Por Alejandra Dandan
LA CRUEL HISTORIA DE UN CURA DESAPARECIDO Y LA RELACION ENTRE IGLESIA Y DICTADURA
El asesinato de “un mal ejemplo”
En 1976 se casó, después de pedir inútilmente su estado laico. El obispo de La Plata Antonio Plaza le advirtió sobre “las consecuencias”. En noviembre de 1976 lo secuestraron. Se sabe que fue torturado y fusilado.
Por Alejandra Dandan
Federico Bacchini era un sacerdote de La Plata que empezaba a tomar distancia de la Iglesia, que le cuestionaba su opción por los pobres. Como además era músico, conoció a la organista Elsa Paladino, que tocaba en un templo metodista. Enamorado, en 1974 empezó los trámites para recuperar su estado de laico, pero el expediente nunca llegó a concretarse. Igual se casaron, tuvieron una hija, Clara, y poco después de su bautismo el por entonces obispo de La Plata, Antonio José Plaza, lo conminó a dejar la ciudad por el “mal ejemplo” que significaba para los otros sacerdotes. El se negó a hacerlo y Plaza lo amenazó con las posibles consecuencias. Sabía de qué hablaba. Era noviembre de 1976, el terror dictatorial dominaba el país con el entusiasta apoyo de altos dignatarios de la Iglesia como el propio obispo de La Plata, y Bacchini, todavía formalmente un sacerdote, fue secuestrado por una patota policial apenas unos días después. La Iglesia nunca hizo nada por él.
Clara Bacchini ahora tiene 35 años y le pone sus palabras a esa historia. “Me bautizaron en octubre de 1976”, dice. “Lo hicieron abiertamente, en Nuestra Señora de Guadalupe. Después de mi bautismo, monseñor (Antonio José) Plaza lo hace llamar a mi papá. Le dice que tenía que irse de La Plata, que teniendo esposa e hija era un mal ejemplo para el cuerpo de sacerdotes platenses. Papá le dice que no, que no era mal ejemplo para nadie. Que no estaba engañando a nadie, que había pedido a la Iglesia lo que tenía que pedir. Que no tenía nada que esconder, que no se iba y Plaza le dijo: ‘Entonces atenete a las consecuencias’. Veinte días más tarde lo secuestraron.”
Clara habló mucho de la historia que logró armar de su padre, el lunes pasado en el juicio por el circuito Camps. Antes de entrar, le habían dicho que iba a tener unos tres segundos para verles las caras a los represores que están sentados adelante. Clara sabía que todo iba a ser muy rápido. Que podía mirar o no mirar.
“Es como que vas caminando hacia ellos y en vez de llegar hasta donde están, te sentás antes. Yo los miré. Y cuando miré a Etchecolatz, que lo reconocí enseguida porque se sienta adelante de todo, sentí a una persona sin vida, que no tiene ninguna vibración. El me miraba a mí y yo lo miraba a él. Pero cuando uno se mira a los ojos con alguien, siente algo, la presencia de otra persona, otro ser humano. Yo lo miré y era como un yeso: una persona sin alma, sin espíritu. Una cosa helada, inerte. Aunque no tan inerte porque en algunos momentos en los que yo decía algo escuché cómo tosió.”
Clara está convencida de que así como el entonces arzobispo de La Plata estuvo relacionado con el secuestro su padre, Miguel Etchecolatz tosió exageradamente, como diciéndole algo, cuando ella habló de un comisario, que alguna vez sacó a su padre del centro clandestino para darle una advertencia sobre Plaza.
“Estando en cautiverio en la comisaría 5ª, a mediados de enero de 1977, un jefe de policía, que no sabemos quién fue, se puso en contacto con papá. El le había hecho un favor a la familia y eso le había generado cierta estima por mi padre. Entonces lo llamó para decirle que le tire una soga para ver con quién podía hablar para terminar con esa situación, para poner a papá en libertad, alguna soga por fuera de los poderes policiales o militares. Y papá entonces le dice que lo llamen a Plaza y la respuesta fue: ‘Te pedí una soga para sacarte, no para que te ahorquen’.” Clara siempre pensó que ese jefe policial pudo ser Etchecolatz, “pero no sé si fue él, no sé si alguna vez lo vamos a saber”.
El rol de esa Iglesia de la que habló el dictador Jorge Rafael Videla en su última entrevista es parte de las imágenes de las que hablan una y otra vez los testigos de los juicios que se suceden en todo el país. Son obispos y adjuntos a los que los familiares acudieron para pedirles información, o una mediación con la dictadura, y en muchos casos dieron datos no precisos pero ciertos sobre los desaparecidos, no de lugares pero sí sobre si seguían vivos o no. O sobre los niños robados. Lograron saber si habían nacido o no, o decían que estaban con buenas familias. Mientras algunas de las fiscalías discuten qué hacer con esa información (ver aparte), el arzobispo de La Plata, que era un confeso colaborador de la dictadura, reapareció en la declaración de Clara iluminando cómo utilizó la Iglesia su asociación con la dictadura para sacarse problemas de encima.
Quien todavía es un cura para la Iglesia, porque nunca aceptó su renuncia y el pase al estado laical, nació en noviembre de 1937 en la ciudad de Buenos Aires, en una familia de abuelos italianos, un padre muerto en su adolescencia y una madre de la que Clara habla como una gran pianista, rodeada de músicos y tangueros y muy católica. Federico era el único varón de cuatro hermanos y Clara no sabe si entró en el monasterio benedictino cuando terminó el secundario porque las cosas “debían ser así” para el hijo varón de algunas familias. Del monasterio, Federico pasó al seminario de La Plata porque no lo convencía la introspección. Plaza lo ordenó sacerdote y él parecía uno de los cuadros más prometedores de la curia: fue director del Seminario Mayor sin saber que años después iba a estar prisionero en la comisaría de la esquina; fue profesor del Instituto de Teología y como dicen que era un músico excepcional estudió y enseñó en el Conservatorio de La Plata. Pasó por varias parroquias, pero todos hablan de su paso por Cristo Rey. Ahí armó un comedor y pese a la oposición expresa del arzobispo sumó a los más jóvenes en campañas de alfabetización. Entre ellos, Jorge Bonafini, uno de los hijos de Hebe, con su esposa.
“Mi papa quería vivir la experiencia de la fe junto con la gente, no dentro del monasterio. Ahí empezó a tomar contacto con otros, pensaba hacer una orden nueva en Berisso, pero al final no lo hizo. En Cristo Rey formó grupos de trabajo social y fue tal la movida, que Plaza le había prohibido que trabaje con jóvenes para que no fomente su línea de un Evangelio tan abierto.”
En ese momento, Elsa Noemí Paladino era cantante lírica y parte de la Iglesia Metodista. Se conocieron en ciclos de conciertos y ella tomó clases con él. “Cada uno por su lado eran muy respetuosos. Mi vieja era protestante, pero no dejaba de respetar que mi viejo era cura. Y mi viejo era hombre, pero tampoco dejaba de respetar que era cura. Eran muy dogmáticos en ese sentido y cuando vieron que entre ellos había algo más que un afecto de músicos, cada uno empezó a tomar decisiones para apartarse. Entre las diferencias que tenía con la jerarquía de la Iglesia por su concepción del Evangelio y su forma de desarrollarlo, y que el Evangelio que él sentía estaba en medio de la gente y no en la catedral, más los enfrentamientos con el arzobispo, más sentir que podía estar enamorándose de una mujer y eso no coincidía con sus votos sacerdotales, hizo los trámites para el estado laical y, mientras corrían, busca tomar distancia y pide una beca para España.”
Elsa, que a su vez intentaba alejarse, también decidió irse a estudiar afuera. No se pusieron de acuerdo, pero cuando se dieron cuenta, los dos estaban en un curso en Santiago de Compostela. Cuando volvieron se casaron y pasó todo lo que pasó hasta el 25 de noviembre de 1976. Clara, de dos meses y 20 días, dormía a la una y media de la madrugada. Oyeron un timbrazo en la casa de la calle 15. Federico se sobresaltó pero logró cambiarse, cuando intentó llegar a la puerta lo paró el grupo vestido de fajina que ya la había tirado abajo. Ellos vivían en la parte alta. Abajo estaban la madre de Elsa y una hermana. Todos salieron a un pasillo. Les dijeron que buscaban a Federico Bacchini para unas preguntas, pero nadie les creyó. Cuando vieron el movimiento violento de las puertas y el despliegue de armas, entraron en un estado de tensión que crecía minuto a minuto.
