Santiago del Estero, 02 de febrero de 2012
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS
REF: CONCURSO Nº 273
De nuestra mayor consideración:
En representación de nuestras organizaciones, quienes al pie firmamos, respetuosamente nos dirigimos a la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura.
Habiendo tomado conocimiento del Concurso N° 273 destinado a cubrir dos cargos de Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero como también de la nómina de aspirantes que se han inscripto en dicho concurso, nos sentimos en la obligación ciudadana de presentar impugnación sobre algunos de los aspirantes en el convencimiento de que sus designaciones serían nefastas y contradictorias con las Políticas de Estado asumidas por el Estado Nacional en su conjunto.
Somos organismos defensores de derechos humanos, instituciones de la ciudad de Santiago del Estero y ciudadanos que agrupados en un Colectivo que denominamos Juicio y Castigo, tiene por objeto central el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y la búsqueda de Memoria Verdad y Justicia en la provincia. En ese camino, aspiramos a la consolidación de los mecanismos republicanos, la división de poderes y la plena garantía de los derechos humanos para el conjunto de la población.
Fundamos esta presentación en los ítems siguientes:
A ) Actuación no conforme a la Política de Estado en relación al juzgamiento de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en nuestro país durante el terrorismo de Estado.
Claro está que el proceso de memoria, verdad y justicia iniciado en nuestro país es una política de Estado, pronunciamiento efectuado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en forma unánime y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, la Cámara de Diputados expresó: “En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo es menester reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable, que debe complementarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia, que nos distingue como país en la comunidad internacional, representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”.
Por su parte, el presidente de la CSJN Dr. Ricardo Lorenzetti aseguró en agosto del 2010: “… la decisión de llevar adelante los juicio de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad. No hay marcha atrás porque es una idea que ha madurado, y no hay más poderoso que una idea a la que le llega su tiempo. […] Los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura, ni de una elección, ni de la decisión de una persona que esté en el gobierno. Están hoy dentro del contrato social de los argentinos y forman parte del consenso básico que tiene la sociedad” .
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, surge elocuente la necesidad de que quienes puedan ser designados en un Tribunal Oral en lo Criminal Federal tengan un compromiso comprobado con la política asumida públicamente por los tres poderes estatales; y que por otro lado, garanticen la integración del Tribunal evitando nuevas dilaciones en el juzgamiento de este tipo de causas.
Nos referimos expresamente a los siguientes postulantes:
BOTHAMLEY, FEDERICO, DNI 21.112.841,, nº5 en el listado de inscriptos. Actual Secretario de DDHH del juzgado federal de Santiago del Estero quien dejó pasar 3 semanas antes de notificar a la fiscalía que el -excarcelado y actualmente prófugo- imputado Roberto Díaz no se presentaba al control correspondiente en la sede del juzgado federal; además de haber aceptado un cambio en la propiedad ofrecida como caución por el imputado, sin notificar al Ministerio Público Fiscal y cuyo valor monetario era muy por debajo del monto estipulado por la resolución judicial. (Ver dictámenes de la fiscalía a cargo del Dr. Gustavo Gimena que tiene a su cargo las causas por delitos de lesa humanidad en esta jurisdicción federal).
Entendemos que un cargo de la importancia que se concursa requiere, además de las condiciones personales y de idoneidad exigidas, el compromiso con los DDHH y la imparcialidad necesaria que la verdad y la justicia exigen, acelerando y no demorando los trámites. Y más aún, exige el destierro liso y llano de las complicidades judiciales con la impunidad.
CIPOLATTI, OMAR CARLOS SANTIAGO, DNI 13.969.207, nº 7 en el listado mencionado. Ejerció la defensa particular del ex capitán Jorge D’amico, imputado por las querellas y por el Ministerio Público Fiscal de responsable y partícipe necesario dentro del plan de exterminio. El por entonces ex teniente 1º Jorge D’amico fue miembro del Estado Mayor como S2 (oficial de inteligencia)del Batallón de Ingenieros 141 con sede en Santiago del Estero. Fue además abogado defensor de Tomás Garbi, condenado a perpetua por crimen de lesa humanidad en el caso Kamenetsky.
COROLEU, EDUARDO FEDERICO, DNI 12.074.744, nº 8 del listado. Actuando como Juez ad-hoc en el mismo Tribunal Oral que ahora se concursa, sus resoluciones fueron siempre a favor de la impunidad de los genocidas. Sobreseyó total y definitivamente por prescripción de la acción penal a los ex jueces de la dictadura: Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga. El tribunal, integrado por tres jueces ad-hoc (los abogados Pedro Ibañez, Guillermo Ruiz Alvelda y el nombrado Coroleu) fue constituído para dar cumplimiento a la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal para que se diera curso, después de 7 años, a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal ante la decisión tomada el 16 de diciembre de 2004 por el renunciante ex juez federal Angel Toledo (ante la inminencia de su juicio político) de sobreseer total y definitivamente a estos dos jueces de la dictadura sin siquiera habérseles tomado una declaración indagatoria; decisión que el tribunal del que participó Coroleu refrendó nuevamente.
