miércoles 29 febrero 2012
Un juicio histórico como telón de fondo
El proceso que iniciará el debate público el 21 de marzo tiene un clima enrarecido por el amotinamiento policial del 22 de febrero, cuando un grupo de policías ocupó el Comando Radioeléctrico de Posadas y se extendió a otras unidades, con el argumento de que se trataba de un reclamo salarial.
Tras varias negociaciones, el Gobierno concretó una oferta de incremento de haberes del 40 %, que lleva el salario inicial mínimo a $ 4.000, además de otros significativos beneficios económicos.
La propuesta fue rechazada por los asambleístas, que sostienen su pedido de un básico de 5.000, a sabiendas de que el Gobierno no está en condiciones de superar la oferta de 4.000.
Un análisis sobre la exacerbación y la intransigencia mostrada por los efectivos, además del respaldo político de la oposición, apunta a el conflicto estalló apenas cinco días después de que se conociera la fecha de inicio del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad, esta vez por los hechos cometidos en el ámbito de la Jefatura de Policía de Misiones durante la última dictadura militar.
Muchos en el Gobierno entienden que bajo un fuerte reclamo salarial, se esconde la participación de sectores vinculados al pasado trágico de la Argentina y una clara intencionalidad política.
El 21 de marzo a las 8 se daría inicio al juicio por violaciones a los derechos humanos perpetrados en el ámbito de la Jefatura Policial, durante el período de 1976 a 1983. Durante el juicio, se investigarán 42 casos de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados.
El principal acusado por estos delitos es el ex coronel del Ejército Carlos Herrero, quien durante la dictadura se desempeñó como Jefe de la Policía misionera.
También estarán en el banquillo de los acusados, el ex comisario Felipe Giménez, que se desempeñara como jefe del Departamento de Informaciones de la policía local.
El listado de represores se completa con el ex agente Carlos Pombo, que deberá responder por 10 cargos similares, mientras que Guillermo Mendoza, ex médico de la policía, será juzgado por tres casos.
Asimismo, el Gobierno denunció la colaboración de grupos políticos en la protesta, en especial en cuanto al sostenimiento logístico de la medida de fuerza con comidas, combustible y recursos de comunicaciones.
Fuente:Misiones.online
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