Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
De las tantas coronas florales que poblaban la calle 25 de Mayo al 500 en la madrugada del miércoles pasado, una era la prueba palmaria de que Eduardo Luis se ganaba el mote de bueno por ser bueno y por la existencia del otro. Era una corona austera que decía sólo: Felipe Vallese (h). El próximo 23 de agosto, seguro, Eduardo Luis y Felipe hubieran estado juntos rememorando a Felipe Vallese, porque en ese 23 de agosto se cumplirá medio siglo del primer desaparecido de la resistencia al régimen. Vallese era delegado metalúrgico y lo desaparecieron después del golpe que llevó a Frondizi a la isla de Martín García. Pero no se trataba de un golpe contra Frondizi sino contra los peronistas que habían inundado las urnas para hacer gobernador de la provincia de Buenos Aires a Andrés Framini, el obrero textil que les propinaba un directo al hígado a los azules, los colorados y los marinos que protagonizaban el golpe. Un golpe que llevó a José Alfredo Martínez de Hoz al Ministerio de Economía y dejaba de fachada al radical rionegrino José María Guido, que presidía la Cámara de Diputados. Cuando secuestraron a Vallese, el Pelado Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis se presentaron a los tribunales a pedir por él. Pero su compromiso estaba mucho más allá de los tribunales. Vallese tenía un hijo, que se llamó Felipe y que vivió por años con otro nombre, hasta que con Eduardo Luis se presentó a los tribunales a recuperar su verdadero apellido. Y contra el pronóstico de muchos leguleyos que decían que era un juicio difícil de ganar, Vallese se pudo llamar Vallese. Por eso, esa corona en la mañana húmeda y triste del miércoles 3 tenía el tamaño de la historia. Claro, Eduardo Luis hubiera estado el próximo 23 de agosto junto a Vallese en la calle Felipe Vallese, en Caballito, una calle que se llamaba Canalejas cuando lo secuestraron a Vallese. Pero antes, Eduardo Luis tendría que haber recorrido los 1.600 kilómetros que separan Caballito de Trelew, porque el 22 de agosto próximo seguro hubiera estado junto a los hijos de los 19 fusilados en la Base Almirante Zar el 22 de agosto del 72. Diecinueve porque hubo tres que sobrevivieron y lo contaron, aunque luego siguieron peleando y corrieron el mismo destino: fueron fusilados de nuevo y, en esa oportunidad, Camps, Berger y Haidar no sobrevivieron. Eduardo Luis se había subido a un auto junto a Rodolfo Mattarollo no bien supo que, tras la rendición del 15 de agosto, los marinos se habían llevado a sus rehenes en vez de entregarlos al juez federal de Rawson, como se había hecho público. Mattarollo y Eduardo Luis hicieron peripecias, corrieron con la vaina a los militares que los paraban en las pinzas, movieron cielo y tierra y lloraron cuando se encontraron, una vez más, con el Estado terrorista argentino al desnudo y con los 16 cuerpos acribillados que tenían que reconocer.
Ese miércoles, caluroso, húmedo, se podía traspasar la entrada de la Secretaría de Derechos Humanos que ocupó Eduardo Luis durante todos estos años. Concretamente desde que Néstor Kirchner le dio la dignidad a ese lugar que sólo parecía un lugar de templanza y de impotencia. Allí estuvo por días y noches Eduardo Luis, y hasta pensó la manera en que aquel ministro de Economía que subía cuando el régimen desaparecía a Vallese fuera preso. Es cierto, José Alfredo Martínez de Hoz no fue preso por la destrucción de la Nación, como Al Capone no fue preso por ser capomafia, pero todo el mundo decía el capo de la mafia fue preso. Y esta mañana triste y húmeda, Eduardo Luis estaba en su ataúd, con el rostro sereno, había peleado desde una trinchera diferente, en una sala de terapia intensiva, en un coma farmacológico que no le permitía desplegar toda su voluntad y toda su inteligencia para ganar esta pelea. Y mientras dormía, inducido por los medicamentos, los teléfonos de Laly, su mujer de toda la vida, y los de sus cuatro hijos, Mariano, María Laura, Patricio y Santiago, sonaban sin parar. Todos pidiendo buenas noticias, todos deseando lo mejor. Uno que llamaba dos veces por día era Juan Manuel Abal Medina (padre), con quien había ido a la morgue a reconocer el cuerpo de Fernando, ese pibe que, siendo pibe, realmente pibe, ya era un jefe revolucionario y que a los 23 murió peleando en un bar de William Morris. Corría 1970 y Eduardo Luis abrazaba al estoico Juan Manuel después de ver que Fernando tenía los ojos cerrados y dejaba un mensaje para un país que se despertaba a la segunda resistencia. Esta húmeda mañana, Juan Manuel, con sus pulmones cansados (como le escribía el Che a sus padres cuando se despedía antes de internarse en Bolivia y en los corazones latinoamericanos) estaba al lado de su amigo y compañero Eduardo Luis.