“No las apuntaban a ellas con las armas, apuntaban hacia arriba”, dice Clara. “Empezaron a mostrarse más enérgicos porque lo toman a mi papá de los brazos para que no se resista. Entonces uno de civil le dice a mi vieja que se lo iban a llevar, pero que nadie salga a la vereda porque al que salga le iban a disparar. Mi vieja se abalanzó lo mismo. ‘¡Federico! ¡Federico!’ gritaba llamando a mi viejo, pero en la puerta de la casa con la mente miró para arriba y me vio a mí: una bebita en el moisés. Entonces retrocedió y no salió. Nosotras somos evangélicas metodistas. Cuando entra mi mamá de nuevo a la casa, mi abuela le dice que se calme, que se pongan a rezar un Padrenuestro. Y mi mamá empieza a decir ‘Padre Nuestro’, pero su estado de shock era tan grande que no pudo decir más que eso, no le salía el resto de la oración.”
Clara cuenta que ésa fue la última vez que a Federico lo vieron con vida o que supieron algo de forma directa. Todo lo que siguió fueron hábeas corpus negativos. Una abuela intentó ver a Plaza, pero no la recibió. El cardenal Eduardo Pironio, en 1977, les dijo que estaba convencido de que él estaba afuera, aunque a esa altura, lo supieron después, su padre estaba muerto.
Con la democracia empezaron a llegar los datos de los sobrevivientes. Entonces conocieron a Carlos Alberto de Francesco, que consiguió salir con vida de la comisaría 5ª. Les habló del encuentro entre Federico y el comisario y cómo, cuando volvió, Federico les dijo a sus compañeros que si alguno volvía a ver a Plaza antes que él, lo manden “a la remilputa que lo parió”.
“Ahí hay que remarcar esta cuestión de que a papá hacía dos meses que lo estaban torturando y sin embargo llegó y no dijo mátenlo, extermínenlo, asesínenlo y déjenlo tirado en la calle como hicieron con él. No dijo tápenlo con tierra y que nadie sepa dónde esta enterrado, dijo: ‘Insúltenlo’”, contó Clara en la audiencia, y lloró como llora ahora.
De Francesco estuvo con Federico en la Navidad de 1976. Hacía tanto calor adentro de la 5ª que el piso de ese infierno se mojaba con la transpiración de los cuerpos y el pánico colectivo. El sobreviviente, que se define como ateo, cuenta que Federico tenía guardado un pedazo de pan o algo de la comida.
“Y entonces los trató de acomodar a todos para sentarlos, hizo una oración y les habló de la comunión. De lo que significaba para el mundo cristiano el nacimiento de Jesús. Los hizo calmarse. Agarró el pan, lo bendijo con una oración y repartió un pedazo a cada uno. Dicen que papá tenía una voz grave, muy dulce, no sé cómo tendría su voz, pero les cantó una oración que es sobre la base de un negro spiritual.”
La tortura del desaparecido
“Mirá, todas nosotras creíamos que papá seguía con vida hasta que me llamaron del Equipo (Argentino) de Antropología Forense para decirme que habían identificado los restos. Lo primero que sentí cuando me lo dijeron, fue que la tortura del desaparecido había terminado. Es que, en realidad, para los familiares, los hijos, las esposas, lo del desaparecido es la tortura permanente. No se sabe dónde está. No se sabe si lo mataron, cuándo. Entonces cualquier persona que se te cruza en la calle que tenga un rasgo parecido, pensás si no será él. Cualquier timbre inesperado, cualquier llamado telefónico, pensás si no será él. Eso es lo que te acompaña todos los días de tu vida hasta que de golpe te llaman del EAAF y te dicen que identificaron sus restos.”
El EAAf identificó los restos de Federico en 2010, al lado de víctimas que habían pasado por centros de otros circuitos como Marta Taboada, del Protobanco. Todavía no se sabe nada cierto sobre cómo era el procedimiento de distribución de los cuerpos, y algunos jueces como Daniel Rafecas se preguntan si había un grupo encargado específicamente de esa recolección.
“No tenemos precisión aún de cómo fue fusilado –cuenta Clara–. El EAAF nos dice que Federico Bacchini estaba enterrado en una tumba NN, mezclado con restos de 35 personas, en 25 bolsas porque fueron exhumados en los ochenta y pasaron por varios lugares. La identificación fue un trabajo titánico porque estaban los huesitos mezclados, han tenido que encontrar huesito por huesito, por eso inhumamos pocas partes de su esqueleto: el cráneo, una pierna completa, la otra no, y un pedacito de un brazo, nada más. Pobrecito. Pero ahora tiene una sepultura cristiana como todo cristiano tiene derecho a tener.”
Está en La Plata en el mausoleo de Memoria, Verdad y Justicia del cementerio municipal.
LA COMPLICIDAD DE LA IGLESIA CON LA DICTADURA
La entrevista a juicio
Por Alejandra Dandan
Lo que dijo y no dijo Videla en la entrevista –que la querella de Abuelas y la organización HIJOS mencionan como “complaciente”– reactivó las dudas sobre sus verdaderas posibilidades de acudir a un juicio oral después de que se lo mostró casi en el lecho de muerte, a través de una pantalla, durante las primeras audiencias del plan sistemático. Hay preguntas pendientes sobre el robo de niños, que no le hicieron en la entrevista, por lo que Alan Iud infiere los motivos por los que acepta decir todo lo que dice en una entrevista y no acepta responder y declarar ante un tribunal.
Además de esas cuestiones, la entrevista abrió debates sobre lo que sí dijo, que puede ser especialmente importante en el juicio de robos de bebés, en el del circuito Camps o en el de Mar del Plata. En esos espacios aparecen una y otra vez nombres de los integrantes de la jerarquía de la Iglesia y de sus ayudantes, datos como los del Movimiento Familiar Cristiano que blanqueó apropiaciones o sobre la congregación de monjas que actuó en el Hospital de Campo de Mayo donde funcionó una maternidad clandestina o sobre la Brigada Femenina de San Martín, desde donde se llevaron a Victoria Montenegro, que estaba atendida por un grupo de monjas.
Con esa base el fiscal del plan sistemático, Martín Niklison, está reuniendo la información para su alegato. Los datos que hasta ahora estaban aislados marcan así una regularidad. Monseñor Montes, por ejemplo, que era auxiliar de Raúl Plaza, le dijo a Chicha Mariani que no busque más a su nieta porque estaba bien, con otra familia. Otro obispo le dijo a Licha de La Cuadra, la fundadora de Abuelas, que su nieta estaba siendo educada cristianamente. Monseñor Emilio Graselli, que todavía está vivo, le dijo más o menos lo mismo. El vicario castrense, Victorio Bonamín, le dijo a un pariente de Beatriz Castiglione, mirando un listado, que Beatriz debía ser liberada unas semanas más tarde. El entonces párroco del Obispado de Morón, Raúl Trotz, le dijo a Amelia Galeano que su amiga Teresita, que era catequista, ya estaba fuera del país y que su hija estaba siendo educada por una familia cristiana. Teresita está desaparecida y su hija recuperó su identidad después de años. Niklison inició una denuncia a Trotz en ese momento para que explique cómo accedió a la información. Pero no son los únicos casos, el fiscal los mencionó el domingo pasado en una entrevista con este diario. La familia de Alejandro Sandoval, por ejemplo, era de Entre Ríos y un cura del pueblo que era capellán del regimiento le dijo al padre que había tenido un varón y se fue corriendo.
“¿Cómo hace un obispo o un religioso para obtener información?”, se pregunta Niklison. Los datos marcan que muchas de esas personas tuvieron acceso a información. Y la pregunta es si eso puede encuadrarse penalmente. Uno de los casos en análisis en Plan sistemático y en La Plata es el de Graselli. Graselli dio testimonio cada vez que se lo pidieron e incluso entregó las fichas que escribía cuando lo visitaban las familias. Sin embargo, esa disposición ante la Justicia no lo exime de sospechas. Se puede pensar, dice uno de los fiscales, que él tuvo conocimiento e información de un delito. Pero pudo haber juntado toda esa información y hacer una conferencia de prensa en el Vaticano, cosa que no hizo. Un funcionario público que accede a la información de un delito y no lo denuncia peca de encubrimiento o incluso algunas de las formas de complicidad. ¿Graselli técnicamente era un funcionario público? Era secretario del Vicariato castrense, recibía un sueldo del Estado.