Actuando como juez de instrucción ad-hoc, dictó también la falta de mérito (sin indagarlo) para el juez de tribunal oral Luis Eduardo López, a quien el Ministerio Público Fiscal pidió indagatoria ante testimonios vertidos en el juicio oral por el asesinato de Cecilio Kamenetsky que lo sitúan dentro de un ex - centro clandestino (ubicado en la Av. Belgrano (s) de la ciudad), presenciando interrogatorios y torturas.
HERNANDEZ, LORNA MARGARITA, DNI 10.294.141, nº 19 del listado. Está denunciada por la comisión de delitos de lesa humanidad por las víctimas del terrorismo de estado y todos los organismos de DDHH que actúan en la provincia por su nefasta gestión en la Justicia Federal en la dictadura militar. Es Secretaria Penal del Juzgado Federal de Santiago del Estero desde los inicios de la dictadura militar en 1976 hasta el presente.
LLADO, NELLY NOEMI, DNI 13.790.623, nº 20. Actualmente ejerce la defensa oficial de varios imputados por delitos de lesa humanidad en la provincia, caracterizándose por el pedido de medidas dilatorias que conducen a prolongar la impunidad para el genocidio cometido en nuestro país, actuaciones que fueron cuestionadas por las querellas y el Ministerio Público Fiscal.
LUGONES, LUIS EDUARDO RAMON, DNI 8.600.175, nº 21. Fue Juez ad-hoc, presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, a quien los organismo de DDHH querellantes denunciamos por sus resoluciones tendientes a perpetrar la impunidad de los genocidas. En resolución del 18 de diciembre de 2008, concede la excarcelación al represor Roberto Díaz, (quien actualmente se encuentra prófugo), pese a la decidida oposición de las querellas y el Ministerio Público Fiscal por anteriores desobediencias judiciales, tal como lo había hecho en causas de la justicia provincial, según se refiere en su legajo-prontuario. En su resolución referida al Grupo II, el 1º de Junio de 2009 concede falta de mérito para los militares: el ex teniente 1º Jorge D’Amico y el suboficial Sanchez, ambos miembros de la Comunidad de Inteligencia dependiente del Batallón 601.
NACUL, JUAN CARLOS, DNI 10.012.931, nº 26. Fue impugnado en otras jurisdicciones por organismos de DDHH debido a su militancia política en las filas de Fuerza Republicana, el partido formado por el ex general Antonio Domingo Bussi (condenado a perpetua) de reconocida apología a favor del accionar genocida.
RUIZ ALVELDA, GUILLERMO FELIPE, DNI 12.695.164, nº 30. Fue juez ad-hoc del Tribunal Oral (VER UT SUPRA: COROLEU, EDUARDO FEDERICO) que sobreseyó total y definitivamente de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia a los ex jueces de la dictadura Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga, interpretando que los mismos no constituían delitos de lesa humanidad.
B ) Funcionarios y/o magistrados JUDICIALES durante los gobiernos de Carlos Arturo Juárez y su esposa Mercedes Aragonés de Juárez que fueron objeto de Intervención Federal de la provincia en el año 2004 como es de público y notorio conocimiento.
Apoyándonos en el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2003, el Informe del Obispado de Santiago del Estero de ese mismo año y sobre todo el INFORME SANTIAGO DEL ESTERO producido por los Secretarios de Justicia y Asuntos Penitenciarios y por el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en la segunda mitad del año 2003 y en la Asamblea de Abogados de febrero de 2004 realizada en la sede del Colegio de Abogados que decidió solicitar al Congreso de la Nación la intervención federal al poder judicial de Santiago del Estero por su pública, manifiesta y notoria falta de independencia. En Abril de 2004 se decretó la Intervención Federal a la provincia.
En todos estos documentos se pone en evidencia la falta de independencia del poder judicial durante el gobierno de los Juárez.
El mencionado INFORME producido por el Ministerio de Justicia de la Nación, expresa en su introducción lo siguiente: “No puede dejar de señalarse el unánime pedido tanto por el Colegio de Abogados como por parte de los Organismos de DDHH, la Universidad Católica, el Obispado, docentes e investigadores de la Universidad Nacional y de otras instituciones sociales, de urgente intervención del Poder Judicial de la Provincia, estimando algunos actores que el 80% de los actuales magistrados deben ser removidos por su falta de independencia, de objetividad, de imparcialidad, carencia de idoneidad, por su subordinación al poder político y por sospechas de corrupción”. En el apartado: PARTE 1 – Situación Jurídico Institucional. Consideraciones Generales expresa: “La situación de la administración de justicia en la provincia de Santiago del Estero es ostensiblemente cuestionada y denunciada tanto por distintos actores de la sociedad civil local y nacional, como por legisladores nacionales, provinciales y representantes internacionales.” … … “El mismo Colegio de Abogados ha denunciado el sometimiento voluntario al poder político de algunos jueces (ver Anexo 1)”.