Y cerca, muy cerca de Juan Manuel, estaban Marcelo y Carlos María, los hermanos que formaban el clan. Carlos María, Eduardo Luis y Marcelo siempre fueron tres vascos cabeza duras. Siempre creyeron que el oscuro día de justicia del que hablaba Rodolfo Walsh en sus cuentos iba a llegar. Oscuro o luminoso, lo mismo daba. Ese Rodolfo que se codeaba con Ortega Peña y Duhalde en Paseo Colón, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, por 1968, cuando Walsh hacía el periódico y el Pelado y Eduardo Luis eran abogados. En realidad, los tres hacían de todo, junto a Ongaro y los miles de luchadores de esa inmensa CGT de los Argentinos. Quiso la desgracia que los restos del Pelado fueran velados tempranamente en ese edificio, porque a 30 días de la muerte de Perón, la Triple A acribillaba al brillante diputado del monobloque Rodolfo Ortega Peña. El cuerpo del Pelado fue a la Comisaría 15ª, en la calle Suipacha, al lado de la Curia. Eduardo Luis fue a reconocer los restos de Ortega Peña y sabía que a la entrada o a la salida, el temible comisario Alberto Villar se lo podía cargar, como ya se había cargado al Pelado, o ya se había cargado al cura Carlos Mujica dos meses antes. Pero Eduardo Luis siguió, al frente de la revista Militancia y al frente de todo lo que había hecho junto al Pelado. Y, en esta mañana húmeda y triste del miércoles, Ramiro y Mariana Ortega Peña, los hijos del Pelado, con los ojos rojos lloraban a Eduardo Luis, el bueno, el coherente, el comprometido, el que hasta antes de tener el aneurisma en la aorta abdominal estaba no sólo con los juicios sino que seguía haciendo investigaciones históricas. En particular dos de ellas lo tenían hasta la madrugada y por eso llegaba a veces casi sin dormir y con demasiado faso encima: unos apuntes sobre San Martín y otros sobre la historia de los negros en el Río de la Plata.
Ahí, en la sala Emilio Fermín Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos, estaba Eduardo Luis, antes de partir a la Chacarita, donde el 2 de agosto del ’74 había estado para despedir al Pelado Ortega Peña y las hordas de infantería de Villar repartieron palos, balas y gases para tratar de aterrorizar a gente que no iba a quedarse paralizada por el miedo. En esa sala, Eduardo estaba con más hijos: con Andrea, Paula y Albertina Carri, las hijas de Ana María Caruso y Roberto Carri, desaparecidos en 1977. Diez años antes, Eduardo Luis y el Pelado, que habían montado la editorial Sudestada, publicaban Sindicatos y poder en la Argentina, el primer libro de Roberto Carri. También estaba Marta Dillon. En 1976, Marta Dillon era Martita y junto a su madre, Marta Taboada de Dillon, cruzó al Uruguay con Laly, la mujer de Eduardo Luis. Laly estaba embarazada de su cuarto hijo, Santiago, que nació en España. Marta Taboada, un tiempo después era secuestrada. El año pasado, Marta pudo recuperar los restos de su madre, que fueron inhumados en el cementerio de Moreno. Esa mañana, húmeda, en la sala Mignone hubo muchas historias recuperadas. Eduardo Luis quería seguir recuperando y resignificando historias. Nos queda el mensaje. Nos queda el ejemplo. Adiós querido Eduardo. Definitivamente sos el bueno.
La noticia en los medios del mundo
Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
El Fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde
La prensa internacional se ha hecho eco de manera extraordinaria de la muerte de Eduardo Luis Duhalde, resaltando de esta manera la importancia y singularidad de su trabajo, persona y vida. A continuación, un repaso por las repercusiones en los medios escritos y digitales del mundo sobre la muerte del secretario de Derechos Humanos, su trayectoria y significación.
“Si hay una política por la que los Kirchner han recibido elogios de propios y extraños es la de búsqueda de justicia por los crímenes cometidos en la última dictadura de Argentina (1976-1983). Y el brazo ejecutor de esa política fue el secretario de Derechos Humanos de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (desde 2007), Eduardo Luis Duhalde”, sostuvo el periódico español El País que, al igual que El Mundo, los dos diarios de mayor tirada nacional, le dedicaron una página a la noticia.
Por su parte, la prensa regional española, como El Norte de Castilla o La Región de Galicia, por citar dos ejemplos, también han dedicado un espacio destacado al suceso.
La agencia de noticias en español EFE, la cuarta del mundo y la más importante en lengua castellana, ha difundido la noticia en diversos medios de habla hispana, tanto en la web de la televisión pública española Rtve como en prensa latinoamericana.
Importante lugar ocupa la noticia en el francés Le Monde que también destaca cómo la figura de Eduardo Luis Duhalde prestigió en el ámbito nacional e internacional el gobierno de los Kirchner.
Por otra parte, Associated Press, cuyas noticias son utilizadas en más 1.700 periódicos y 5.000 estaciones de televisión y de radio, se hizo eco del suceso. De esta forma, la noticia quedó reflejado en medios tan diversos como Taiwan News Washington Post, MSN (Web de Microsoft), Buenos Aires Herald, National Broadcasting Company (NBC), Boston Globe, Philadelphia Inquire y Latin American Herald; como así también en numerosos periódicos regionales de los Estados Unidos como Palm Beach Post (Florida), Las Vegas Sun (Nevada), Tuscaloosa News (Alabama), Charlotte News (Nueva Orleans) y otros en Kentucky, Ohio, Oregon, California, etcétera.