Una de las preguntas que los investigadores se hacen sobre qué hizo o dejó de hacer él mismo, los lleva a plantear una hipótesis que puede servir para entender otros casos: es cierto que Graselli dio información a algunas familias, datos como que no buscaran más porque tal niño estaba con una familia. Algunos se preguntan si eso fue un acto de nobleza o que, más bien, pudo haber sido parte de una ficción en la que entregaba datos para saciar las demandas de los familiares, para calmarlos, para que dejaran de reclamar y por lo tanto de hacer las denuncias.
En Mar del Plata, los fiscales del juicio llamado Base Naval II encontraron documentos que demuestran cómo el Obispado local funcionó de portero para el acceso de los familiares a la información que podía obtenerse en los centros clandestinos.
OPINION
El Vicariato Castrense de Videla
Por José Pablo Martín *
Nos debe hacer pensar la referencia de Jorge Videla al clero castrense que publica Cambio16: “Mi relación con la Iglesia fue excelente, mantuvimos una relación muy cordial, sincera y abierta. No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad”. A continuación Videla hace una referencia a su buena relación con “el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Primatesta”. ¿Quiénes son estos capellanes que merecen una mención que precede a la Conferencia Episcopal? Son los que trabajan en un cuasi Obispado, el Vicariato Castrense, que se regula según un Acuerdo de 1957 entre el Vaticano y la Argentina “para atender al cuidado espiritual de los militares de tierra, mar y aire”.
Nótese que este acuerdo se refiere a militares como personas, no como instituciones, y menos como Estado. No se asisten las “necesidades espirituales de la Nación”, concepto que no tendría asidero en nuestro orden constitucional actual. A esta idea, sin embargo, se acerca Videla al decir “teníamos a los capellanes militares asistiéndonos” y más específicamente “en relación de colaboración”. Entre el militar y el sacerdote puede darse una fusión de roles, cuando el sacerdote piensa que se deben redimir no solamente personas, sino esencias sociales en peligro, y el militar piensa que no son enemigos solamente agresores armados, sino principalmente culturas extrañas. Cuando estos dos roles se encuentran, puede uno entender el paso que da Videla: “Relación de amistad”.
Así, me acuerdo de ciertas ideas de la Cristiandad medieval, cuando según Juan de Salisbury, en su Policraticus, el soldado no tiene criterio para castigar si no está ordenado por el príncipe y éste no tiene visión para mandar si no está iluminado por el sacerdote. Esto, que parece tan lejano y que asomaba cercano en algunos testimonios de la represión, ahora lo vemos expresado cartesianamente por quien la comandaba. Y no sorprenda que el Vicariato Castrense aparezca antes que la Conferencia Episcopal, porque en ésta se encontraban algunos miembros que no merecían confianza en ese punto crucial en el que lo teológico, lo político y lo militar confluyen.
En 1969 se hizo público el enfrentamiento del obispo de Neuquén con el Provicario Castrense por cuestiones de jurisdicción. En 1971 ocurre un enfrentamiento entre el diocesano de Goya y el Provicario Castrense, interpretando este último que las “jurisdicciones son cumulativas” pero que la castrense “es primera y principal cuando se ejerce en favor de las Fuerzas Armadas”, lo que quiere decir que el Vicariato tiene una jurisdicción universal sobre el territorio argentino, allí donde se constituya un militar.
No es delito si algún militar piensa que éste es un país enfermo que necesita la ayuda de Dios acompañada por la fuerza, o que algún sacerdote pueda pensar que sin los mecanismos del Estado difícilmente pueda cumplir con su función sagrada, pero ellos no tienen otro camino que exponer estas ideas en el juego democrático y parlamentario. No creo conveniente que el Estado mantenga una institución en la que, por inclinación ideológica, los que así piensan van a encontrar una “relación de colaboración y amistad”, para “asistir” al Estado.
* Teólogo y filósofo. El ex sacerdote salesiano Martín es autor de un libro legendario, El movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Un debate argentino. Publicado en 1992, fue inhallable hasta su reedición el año pasado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde es investigador del Conicet.
LA CONFESION DE VIDELA Y LA INTELIGENCIA DE GENDARMERIA
De ayer a hoy
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar el reportaje en que el ex dictador Videla valoró su política contra las violaciones a los derechos humanos de ayer, cuando debió ocuparse de los derechos humanos de hoy a raíz de una grave denuncia. La auditoría sobre el Proyecto X (iniciado en 2005 durante la gestión de Aníbal Fernández) permitirá a Nilda Garré profundizar la política contra la criminalización de la protesta social.
Por Horacio Verbitsky
- Las Fuerzas Armadas ofrecieron cuatro cursos de acción y el gobierno justicialista eligió el más drástico y rápido. El presidente interino Italo Luder les dio “licencia para matar”.
- Con tan amplios poderes “casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado”, que se debió a “otras razones”. Así alude al “peor crimen de la dictadura, la miseria planificada de millones”, como escribió Walsh.
- El líder de la oposición, Ricardo Balbín, le preguntó si estaban “dispuestos a dar el golpe”. Videla lo interpreta como otra licencia. “Los radicales apoyaban el golpe, estaban con nosotros”.
“Los empresarios también colaboraron”, por medio del ministro de Economía Martínez de la Hoz.
- “Mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no le creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de “otras iglesias del continente”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con el presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Raúl Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”.
- Además “teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad”.
- Por primera vez, Videla admitió el método del secuestro de personas y su posterior asesinato. El vocablo desaparecido, que usaron por comodidad, para no dar explicaciones, fue “encubridor de otras realidades”. Dijo que los asesinados así habían sido 7.000, el mismo número que reconoció Díaz Bessone. Añadió que “sabemos quiénes murieron y en qué circunstancias”.
- Consideró “correcto” el enfoque de los tres niveles de responsabilidad de Alfonsín, quien “se ciñó al derecho”, actuó “con decoro” y en “forma prudente”. Además dictó las leyes de punto final y obediencia debida. “Aunque cometió errores, la Justicia funcionaba”.
- Menem enmendó esos errores y “cumplió a través de los indultos”.
- El peor momento para los militares ocurre “con la llegada de los Kirchner al gobierno. Ha habido una asimetría total en el tratamiento a las dos partes enfrentadas en el conflicto”.
- Hoy “la República está desaparecida”, porque no hay justicia sino venganza.
El Proyecto X
El gobierno no tuvo tiempo de celebrar esta inesperada reivindicación, cuando el canal de noticias del Grupo Clarín concedió su espacio central a una grave denuncia, que llevaba tres meses en la Justicia y de la que sólo este diario había dado cuenta. En noviembre del año pasado, el delegado Javier Hermosilla sostuvo que Gendarmería realizaba tareas ilegales de Inteligencia durante cortes y movilizaciones, lo cual dio lugar a un expediente en el juzgado de Norberto Oyarbide. Según sus respectivos buscadores electrónicos, ni Clarín ni La Nación habrían considerado digna de su atención la denuncia cuando se presentó. En cambio, en enero, La Nación publicó una entrevista apologética al jefe de personal de Kraft Foods, Sergio Prendoné Pita. Cuando aún no había terminado el programa, la ministra de Seguridad Nilda Garré envió a tres funcionarios a revisar los materiales acumulados en la sede de Gendarmería y dejó bajo precinto los lugares donde se guardaban. En su página electrónica, Garré descalificó a los políticos que acusaron de “vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales” al gobierno que, como reconoce Videla, terminó con la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado y sostuvo “la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial en esas situaciones”. Agregó que no decidiría sin reflexión pero que sería inflexible si se confirmara el espionaje. Para ello ordenó una auditoría sobre el contenido del software denominado Proyecto X, cuyas conclusiones se conocerán luego de Carnaval.
En su respuesta a Oyarbide, el Director Nacional, Héctor Schenone, reveló que poseía tres bases de datos:
- SAG (Sistema de Antecedentes de Gendarmería), que permite la consulta on line de “antecedentes de personas, armas y vehículos” sobre los cuales la justicia haya dictado medidas cautelares, y sus movimientos en las fronteras.
- SGO (Sistema de Gestión Operativa), en el que se registran todos los procedimientos policiales y judiciales realizados por la Gendarmería.
- Proyecto X, definido como “herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, así como en apoyo informativo a Unidades Operativas de Investigaciones Judiciales e Inteligencia criminal”. Incluye las propias actuaciones sobre lavado de activos de origen delictivo, para responder a jueces y fiscales que piden identificar lugares, vehículos y personas.
