Por Raúl Dellatorre
VOLVIO YPF
ALCANCES DE LA DECLARACION DE INTERES PUBLICO NACIONAL PARA EL AUTOABASTECIMIENTO Y TODA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURIFERA
Cambio de reglas en el horizonte petrolero
Además de la expropiación de YPF, el proyecto que discute el Congreso establece cambios que representarían el fin de la desregulación menemista. La disponibilidad del crudo, los precios y el abastecimiento de combustibles, subordinados al interés público.
Por Raúl Dellatorre
Junto a la propuesta de expropiación de la mayoría accionaria de YPF, el otro gran tema que incorpora en el escenario el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso es declarar de interés público nacional “el logro del autoabastecimiento, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”. A pesar de que el texto aparece en el artículo 1º, bastante por delante del que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF SA” (artículo 7º), el tema pasó por lo general inadvertido en los comentarios sobre el contenido de la ley. Al abarcar a toda la actividad vinculada con los hidrocarburos, el alcance de esta norma afectará a todas las empresas productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras, pudiendo establecer sobre todas ellas normas de actuación ajustadas al interés público antes que a las reglas de mercado.
Un ejemplo de ello –contrapuesto a la realidad actual– podría ser la hipotética decisión de obligar a las petroleras con red de estaciones en todo el país a vender sus productos al mismo precio en Capital Federal y en el interior, asegurando al mismo tiempo el abastecimiento en los distintos puntos de venta, sin discriminación. El proyecto que discute el Congreso establece expresamente en su artículo 2º, que será el Ejecutivo nacional el que “arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente”, eliminando toda ambigüedad respecto de la división de funciones entre Nación y provincias.
La expropiación cambia el control de la principal empresa del sector, con posición dominante en varios de sus segmentos: YPF. Pero la declaración de interés público para los hidrocarburos impone límites a la aplicación de las leyes de mercado en toda la actividad petrolera, cualquiera sea la empresa que la ejecute. Si se aplica conforme a los alcances que le otorga la nueva norma, su sanción podría representar el fin de la desregulación. La acción privada no podrá ir en contra del “interés público nacional”, lo que significa que los ritmos de producción, los precios o el nivel de abastecimiento no podrán ser determinados en función del interés privado de lucro de una firma, si éste va en contra de aquél. La justificación para colocar al interés público por encima de las leyes de mercado es clara: el fin social que cumple el abastecimiento de hidrocarburos y sus derivados. Es por ello que algunos analistas consideran que la misma definición debería ser extensiva a todos los bienes y servicios energéticos.
La ley de hidrocarburos 17.319, del año 1967, establecía que las empresas concesionarias debían garantizar la máxima producción compatible con la explotación adecuada del yacimiento y una conveniente conservación de las reservas. Es la cláusula de la que se tomaron las provincias para poder rescindir los contratos a YPF aún en manos de Repsol. Pero no podían ir más allá. La nueva ley enviada al Congreso pone un instrumento mucho más poderoso en manos del Ejecutivo nacional.
La desregulación menemista estableció la libre disponibilidad del crudo extraído. En la práctica, las empresas petroleras se adosaron la libre disponibilidad de las reservas, al agotarlas sin preocuparse por su reposición. También se desreguló en esa etapa la distribución de la renta, al eliminar el tributo del 10 por ciento sobre el valor del crudo que ingresaba a refinería, que se destinaba a la construcción de represas hidroeléctricas. El impacto fue que por más de una década (hasta después de 2003) no se inició una sola represa, mientras que las petroleras se embolsaron 400 millones de dólares adicionales por año.
La libre disponibilidad del recurso fue responsable, además, de que desde la privatización (1993) hasta fines de la misma década se construyeran varios gasoductos, pero ninguno para el mercado interno. El país llegó a exportar un tercio de su producción (un millón de metros cúbicos por cada dos millones para el consumo local), al amparo de los remunerativos precios internacionales y mientras se agotaban las reservas.
El desastre petrolero y gasífero empezó con la desregulación, ya antes de la venta de YPF a Repsol. El Título 1 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera apunta a ese plano, a ese agujero negro de la política energética. La puesta en producción de todas las áreas concesionadas es un objetivo de interés público, como así también el aumento de la capacidad de las refinerías, la extensión de la red de gasoductos a todas las provincias o la provisión de gas en garrafas a precios accesibles. Lograr el autoabastecimiento y una oferta a precios razonables significará tomar decisiones en toda la cadena de valor, que la nueva ley obliga a que se rijan por el interés público y no dejarlas libradas a criterios de mercado. Las asociaciones con capitales privados que se analizan en estos días, desde la intervención de YPF, tampoco deberían seguir criterios de retribución en función del precio internacional, excesivamente elevado en relación a los costos internos; además, fluctuante en el corto plazo por la especulación financiera. A partir de la ley de recuperación de la soberanía de los hidrocarburos, el Gobierno tendrá una herramienta eficaz para establecer otro marco más favorable al interés público enunciado.
“Repsol vació YPF”
“No tenemos ninguna duda de que Repsol vació YPF”, afirmó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El funcionario cuestionó así la política de desinversión y remisión de utilidades que caracterizó a la petrolera argentina bajo la conducción de Repsol. “Hubo una deliberada maniobra para utilizar a YPF para apalancar inversiones de Repsol en el resto del mundo”, sostuvo el funcionario. El titular del Palacio de Hacienda remarcó que la distribución de dividendos que efectuó Repsol en los últimos años se ubica considerablemente por encima del promedio de las principales empresas petroleras del mundo. Consultado sobre la asociación de YPF con otras petroleras en las tareas de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos, Lorenzino señaló que “se está avanzando en la dirección prevista” por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Además consideró que la pretensión de las provincias no petroleras para participar en la conformación accionaria de YPF debe atenderse de acuerdo con lo señalado en el proyecto donde se dispone que solamente las provincias de la Ofephi serán propietarias de una parte de las acciones.