Por su parte, la cadena internacional británica de noticias BBC Worldnews, también informó del fallecimiento del secretario de Derechos Humanos de la Nación en su página web.
La noticia también se reflejó en la agencia de noticias Ansa, que repercute tanto en América latina como en ciudades como Beirut, Roma, Berlín, Ginebra, Viena, Singapur, Pekin, Viena, Varsovia, Johannesburgo y Atenas.
El Mercurio de Chile, El Telégrafo de Ecuador, Bolivia.com, Nicaragua Hoy, El Tiempo de Venezuela y el portal Terra en Colombia y Perú, fueron algunos de los medios latinoamericanos que reprodujeron la triste noticia.
Asimismo, es destacable la profundidad y presencia de la noticia tanto en la cadena europea de noticias Euronews, que transmite a 350 millones de hogares en 155 países en 12 idiomas (español, portugués, inglés, francés, italiano, alemán, ruso, árabe, turco, persa, ucraniano y polaco), como en la web de la Radio Internacional China (CRI). Esta última transmite las 24 horas en mandarín, coreano, inglés, ruso, francés, castellano, árabe, japonés y alemán, y programas en 61 lenguas a oyentes en 200 países.
Fernando Abal Medina: un retrato de época
Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
Documento. La nota que se reproduce a continuación fue escrita por Eduardo Luis Duhalde en la revista Militancia, publicación donde compartió la dirección con el abogado Rodolgo Ortega Peña, víctima del terrorismo de Estado de la Triple A. Un signo de época.
El 7 de septiembre de 1970 en William Morris, provincia de Buenos Aires, morían en combate Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus. Desde entonces, la militancia reconoce al 7 de septiembre como el Día del Montonero.
Cuando un revolucionario ha caído a poco de comenzar su lucha, cuando un hombre ha muerto a los 22 años de edad, hay una sola forma correcta de valorar su aporte concreto a la guerra popular. A partir de las acciones realizadas y de las instancias organizativas promovidas, rescatar lo esencial de su proyecto político. En el caso de Fernando Abal Medina, esto no sólo es perfectamente posible, sino que, los rasgos esenciales de su concepción revolucionaria tienen una absoluta vigencia, como necesidad para la Argentina de hoy.
Fernando Abal Medina, era un claro y típico exponente de un militante revolucionario en un país semicolonial. Su antidogmatismo, su heterodoxia ideológica, fruto de las distintas vertientes de su formación política, lo hacían naturalmente abierto a la comprensión de las formas específicas que los caminos de la liberación planteaban a los argentinos al fin de la década del ’60. Su formación nacionalista le había permitido la comprensión del pasado argentino y el rescate de una línea histórica de resistencia nacional representada por las montoneras del siglo XIX.
También eran claras en él la influencia de John William Cooke, al remarcar la potencialidad revolucionaria del peronismo, y de Juan García Elorrio, con el aporte del cristianismo camilista, forma de acceder al vasto mundo guevariano.
De esta amalgama ideológica, fraguada en el contacto con los sectores revolucionarios del peronismo –donde no hay que olvidar en aquel momento a la CGT A.– y sus naturales condiciones de jefe, va perfilándose el futuro conductor de Montoneros. Para una correcta caracterización del mismo, debemos señalar como rasgos distintivos de su personalidad, su audacia sin límites y su voluntarismo acendrado, que lo llevan a plantearse como posibles, acciones hasta entonces calificadas como utópicas.
Avanzando en el análisis, a partir de esta caracterización personal de Abal, podemos entonces preguntarnos cual era su proyecto político y que es lo que sobrevive del mismo, como necesidad de asunción expresa para la adopción de una clara línea por parte del campo revolucionario del peronismo.
Debemos ubicarnos en el momento político en que se da la participación activa de Fernando Abal Medina. Son los momentos de mayor vacío político consecuencia del onganiato. La combatividad popular se encuentra totalmente adormecida. La burocracia sindical, con el claro proyecto de participacionismo, hace cola en las antesalas de la casa de gobierno de la mano de San Sebastián, para entregarse en brazos de la llamada revolución argentina. Perón, aislado en Madrid, no tiene juego político, y las bases peronistas, el pueblo trabajador no encuentra forma de expresión. El peronismo se encuentra acampado a la sombra de su líder, y nada ni nadie parece encontrar el camino que revitalice las posibilidades revolucionarias.
Desde ya, que pequeños sectores del campo revolucionario, se plantean cumplir ese rol protagonice, sin que sus proyectos alcancen para transformar la realidad. La CGT A. con Ongaro a la cabeza, en tanto enmarca su acción dentro del campo limitado del sindicalismo, limita su accionar a una labor de concientización. Las F.A.P., tras su experiencia de foco rural, se replantea su metodología de lucha, sin que su concreto operar altere la siesta colonial que vive la Argentina. Posteriormente al Cordobazo, esa impensable eclosión popular, demostró el grado de combatividad latente de las masas. Ese tremendo golpe espontaneísta a las estructuras del sistema, constituyó sin lugar a dudas, una apelación a la conciencia de los revolucionarios argentinos de colocarse a la altura de las exigencias y al nivel de nuestro pueblo.