A su manera
Schenone agrega que esas tareas pueden realizarse ante la presunta comisión de un delito de acción pública de acuerdo con el artículo 183 del Código Procesal, pero lo interpreta a su manera. Dice que el personal podrá realizar la tarea en forma discreta o encubierta (vistiendo de civil), con el fin de “impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación”. Pero sólo la parte encomillada corresponde al código, que se refiere a delitos, no a manifestaciones sociales, en las que de ninguna manera contempla la actuación policial encubierta o de civil. Por el contrario, está prohibida por las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad. Schenone también menciona entre su marco jurídico la ley 25.326 de protección de datos personales (de 2000), que veda recoger datos “por medios desleales, fraudulentos” (artículo 4); almacenar “datos sensibles” (artículo 7), definidos como aquellos que revelen “opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical” (artículo 2). El tratamiento de los datos personales (aunque no sean sensibles) sólo se permite con el “consentimiento libre, expreso e informado”. Para recabarlos, debe informarse con qué finalidad serán tratados y quienes pueden ser sus destinatarios (artículo 6). En 2005, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales calificó como infracción leve recoger datos sin información ni consentimiento; como infracción grave utilizar ardid o engaño y como infracción muy grave tratar esos datos “con menosprecio de los principios y garantías” constitucionales, “cuando con ello se impida o atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales”.
El Protocolo sobre el funcionamiento del “Proyect X” (sic) sostiene que se usa “para registrar las relaciones asociadas con personas y organizaciones delictivas” y los ejemplos suministrados se refieren a vehículos “utilizados para transportar estupefacientes”, lo cual sugiere cuál es su origen, sobre todo cuando se conoce el currículum de Schenone, uno de los hombres de la DEA en la Argentina. En la definición de “Eventos”, el Protocolo menciona: “atentado explosivo, movimiento de personas, de armas, de drogas, de químicos, de explosivos”. El software es similar al Excalibur y al VAIC Telemétrico de la Policía Bonaerense. En la ficha que identifica a cada persona, un campo está reservado a su personalidad y hábitos, si es reservada, tímida, introvertida, extrovertida, si bebe, fuma o es mujeriego. Al instruir sobre la carga de datos de organizaciones, el Protocolo ejemplifica con nombres significativos, como “Los Maras” o “El King SRL”, y entre sus actividades posibles enumera narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de dinero, adulteración de documento, piratas del asfalto.
Teoría y práctica
Otra cosa es la aplicación práctica. Schenone menciona la ley de Inteligencia Nacional, pero no parece advertir que sólo permite a las fuerzas de seguridad realizar tareas dirigidas a esclarecer ilícitos y es taxativa al prohibirles la búsqueda de información, la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos sobre personas por su opinión política o por “su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”, como es el caso. En todas las actas, labradas de 2007 en adelante, ante manifestaciones de obreros de Kraft Foods, Electroingeniería o la línea de colectivos 60, los jueces de San Isidro, San Martín y Campana (Sandra Arroyo Guzmán, Juan Manuel Yalj y Adrián González Charvay), solicitan identificar a los dirigentes o representantes en la manifestación, fotografiarlos, filmarlos y enviar el material al juzgado. En una clara demostración sobre la existencia de un banco de datos sobre militantes sociales y políticos, cada vez que es nombrado el delegado Hermosilla, distintos oficiales de la Gendarmería lo identifican con involuntario humor como “alienado (sic) al Partido Obrero (PO)”. En la televisión, Hermosilla aclaró que su alienación no era con el Partido Obrero sino con el PTS. En todos los casos, los jueces se refieren a una “presunta infracción al artículo 194 del Código Penal”, es decir aquel que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” e instruyen a los gendarmes para notificarles que están cometiendo un delito. En un corte, los manifestantes respondieron:
–No estamos cometiendo un delito sino reclamando un derecho.
Los partes que los jefes de cada operativo remiten a Sus Señorías, podrán servir para la defensa de aquellos a quienes los celosos jueces intentan procesar: consignan que los manifestantes reclaman “la reincorporación de los trabajadores despedidos y la mejora de las condiciones sanitarias” y explican que son “trabajadores despedidos, familiares y amigos”. Los colectiveros de la línea 60 pedían acatamiento a un dictamen del Ministerio de Trabajo sobre “la correcta liquidación de sus salarios”. Sólo en un caso, el 10 de setiembre de 2009, la forma sorpresiva en que comenzó el corte y el sembrado de cubiertas sobre la autopista produjo un choque. Pero los propios gendarmes consignan que “sólo se produjeron daños materiales”. El parte incluye fotos del auto estropeado y de los dirigentes Néstor Pitrola y Vilma Ripol hablando con un megáfono. Otro informe del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, donde tiene asiento la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería, comienza detallando que la multinacional estadounidense “despidió a 160 trabajadores, incluidos tres miembros de la comisión directiva del gremio nacional”. El autor indica el 30 de setiembre de 2009, que el origen de la información son los medios de comunicación locales. Señala con precisión que los trabajadores reclamaban “medidas de salubridad por la Gripe H1N1, asueto para desinfectar la planta, licencias para personas enfermas”. Agrega que la comisión interna, los despedidos y sus familiares, contaron con el apoyo de militantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, que realizaron paros, acampes en la planta y corte de la Panamericana “para denunciar la situación por la que atravesaba la planta”. Esos informes son expresivos de la cuestión de fondo. No dejan dudas de que las movilizaciones se realizan en pos de reivindicaciones laborales legítimas. Pero al mismo tiempo el corte de la ruta esta tipificado como un delito en el Código Penal. La resolución depende del valor que privilegien, en cada momento, el gobierno y el juez. Se trata, en definitiva, de una cuestión política.
Cobertura y encubrimiento
Uno de los informes menciona a Hermosilla y al delegado Ramón Bogado como “responsables de las acciones directas”, dice que también produjeron “intimidación del resto de los empleados” (que no describe), “rotura de instalaciones, resistencia a la autoridad”. Para derivar al terreno de la penalización un conflicto que reconoce como laboral sostiene que, con los cortes, “los referentes que apoyan al sector de despedidos” habrían “puesto en riesgo la integridad física tanto de los manifestantes como de terceros”. También identifica a los centros de estudiantes que cortaron la avenida Córdoba frente a la Facultad de Ciencias Económicas porteña y prevé en qué lugares podrían realizarse nuevos cortes. En el terreno, casi sin excepciones, los responsables de Gendarmería negocian la apertura de un carril para permitir el tránsito, o la extensión temporal de la obstrucción, y todo termina sin golpes ni detenidos. Pero detrás vienen los jueces. Una de las actas de procedimiento, manuscrita en Pablo Nogués en agosto del año pasado, indica que 50 manifestantes cortaron la ruta 8, “en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales” y la reincorporación de 30 despedidos, de la fábrica Autobat. El delegado, a quien Gendarmería menciona como “ciudadano Mendoza, José” informó que levantarían la medida “una vez que realicen denuncia pública de la situación ante medios televisivos”, lo cual delimita con precisión la pacífica lógica del método. Pero en noviembre, la jueza Arroyo Salgado usó esa Acta para abrir una causa contra Mendoza y en forma explícita requirió a Gendamería “la realización de tareas de Inteligencia por el término de cinco días”, tendientes a identificar a otros participantes en el corte, cuyos nombres y apodos presuntos menciona. Lo que los dirigentes gremiales y políticos denuncian es el uso posterior de los datos recogidos en esos procedimientos para procesar a sus participantes, es decir, criminalizar un reclamo legítimo. A partir de esa lista de nombres, Gendarmería los cruzó con el padrón electoral y distintas bases de datos de acceso público, para conocer sus domicilios y lugares de trabajo. Luego envió personal a realizar entrevistas “en forma encubierta” o realizó constataciones telefónicas “bajo técnicas de entrevistas encubiertas y una cobertura de información”. La defensa de Schenone de que sólo actuaron por indicación judicial es menos sólida de lo que parece. Por más que la firme un juez, la orden de hacer Inteligencia sobre trabajadores en huelga o movilización es ilegal.
Protocolos
Mientras el ex ministro Aníbal Fernández negaba la existencia del Protocolo X (que se puso en funcionamiento durante su gestión, en 2005) Garré revisó con el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, Miguel Angel Bermejo, el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas. El ministerio estableció “Criterios Mínimos de Actuación”, a los cuales adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes). Del primer encuentro del Consejo, en marzo de 2011, en el que se marcó “el respeto y la protección de los derechos” de los manifestantes, participó la entonces presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, de la Coalición Cívica-ARI, integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática. El Protocolo procura resolver los conflictos sin daños “para la integridad física de las personas” ya estén involucradas o no en la manifestación. Con ese objeto, prohíbe la portación de armas de fuego al personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes. Las postas de goma sólo son admitidas con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de cualquiera de las partes presentes. Todo el personal de seguridad debe lucir una identificación clara que se advierta a simple vista y respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional. El Ministerio está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales. Antes de que concluya la auditoría, parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería. Es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad. Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida.