“La caracterización principal de la Justicia Santiagueña es la ausencia de independencia respecto del poder político, y su baja eficacia en el cumplimiento en tiempo y forma del estudio y resolución de los casos presentados”. … … “Numerosos son los casos que demuestran la falta de independencia, objetividad e imparcialidad y la cooptación del poder judicial; asimismo, son reiteradas las denuncias acerca de las anomalías detectadas en el proceso de investigación, como la excesiva prolongación en la obtención de resoluciones judiciales (Ver cuadro 1 y 2)”.
Expresamente nos referimos a :
CIPOLATTI, OMAR CARLOS SANTIAGO: Fue secretario privado del ex gobernador Carlos Arturo Juárez. Juez de Crimen e integrante del Superior Tribunal de Justicia durante la última etapa del juarismo en la provincia.
GAY, OLGA ESTELA, DNI 13.790.527: Funcionaria judicial durante el juarismo, ejerciendo como Asesora Legal de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero durante el período mencionado.
GENEROSO, SANDRA DEL VALLE, DNI 18.611.873: Funcionaria durante el juarismo
LUNA ROLDAN, ANGEL ROGER, DNI 17.438.387: Funcionario del período juarista.
PEREZ GALLARDO, ALFREDO DANIEL, DNI 13.014.430: Abogado personal del ex gobernador Carlos Arturo Juárez ante la justicia provincial.
SEILER, RUBEN OMAR, DNI 16.803084: Fue parte del aparato judicial del juarismo, desempeñándose como Camarista del Crimen. Denunciado por el Dr. Storniolo por haber presenciado torturas en sede policial provincial durante su gestión. En los últimos años del juarismo fue Presidente de la Asociación de Magistrados.
TURK, CESAR ENRIQUE, DNI 16.970.337: Se desempeñó como Juez del Crimen y su juzgado fue emblemático en la persecución de los adversarios políticos de Juárez. Fue filmado y grabado manifestando que cumplía órdenes de Juárez.
Todos los aspirantes mencionados en este item integraban el Fuero Penal que no solo fue el brazo ejecutor del juarismo sino que además brindó la impunidad necesaria para el funcionamiento del grupo de tareas del Comisario General Musa Azar, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad.
C ) Vulneración y debilitamiento del sistema republicano por el peligro de concentración de poder.
Los ciudadanos de esta provincia nos encontramos en una situación de vulnerabilidad respecto de la administración de la justicia federal, toda vez que caracterizamos a la misma como “la familia de la justicia federal”. Esta característica no constituye una metáfora, todo lo contrario, ya que desde tiempos históricos la administración de la misma se encuentra en manos de funcionarios y/o empleados que, -sea por lazos de consanguineidad o de estado civil- tienen un mayor o menor grado de parentezco, contaminando el desempeño de los funcionarios. Nos referimos específicamente a cuando “las lealtades hacia la familia judicial” están por encima de la verdad y la justicia que el Estado Nacional decidió en su conjunto como prioritario en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.
En esta jurisdicción se encuentran denunciados y/o imputados por su complicidad con el plan de exterminio de la junta militar dos ex jueces federales de entonces: Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga; el ex Secretario del Juzgado y actual Juez del Tribunal Oral Federal de la provincia Dr. Luis Eduardo López; ; el ex Fiscal y ex Defensor Oficial Dr. Constantino Sogga y la Secretaria Penal Dra. Lorna Margarita Hernández quien a la fecha continúa en esa función. Parientes directos del ex Juez Liendo y del Juez López se desempeñan actualmente en la Secretaría Privada del Juez de Instrucción y en la Secretaría de Derechos Humanos del Tribunal Oral, respectivamente.
Una situación particular se presenta con la aspirante nº 13 de este concurso:
FARIAS, ANA CARINA, DNI 21.642.602 quien trabaja actualmente en la Secretaría de DDHH del Juzgado Federal de Santiago del Estero y con parentesco cercano a su titular, el Dr. Guillermo Molinari.
Estas complejas situaciones que se advierten en uno de los poderes básicos en que se asienta el orden republicano en nuestra provincia -la Justicia Federal- es estructural y erosiona el Estado de Derecho.
Entendemos que el Estado debe garantizar que en el ejercicio del poder se respeten los paradigmas del modelo republicano, esto es, la independencia y división absoluta en el accionar de los poderes puesto que el sistema requiere que exista un contrapeso y control del poder. La connivencia, preeminencia y/o hegemonía de un poder sobre los otros, pone seriamente en riesgo el sistema republicano de gobierno e impide a sus ciudadanos el libre ejercicio de los derechos y garantías constitucionalmente consagrados.
Por todo lo expuesto, aspiramos a que el Estado Nacional a través del Consejo de la Magistratura pueda regenerar el Poder Judicial Federal en beneficio del sistema democrático constitucional y fundamentalmente de quienes habitamos esta provincia.
Saludamos a los Señores miembros de la Comisión atentamente.
Asociación de Ex Presos Políticos y Sobrevivientes del Terrorismo de Estado de Santiago del Estero
Envío:AexppCdba
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