Fernando Abal Medina aceptó el desafío. Entre la posibilidad que ofrecía el movimiento peronista en su realidad institucional –de integrarse a la política de conjunto, acompañando el proyecto de la burocracia– o plantear un proyecto alternativo revolucionario, el de Perón y las bases, el del peronismo real, Fernando Abal Medina opta por este último. Poco le importó que no se ajustara al metro patrón de la ortodoxia de los mediocres, que fuera calificado de descolgado o acusado de quedar al margen del Movimiento. Así nace Montoneros. De ahí surge el ajusticiamiento de Aramburu, de allí parte La Calera.
Detengámonos un momento en el Aramburazo, en su implicancia política coyuntural, apartándonos de su enorme significación, de reivindicación popular, de acto de justicia histórica. Implicó, la transformación más radical del curso natural de los acontecimientos políticos. Fue patear el tablero, transformar la realidad en la mas pura acepción revolucionaria, a partir de una clara voluntad de incidir sobre la misma de una lucida percepción de los hechos que producían una inmediata identificación popular, que los reconocían como parte de su lucha, y de una profunda fe, en el grado de conciencia de las masas peronistas y de la correspondencia entre ese pueblo y su líder.
Ese es en esencia el proyecto político de Fernando Abal Medina, que obligadamente debemos rescatar. Sus pautas esenciales, podemos sintetizarlas en:
1. Asunción de la guerra popular.
2. Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra popular, mediante formas organizativas superiores.
3. Absoluta intransigencia con el Sistema.
4. Incansable voluntad de transformar la realidad.
5. Identificación de la burocracia, como formando parte del campo contrarrevolucionario.
6. Entronque efectivo en las luchas del pueblo.
7. Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista.
8. Caracterización del general Perón, como conductor estratégico.
9. Correcta evaluación sobre los amplios márgenes de posibilitantes de actuación dentro del movimiento peronista.
10. Decisión de luchar hasta el costo de la propia vida.
Esto es lo importante. Si Fernando no veía claro si correspondía definirse como brazo armado, foco irradiador de conciencia, u organización revolucionaria de masas. Eso hace mas a la discusión teórica posterior, que a la puesta en marcha de un proyecto político auténticamente peronista, auténticamente revolucionario.
En buena hora, los precursores, los militantes heroicos, dieron preeminencia al momento práctico, antes que a la caracterización teórica. Es lo que distingue un hecho revolucionario, de una intelectualización revolucionaria. A nuestro país, le sobran lectores de la realidad. El mandato transformador de Fernando es una exigencia ineludible.
Eduardo Luis Duhalde. Una segunda oportunidad
Año 5 Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
Por Rodoldo Mattarollo Embajador
Cuántas veces habrá dicho Eduardo Luis, después de dictaduras, exilios e indultos, ante la inesperada política de derechos humanos de Néstor Kirchner, que en el caso de nuestra generación se estaba dando eso que es tan difícil, tan infrecuente, ese a la vez privilegio y desafío de “tener una segunda oportunidad en la vida”. Quien esto decía era un emblemático abogado de los años ’70, esa década cuyas claves secretas había que buscarlas, insistía, en la profunda renovación del pensamiento político argentino operada en los años ’60.
Era al mismo tiempo un historiador, que en la elaboración de innumerables ensayos con Rodolfo Ortega Peña, si bien mostraba las limitaciones de la izquierda tradicional para comprender la “cuestión nacional”, buscaba la síntesis del enfoque nacional y popular y la perspectiva clasista en nuestra breve y cruel historia.
El secretario de Derechos Humanos del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que nos ha dejado en la mañana del 3 de abril fue artífice de esa noción de “terrorismo de Estado”, hoy objeto de un vasto consenso, según la cual la pedagogía del terror como método reorganizador de la sociedad y del Estado caracterizaba a una dictadura cívico militar de nuevo tipo establecida a partir del 24 de marzo de 1976.
Como ocurría con Rodolfo Ortega Peña podría decirse de Eduardo Luis que militar y trabajar con él era una fiesta. Cómo olvidar su falta de solemnidad, su irreverencia, su sentido del humor, su agudeza incomparable.
Su obra diversa se inscribe en la tradición no de los raros sino en la gran corriente de los revolucionarios de Argentina y de América latina. Para los que hemos trabajado con él desde hace cuarenta años, para los lectores de su último libro, titulado con síntesis casi latina Contra Mitre, los que sabemos hasta qué punto fue fiel al lema que tantas veces repetía –”A los astros por el camino áspero” (Ad astra per aspera)– tal vez encontremos una forma de expresarnos, pocas horas después de su partida, con los acentos deliberadamente neoclásicos de ese poeta que amó, porque veía su poesía triunfar sobre sus concepciones políticas, Jorge Luis Borges, quien, en el poema de homenaje a Alfonso Reyes decía –lo estoy citando de memoria desde Haití– “los dioses a algunos nos dieron el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia” y también “al impar tributemos y al diverso, las palmas y el honor de una victoria, no profanen las lágrimas el verso, que nuestro amor dedica a su memoria”.