HIDROCARBUROS Y SOCIEDAD
Energía y transporte
Por Héctor Valle
“La experiencia de los noventa tendría que servir para no volver a repetir errores. El concepto de utilidad pública debería plantear la necesidad de definir un programa energético total, tomándolo como una cuestión de Estado. El precio del petróleo en nuestro país no puede ser el mismo que el de mercado. Esto lleva a pensar en las inversiones que tendrá que hacer el Estado para asegurar el aumento de la producción y el tipo de asociaciones que se establezcan con el sector privado. También es necesario avanzar en la refinación, transporte, distribución del hidrocarburo, en inversiones y en fijación de precios, y para eso se debe avanzar en las industrias que están en la cadena petrolera. Debiera tomarse en cuenta que toda la matriz energética es de utilidad pública. A mí no me caben dudas de que esta estrategia sirve también para el tema del transporte, para hacerlo más equilibrado. Ya está la experiencia de Aerolíneas Argentinas. Pero hay que replantear el ferrocarril como un instrumento en sí mismo de desarrollo, barato y eficiente. Este sector es además un comprador neto en el mercado local: material rodante, vías, señalización, entre otros. Una vez que estas dos matrices estén funcionando, energía y transporte, se van a dar las condiciones para financiar ambos proyectos a futuro. El ahorro popular puede tener una participación importante, reforzando el concepto de utilidad pública.”
Presidente de la FIDE
HIDROCARBUROS Y SOCIEDAD
Un sector estratégico
Por Alberto Müller
“Para avalar la expropiación de YPF es necesario plantear el concepto de utilidad pública para el colectivo de la sociedad. Si uno busca otras implicancias para ese concepto encuentra que el sector energético tiene ciertas particularidades respecto de otros segmentos, y los mercados no son operados de la misma manera. Salvo en los noventa, cuando todo era reducido a un mismo mercado. El sector hidrocarburífero es estratégico y lo demuestra el hecho de que motoricen guerras por la obtención del petróleo. En tal sentido, la expropiación de YPF es un primer paso para que se trate de una manera distinta el sector y que se maneje bajo un concepto de utilidad pública. Hay que hacer una diferenciación con el concepto de servicios públicos, que es la gestión de monopolios naturales que cuentan con un solo prestador, como es el caso de la distribución de agua. El transporte de pasajeros es un nexo más generalizado, con una gestión del Gobierno, pero en ese caso hay más de un oferente. También se planteó con el sistema financiero, pero es un sector que está compuesto por bienes que se transan y no se consumen. De todos modos, es una actividad que está muy controlada en el país. Sí pasa con la Salud, que no es sustituible, por lo que es un error que se mercantilice. En general, puede pensarse que los sectores que tienen una demanda inelástica y no tienen sustituto tendrían que tener algún tipo de intervención pública.”
* Plan Fénix
VOLVIO YPF
LA INTERVENCION DE LA FIRMA CONTINUA REUNIENDOSE CON PETROLERAS
Casting de socios para YPF
Kicillof y De Vido en el encuentro con directivos de la estadounidense Chevron.Imagen: Télam
De Vido y Kicillof recibieron ayer a las estadounidenses Conoco Phillips y Chevron, la uruguaya Ancap y la nacional Medanito. Hoy será el turno de la norteamericana Exxon. Es para ampliar las inversiones en el sector.
El interventor de YPF, Julio De Vido, y el subinterventor, Axel Kicillof, recibieron ayer a directivos de las petroleras estadounidenses Conoco Phillips y Chevron, de la uruguaya Ancap y de la nacional Medanito. El objetivo oficial es explorar alianzas con YPF para ampliar las inversiones en el sector e incrementar la producción nacional de crudo y gas.
En el encuentro con Conoco Phillips se analizó la posibilidad de que la petrolera asesore a YPF para la explotación de yacimientos no convencionales en la provincia de Neuquén, cuyo potencial de crudo no convencional es considerado por el Departamento de Energía de Estados Unidos como el segundo o tercero más importante del mundo. En representación de la empresa estuvo David Jones, director de Desarrollo de Negocios en Upstream para Latinoamérica, y también participó el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.
Conoco Phillips es una de las tres empresas energéticas más importantes de Estados Unidos, la principal productora de hidrocarburos no convencionales y una de las desarrolladoras de la tecnología que se utiliza para extraer ese crudo. Tiene intereses en Europa, Australia y China, pero todavía no opera en el país.
De Vido y Kicillof recibieron luego a David Holligan, presidente de Chevron Argentina. Según informó Planificación, en la reunión acordaron “trabajar para buscar formas asociativas a los efectos de aumentar la presencia de la petrolera norteamericana en nuestro país”. En el comunicado se destaca incluso que la petrolera presentará a YPF proyectos de exploración en las últimas semanas.
De Vido recibió también al presidente de la petrolera Medanito, Emilio Carosio, quien le acercó planes para potenciar la inversión en yacimientos medianos de gas y petróleo de YPF. “Vinimos a hacer este ofrecimiento al interventor de YPF porque entendemos que tenemos que poner el hombro para que el país logre el autoabastecimiento de gas y refuerce la producción de petróleo”, señaló Emilio Carosio, presidente de la firma, en declaraciones a la prensa en las puertas de YPF. Respecto de cómo fue su relación con Repsol dijo que “habíamos tenido por muchos años negociaciones de todo tipo, ofrecimientos de mediana magnitud, porque ese es nuestro tamaño, que no fueron atendidos”, enfatizó.
Medanito es una empresa de capital nacional que opera en el mercado de hidrocarburos en la Cuenca Neuquina –Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa– en exploración y explotación de gas y petróleo, producción de GNL y generación de energía eléctrica.
Una de las novedades de ayer es que ya se está trabajando para poner en producción el área de YPF El Rincón del Mangrullo (Neuquén), que se encuentra actualmente sin actividad. Existen perforados siete pozos verticales que se van a reparar a través de un convenio con Medanito, Rovella Energía y Pampa Energía (socios de la misma área) para ponerlos en producción con un horizonte de al menos 700 metros cúbicos de petróleo por día. Por otra parte, esos pozos se van a perforar en sentido horizontal para aumentar la producción, estimando un incremento de 600 metros cúbicos adicionales. El convenio establece también la perforación de tres pozos adicionales.
