo en sus provincias. La ciudad autónoma, se sabe, es gobernada por el PRO; Santa Fe, por el socialismo. “Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los Derechos Humanos nos acusan de perseguir manifestantes y luchadores sociales. Nosotros sostenemos una clara posición de no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial”, había dicho Garré a través de la red social.
Ayer, en relación con el Proyecto X, en el Ministerio de Seguridad informaron que técnicos informáticos de la cartera están revisando la base de datos de la Gendarmería para asegurarse que toda la información que se incorporó al software coincida con requerimientos de la justicia. En caso contrario, advirtieron los colaboradores de Garré, “se tomarán medidas disciplinarias y administrativas de manera implacable”. El Proyecto X es un software especializado en el análisis de información criminal: carga datos que se almacenan y se cruzan. Debe ser usado sólo por requerimientos de la justicia. Desde el propio ministerio, además, confirmaron que el 23 de diciembre el comandante de la Gendarmería, Héctor Schenone, le entregó a la justicia un informe sobre el funcionamiento del programa informático.
Anoche, ante una consulta de Tiempo Argentino, fuentes de la Casa Rosada repitieron las declaraciones de Garré, a la que elogiaron por su prudencia y seriedad. “En el gobierno no hay ningún aval político para realizar inteligencia sobre líderes sociales u opositores más allá de los procesos judiciales. Es la misma decisión política que hemos tenido siempre. Es como dijo hoy Nilda (por Garré), vamos a ser inflexibles”, dijeron a Tiempo desde Balcarce 50.
Esta semana, la confirmación de la existencia de Proyecto X –como las protestas ambientalistas contra la minería– logró unir a un arco heterogéneo de la oposición en el reclamo de que Garré y Puricelli sean interpelados por el Congreso. Así se manifestaron el senador Luis Naidenoff (UCR-Formosa); el diputado Eduardo Amadeo (peronismo disidente-Buenos Aires); el titular del bloque radical en la Cámara Baja, Ricardo Gil Lavedra; y la diputada Victoria Donda (FAP-Buenos Aires), entre otros.
Fuente:TiempoArgentino
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