Nuestro Simón Wiesenthal y las marcas que dejó en la Historia
Año5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
Por Ricardo Ragendorfer
rragendorfer@hotmail.com
En los ’70, Eduardo Luis Duhalde defendió a militantes de todas las organizaciones revolucionarias. Desmenuzó las claves del terrorismo de Estado. Fue elegido por Kirchner para articular su política de Memoria, Verdad y Justicia.
En el atardecer del 15 de agosto de 1972, los máximos jefes de las FAR, del ERP y Montoneros –Marcos Osatinski, Roberto Quieto, Mario Santucho, Domingo Menna, Enrique Gorriarán Merlo y Fernando Vaca Narvaja– volaban hacia la ciudad chilena de Puerto Montt en un avión secuestrado, tras la fuga del penal de Rawson. Los acompañaban cuatro guerrilleros que habían servido de apoyo externo a la evasión. Otros 19 quedaron varados en el aeropuerto de Trelew.
Para el presidente trasandino, Salvador Allende, la situación era embarazosa, dado que estaba cercado por la política del bloqueo impulsado por Estados Unidos. Debido ello, malograr las relaciones con Argentina –gobernada por el general Alejandro Lanusse– era un lujo que no se podía permitir. Lo cierto es que los guerrilleros fueron alojados en una sede policial de Santiago. Y las opciones del gobierno chileno eran acceder al pedido de extradición solicitado por la Argentina, o concederles asilo y un salvoconducto para viajar a Cuba, así como solicitaban los forzados visitantes.
En tal contexto, llegaron a Chile sus abogados, Gustavo Rocca y Eduardo Luis Duhalde. Era la noche del 22 de agosto. En ese instante trascendía que en una base naval de Trelew, esos otros 19 guerrilleros habían sido fusilados.
“La situación no pudo ser más dramática”, diría Duhalde, casi ocho lustros después, con los ojos clavados en una fotografía enmarcada sobre su escritorio.
Y prosiguió:
“Todo se resolvería de un modo sorprendente, durante un almuerzo en La Moneda con Allende y su gabinete en pleno. A los postres, él tomó la palabra: ‘Chile no es un portaaviones para que se lo utilice como base de operaciones. Chile es un país capitalista con un gobierno socialista. Y para mí todo es realmente difícil’. Rocca y yo nos hundíamos cada vez más en nuestras sillas. Allende continuó: ‘La disyuntiva es entre devolverlos o dejarlos presos’. Rocca y yo palidecimos. Entonces, Allende fundió sobre la mesa un puñetazo con la siguiente frase: ‘¡Pero este es un gobierno socialista, mierda, así que esta noche los muchachos se van a La Habana!’. Así lo dijo”.
Los ojos de Duhalde se encendieron, antes de volver a la foto enmarcada. La escena transcurría en su despacho del octavo piso del edificio de la calle 25 de Mayo al 500, desde donde comandaba la política de derechos humanos del gobierno. Allí, en aquella habitación tapizada con retratos, afiches y libros, solía matizar esa tarea con inolvidables tertulias. Ahora sus dedos recorrían dicha foto. Era una imagen agrisada con cuatro siluetas: la suya –peinado a la gomina, con bigote y sin barba–, escoltada por Quieto y Osatinsky en el Chile de aquel entonces.
Esa misma imagen había sido profusamente publicada en los medios de la época. Al igual que otra, capturada en la lluviosa mañana del 2 de agosto de 1974: Duhalde, ya con su clásica barba, despidiendo en la Chacarita a Rodolfo Ortega Peña, rodeado por una multitud con puños y dedos en V, antes de que la policía irrumpiera con estruendo. Su socio compañero y amigo había sido asesinado por la Triple A. En su entierro, fueron detenidas 214 personas. Y sus fichas, entregadas por la policía a los sicarios de la ultraderecha. Esa vieja foto también resaltaba en su oficina.
Malas compañias. Noviembre de 1999. Eduardo Luis Duhalde era juez de un tribunal oral en lo criminal. En esas circunstancias, conoció a un gobernador no muy conocido a nivel nacional; su nombre: Néstor Kirchner. Este ya sentía un creciente interés por los derechos humanos. Y Duhalde, por cierto, tenía prestigio en la materia.
A partir de la dictadura de Onganía fue –junto a Ortega Peña– defensor de presos políticos pertenecientes a todas las organizaciones revolucionarias. Desde 1973 ejerció la dirección –también con Ortega Peña– de la mítica revista Militancia. Y ya en los ochenta, tuvo un activo papel en la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), que recibió en Europa las primeras denuncias sobre la represión ilegal aplicada por militares argentinos. En paralelo escribía un libro fundamental: El Estado terrorista, en el que desnudó el hasta entonces ejercicio secreto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, aún antes de la Conadep y el Nunca Más.
Ahora Kirchner lo escuchaba con suma atención. Ambos mantenían reuniones semanales de análisis político en el bar Ópera Prima, frente a la plaza Vicente López, a la vuelta del departamento capitalino de Néstor y Cristina. Luego, a esos cónclaves se sumarían Alberto Fernández, Edgardo Depetri (actual diputado del FpV) y Dante Dovena (actual embajador en Montevideo). Con el correr del tiempo, aquel intercambio casi deportivo de ideas fue mutando en un proyecto concreto.