Los interventores también se reunieron con el presidente de la petrolera uruguaya Ancap, Raúl Sendic, y el vicepresidente Germán Riet. “Habíamos solicitado la reunión con las nuevas autoridades de YPF para hacer un repaso de las relaciones con Ancap, básicamente áreas de búsqueda de petróleo conjunta. Hablamos del pozo de petróleo y gas que tiene Ancap en la Argentina y de las concesiones que tiene YPF en Uruguay, así como el trabajo que están terminando de hacer en la refinería de La Teja (en Uruguay), a cargo de la subsidiaria de YPF llamada Astra”, afirmó Riet al sitio uruguayo El Espectador.
La agenda de los funcionarios que quedaron al frente de YPF incluyó también un encuentro con el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Además, De Vido informó ayer a la Bolsa que la asamblea de accionistas prevista para mañana se suspendió “hasta nuevo aviso”. El interventor alegó que la suspensión busca garantizar la regularidad de la asamblea y proteger el interés de la empresa, de sus accionistas y la transparencia de la oferta pública.
PAPELES DE YPF QUE COTIZAN EN NUEVA YORK
Acciones bloqueadas por la Justicia
La jueza Edith Cristiano, a cargo del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso ayer “suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)”. La medida se realizó atendiendo al reclamo de un grupo de ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía. Las acciones son representativas del 11,5 por ciento del paquete accionario de YPF que éstos le disputan desde hace tiempo a Repsol. Los papeles de la petrolera en Wall Street cayeron 3,9 por ciento. En la Bolsa porteña el desplome fue de 4,7 por ciento.
La medida judicial se mantendrá hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto de las ventas accionarias que realizó Repsol en marzo de 2011. En ese momento, los demandantes sostienen que Repsol violó una orden judicial emitida por el juez federal Oscar Valentinuzzi en la que se le impedía vender sus acciones en YPF, con motivo de un reclamo realizado por la Federación en nombre de sus 25.000 representados.
El reclamo de los ex empleados se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que en la venta de los paquetes accionarios, 10 por ciento del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado “PPP” (Programa de Propiedad Participada). Sin embargo, en 1997 el Estado nacional y el directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo.
Ese proceso privatizador contó con el visto bueno de las calificadoras de riesgo, que ahora castigan fuertemente la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento del paquete accionario de YPF en manos de Repsol. La agencia Standard and Poor’s (S&P) rebajó de “estable” a “negativa” la perspectiva económica y financiera para la Argentina, lo que podría implicar un recorte en la nota “B” que tiene el país en materia de deuda soberana. “En nuestra opinión, las recientes políticas del Gobierno aumentan los riesgos del marco macroeconómico de Argentina, exprimen su liquidez externa y estorban sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo”, argumentó la calificadora. Del autoabastecimiento de combustibles, ni palabra.
VOLVIO YPF
OPINION
Los aspectos legales de la expropiación
Por Arístides Corti * y Liliana Costante *
Diversos interrogantes y críticas insidiosas se han planteado respecto del proceso de intervención y expropiación de Repsol-YPF. En este trabajo nos proponemos contestarlos.
1 ¿Es legítima la expropiación del 51 por ciento del capital accionario de Repsol-YPF, equivalente al 88 por ciento de las acciones del grupo controlante?
Sí. La expropiación constituye un procedimiento de derecho público que cuenta con la base del artículo 17 de la Constitución argentina: “La expropiación por causa de utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. El artículo 2511 del Código Civil describe la viabilidad de la expropiación –por causa de utilidad pública, previa disposición de una justa indemnización–. La ley 21.459 de expropiación prescribe que “la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 17) establece: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, norma de derecho internacional de 1948 constitucionalizada en 1994 correctamente interpretada por Arturo Sampay cuando dice que “sólo prohíbe el desposeimiento arbitrario de la propiedad, y arbitrario es la abierta infracción de lo justo. Consiguientemente, la norma de referencia autoriza sin condiciones a transformar en bien público a los bienes particulares cuando lo requiere la efectuación de la Justicia”. En línea con la última norma citada, el Concilio Vaticano II expresó que “el traspaso de los bienes privados a la propiedad pública sólo puede hacerse ofreciendo una equitativa compensación, teniendo en cuenta todas las circunstancias” –entendiéndose éstas, con arreglo también a las precisiones de Arturo Sampay, “el estado de las finanzas públicas, la situación personal del afectado por la expropiación y, sobre todo, el grado de necesidad colectiva que la ocasione”, (que) significa que nada puede ser un óbice que malogre el destino natural de los bienes, esto es efectuar el bien común–.
Volviendo al proyecto de expropiación, se verifica en éste la presencia de la condición de utilidad pública prevista por la Constitución nacional, el Código Civil, la ley de expropiaciones y los documentos de las Naciones Unidas y de la Iglesia (que el PP a cargo de la gobernanza del reino de España no puede desconocer), a poco que se advierta la política predatoria efectuada por el accionista mayoritario por marcada insuficiencia de inversiones y trabajos de exploración, reducción de la producción de hidrocarburos y de las reservas, así como magnas remisiones de utilidades que en 2010 representaron el 30 por ciento del patrimonio neto, generando en 2011 la necesidad de que Argentina importara hidrocarburos por más de 9000 millones de dólares, con consecuente déficit de nuestra balanza comercial y reducción al mínimo del superávit de la balanza de pagos.
2 ¿Cómo debe calcularse la indemnización que deberá fijar el Tribunal de Tasaciones de la Nación o, en su caso, la Justicia argentina?
El Código Civil prevé que la indemnización debe ser justa, y la ley de expropiaciones, que deben excluirse como capítulos indemnizatorios las ganancias hipotéticas y el lucro cesante –concepto éste comprensivo del valor llave conforme jurisprudencia de la Corte argentina en reiterados precedentes–.