Pasado y presente
Por Horacio Verbitsky
El pase a retiro del comisario Mario Briceño y el próximo relevo del subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Cano, y de su abuela desalmada, reflejan el creciente aislamiento del ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal. Casal intentó presentar como parte de un movimiento de rutina el despido de Briceño, quien encubrió el asesinato de dos trabajadores informales en el barrio La Cárcova y es sospechado como parte de las connivencias narcopoliciales en el asesinato de Candela Rodríguez. El gobernador Daniel Scioli le había ofrecido la Secretaría de Derechos Humanos a Eddie Binstock, del Movimiento Evita, pero Casal lo vetó , porque en su anterior desempeño recogió las denuncias que se formulan en los barrios contra los abusos policiales. Si no bastaron la desaparición de 190.000 inexplicables pesos de la caja fuerte y el estrépito de la notebook robada y devuelta de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policía, la paliza que un grupo de fornidos patovicas le propinó a los empleados de la Secretaría al grito de “dónde están los zurdos” decidió a Scioli. Desde que la Legislatura creó la Comisión Provincial por la Memoria y Felipe Solá la Secretaría de Derechos Humanos, ha habido tensión por sus roles. La Comisión nunca aceptó ocuparse sólo de los juicios y las reparaciones por las violaciones del pasado y eso la llevó a erigirse en una fuerza respetada, cuyos informes anuales sobre cárceles y comisarías son temidos por el gobierno. La Secretaría osciló según quien fuera su titular, hasta hozar en el lodo de la última escandalosa gestión. Sus trabajadores, entre quienes se produjeron renuncias masivas, denunciaron que Sara Derotier de Cobacho no cumplió con la promoción y reafirmación de los derechos humanos “en la sociedad y en los poderes públicos”, que le encarga la ley 13.757. En documentos públicos señalaron la “suspensión de las visitas a unidades penitenciarias y comisarías para relevar las condiciones de detención de las personas alojadas en ellas” y a los “servicios locales de protección y promoción de los derechos del niño”; el estancamiento de las acciones en beneficio de pacientes con VIH, adultos mayores, migrantes, indígenas y personas trans. Por ilustre que sea el apellido de quien asuma, esta tensión entre pasado y presente seguirá siendo la clave. Con su inagotable repertorio de golpes de efecto, Casal designó a una jovencísima abogada como nueva directora del Servicio Penitenciario, en una apuesta sutil a la autonomía de sus camaradas. En el mismo acto, inauguró con Scioli una nueva alcaidía para cerrar todos los calabozos en comisarías de La Plata, Berisso y Ensenada, reclamo que la Corte Suprema de Justicia formuló hace ya siete años. Pero el número total de personas privadas de la libertad no se modificó y el trasvasamiento desde las comisarías a las unidades del SPB, sin un incremento equivalente de cupos, sólo aviva las llamas del infierno carcelario.
Fuente:Pagina12
El genocida Videla y el demócrata Balza
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Escuchar y leer al general Martín Balza, un hombre que prestó servicio activo en el Ejército durante décadas, que cumplió su deber en Malvinas durante el conflicto con Gran Bretaña y que acaba de publicar Mi historia Argentina da el oxígeno suficiente como para confirmar no sólo que las instituciones de la democracia están sanas sino que hay personas que son un ejemplo para las nuevas generaciones. No sólo para quienes ingresan a las Fuerzas Armadas sino para quienes creen que la ética personal y el compromiso con la democracia pueden y deben ir juntos. Es decir, forma y contenido son solidarios. No es casual que Videla recurra a laberintos de mentiras para hacer conocer sus pensamientos y que Balza las escriba y las diga sin vueltas. No es casual que los juicios por delitos de lesa humanidad avancen y demuestren la cobardía de quienes torturaron y asesinaron sin que los condenados reconozcan la verdad ante los jueces y los familiares de las víctimas. Tampoco es casual que quien fuera un combatiente arrojado en Malvinas sea hoy un defensor a ultranza de la estrategia diplomática pacífica para recuperar la soberanía en las islas. Los argentinos no podemos olvidar que los dictadores usurpan el poder para defender los intereses de los grupos más privilegiados y los intereses más antinacionales. Por eso, debemos construir una democracia donde se vaya a fondo en la democratización y nacionalización de los recursos económicos. Que Videla sea mentiroso, cobarde y asesino va a tono con su concepción despótica y elitista. Que Balza sea honesto, austero y valiente tiene que ver con su profunda convicción democrática.
Entrevista a Ricardo Angoso. Periodista de Cambio 16
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Cómo obtuvo la entrevista con el genocida Jorge Rafael Videla?
–No ha sido fácil, demoré casi ocho meses. Tenía interés en saber qué pasaba con los mil militares detenidos en la Argentina, cómo se les seguía juzgando y seguían estos procesos, entonces, a través de un contacto que tenía hice una visita a alguien que estaba en Campo de Mayo y después, cuando conseguí ir allí, se me facilitó la posibilidad de entrevistar al general Videla, y entonces, bueno, tomé unas notas porque no llevaba grabadora.
–Angoso, usted dice que no llevaba grabadora, y se preparó durante tantos meses y solamente pudo tomar notas. ¿Fue una condición que puso el genocida Videla?
–Es que las instituciones penitenciarias no permiten grabar nada. Tomé algunas notas, tenía algunas notas, también había leído bastante sobre el personaje, le conocía, y lo que sí le comento es que llevaba, digamos, un cuestionario preparado para hacerles a algunos militares que estaban allí dentro, pero aprovechando que tuve la ocasión de hablar con Videla pues le planteé las cuestiones a él.
–¿Hizo requerimientos por escrito para que las autoridades penitenciarias le autorizaran cumplir una labor profesional tal como se merecía un trabajo de esta envergadura?
–No lo hice, pero sí le envié al general Videla lo que iba a publicar. No quería tener ningún problema, ni que nada de lo que fuera publicado no estuviera acorde con lo que él pensaba, quería recoger su pensamiento, quería recoger cuál era su visión de lo que ocurrió en los años ’70 y ’80. Tenía interés en que no hubiera ningún problema y se recogiera fehacientemente cuál era la visión de esos hechos históricos tan importantes para la historia de Argentina, sobre todo lo que ocurre entre el año ’76 y el año ’81 en que Videla es presidente, incluso lo que ocurre antes con sus relaciones con María Estela Martínez de Perón. Por eso quise que revisara el texto.
–De modo tal que él leyó y de algún modo aceptó que eso que usted reflejó era lo que él le quiso transmitir.
–Exactamente. Además, en estos casos además siempre hay que tener bastante cuidado. Entonces quise que él me diera su impresión y que aquellas cosas que él creía que no había dicho pues fueran eliminadas.
–Angoso, usted lo llama “general Videla” cuando Videla es un ex general y esto no es un dato menor. Las instituciones argentinas le han quitado ese rango por los crímenes que cometió.
–No voy a entrar en esa polémica absolutamente argentina. Si quiere llamarlo el ex general pues llámelo el ex general. Yo me he acercado al personaje histórico de Videla sin ánimo de polemizar, yo creo que todo el mundo tiene el derecho a ser escuchado. Nosotros, por desgracia, aquí en España tuvimos al general Franco durante cuarenta años gobernando este país y por desgracia casi nadie tuvo la ocasión de escuchar lo que decía el personaje porque no se prestaba, desde luego, a los medios ni a dar entrevistas. Simplemente me he querido acercar al personaje histórico de Jorge Videla y darle la ocasión de que se pueda, digamos, pronunciar y poder escucharle.
–Sin embargo la precisión, a mí criterio, de cómo uno sitúa al personaje es decisiva, porque el rango que tiene o no se lo dieron las instituciones argentinas. Del mismo modo quiero preguntarle por qué hace usted referencia a que hay mil militares presos cuando no es esa una cifra real, ya que no llegan a quinientos.
–He utilizado en este caso fuentes de algunas organizaciones de militares. Me alegra que me haga la precisión, pero usted sabe que hasta en lo que son los desaparecidos o los muertos que hubo entre el año ’76 y el ’81 hay una gran disparidad de cifras. Yo, por ejemplo, tengo cuatro diferentes, de las asociaciones de víctimas, de la Conadep, las que ofrece el colectivo de abogados que defiende a los militares en los juzgados. Tomo la suya como una más que aporta al tema.