En febrero de 2003 –cuando ninguna encuesta le daba al futuro presidente más del 5% de intención de voto–, Duhalde lo sorprendió con un anuncio:
–Mañana presento mi renuncia como juez de Cámara.
Kirchner, entonces, quiso saber la razón. La respuesta fue:
–Porque no puedo hacer política oculto detrás de una columna.
El asunto es que a Duhalde sólo le faltaban ocho meses para jubilarse, con todos los beneficios que ello implicaba.
–Estás loco. ¿Por qué no pedís licencia?
–Mi decisión ya está tomada.
En ese instante, Kirchner encogió sus hombros, y dijo:
–Ojalá gane las elecciones, porque no quiero verte trabajar de cartonero.
Ya se sabe que el 25 de mayo de ese año, asumió la presidencia. Al día siguiente, en su flamante despacho Balcarce 50, le ofreció a Duhalde la Secretaría de Derechos Humanos. Fue el comienzo de una epopeya.
Final de cuentas. Había que verlo en acción. Como cuando, en noviembre de 2008, anunció el arresto de un antiguo –y, hasta entonces, desconocido– jerarca del Batallón 601. Su captura había sido fruto de una minuciosa investigación efectuada por un equipo del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría. Lo cierto es que de él sólo se conocía su nombre de cobertura: Contreras. Y que había oficiado de enlace entre el Batallón 601 y la embajada de Estados Unidos. En resumidas cuentas, el cruce de documentos norteamericanos y los datos obrantes en un legajo militar condujeron hacia el señor Julio Cirino, quien se había reciclado en respetable conferencista sobre temas de Defensa. Desde aquel momento, el tipo está tras las rejas. Duhalde, en persona, supervisó esa pesquisa. Es que, en paralelo a sus funciones políticas, jurídicas y protocolares, se dedicaba con sumo deleite a semejantes menesteres.
No es exagerado decir que aquel hombre llegó a ser nuestro Simón Wiesenthal. De hecho, él no ocultaba su admiración por el viejo arquitecto vienés que dedicó su vida a localizar e identificar a criminales de guerra nazis que se encontraban fugitivos, para así llevarlos a la Justicia.
La parábola de su existencia había cobrado forma. Durante gran parte de sus años, el Doctor, el Viejo o, simplemente, Eduardo Luis, tal como lo llamaban sus colaboradores, había defendido a las víctimas de la represión. Ahora cazaba represores. Y con una cintura encomiable. No sólo era un teórico de los mecanismos del terrorismo de Estado sino que, además, poseía un profundo conocimiento de sus estructuras y hacedores; un conocimiento empírico, casi callejero. Tanto es así que dicha temática está volcada en buena parte de sus 24 libros.
Tal vez, la mejor representación simbólica del encono que Duhalde despertaba en las capas jurásicas de la sociedad sea el rostro desquisiado de Cecilia Pando dispensándole morisquetas amenazantes en un tribunal de Corrientes, luego de las condenas a cuatro ex jefes militares.
Motivos no faltan. En cifras globales, hay actualmente 862 represores bajo proceso y 280 ya condenados. Casi 600 permanecen bajo arresto.
Además, durante su paso por la Secretaría se dispuso la presentación del Estado como querellante en los juicios, se consolidó el Consejo Federal de Derechos Humanos, fueron ampliadas las políticas reparatorias para víctimas, se señalizaron unos 550 centros clandestinos, fueron organizadas unas 20 unidades de investigación sobre el terrorismo de Estado, fue fundado el Observatorio de Derechos Humanos en ocho provincias y se impuso el Plan Nacional contra la Discriminación, entre otros logros. Su última gran batalla fue haber encabezado la redacción de la querella del Estado en la causa por la apropiación de Papel Prensa.
Ahora que no está entre nosotros, pienso que haber dado unos pasos junto a él fue para mí un maravilloso privilegio.
Fuente:MiradasalSur
08.04.2012
Prácticas históricas del diario Clarín (I) - Artículo publicado el 21 de noviembre de 2011
Roberto Noble, el vocero del poder militar ilegal en tiempos de Frondizi
Las prácticas del terrorismo de Estado no comenzaron en 1976, sino en el año 1955.
Por: Eduardo Luis Duhalde
El 6 de junio de 1960, el ministro del Interior Alfredo Vítolo envía este Memorando urgente al presidente Frondizi, que se conserva en el Archivo de este último, actualmente fondo de la Biblioteca Nacional:
“Señor Presidente: Hace alrededor de media hora me llamó el Dr. Noble. Pensaba hablar con Vd. para pedirle que en algún momento conversaran; no obstante, dada la premura de los acontecimientos, me encargó que con la mayor urgencia le trasmitiera su opinión sobre la actual situación: Me dijo textualmente: “Dígale al presidente que, como gran amigo que es, soy de opinión que debe intervenir Córdoba con la media sanción de la ley por parte de Senadores” (subrayado en el original). Le contesté: “No conozco ningún precedente”.