En tales condiciones, entendemos que el Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá cuantificar: el valor de los activos de la empresa, con deducción de las amortizaciones que correspondan con arreglo a su vida útil, restándole: los pasivos financieros, los pasivos ambientales, los daños y perjuicios generados por el incumplimiento de los contratos de concesión rescindidos por los gobiernos provinciales y las ganancias exorbitantes. Este último concepto figuraba como rubro deducible en las indemnizaciones reguladas por el artículo 40 de la Constitución de 1949 derogada por un bando militar y expulsada del estudio de las reformas por la convención constituyente de 1994. Es un criterio jurídico inherente a las indemnizaciones, mediando expropiación, de los bienes de empresas concesionarias y/o de empresas transnacionales, como inferencia implícita de los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad –arts. 16, 28, 33 y 75 inc. 23 CN– que implican igual trato ante igualdad de circunstancias y admiten, por ende, la formación de categorías razonables. Así, tales principios, en materia de propiedad, imponen distinguir la propiedad personal (que requiere indemnización integral) de la propiedad de las grandes corporaciones, cuyos criterios indemnizatorios se encuentran sujetos a los parámetros indicados en precedencia. En tales casos, y de mediar expropiación de una porción del capital accionario de las mismas, corresponde fijar la indemnización en el porcentaje de acciones objeto de expropiación calculado sobre igual porcentaje del valor del patrimonio neto cuantificado con las pautas y razones objetivas antes mencionadas.
3 ¿Resulta constitucional o inconstitucional la intervención dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 530/12 y su complementario 557/12?
Algún columnista de un conocido matutino adscripto históricamente al conservadurismo ha sostenido la inconstitucionalidad –criterio mecánicamente receptado por la minoría de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación cuya mayoría dictaminó favorablemente respecto de la validez de los DNU motivo de esta pregunta–. El criterio contrario a la intervención representa un manifiesto desconocimiento del derecho argentino, en especial del Código Civil, cuyo artículo 2512 regula la ocupación temporánea, al igual que la ley de expropiaciones –Título IX, arts. 57 y ss., en especial, con aplicación al caso, el art. 59–. En ese mismo sentido, la ley de abastecimiento. Cuadra aquí recordar que el instituto de la ocupación temporánea confiere dicha “potestad a la autoridad administrativa, por causa de utilidad pública, en caso de necesidad, de ocupar o usar transitoriamente un bien o cosas determinadas, muebles o inmuebles, o bien una universalidad determinada de ellos”, de suerte tal que “este derecho encuentra su justificación en una causa de interés público y se constituye a favor de la autoridad administrativa; por estas razones, el encuadre jurídico correcto es el que corresponde a un derecho real de uso de naturaleza administrativa”. Queda, entonces, en claro –mal que les pese a los opinólogos y legisladores cuya carencia de formación jurídica es directamente proporcional al fundamento ideológico que la pretende suplir– que ni siquiera era necesario un DNU para disponer la intervención, ya que –legalmente– sólo era suficiente un simple decreto.
4 ¿Puede atribuirse al Estado una conducta discriminatoria por expropiar exclusivamente al grupo controlante el 51 por ciento de las acciones del ciento por ciento del capital accionario de Repsol-YPF?
No. Conforme resulta de los fundamentos del proyecto de ley, las restantes empresas hidrocarburíferas, en principio, no merecen objeciones en cuanto a las inversiones y actividades comprometidas en los distintos contratos de concesión. Como también, porque al centrarse el proyecto de ley en las acciones del grupo destinatario de la expropiación y no de los demás accionistas de Repsol-YPF, tuvo en cuenta el control del capital de aquél y su posición dominante en la empresa. Esto implica su responsabilidad en la política predatoria incurrida y la consecuente violación del deber ético social de hospitalidad brindado por la Nación Argentina a dicho inversor extranjero huésped. En contrario, la inversión extranjera directa (IED) se convierte en un agente saqueador de la riqueza de los pueblos que le han permitido trabajar en el país en el marco del desarrollo autónomo con inclusión/justicia social –que no es otra cosa que el desarrollo humano explicitado en la CN en los incisos 19, 22 y 23 del art. 75–. Aquellos que siguen presionando para que los gobiernos sean complacientes con las actividades depredatorias de la (IED) inversión extranjera directa, lo que pretenden es que los pueblos sean los que duerman con el enemigo en el marco de relaciones carnales del Estado con este último.
5 ¿Cuenta el grupo controlante expropiado de legitimación para accionar contra el Estado Argentino ante el Ciadi –dependencia del Banco Mundial– con sustento en el TIB formalizado entre el reino de España y la República Argentina el 03/10/91, aprobado por ley Nº 24.118 en el año 1992?
La respuesta también es negativa por dos líneas de razones concurrentes y sucesivas:
■ Aun en el marco del propio tratado, la solución de controversias entre una parte (Estado receptor) e inversores de la otra parte requiere ser sometida de inicio “a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión” (art. X, apartado 2). Es decir, ante los tribunales federales argentinos, contando éstos con un plazo de 18 meses para expedirse (mismo art. X, apartado 3.a), quedando recién entonces habilitada la vía de un tribunal arbitral internacional (mismo art. X).
■ Porque esta última vía arbitral resulta inconstitucional en función de lo establecido por los artículos 27 y 116 de la CN, que establecen que los tratados de la especie de los TIB deben estar sujetos a los principios de derecho público consagrados por la Carta Magna de los argentinos que prescribe que todas aquellas controversias en las que la Nación es parte son de jurisdicción de la Justicia exclusiva federal de la República Argentina, como cuadra a la inteligencia de la jurisdicción. Esta es un atributo de la soberanía nacional. No delegable, no cesible ni transable, salvo en los siguientes casos: en favor de organismos de integración en el marco de los países de América latina como son el Mercosur, la Unasur y la Celac (art. 75, inc. 24, CN); en controversias regidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la que es viable la revisión de las sentencias argentinas por los organismos de dichos tratados (la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y la Justicia universal en materia de delitos de lesa humanidad de mediar defección de la Justicia argentina.
