29 de marzo de 2012
El Tribunal Oral Federal de Neuquén, culmino hoy la lectura de la requisitoria fiscal y elevación a juicio contra 24 represores pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad cometidos en la región, en la última dictadura.
Durante la segunda jornada del juicio oral iniciado ayer, los abogados de las partes efectuaron las presentaciones preliminares que deberán ser resueltas por los Jueces.
Algunas de las defensas cuestionaron la competencia y la jurisdicción de la justicia federal para juzgar a los imputados pertenecientes a la policía de Río Negro que actuaron en aquel entonces.
También hubo pedidos de nulidad de la requisitoria fiscal y de la elevación a juicio.
La querella, representada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), solicitó que se aplique la figura de "genocidio" para juzgar a los imputados según lo que establece la Convención para la Prevención del Genocidio.
En tanto la requisitoria fiscal contempla los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.
El CEPRODH también denunció en la audiencia de hoy, que varios manifestantes sufrieron los efectos de gases lacrimógenos mientras manifestaban frente a la sede del Tribunal, disparados desde un vehículo del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba a varios de los imputados.
Esta semana culminará la presentación de las actuaciones y el 11 de abril está previsto el llamado a indagatorias a los acusados.
Fuente:Telam
Juicio a genocidas de Neuquén- Gasean a manifestantes
Quieren condena por genocidio
30/03/2012
NEUQUEN (AN).- "Estamos convencidas que el delito que corresponde a los acusados es el de genocidio, en el cual encuadran cada uno de los delitos que llevaron adelante en el marco del plan genocida", dijo Ivana Dal Bianco, querellante por el Ceprodh.
Detalló que la figura legal "está tipificada desde 1956", y se basaron en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y sanción del delito de genocidio. "Los hechos son los mismos, pero la calificación legal definitiva es la que definan los jueces", agregó. Consultada sobre la insistencia en este punto pese a que no se le dio lugar en el juicio anterior, la querella reafirmó que "la pelea porque se reconozca la verdad histórica es una pelea que tenemos que dar en todos los juicios, seguimos creyendo que el Tribunal tiene que tomar esta calificación que es la correcta, absolutamente legal y que se puede aplicar". Adelantó que se opondrán al planteo realizado por el defensor de Oscar Del Magro, Rodolfo Ponce de León, para que policías rionegrinos y militares sean juzgados en bloques aparte.
causa "la Escuelita" II
La defensa exige pruebas a los que sufrieron picana
30/03/2012
Cruces de los abogados con la acusación.
Para la Fiscalía, hubo otros centros clandestinos.
NEUQUÉN (AN).- Se produjo ayer el primer cruce entre acusadores y defensores: mientras la Fiscalía planteó la existencia de otros centros clandestinos de detención tras el golpe de 1976, los defensores de los militares contraatacaron pidiendo que las víctimas presenten certificados que prueben que sufrieron la tortura del paso de corriente eléctrica por su cuerpo.
Las defensas de los militares de inteligencia, Hernán Corigliano y Paola Rubianes, solicitaron pericias médicas para los sobrevivientes que hubieran padecido la picana eléctrica. Aclararon que el tribunal accedió al planteo sólo en aquellos casos en los que hubiera presencia de secuelas e insistieron que "la prueba estaba incompleta", porque faltaban informes médicos y que no habían sido producidos por los mismos profesionales. "Atento a que una de las calificaciones legales son tormentos", pidió que antes de que testimoniaran entreguen sus certificados médicos los testigos Orlando Balvo, Virginia Rita Recchia, Raúl Sotto, Raúl Radonich, Ernesto Joubert, Rubén Ríos, Clorinda Barreto, María Botinelli, Juan Isitro López, Pedro Justo Rodríguez, Hugo Inostroza Arroyo y Roberto Liberatore.
El tribunal resolverá hoy desde las 9 los planteos de las defensas, que ayer fueron rechazados por los fiscales y querellantes. La Apdh, la secretaría de Derechos Humanos y el querellante Marcelo Hertzriken Velazco adhirieron a la acusación fiscal, mientras que el Ceprodh agregó la figura de genocidio a las imputaciones por secuestros, torturas y desaparición forzada de personas.
Las defensas, en los planteos "preliminares" antes de las indagatorias y los testimonios, solicitaron la nulidad de la acusación de la fiscalía e inclusive cuestionaron la validez de la elevación a juicio; además de que no había pruebas para sostener la imputación de sus defendidos.
El defensor de uno de los policías provinciales, Mario Cáccamo, cuestionó la validez del juzgamiento en el fuero federal para la policía de Río Negro en tanto que el abogado Rodolfo Ponce de León insistió en el planteo de que no se juzgue a los policías rionegrinos junto con los militares.
La fiscalía planteó la existencia de más de un centro clandestino en los primeros meses de la dictadura militar en el Alto Valle, e involucró a los 23 procesados como autores o partícipes de las privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos de las 39 víctimas. Ubicó a varios de los imputados en el escenario de algunos hechos que se investigan, por ejemplo el traslado de José Delineo Méndez, Orlando Cancio, Javier Seminario y Miguel Ángel Pincheira, que fueron retirados de la U6 de Rawson en 1976 por una delegación militar encabezada por Luis Alberto Farías Barrera, "a partir de ese momento Pincheira, Méndez, Cancio y Seminario, se encuentran desaparecidos".
Puntualizó varios casos en los que las víctimas fueron trasladados por personal de inteligencia como Julio Oviedo o Enrique Casagrande, por orden de Oscar Reinhold, al centro clandestino donde fueron torturados.
Fuente:RioNegro.com.ar
Balean la casa de una Madre de Plaza de Mayo en Neuquén
Se trata de Inés Ragni, cuyo hijo, Oscar Alfredo, desapareció en diciembre de 1976. El ataque fue justo antes del juicio por La Escuelita, el centro de detención clandestino que funcionó en las afueras de la capital neuquina.
30.03.2012
El frente de la casa de Inés Ragni, una de las Madres de Plaza de Mayo de la filial Neuquén y Alto Valle, fue baleado antes del inicio del juicio por "La Escuelita", el centro de detención clandestino que funcionaba durante la última dictadura militar en las afueras de la capital neuquina.
El hecho ocurrió el lunes a la madrugada, pero recién trascendió hoy, en la vivienda ubicada en la calle Mascardi 55, en el barrio El Progreso de Neuquén.
"La vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni ha sido objeto de un ataque", indicó la filial de la agrupación en un comunicado de prensa que publicó el diario La Mañana. "Se pueden observar los rastros de por lo menos cuatro balazos en una de las puertas", señaló la agrupación.
Inés Ragni y su esposo Oscar estuvieron presentes en el inicio de las audiencias del segundo juicio contra 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. El hijo de ambos, Oscar Alfredo, era un estudiante de arquitectura que desapareció en Neuquén en diciembre de 1976.
Fuente:Diagonales
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