"El juicio demostrará el plan criminal que aplicaron todas las fuerzas"
Para Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ésta será la diferencia con lo ocurrido en 2008 durante el primer tramo que condenó a ocho ex jefes militares
Comentó que las postergaciones que sufrió este proceso sirvieron para "acercar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la sociedad".
Neuquén- “Queremos que los oficiales tengan una pena de 25 años que es lo más parecido a cadena perpetua. De ahí para abajo, lo que determinen las pruebas porque para condenar a los otros miembros de las fuerzas que actuaron durante el terrorismo de Estado se necesitan pruebas directas y en muchos casos no las hay”, expresó Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, organización que se presenta como querellante en el segundo tramo del juicio por violaciones de los derechos humanos que se inicia el miércoles 7 de marzo en esta ciudad.
Esta organización creada por el obispo Jaime de Nevares y que Labrune junto a otros compañeros y compañeras ayudaron a formar en medio del terror, el miedo, las amenazas y las muertes en 1975, se constituyó como querellante en la causa que instruye desde el año 2005 el Juzgado Federal de Neuquén, y en ese rol participó del primer juicio desarrollado en 2008, y también en este segundo tramo.
Labrune puntualizó que la diferencia entre el primer juicio y éste que se inicia el próximo miércoles tiene la particularidad de que en 2008 "se pudo demostrar la acción del Ejército en la zona y las responsabilidades que tuvieron en cada uno de los secuestros y torturas. En tanto, en este segundo tramo se podrá observar el plan criminal que aplicaron en forma conjunta desde el 24 de marzo de 1976 todas las fuerzas: ejército, aeronáutica, marina, Policía Federal y las policías de Neuquén y Río Negro". "Todos ellos eran la cara visible de la violencia", manifestó.
A una semana del comienzo del juicio en el que están imputados 24 ex militares y de otras fuerzas de seguridad de las provincias de Neuquén y Río Negro, Labrune comentó que “las fuerzas armadas terminaron absorbiendo a las demás fuerzas de seguridad, las coptó en ese plan sistemático de aberraciones”.
Sin embargo, advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió en el primer juicio, en este caso habrá “seguramente algunas condenas bajas y algunas absoluciones”. Explicó que los jueces y abogados actúan según "los principios jurídicos". "Pensamos que tendrían que tener una condena mayor pero si no existen pruebas no podemos exigir una condena. Esto generará algunas protestas pero lo cierto es que de todas maneras se hará justicia con un código que respetamos", agregó Labrune.
Largo camino
Para Labrune los juicios por violaciones a los derechos humanos en Neuquén son el producto de un camino "innecesariamente largo”, porque "removidos los obstáculos de las leyes de impunidad estos juicios deberían haber caminado más rápido”.
Más allá de estos obstáculos y dilataciones, la dirigente de la APDH manifestó que “todo este período sirvió de alguna manera para arrimar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la comunidad, y ahora tiene forma de jurisprudencia”.
Pacto de silencio
Labrune no cree que los imputados rompan "ese pacto de silencio" que tuvieron durante el desarrollo del primer juicio.
“Ese pacto de silencio forma parte del plan criminal que llevaron adelante en los años de terror. El plan criminal comprendía el secreto y el ocultamiento del cuerpo de las víctimas como un castigo hacia las mismas víctimas pero también estaba destinado a la sociedad. No creo que los ex militares vayan a decir ni una palabra durante el desarrollo del juicio porque todavía siguen reivindicando el plan de barbarie que ejecutaron durante esos años", concluyó. (P.M.)
FuentedeOrigen:LaMañanaNeuquen
Fuente:Agndh
01-03-2012
A 6 DÍAS DEL INICIO DEL JUICIO "LA ESCUELITA II"
Pedirán condenas por genocidio
Así se expresaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que es parte querellante en el proceso judicial contra ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas represivas.