Una correcta aplicación de lo expuesto luce en la reserva efectuada por Argentina al artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, contenida en el instrumento de ratificación del 14/08/84, que prescribe textualmente: “El gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales determinen como causas de ‘utilidad pública’ e ‘interés social’, y ni lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa’”; reserva que reafirman los arts. 27 y 116 de la Constitución argentina y la correcta doctrina constitucional nacional en la materia, en tanto protectora de los derechos e intereses permanentes de los habitantes de la República, sin sujeción a ideologías e intereses frustratorios de su soberanía política y económica. Al respecto, entonces, y a modo de conclusión, el Estado nacional tiene una nueva oportunidad de: 1) promover sin demoras ante los tribunales federales argentinos una acción declarativa de nulidad –absoluta y, por ende, imprescriptible– de la referida cláusula de prórroga de jurisdicción por su manifiesta inconstitucionalidad, dirigida –como parte demandada– al grupo empresario titular de las acciones expropiadas. A dicha demanda cuadrará acompañar el requerimiento de una medida cautelar suspensiva de la referida cláusula con apercibimiento de sanciones conminatorias (astreintes) en caso de desobediencia al mandato judicial que al efecto se dicte; y b) que el Congreso de la Nación sancione una ley declarativa de la nulidad de las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor del Ciadi y demás centros o tribunales arbitrales o judiciales extranjeros en materias en las que se encuentra comprometido y disputa el derecho público (art. 27 CN y reserva al art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica). Todo ello, como política de Estado asumida por cada uno de los órganos con funciones de poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ya que garantizar la soberanía energética y de los demás recursos naturales resulta presupuesto indispensable y requisito inescindible de la concreción de la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución argentina y los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23 CN). Como asimismo de aquellos derechos que, si bien no explicitados, nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 CN), en el marco de un efectivo Estado Social y Democrático de derechos –operativos y no meramente programáticos, discursivos o literarios–.
* Abogados UBA.
VOLVIO YPF
EL GOBIERNO DE ESPAñA REVELO CUAL ES EL OBJETIVO DE SUS DESBORDES VERBALES Y AMENAZAS DE REPRESALIAS
Todo es para regatear el precio de YPF
El canciller español, José Manuel García-Margallo, bajó el tono de las declaraciones contra Argentina, y ahora dice que quiere dialogar para acordar la tasación de la compañía. Fracasó un intento del gobierno de Rajoy ante la Unión Europea.
Después de una semana de amenazas de represalias comerciales, diplomáticas y legales como respuesta a la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, el gobierno de España deslizó que se conformará si Argentina le paga a Repsol. El canciller español, José Manuel García-Margallo, cambió el eje del discurso oficial, pero reforzó el rol del gobierno de Mariano Rajoy como guardián y defensor de los intereses de la petrolera: “No discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, lo que discutimos es la posibilidad de expropiar sin pagar a los accionistas”. El objetivo de García-Margallo es “llegar a un acuerdo dialogado con Argentina sobre la tasación de la compañía”. La nueva fórmula es sencilla, si Argentina abona el monto de indemnización por la expropiación que pretende el CEO de la petrolera, Antonio Brufau, entonces no habrá represalias en el Ciadi desde España. El funcionario oficia así de vocero de Repsol, ya que las denuncias contra un país en los tribunales arbitrales del Banco Mundial debe realizarla la empresa.
La tranquilidad de García-Margallo duró poco. En el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se realizó en Luxemburgo, el diplomático reclamó que Argentina sea dejada de lado en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para alcanzar un acuerdo comercial. Se trata de un acuerdo lanzado en 2004 que contempla la eliminación progresiva de los aranceles para más el 90 por ciento del comercio entre los bloques.
La propuesta fue descartada por las autoridades de la UE. La negociación se realiza entre los bloques. Si bien la propuesta del español tiene un valor simbólico, “aislar a la Argentina”, la posición asumida por el representante del Partido Popular español terminaría siendo funcional a los intereses argentinos porque, de concretarse ese acuerdo con la UE, se facilitaría el ingreso de productos manufacturados europeos, principalmente en el sector automotor. A cambio de eliminar las medidas proteccionistas al ingreso de bienes manufacturados, los países sudamericanos reclaman facilidades para colocar su producción primaria. El acuerdo, del que el canciller español pretende excluir a Argentina, profundiza aun más la especialización productiva de materias primas con bajo valor agregado de la región.
García-Margallo afirmó ayer que su postura apunta a “defender a millones de accionistas de Repsol, fundamentalmente a través del diálogo”. Para eso, explicó desde el paraíso fiscal de Luxemburgo, que el gobierno español formará alianzas “donde crea necesario”. Según dejó trascender, España volvió a reclamar a la UE que tome medidas comerciales contra Argentina, entre las que figuraría el sistema de preferencias arancelarias, el mismo esquema del que Estados Unidos excluyó al país recientemente.
Después de lamentarse por la derrota de la candidata de derecha a la presidencia francesa, Marine Le Pen, el diplomático se mostró conciliador y aseguró que “España está considerando todas las medidas que puedan hacer volver a Argentina a la mesa de negociación. Se trataría de encontrar un arreglo negociado”. La negociación es por el pago y no para frenar la expropiación. “No discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, aunque en mi opinión es un error en el siglo XXI. Lo que sí discutimos es que pueda uno expropiar sin pagar, que se pueda uno apropiar de una empresa sin pagar a los accionistas”, apuntó el canciller. “Se trata de que Argentina vuelva a la comunidad internacional, vuelva al diálogo, arregle este contencioso de forma amistosa y, si no, que cumpla lo que los tribunales arbitrales decidan”, concluyó.