Me volvió a repetir: Hay momentos históricos en que los precedentes deben crearse. El Senado representa a las Provincias, y ahí ya obtuvo los dos tercios. En Diputados va a ver demora por el pase a Comisión y existiría el peligro de que no salga. EL PRESIDENTE DEBE VIAJAR A EUROPA EL LUNES Y A ESA FECHA CORDOBA DEBE ESTAR INTERVENIDA. (subrayado, idem). Me reiteró que se lo trasmitiera urgente. Que si Vd. adoptaba esa posición, él con su diario, se encargaba de la opinión pública general y lo apoyaría en todos los órdenes. Pero que lo haga. El carácter de este mensaje ha sido la causa de mi insistencia en que se lo hiciesen llegar en el acto”.
En pocas palabras: Roberto Noble instaba al presidente de la Nación a violar groseramente la Constitución Nacional, sin la pertinente Ley de Intervención Federal a la provincia de Córdoba, aprobada por ambas Cámaras del Congreso Nacional, y como “pago” de su obligante consejo imperativo, le aseguraba la manipulación de la opinión pública y el apoyo del diario Clarín de allí en más. El mensaje mafioso, por cierto que no era una ocurrencia personal de Noble, ya que formaba parte de la política destituyente del gobierno civil, ligada a los peores sectores del golpismo terrorista de 1955 en adelante.
Hagamos un poco de memoria histórica: El 16 de febrero de 1960 visitaban Córdoba el ministro de Economía Álvaro Alsogaray y el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher. Ese mismo día explotaban los depósitos de nafta que la empresa estadounidense Shell-Mex tenía en barrio San Fernando, en cercanías del ramal ferroviario tendido hacia Malagueño. La cifra de muertos fue de 15 personas y hubo una veintena de heridos. La conmoción nacional fue muy grande. Toda la prensa lo calificó como “un atentado terrorista”. Nunca se probó siquiera que fuera un atentado y no un accidente técnico.
Finalmente, los que estuvieron presos por el hecho, tras 19 meses de torturas y de encierro, fueron sobreseídos y no hubo ninguna persona condenada por su eventual autoría. Frente a “la voladura de la Shell-Mex”, el Ejército tomó las riendas del caso por encima de los poderes constitucionales de la República. Fue el prefacio de la caída del gobernador electo en 1958, Arturo Zanichelli –de la Unión Cívica Radical Intransigente– y de la intervención federal a los tres poderes de la provincia. Ya por entonces, el presidente Arturo Frondizi mostraba una abierta claudicación de los principios republicanos y cedía a las presiones de los cotidianos planteos militares, autorizándoles la represión a civiles en virtud del Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes).
En virtud de del Plan Conintes y frente al suceso de Córdoba, se creó un Consejo de Guerra Especial y se puso en vigencia la “pena de muerte” y el establecimiento de “zonas militares”, justificadas para “tiempos de guerra”. El Consejo era presidido por el siniestro coronel Juan Carlos Sánchez, quien diez años después, ascendido a general, sembró de terror y muerte el II Cuerpo de Ejército en la dictadura de Lanusse, hasta que murió en un atentado guerrillero en 1972, en Rosario.
Integraba también el Consejo de Guerra, el entonces capitán José Antonio Vaquero, quien posteriormente llegaría a general, siendo uno de los jefes más feroces del Estado Terrorista a partir de 1976. Paralelamente, los militares detuvieron a los máximos dirigentes del peronismo cordobés, entre ellos, Raúl Bercovich Rodríguez, Armando Andruet y Julio Antún; también se allanó el domicilio del ex gobernador radical Santiago del Castillo.
Asimismo, se detuvo a numerosos dirigentes sindicales que nada tenían que ver con el presunto atentado. En 1958, el coronel Juan Carlos Sánchez había acusado a Zanichelli –en un informe presentado al Comando en Jefe del Ejército– de “promover la formación de milicias civiles adictas, integradas por peronistas e izquierdistas”. En marzo de 1959, un informe de la inteligencia militar que el comandante en jefe del Ejército entregó al presidente Arturo Frondizi –conocido como Informe Conintes o Informe Landa–, reiteraba la acusación.
Por ello, los partidarios del gobernador de Córdoba tenían otra hipótesis sobre la voladura de la Shell: era una operación militar destinada a derribar a Zanichelli. Al respecto, el diputado provincial Héctor González advertía en una sesión legislativa de entonces: “Los servicios de información secreta del Ejército, el famoso Side y otros más (…) se han convertido en organismos judiciales y fiscales al margen de la Constitución, y entran en el terreno político. Aceptar que los informes de organismos del Ejército puedan servir para enjuiciar a un gobierno civil sería dar validez a lo que podríamos llamar nuevo tipo de golpe de Estado”.
El 12 de mayo de 1960, el comunicado número tres del Comando en Jefe del Ejército, firmado por Federico Toranzo Montero –ampliamente difundido por los medios–, no sólo acusaba a Zanichelli de complicidad, sino que lo responsabilizaba de “organizar y armar grupos terroristas”.