–Quisiera que me diera su impresión de esas horas que usted compartió con el genocida Videla, un hombre que tiene el rechazo de la inmensa mayoría de los argentinos por haber estado en la cúspide de la pirámide del terrorismo de Estado.
–La impresión que tengo desde fuera es que en Argentina no cicatrizaron esas heridas. Creo que hubiera hecho falta una gran comisión de la verdad con ambición y con deseo de que se echara luz al estilo de la Sudafricana, donde se sentaron lo que era el Congreso Nacional Africano y el gobierno del apartheid y se definieron claramente las responsabilidades, los crímenes cometidos y los sucesos que acontecieron, pero desde luego con responsabilidades a las dos partes. Creo que eso no se ha hecho y muchas veces, a veces, es la historia la que sitúa a esos acontecimientos en su justo término. Nosotros aquí en España sufrimos una larga guerra civil con más de un millón de muertos, yo sinceramente muchas veces leo cosas mucho más objetivas de historiadores que vienen de afuera, por ejemplo historiadores británicos, que lo que escriben aquí los locales, porque todos tendemos a tomar partido por una de las dos posiciones que hubo en nuestra guerra civil.
–¿No considera que usted también puede estar teñido de esta idea de buscar un término medio de la guerra civil española en un caso como el argentino, en el cual fue el Estado el que abusó de la sociedad y llevó a campos de concentración? ¿No se le ocurre que debería rever eso?
–Sí, yo lo que creo en primer lugar es que en un Estado democrático, en un estado de derecho, quien tiene que emitir juicios sobre los comportamientos y actitudes, incluso de lo que hacen el Estado o sus funcionarios, es el poder judicial. Yo no soy juez, yo no puedo juzgar determinados acontecimientos porque no soy juez ni tengo conocimientos jurídicos. En cualquier caso, lo que ocurrió en Argentina creo que debe ser responsabilidad del Poder Judicial, que determine las responsabilidades de cada uno. Nosotros los periodistas lo que tenemos que hacer es informar de la forma más objetiva y precisa que podamos. Yo lo que quiero dejar claro es que no intento sembrar polémica, intentaba acercarme a un personaje, intentaba ver qué es lo que expresaba, cuál era su visión, su punto de vista sobre los acontecimientos que ocurren en Argentina de los años ’70, los ’80 y los ’90. No sé si lo he logrado o no lo he logrado, en cualquier caso yo siempre he tenido la idea de que cuando uno analiza o estudia un conflicto o una situación de conflicto, una situación conflictiva o una situación de pre-guerra civil como la que pudo vivir Argentina en aquellos tiempos, tiene que acercarse a todos los protagonistas. A mí me encantaría, desde luego, poder entrevistar a uno de los líderes montoneros que vive aquí en España desde hace veinte o veinticinco años y que es profesor en la Universidad de Barcelona. O sea, que alguien entreviste a alguien, o escriba sobre alguien o hable sobre alguien no significa directamente que esté tomando partido. Yo creo que un periodista tiene que escuchar a todas las fuentes, y desde luego un flaco favor le haríamos al periodismo si solamente escucháramos a una de las fuentes o a una de las partes implicadas en un conflicto.
–Me permito discrepar en lo siguiente, el recorte que uno hace a la hora de establecer quiénes fueron los protagonistas principales también está mostrando la concepción que uno tiene, es decir, aquí hubo detención y desaparición de miles y miles de trabajadores, de miles de estudiantes, de miles de luchadores populares que no necesariamente todos ellos formaron parte de la resistencia armada, de modo tal que el recorte de pensar en Videla y Firmenich también, desde mi punto de vista, le hace un flaco favor a una densidad histórica que ha tenido la sucesión de golpes de Estado en la Argentina.
–Sí, yo no comparto su visión del periodismo, yo he estado en varios conflictos, desde luego estuve en Kosovo siguiendo el conflicto y en Bosnia y Herzegovina, y creo que un periodista no debe tomar partido porque al final se convierte en panfletario, acaba haciendo propaganda y es una cosa bien distinta al periodismo. Le repito, tenía interés en entrevistar a Videla, como había entrevistado a otros militares detenidos en América latina, porque creo que tiene todo el derecho. Tenía interés en saber qué visión de los hechos tenía el general Videla. No sé si lo he conseguido, pero ése era mi interés.
Entrevista a Martín Balza. Embajador argentino en Colombia.
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Eduardo Anguita y Walter Goobar
eanguita@miradasalsur.com
“Videla fue un jefe pusilánime”
General Balza, usted acaba de publicar Mi historia argentina, cuya escritura quizá le haya servido para hilvanar más de un concepto sobre nuestra historia y sus protagonistas. Allí, usted escribe: “Videla en su vida familiar fue un falto de carácter y un pusilánime, carente de firmeza en el ejercicio del mando, irresoluto, dubitativo y timorato. Transmitió un falso e inconducente formalismo siempre distante del subordinado y con inclinación a recibir prebendas honoríficas y eludir situaciones difíciles”. El tono de su libro, en general, es un tono referencial y acá utiliza palabras más pasionales.
–Videla nunca fue mi jefe directo, es mucho más antiguo que yo. Cuando hablamos de antigüedad quiero decir no sólo más viejo, sino muchas promociones anteriores. Él, quizás por esas características, contribuyó directa o indirectamente a que se cometieran todas las atrocidades que no hace falta repetir: asesinatos, desaparición forzada de personas, tortura, reducción a la servidumbre, privación ilegitima de la libertad, robo de propiedades. Por su falta de carácter permitió que cada uno de sus subordinados hiciera cualquier cosa. Se feudalizó el accionar y cada uno hacía lo que quería porque Videla no mandaba. Videla llegó a decir, palabras más palabras menos, una frase que todos conocemos se refería al desaparecido. En una oportunidad, en una visita que hice a Alemania en los años ’90, alguien me dijo que allí llamaban a la desaparición forzosa de personas en nuestro país “la muerte argentina”. La tortura es algo despreciable, yo creo que el torturador tendría que sentirse más agredido en su concepción que el propio torturado; pero la tortura llevaba implícita la desaparición del torturado porque era una amenaza como testigo para el futuro. Entonces, el proceso, en extrema síntesis, recurrió a lo extrajudicial y a una criminal metodología, marginándose de toda la fuerza que tenía y tiene el orden jurídico vigente para responder a una determinada situación dentro de la ley. Pero también se marginó de condicionamientos éticos, morales y hasta religiosos.
–Usted acaba de decir algo que hace mucho tiempo no escuchaba y que en mis tiempos de juventud había leído en una obra de Franz Fanon sobre Argelia. Allí decía que él había sido psiquiatra de muchísimos torturadores de las fuerzas especiales francesas y que la tortura daña tanto al torturador como al torturado. Me llama la atención que justamente usted retome esto porque es un concepto no menor a la hora de formar cuadros que piensen en la defensa nacional.
–Totalmente de acuerdo, pero permítame que recuerde que cuando Videla se refería a la figura del desaparecido, a eso terrible, decía que el desaparecido era una incógnita, que el desaparecido no está, el desaparecido no tiene identidad, no existe, los desaparecidos no están ni vivos, ni muertos, no están, están desaparecidos. Así más o menos definía Videla, con un cinismo total, la figura del asesinado y posterior desaparecido. Si no estaban muertos, como dice Videla, ¿dónde estaban?, si no estaban vivos, seguramente estaban muertos. Estos hombres que condujeron y mancharon el uniforme de las Fuerzas Armadas no eran criminales natos en la teoría, no eran monstruos que si uno si los ve se asusta, aparentemente eran normales, cumplían con los preceptos confesionales, de acuerdo con su religión, los domingos; parecían ejemplares padres de familia; sin embargo, permitieron todo eso.
–Su libro tiene, podríamos decir, tres subtítulos: Violencia, Impunidad y Justicia. ¿Por qué?
–Porque trato de analizar cómo nos marcó la violencia y cómo nos marcó la impunidad. Una cosa es la violencia en el siglo XIX, donde hubo hidalguía y respeto del adversario en las campañas libertadoras, donde se aplicó la ética sanmartiniana, o en el período que sigue, que fue el de la organización nacional de 1853 hasta fines del siglo XIX. Pero en el siglo XX vemos cómo la violencia se va instaurando de a poco de otra manera. Yo trato de crear una visión más, no la única visión sino mi visión, de por qué pasó lo que pasó en los años ’70. Para mí hay una fecha emblemática que fue el 16 de junio de 1955. Quiero aclarar que a partir de 1952 yo fui testiguito, un testigo muy joven, de algunos acontecimientos. Siendo cadete de primer año, en 1952 hice dos guardias en el velatorio de Eva Perón, lo que era entonces el Concejo Deliberante. Pude apreciar la congoja del pueblo, congoja que valoré muchos años después, en ese entonces acababa de cumplir 18 años.