LA PETROLERA BUSCA FRENAR INVERSIONES EN YPF
Repsol amenaza a sus competidoras
Repsol amplió el espectro de sus amenazas para incluir, además de Argentina, a cualquier empresa que invierta en YPF. La compañía española busca frenar y desalentar así la intención del gobierno argentino de asociarse en la petrolera estatal con distintos inversores nacionales y extranjeros para avanzar en la producción y exploración de hidrocarburos. La semana pasada, el ministro de Planificación e interventor de YPF, Julio De Vido, se reunió con la titular de Petrobras y directivos regionales de la francesa Total. Los encuentros siguieron ayer –en compañía del viceministro de Economía y subinterventor de la compañía, Axel Kicillof– con la firma local Medanito y las estadounidenses Conoco Philips y Chevron. En los próximos días las autoridades de YPF se encontrarán con la también estadounidense Exxon y la canadiense Talismán, entre otras.
“Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra cualquier inversor en YPF o sus activos ilegalmente expropiados a Repsol”, declaró el vocero de la compañía, Kristian Rix. Así, la empresa que conduce Antonio Brufau buscó limitar la posibilidad de que compañías argentinas y extranjeras se asocien a YPF.
Las declaraciones del vocero de Repsol difundidas por los medios europeos coinciden con la hipótesis deslizada por el gobierno de España a través del canciller José Manuel García-Mergallo, quien señaló que “Argentina busca un socio privado para venderle una porción de las acciones expropiadas”. Según las autoridades españolas, la búsqueda de un socio no estaría vinculada con la necesidad de recursos para emprender inversiones de producción y exploración o acuerdos de explotación conjunta de yacimientos que permitan elevar las disponibilidades de hidrocarburos, sino que responde a una necesidad financiera. “Ni YPF ni Argentina pueden hacer frente” a los vencimientos de deuda de la compañía, consideró García-Margallo.
El viernes pasado, De Vido se reunió en Brasilia con su par de Minas y Energía, Edison Lobao, con la titular de Petrobras, María das Graças Foster, y también fue recibido por el canciller de Brasil, Antonio Patriota. A su vez, luego del encuentro con los directivos de la francesa Total se acordó que la compañía amplíe en dos millones de metros cúbicos diarios su producción de gas en dos yacimientos donde YPF y la firma ya están asociada.
VOLVIO YPF
EL PETROLEO Y LA SOBERANIA - DOS REFLEXIONES SOBRE LA EXPROPIACION DE YPF
La recuperación y el nacionalismo
Por Mario de Casas *
“Y es más fácil, ¡oh España!, en muchos modos que a lo que a todos les quitaste sola te pueden a ti sola quitar todo.”
Quevedo
Engañosos cuestionamientos atribuyen a la decisión presidencial que condujo a la histórica recuperación de YPF especulaciones vinculadas con una fantasiosa coyuntura que estaría obligando al Gobierno a buscar legitimidad; como si el abrumador triunfo electoral de octubre no hubiese estado precedido por otro similar en agosto, o no hubieran tenido lugar en este país.
Entre tales falacias se destaca la que supone una “interpelación al nacionalismo”, sin explicar qué significado se asigna a este término, pero transmitiendo, eso sí, la “peligrosidad” de tan osada “manipulación”; cuando el verdadero intento de manipulación está en ocultar que el término nacionalismo tiene distintos significados. La Presidenta –sin nombrarlo– resuelve según una de esas acepciones.
Por una parte, el nacionalismo tiene un significado si, en un determinado contexto histórico, es practicado por una nación poderosa, y otro muy distinto si corresponde a un país relativamente débil, dependiente. No es una cuestión de grado, sino de naturaleza. Hay un nacionalismo defensivo de los pueblos de menor poder relativo y un nacionalismo ofensivo o expansivo de los países más poderosos. En términos económicos, por ejemplo, no se puede negar honestamente que ciertos grados de proteccionismo son esenciales para alcanzar un desarrollo autónomo: sólo lo niegan las potencias que lo han alcanzado y que, ya en condiciones de exportar manufacturas, necesitan acceder a otros mercados; en particular, es notorio que Estados Unidos sea adversario de todo nacionalismo, salvo el propio.
Cabe agregar que en el caso de nuestro país nunca han faltado los socios locales, lo que explica que el nacionalismo también adquiera connotaciones contrarias según los sectores sociales que lo proclaman o rechazan. Sin ir más lejos, las patronales del campo en su embate al gobierno popular pregonaban hace tres años el patriotismo más altisonante, cuando en realidad están cerca de ser la negación misma del nacionalismo, si por nacionalismo entendemos la política nacional orientada a romper toda forma de dependencia y cuyos protagonistas principales son los sectores populares.
En síntesis, el concepto político de nacionalismo incluye distintas ideologías e interpretaciones que han estado –y están– presentes en la realidad nacional. Promover la confusión entre ellas, destinada a velar el sentido del nacionalismo progresista, ha sido y es tarea compartida entre la oligarquía autóctona y los ahora denominados países centrales y ha constituido una de las maniobras ideológicas más logradas de esta alianza desde el fondo de la historia nacional.
Más aun: que nuestro país no haya alcanzado todavía los niveles de desarrollo industrial y tecnológico necesarios para ejercer plenamente su soberanía política y que, no obstante los avances de los últimos años, exhiba índices de injusticia social es consecuencia de derrotas populares en términos de esa contradicción principal: la puja en los planos político, económico y social entre la entidad nación-sectores populares, por un lado, y la alianza entre las oligarquías y el imperio de turno, por otro; puja que, por supuesto, ha tenido distintas formas y protagonistas en más de doscientos años.
Se sabe que la concepción y la modalidad de explotación de los recursos naturales y los servicios públicos están siempre vinculadas con un determinado régimen social de acumulación del capital. También se sabe que cada patrón de acumulación es sostenido por una determinada alianza social y que, por lo tanto, con ellos cambia el carácter del Estado. Entre nosotros, los distintos regímenes de acumulación que se han sucedido han sido sostenidos por la parte que resultaba triunfante en la puja principal a la que me he referido más arriba.