El conservador Partido Demócrata y el Partido Cívico Independiente (que respondía a Alsogaray) también responsabilizaron al propio gobernador en sintonía con la acusación militar. El entonces juez de Instrucción Héctor A. Gilly ordenó la detención de los presuntos autores, y los imputó por asociación ilícita. Estos ocho imputados eran militantes de la inorgánica “resistencia peronista”, entre ellos el “Coco” Pedrotti, un conocido activista del nacionalismo peronista al que le imputaban la jefatura del grupo. El 22 de abril de 1960, el coronel Sánchez solicitó por nota al juez Gilly la entrega de los detenidos, sin aclarar por cuánto tiempo ni dónde los alojaría.
Así, este rechazó el requerimiento afirmando que en tales condiciones “la negativa es, pues, inevitable”. Sánchez, no admitió la “insolente” respuesta del juez de la constitución, y dos días después, envió los comandos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas, al mando del mayor Manuel H. Pomar, a la Cárcel de Encausados y los sustrajo por la fuerza. (Pomar, con el grado de capitán, a los 27 años había participado en los combates librados en Córdoba durante la Revolución Libertadora, y luego con su tropa de élite, conocida como “los perros de Pomar” se dedicó a allanar casas de militantes peronistas, detenerlos ilegalmente y someterlos a todo tipo de vejámenes. Se retiró como general de Brigada, pero fue convocado luego, por el Estado Terrorista en 1981 y se desempeñó como director de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).
De inmediato, el juez de Instrucción puso en conocimiento del hecho al Tribunal Superior de Justicia, presidido por Antonio de la Rúa (padre de Fernando de la Rúa). El máximo tribunal emitió, entonces, una histórica acordada el 26 de abril de 1960, mediante la cual respaldó en forma categórica la jurisdicción del juez civil para entender en la cuestión de las actividades subversivas, no obstante la vigencia del Decreto 2639/60, del Poder Ejecutivo Nacional, que se la confería a las autoridades militares, por el plan Conintes.
Entre otras cosas, sostuvo el Tribunal Superior:
“Que durante la vigencia del estado de sitio el gobierno federal no puede interferir por sí o por intermedio de autoridad que le esté subordinada, el normal ejercicio del Poder Judicial de la provincia que en el presente caso, el ejercicio legítimo de la jurisdicción de un juez local ha sido interferido por la autoridad militar.
Que el acto cumplido implica prácticamente el más terminante arrogamiento de jurisdicción y el total desconocimiento de la del juez de la provincia al margen del debido procedimiento legal, con la consecuencia inadmisible de la más drástica intervención militar en la vida civil local (...) que a este Tribunal le corresponde velar por los fueros de la jurisdicción local y promover su defensa por la vía constitucional.”
El integrante del Tribunal Superior, Esteban Gorriti, pronunció la frase más contundente: “Sólo una mente trasnochada pudo haber creído que en estos tribunales encontraría furrieles en lugar de magistrados”.
Remitida de urgencia la causa a la Corte Suprema, ésta dio la razón al Tribunal Superior el 29 de abril y ordenó al juez militar la restitución de los detenidos al juez civil, dentro del plazo de tres días.
Frondizi, para congraciarse con el poder militar, intervino las cárceles del Servicio Penitenciario Nacional y se las entregó a las FF AA (al conocido represor Toranzo Montero). A partir de allí, los presos políticos en Córdoba eran “prestados” al Consejo de Guerra Permanente que funcionaba en la calle 27 de abril esquina Mariano Moreno, donde eran torturados y sometidos a continuos interrogatorios para que “confesaran”.
Los militares no se conformaron con ello, inflamados sus ánimos por la desautorización infligida por el sistema judicial, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas exigió al presidente Arturo Frondizi la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Córdoba, aduciendo que el gobierno de Arturo Zanichelli era incapaz de enfrentar la amenaza terrorista, por las buenas relaciones que mantenía con la proscripta dirigencia peronista.
Frente al peligro cierto de ser él mismo derrocado en caso de no acceder, Frondizi cedió, una vez más, a la presión militar y envió al Congreso el proyecto de ley de intervención contra su amigo Zanichelli, el que aprobado por el Senado, era resistido por parte de los diputados oficialistas, sospechando los conspiradores cívico-militares –entre ellos Roberto Noble– que en esa resistencia podía estar la propia mano de Frondizi. Es allí que se produce el chantaje gansteril del director del diario Clarín, obligando al presidente de la República a ceder a la exigencia militar: la intervención federal a Córdoba fue aprobada de inmediato, tras un áspero debate en la Cámara de Diputados.
Apenas nueve días después de la carta de Noble, asumía la intervención provincial un hombre del establishment: Juan Francisco de Larrechea, ligado a Álvaro Alsogaray. (Luego de realizar la tarea sucia de la intervención, Larrechea fue premiado con la presidencia del Banco Industrial de la República Argentina).
Si los presos por el “atentado”, hubieran conocido el papel jugado por la prensa canalla bajo la batuta de Roberto Noble, hubieran entendido las palabras del juez de instrucción Héctor Gilly, cuando aquellos le expresaron que querían ir de inmediato a juicio oral: “no podemos llevarlos a juicio, porque la gente vendrá a ver un juicio instalado por los medios y el mismo no estará referido al hecho publicitado (sic)”.
Veinte meses después, sería depuesto el propio presidente Frondizi. Ya ese día Clarín lo había abandonado a su suerte.
Fuente:TiempoArgentino
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