–¿Usted en ese momento estaba influenciado por ideas antiperonistas, por ideas peronistas o en realidad usted quería ser un militar aséptico?
–No sé hasta dónde se puede ser en la vida aséptico desde el punto de vista ideológico, pero acababa de cumplir 18 años, había estudiado la primaria y la secundaria en mi pueblo, y había ingresado al colegio militar en febrero del año ’52, de manera que no estaba imbuido de ningún sentimiento antiperonista, en absoluto. Pero sí me marcó la congoja del pueblo, expresiones como ésta me quedaron grabadas: uno de los hombres que pasó frente al féretro gritaba por qué te fuiste Evita, sólo Perón nos queda ahora. Eso me quedó grabado, pero mucho más grabado me quedó, y esto responde a las palabras violencia e impunidad, lo que pasó tres años después, en 1955. Yo estaba en la estación Retiro del Ferrocarril San Martín regresando al Colegio Militar, era un día gris, no llovía, y cuando estoy por subir al tren alguien dijo “qué truenos”, un ruido que se escuchó en dirección a Plaza de Mayo. Cuando llegué a El Palomar me enteré de que no eran truenos, que se estaba bombardeando la ciudad de Buenos Aires. Triste bautismo de fuego de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina. Esos pilotos que bombardearon al pueblo no tienen nada que ver con la valentía, el heroísmo, la profesionalidad y el reconocimiento que merecieron nuestros hombres de la aviación naval y de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas.
–Para usted, ese bombardeo a civiles indefensos fue un hecho central…
–A partir de ese momento se instaló una violencia de características especiales, es decir, se atacaron blancos civiles, la propia población. Al día siguiente pude apreciar el daño que se había hecho. Los muertos no los pude ver porque los habían levantado, pero los daños materiales sí, una ciudad bombardeada. Pero por qué digo violencia relacionada con impunidad, porque tres meses después quienes habían bombardeado la ciudad de Buenos Aires, quienes habían matado más de 300 compatriotas y un número quizá dos o tres veces superior de heridos, fueron recibidos como libertadores, se los vivaba y algunos de ellos, o, mejor dicho, varios de ellos ocuparon cargos importantes en la vida política del país. Y uno de ellos, lo digo en el libro por eso lo repito, fue, durante el gobierno constitucional del doctor Alfonsín, subjefe del Estado Mayor General de la Armada, uno de los que bombardearon la ciudad de Buenos Aires en pleno gobierno constitucional. Por supuesto que es muy probable que en los años ’80 este antecedente se desconociera, me refiero al vicealmirante Rivero Kelly. Esa impunidad siguió y terminó definitivamente recién con el presidente Kirchner. Han atentado contra gobiernos constitucionales, en ese crimen de los años ’55, el golpe de Estado cuando se sacó el gobierno del doctor Frondizi, del doctor Illia, el golpe de Estado del año ’76. No tenía ningún costo atentar contra la Constitución Nacional, matar compatriotas; la “obra cumbre” de eso, lo digo con tristeza y entre comillas, fue el proceso. Por eso yo creo que pasó lo que pasó porque la violencia se transformó en impunidad y entonces nos lamentamos de los años ’70; hoy eso ha terminado, por eso los tres subtítulos son Violencia, Impunidad y Justicia. Con la justicia se está terminado definitivamente la impunidad.
–Usted fue un combatiente en Malvinas, disparó hasta la última munición. ¿Cómo vive usted el debate, tanto la escalada internacional, como la discusión local sobre el tema, sumado a esto el reflotamiento del Informe Rattenbach.
-Yo vivo Malvinas con la pasión con que la vive cualquier argentino de bien. Creo que Malvinas es una causa nacional, es una razón de Estado, y en esto tenemos que estar todos alineados, sin distinción de ideologías o partidismo de ningún tipo. Es mi opinión que no tiene otro valor que ser mi opinión. Y pido que sea respetada como yo respeto otras. Pero si los argentinos coincidimos en que las Malvinas son incuestionablemente argentinas, desde el punto de vista histórico, geográfico, jurídico, que fueron usurpadas por la fuerza en 1833, y continúan aún hoy ilegítimamente, por el Reino Unido, si todos coincidimos en esto vamos a poder seguir avanzando.
–Para discutir la soberanía de Malvinas es imposible soslayar la historia…
–No soy un especialista en Derecho Internacional Público, pero en Malvinas no rige el derecho de autodeterminación de los pueblos, concretamente el derecho de autodeterminación de los isleños. Porque en 1833 la población argentina fue expulsada por Inglaterra. La autodeterminación de los pueblos rige en el caso de las minorías, pero Naciones Unidas dice específicamente que en Malvinas este derecho de autodeterminación no tiene vigencia, porque la población inicial fue expulsada y hay una población trasplantada. Hay un instrumento muy importante en Naciones Unidas que es la Resolución 2065 del año 1965 que también confirma todo esto. Volviendo al conflicto de Malvinas, como en toda guerra hay actos opuestos, hay acciones de gran valentía y acciones de cobardía. Creo que la decisión de la Presidenta de hacer público el Informe Rattenbach va a permitir a los jóvenes, de 30 años o 35 años colocar blanco sobre negro, qué cosas estuvieron muy bien en Malvinas, y cuáles estuvieron muy mal.
Fuente:MiradasalSur
17.02.2012
Flora Castro de Habegger
“La Iglesia calló para no romper su vínculo con los militares”
“Siento la obligación moral y ética de responder a las repudiables afirmaciones de Videla”, asegura en esta entrevista la compañera del periodista y militante desaparecido Norberto Habegger. Y detalla cuál era la relación de la Iglesia Católica y el terrorismo de Estado. “Espero que alguna vez tengan la humildad de hacer un examen de conciencia.”
Las declaraciones del genocida Jorge Rafael Videla, máximo responsable de la última dictadura militar y condenado a prisión perpetua por ser responsable de delitos de lesa humanidad, realizadas a la revista española Cambio 16, han generado un rechazo y repudio generalizado en diversos sectores de la sociedad argentina. Entre sus afirmaciones, dijo que recibió la colaboración de la Iglesia y el empresariado a la vez que justificó el golpe, la represión y se consideró víctima de “una venganza”. En nombre de uno de los tantos desaparecidos que Videla hizo “desaparecer”, Flora Castro de Habegger, compañera del periodista y militante desaparecido Norberto Habegger, eligió dialogar con Tiempo Argentino para, según sus palabras, “contestar los dichos respecto al papel jugado por la Iglesia Católica en esos tiempos nefastos”.
–¿Qué es lo que la impulsa a contestar las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla?
–Yo siento la obligación moral y ética de responder a sus repudiables afirmaciones en nombre de mi compañero Norberto Habegger, secuestrado en Brasil y desaparecido posteriormente –en agosto de 1978– en nuestro país. Además, como es sabido, la militancia de Norberto era de origen cristiana, como se detalla en el libro de mi autoría y de Ernesto Salas, publicado con el título Norberto Habegger, cristiano, descamisado y montonero. A lo largo de los distintos capítulos se comprueba fehacientemente el papel jugado por la Iglesia Católica a favor del terrorismo de Estado. En el último capítulo se publica la carta escrita por Norberto y entregada al Episcopado argentino con fecha 18 de abril de 1978, en la que se hacía una propuesta de “pacificación nacional”.
–¿Qué hizo la Iglesia con esa carta?
–En ese entonces con (Raúl) Primatesta a la cabeza, como él argumenta, la Iglesia la ignoró y siguió apoyando no sólo a la dictadura sino bendiciendo a aquellos que “en nombre de la patria”, y vaya a saber qué valores, seguían torturando, matando, violando, robando niños y realizando toda clase de vejámenes contra los que disentían respecto a su nefasto proyecto.
–¿Qué responde a la afirmación de Videla respecto a que “la Iglesia cumplió con su deber, fue prudente y dijo lo que le correspondía decir”?
–Norberto ya en aquella época, dirigiéndose al Episcopado y les dice: “Ustedes conocen el drama de millares de familiares recorriendo los cuarteles, las comisarías, golpeando centenares de puertas con la incertidumbre de no saber nada por la suerte de los suyos, creciendo en sus corazones el odio por tantos crímenes, por tanta desolación en nuestra patria.”
–¿Hizo algo la Iglesia frente a este pedido y denuncia de un militante cristiano?