El ciclo iniciado en mayo de 2003, que retoma la tradición de los procesos de liberación inaugurados en el siglo pasado por Yrigoyen y profundizados por el peronismo, se ha propuesto consolidar el camino del desarrollo nacional. Esta voluntad política se viene concretando a través de una sucesión de decisiones trascendentes que nuestro pueblo ha avalado categóricamente, y busca configurar un patrón de acumulación de capital liderado por el Estado, con relevante participación del capital nacional y basado en la industrialización; premisa que se funda en que sólo una organización socioeconómica de esas características ofrece las condiciones necesarias para un adelanto tecnológico propio y un elevado nivel de empleo y de salarios. Además permitiría sostener y ampliar el proceso de acumulación mismo al retener el excedente dentro de nuestras fronteras y evitar la depredación de los recursos naturales.
En estas condiciones, el petróleo deja de ser una mercancía más y pasa a ser un bien de importancia estratégica, no sólo por su escasez y carácter de no renovable, sino porque es indispensable a la industrialización. Esto significa que se debe asegurar al país su disponibilidad, es decir, en lo posible alcanzar el autoabastecimiento, y garantizar tanto la apropiación social de la renta –no la privada y menos la oligopólica– como la preservación ambiental y el uso racional de este recurso. Es difícil exagerar para no comprender la enorme importancia de haber recuperado el control estatal de un poderoso instrumento como YPF.
* Presidente del ENRE.
VOLVIO YPF
EL PETROLEO Y LA SOBERANIA - DOS REFLEXIONES SOBRE LA EXPROPIACION DE YPF
La vida después de Repsol
Por Washington Uranga
Los mismos que insisten en quejarse por “el relato oficial” para denunciar lo que consideran es una construcción discursiva del Gobierno para no hacerse cargo de lo que sucede en “la realidad” (una noción sujeta en todos los casos a la perspectiva de quien enuncia) han venido construyendo su propio relato para advertir a propios y extraños sobre la catástrofe que nos espera desde que, por la decisión de la Presidenta y con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía y de las fuerzas políticas, se ha iniciado un proceso de nacionalización de los recursos petroleros.
Se nos anunció que éste es “un paso más” en el camino del “autoritarismo” que incluirá nuevas “estatizaciones”, como si Repsol y sus capitalistas aliados hubieran sido la mayor expresión de la equidad social y sustento de los valores democráticos y ciudadanos.
Se nos pronostica a cada paso lo duro que será el “aislamiento” como consecuencia de las “sanciones” que recibiremos del capitalismo transnacional y sus Estados voceros, como si la gestión de la petrolera encabezada por los españoles en los últimos años no haya sido en sí misma la peor sanción en contra de los intereses de la Argentina y sus habitantes. Desconociendo además que la mayoría de los discursos “integracionistas” planteados desde los centros de poder no son en el fondo sino una gran falacia para hacer primar los intereses de los más poderosos. ¿Se acuerdan del ALCA?
Se advierte que la medida impulsada por el Gobierno es el “fin de la propiedad privada” en la Argentina, convirtiendo al régimen de propiedad privada en una suerte de pilar del Derecho, la democracia y la ética, y olvidando que es precisamente en nombre de la propiedad privada que hoy se violan derechos humanos, se atropella la dignidad de millones de personas en el mundo, se tiran gobiernos democráticos y, sobre todo, se condena al hambre a millones de seres humanos.
En el debate discursivo, el proceso de nacionalización de la mayoría de las acciones que la transnacional Repsol tiene en la nacional YPF se transformó rápidamente en “confiscación” para quienes consideran que los intereses de los capitalistas están siempre por encima de cualquier derecho colectivo de una nación o de sus ciudadanos. No se califica en cambio de “confiscación” el envío al exterior de remesas de ganancias que deberían haber sido reinvertidas para avanzar en la exploración y en la explotación de petróleo en nuestro país. En ese caso se trata de “legítimas ganancias” de los inversores privados.
Son los mismos que advierten sobre la “inseguridad jurídica”, apoyándose en la mitad de la biblioteca que los favorece y olvidándose de la otra parte que va en contra de lo que afirman. Y sobre todo repitiendo argumentos construidos en el exterior por quienes, desde los Estados y desde las empresas, fabricaron guerras para hacer enormes negocios (también con los recursos naturales) en Irak, en otros países de Asia, en Africa. Parece ser que en esos casos no estuvo en juego la “seguridad jurídica” y tampoco los repetidores locales del argumento toman en cuenta esos datos.
Para completar el cuadro no faltó tampoco quien se dedique a sembrar temores frente al riesgo hipotético de que el afán oficial por “estatizar” y “confiscar” alcance también a alguna empresa de comunicación manejada por los españoles (como es el caso de Radio Continental). Sería un avance más en la ofensiva “contra la libertad de expresión”, principio que, según estos mismos voceros, estaría garantizado sólo por la libertad de empresa, según indica el decálogo de la SIP que hay que seguir a pie juntillas.
Para completar, los apocalípticos del relato antioficialista decidieron acoplar sus voces a las de Mauricio Macri, a quien sus asesores mediáticos decidieron convertir en profeta de la catástrofe: “Dentro de un año estaremos peor”. Sembrar el miedo es hoy la clave del relato antigubernamental.
Afortunadamente, los argentinos ya vimos esta película. Pasó algo semejante después de la renacionalización de las AFJP, después de las escaramuzas por las retenciones a la producción agrícola, después del anuncio de la Asignación Universal por Hijo, y podrían mencionarse más ejemplos. A la vista de la experiencia podemos seguir diciendo que hay vida después de Repsol. Y a la luz de lo vivido, y sin entrar en análisis demasiado técnicos, casi con certeza podemos afirmar que la vida después de Repsol será mejor que la que vivimos hasta aquí.