Neuquén - “Este juicio tiene que ver con el pasado pero también con el presente, no sólo por las consecuencias económicas que significó el genocidio, el ataque a los trabajadores y al pueblo, y la imposición del plan económico que vivimos hoy, sino también la relación con la impunidad”. Con estas palabras resumió Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), las expectativas del organismo que actuará como querellante en el juicio que se inicia el miércoles 7 de marzo que juzgará a ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad que actuaron en la región durante la última dictadura militar.
La abogada, junto a su colega Natalia Hormazabal, advirtió que la mayoría “de los genocidas están impunes” y que los que van a juicio “son pocos, por algunos casos y no por todos”.
“Esto tiene que ver con que una de las piezas claves del genocidio es haber garantizado la impunidad de los represores”, aseguraron. Por eso, las profesionales del Ceprodh esperan que los acusados reciban como condena “prisión perpetua en cárcel común”.
Destacaron la importancia de que en este segundo tramo del juicio no sólo se juzgará a los ocho ex represores condenados en 2008 por delitos de lesa humanidad sino también a los integrantes de otras fuerzas represivas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes políticos, estudiantes y trabajadores y que hasta el momento “no se los había tocado", como por ejemplo la Policía de Río Negro, "que en su mayoría actuaba en los grupos de tareas o quienes estaban en las comisarías de Cipolletti y en el Destacamento de Inteligencia 182”.
También destacaron que estará sentado "en el banquillo de los acusados" Raúl Guglielminetti, "quien fue parte de la Triple A, que operaba desde la Universidad del Comahue junto con Remus Tetu, y que después formó parte de los grupos de tareas de la dictadura", precisó Dal Bianco.
Para Hormazabal, este histórico proceso judicial presenta una particularidad: "empieza a mostrar el circuito represivo en el que actuaron Policía Federal, las policías de Neuquén y Río Negro, Gendarmería y Ejército”.
"Sigue la impunidad"
Las abogadas del Ceprodh cuestionaron la forma de juzgamiento que se llevará adelante ya que consideran que se deben juzgar a todos los imputados "por circuitos represivos y no por casos individuales como en este caso".
"Por ejemplo, en el juicio anterior hubo una condena a siete años a Francisco Julio Oviedo, quien participaba como ex suboficial de Inteligencia”, explicaron.
El pasado 17 de febrero, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron que, de los 24 procesados, los que tienen prisión domicliaria la mantengan y los que están en condición de excarcelados también, con la condición de que se presenten los días de las audiencias en la Unidad Penal 9 de Neuquén y así ser trasladados al juicio. En caso de no hacerlo, se les terminará el beneficio procesal y deberán esperar la sentencia en la cárcel mientras duren las audiencias.
“Los ex militares que están con prisión domiciliaria o excarcelados siguen demostrando la impunidad. Que estén excarcelados o con prisión domiciliaria es un peligro para las víctimas. En Argentina, Jorge Julio López está desaparecido desde 2006, asesinaron a puñaldas a fines de 2010 en Rafaela a Silvia Suppo, quien fuera testigo en los juicios en los que se condenaron a represores”, dijo Hormazabal.
“No es menor el peligro de presión y amedrentamiento que los acusados pueden realizar sobre los testigos y víctimas. Recordemos que en 2007 Luis Farías Barrera, quien está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Alta Barda, amenazó a uno de sus denunciantes en este juicio”, precisó Dal Bianco.
Dal Bianco destacó la “pelea” que desde hace más de treinta años siguen dando los organismos de derechos humanos y Madres de Plaza de Mayo “para que se conozca la verdad histórica de lo que ocurrió y se condene a los responsables del genocidio”.
“Acá no debemos contentarnos con condenar a los jefes, a los ex militares emblemáticos, lo que la sociedad quiere es que vaya preso el que torturaba y todos aquellos militares, policías y civiles que formaron parte del plan genocida”, expresaron. (P.M.)
Fuente:LaMañanaNeuquen
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