–No pidió por aquellos cristianos que por ser fieles al evangelio luchaban y trabajaban buscando una sociedad más justa solidaria e igualitaria. Sí se comprometió con aquellos que ejercían el poder tratando de no molestar al gobierno militar para no hacerlos quedar mal, advirtiendo que se corrigieran “supuestos hechos condenables” y algunos “excesos”. Son tantos los testimonios al respecto de este accionar como innumerables las listas de sacerdotes, monjas, seglares, hermanos de caridad, misioneros laicos, catequistas, torturados muertos y desaparecidos, solamente por seguir la Teología de la Liberación, proclamada por el mismo Episcopado Latinoamericano, en su reunión del Celam, en Medellín, Colombia, en 1968. Insisto: ¿que hizo la Iglesia frente a ello? Callar y apoyar para no romper relaciones. El silencio y la complicidad con el terrorismo de Estado fue más importante que seguir los dictados del Evangelio, donde el amor proclamado por Cristo fue confirmado en la práctica de aquellos que se comprometieron con su hermano necesitado, explotado humillado y aplastado por ser pobre y marginado. Alguna vez dijeron los obispos en uno de los documentos que elaboran en sus reuniones anuales en San Miguel: “Allí donde la paz social no existe, allí donde se encuentran injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales hay un rechazo del don de la paz del Señor, más aun rechazo del Señor mismo.”
–Dice Videla: “la Iglesia expresó lo que consideraba que no se estaba haciendo bien porque podía corresponder a su terreno, pero no fue a más”…
–Claro que no fue a más. La Iglesia dejó que se siguiera secuestrando torturando y matando, justamente a los que trabajaban por esta paz y esta justicia.
–Videla habla de varias iglesias y separa a otras de las iglesias de Latinoamérica a las que denomina “izquierdistas”.
–Por supuesto existían y existen otras iglesias. Yo hablo de las que se comprometieron con su pueblo y defendieron a los perseguidos injustamente en nombre del Evangelio. Y más aun, defendieron a todos aquellos que sin ser cristianos buscaban la justicia, la igualdad social y la solidaridad entre los pueblos. Ellos sí que fueron verdadero ejemplo de las enseñanzas de “amar a tu prójimo como a ti mismo”. Podemos citar a la Iglesia chilena y a muchos de sus obispos, a la brasileña, nicaragüense, colombiana, etcétera. Y también con justicia podemos mencionar a muchas iglesias cristianas no católicas, luteranas, anglicanas, evangélicas y, en general, ecuménicas en su continuo denunciar el no respeto de los Derechos Humanos, tanto de la dictadura argentina como de otras imperantes en esos momentos en distintos países de América.
–Frente al comprobado compromiso de la Iglesia con la dictadura, ¿qué sintieron los militantes y fieles católicos?
–Muchos de los cristianos que vivimos esa época nefasta del Proceso sentimos un inmenso dolor por el abandono de la que considerábamos nuestra madre, la Iglesia Católica Argentina que comprometida totalmente con los que usurparon el poder para fortalecer sus estructuras de injusticia, abandonaron a todos aquellos que necesitaban de su apoyo mientras compartían el poder y contribuían aun con algunos miembros de su estructura como capellanes y algunos sacerdotes a instaurar ese injusto y criminal sistema de la dictadura. Videla lo dice con claridad con respecto al cardenal Primatesta: “debo reconocer que llegamos a ser amigos y en el problema del conflicto de la guerra tuvimos grandes coincidencias”. Es triste y totalmente rechazable el papel que jugó la Iglesia en esta etapa, frente a tanta acción criminal desplegada y como dice Norberto en su carta: “ Estos signos revelan el genocidio más terrible que ha conocido nuestro país, el desprecio profundo que sienten estos “dueños del poder”, por nuestro pueblo, por su historia, por sus símbolos, por sus creencias, por sus reivindicaciones, por sus organizaciones más representativas” esperamos como cristianos que alguna vez tengan la humildad de hacer un verdadero examen de conciencia.
Fuente:TiempoArgentino
El Bloque de Diputados Provinciales del Frente para la Victoria, expresa su más absoluto y enérgico repudio a las declaraciones recientemente vertidas en un medio gráfico español y difundidas en nuestro país por diferentes medios, del ex dictador, represor y genocida Jorge Rafael Videla. En tal sentido, nuestro bloque adhiere, acompaña e impulsa las manifestaciones del Diputado Leandro Busatto en la sesión del día jueves 16 de febrero, que por unanimidad del cuerpo legislativo fueran propuestas como una declaración del conjunto de la Cámara.
Memoria, Verdad y Justicia... Tres palabras que el pueblo argentino nunca olvidó, tres conceptos que fueron deliberadamente excluidos de la agenda pública por años, tres nociones irrevocables de nuestra historia que desde el año 2003, con Néstor Kirchner retomaron el valor intrínseco que la lucha incesante e infatigable de nuestro pueblo les había conferido.
Hace pocos días, el ex Presidente de facto, en una entrevista concedida al semanario español Cambio 16, manifestó una serie de falacias e inexactitudes que nos retrotraen al horror del pasado y que agravian al pueblo argentino en su conjunto. Quien fuera actor principal de la última interrupción de un proceso democrático en la Argentina, quien quebró por completo la vida institucional sepultando en nombre de supuestos "intereses superiores" la vigencia de la Constitución Nacional y sumió al país en la larga y triste noche del terrorismo de Estado, se arroga el derecho de hablar de "instituciones muertas".
El Sr. Jorge Rafael Videla debería tener absolutamente claro que si hoy purga sus crímenes en prisión, es precisamente por la plena vigencia de las instituciones y de la justicia democrática. Sus dichos constituyen una afrenta y una provocación a los argentinos y, particularmente, a las víctimas y familiares del más preciso y feroz plan sistemático de represión, aniquilamiento y desaparición de personas que recuerde nuestra historia. Este siniestro plan, incluyó también el robo de bebés, muchos de los cuales han podido - luego de varios años y a través del trabajo incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo - recuperar su identidad.
Hoy, Jorge Rafael Videla está preso y ha sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial, bajo el pleno imperio de las leyes que rigen la Nación. Dicho derecho, para quien hoy impúdicamente alude a "instituciones muertas", le fue negado a 30.000 compañeros desaparecidos. Demasiado horror, demasiada muerte, carga sobre sus espaldas el genocida Videla.
Por otra parte, en su extensa declaración, manifiesta que su peor momento ha sido con la "llegada de los Kirchner al poder". Esto, en palabras del dictador Videla, lejos de constituir una ofensa, constituye un motivo de orgullo. Es la ratificación de que desde el 25 de mayo del año 2003, nuestro país ha escogido el rumbo correcto en materia de Derechos Humanos, derogando las leyes de la impunidad y llevando a los estrados judiciales y a cárceles comunes a cientos de responsables y cómplices del Proceso Cívico-Militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Es la constatación de una política de Estado, anunciada por el mismo Néstor Kirchner en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al expresar que: "Somos los hijos de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo".
Este ciclo político, del cual orgullosamente formamos parte, no se caracteriza por el sentido revanchista. Que un oscuro – aunque tristemente célebre – personaje de la historia argentina, manifieste que se trata de una "venganza", debería ser motivo de rechazo del conjunto de la sociedad; sin distinción de banderías políticas, ya que la única bandera en este caso, es la bandera de la Democracia.
En consecuencia, consideramos necesario repudiar fervientemente no sólo las declaraciones de este genocida, cuya condena y encarcelamiento son muestras irrefutables de madurez y calidad institucional, en un Estado de Derecho que finalmente dio respuestas a una de las injusticias más graves que trascendieron en nuestra historia, sino también lo que representó y lo que representa en la vida de nuestra Nación.
Por el pasado, por el presente y por el futuro, todos los argentinos debemos poner blanco sobre negro y saber quien es quien y porque dice lo que dice. Y sobre todo, tener claridad en que cuando ellos hablaron de muerte, nosotros hablamos de vida; cuando ellos remataron el país, nosotros lo reconstruimos pedazo por pedazo; cuando ellos propusieron Estatuto de Reorganización Nacional, nosotros sostuvimos la Constitución Nacional; cuando ellos arrojaban desde aviones a personas con vida, nosotros les ofrecimos juicio y plenitud de garantías. Se equivoca el Genocida Videla al hablar de revancha. Debería, por último, admitir que cuando él habla de venganza, nosotros simplemente le respondemos: "MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA".
Por Gerardo Rico
Diputado Provincial por el Frente para la Victoria
Secretario general del Movimiento Evita de la Provincia de Santa Fe
Fuente:PrensaMov.Evita
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