MIGUEL ANGEL PICHETTO ANTICIPA LA SESION DE MAñANA EN EL SENADO POR LA RENACIONALIZACION DE YPF
“Será una votación de mucho respaldo”
El jefe del bloque de senadores del kirchnerismo imagina que el proyecto saldrá aprobado por 60 votos a 5. Aclara que votarán el proyecto que envió la Presidenta sin modificaciones. ´
Por Miguel Jorquera
El jefe de la bancada K en el Senado, Miguel Angel Pichetto, se muestra optimista para la sesión de mañana, donde se buscará dar media sanción a la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol. “Será un importante respaldo a la decisión de la Presidenta”, en el plano interno y externo, donde “todas las miradas estarán puestas en la votación del Congreso”, afirma Pichetto, que también desestima la propuesta española de ponerle un precio negociado a la indemnización de la petrolera española: “El precio lo pondrá el Tribunal de Tasación”. Pero el senador rionegrino no avala la postura de las provincias no productoras de hidrocarburos que reclaman participación en la futura YPF.
–Todo indica que el proyecto de recuperación estatal de YPF tendrá mañana un amplio respaldo en el Senado. ¿Lo esperaba luego de la reacciones iniciales?
–Encaramos la sesión con una actitud muy optimista, más allá del resultado en el número. Creemos que en general va a haber 60 votos a favor y 4 o 5 en contra. Hay que tener en cuenta que se llega a esta situación tras una negociación previa y frente a una actitud hostil de la empresa. La actitud de la UCR de apoyar en general la iniciativa, después de un debate interno intenso, es coherente con su propia historia, y no como hizo con los fondos de pensión, que votó en contra. Va a ser una votación de mucho respaldo a la decisión de la Presidenta, que en el plano internacional va a estar pendiente de cómo se pronuncie el Congreso.
–España dijo que no tomaría represalias económicas contra Argentina si la indemnización a Repsol se decide en una negociación. ¿Está de acuerdo?
–No, el valor lo va a estipular el Tribunal de Tasaciones. Además hay que calcular el pasivo ambiental que dejó la empresa que explotó el recurso. El camino trazado es el que eligió la Presidenta. –¿Cómo se va a incorporar al texto original del proyecto la expropiación de YPF Gas que también estaba bajo el control de Repsol? –Habrá unas palabras o un párrafo que incorporará también a esa empresa dentro del artículo que establece la expropiación. Son temas que recién se conocieron a partir del ingreso de la intervención a la empresa.
–La intervención también detectó una importante cantidad de compañías en el país y en el exterior donde Repsol, a través de YPF, tiene un importante capital accionario. ¿Qué pasará con ellas?
–El Gobierno evaluará y manejará esa situación. La decisión política soberana es la de recuperar un recurso estratégico. Primero está la expropiación. Segundo, un plan de negocios generales, que una empresa con un esquema de sociedad anónima habilitará distintas formas de asociación que nos permita recuperar el autoabastecimiento energético. Es muy importante, como lo señaló la Presidenta, el nivel individual y el profesionalismo que debe tener la nueva conducción de YPF, que también nos permitirá recuperar o incorporar cuadros técnicos y profesionales que alguna vez trabajaron para YPF o que están en otras petroleras.
–Varias bancadas que apoyan en general el proyecto también propondrán una mayor participación o controles del Estado. ¿Habrá lugar para esos pedidos?
–El proyecto que se votará es el que envió la Presidenta. El esquema elegido es el de la mayoría accionaria, con el 51 por ciento de las acciones bajo el control estratégico del Estado, tomado de la experiencia internacional y similar al empleado por Petrobras en Brasil.
–¿Respalda la propuesta de provincias no petroleras, como Buenos Aires, que reclama participación en la futura YPF?
–Sería como discutir la renta cerealera de la provincia de Buenos Aires, sería una decisión no inteligente. No corresponde. Del manejo de los recursos hidrocarburíferos deben participar las provincias productoras. Tal vez se pueda implementar en un futuro un proceso de distribución a través del reparto de la coparticipación si se logra la recuperación de la empresa y se logran extraer otros recursos importantes como shale gas y tight oil, que requieren una importante inversión económica y tecnológica.
–Algunos afirman que el descubrimiento de este tipo de recursos no tradicionales en Argentina apuró la decisión.
–No, para nada. Es una decisión política para solucionar rápidamente el desfasaje en la balanza comercial de 3000 mil millones de dólares que desató la importación de hidrocarburos por la baja producción de Repsol.
Fuente:Pagina12
OPINION
YPF, una bandera de todos
Por Oscar Balbey *
El fracaso de las políticas petroleras, gasíferas y eléctricas de los gobiernos peronistas desde Menem hasta la fecha nos ha llevado a tener que importar estos insumos imprescindibles para el desarrollo de la industria nacional.
Acompañamos la medida del gobierno nacional como apoyamos la AUH, la política de DDHH, la nacionalización de Aerolíneas, la estatización de AFJP entre las más importantes.
Pero es imprescindible que una decisión de estas características tenga la participación en la gestión y el control especialmente, de los partidos opositores que apoyan la medida, para garantizar transparencia en la gestión, y que se avance en decisiones consensuadas evitando nuevos fracasos.
Los argentinos necesitan creer que el Estado tomará en sus manos políticas estratégicas que signifiquen inversiones en exploraciones, obviadas por Repsol, dada su única visión de mayor rentabilidad sin costos.
La soberanía energética debe ser una bandera de todos los argentinos, que pretendemos un rol del Estado como garante de equidad, como bandera de crecimiento y no de utilización partidaria o negocios de amigos. Con estas salvedades, estamos convencidos de que podremos vencer las barreras neoliberales que primero obtuvieron la privatización y luego la cooptación de muchos políticos que hoy se visten de estatizadores. Los que tuvimos siempre la visión de la necesidad de una YPF con control estatal y como base de la soberanía energética, podemos resistir todos los archivos y alegrarnos, con reservas, de esta recuperación de una herramienta básica para la economía nacional.
Bienvenida YPF al lugar que pensó Mosconi cuando la creó, para ser base del crecimiento con equidad.
* Secretario General del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) de la provincia de Santa Fe.
Fuente:Rosario12
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