El debate reúne tres causas de delitos de lesa humanidad, en perjuicio de 30 víctimas.
En base a “las conclusiones de los expertos y las propias observaciones efectuadas en la audiencia de visu en Rosario”, el Tribunal Oral Federal de Paraná definió que Ramón Genaro Díaz Bessone “no está en condiciones psíquicas de estar en juicio”, por lo que ordenó su separación del proceso y la suspensión del debate en su contra por delitos de lesa humanidad. Para los magistrados, quedó acreditado que el represor “no posee aptitud para afrontar en plenario una intervención activa y efectiva en ejercicio del derecho de defensa”, ni “puede tomar decisiones acerca de su comportamiento” durante las audiencias. “Puede afirmarse que ha sobrevenido la incapacidad mental del imputado, por lo que corresponde hacer lugar a lo peticionado por su defensor técnico (Mario Franchi), con fundamento en el artículo 77 del Código Penal Procesal”, se arguyó. Frente a la decisión del cuerpo, el abogado querellante Rubén Pagliotto adelantó que interpondrán un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Además, precisó ANALISIS DIGITAL que solicitarán que se dé efecto suspensivo al recurso, es decir, que la continuidad del debate estaría supeditada a la resolución del planteo.
Las últimas jornadas del juicio oral por los delitos de privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas y tormentos, estuvieron signadas por las expectativas en torno a la situación procesal de Díaz Bessone. La defensa del imputado había solicitado la suspensión del proceso alegando que el represor ha sufrido un grave deterioro físico y mental.
Ante este planteo, el Tribunal resolvió servirse de diferentes elementos de prueba, entre ellos la realización de una evaluación médica en la casa del genocida en Rosario, además de pedir el testimonio de expertos de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, este miércoles comunicó que Díaz Bessone será separado de la causa y suspendido su procesamiento.
“Desde ya que nosotros no compartimos esta decisión, porque entendemos que es una decisión ligera, que no se ha adecuado a ningún estándar científico”, asentó Pagliotto, al término de audiencia. En esa línea, recordó que durante la audiencia de visu en Rosario, “el Tribunal se encargó en varias oportunidades de aclarar que no había ido a resolver la cuestión del artículo 77, sino que fue directamente a resolver si Díaz Bessone podía o no físicamente” estar en el juicio. “El Tribunal ya había decidió que el imputado tenía aptitud para comprender los hechos”, recalcó.
“Ahora uno se encuentra con la sorpresa de que el Tribunal directamente ha entendido que el imputado carecería de aptitud y por lo tanto ha decidido separarlo del juicio”, cuestionó el abogado querellante. Y adelantó que, “dentro de los diez días hábiles, se interpondrá formalmente el recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, por entender que hay agravios para que se revise la cuestión”.
Asimsimo, estimó que solicitarán que mientras se sustancia el reclamo se le dé efecto suspensivo. “Sino vamos a estar resolviendo la cuestión respecto de Díaz Bessone y paralelamente seguiría el juicio a los ocho imputados restantes, lo cual generaría más ruido y confusión, en este de por sí complejo y retrasado proceso”, explicó.
Qué argumentó el Tribunal
En la resolución del cuerpo se realiza un repaso por las pericias médicas llevadas a cabo al represor desde que sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) el 29 de octubre de 2011. Menciona su estado de salud física y las condiciones psiquiátrico-psicológicas en las que se encuentra.
“Al examen practicado el 1º de marzo de 2012, se presenta hipolúcido, desorientado respecto del tiempo y parcialmente respecto del espacio y persona, con aspecto depresivo, con disminución marcada en la capacidad de atención y concentración”, se apunta en el escrito. Concluyendo los expertos oficiales que “presenta un deterioro cognitivo de grado moderado y un síndrome depresivo que debilitan su psiquismo, en razón de lo cual ‘no se encuentra en condiciones de estar en juicio’”.
En tanto, en el informe complementario efectuado por los peritos de la querella, se destaca que “el desinterés, la inercia y el agotamiento de la voluntad que presenta Díaz Bessone ‘se relaciona con un estado hipobúlico, que si bien impacta en toda su estructura subjetiva, no afecta su capacidad de comprender y percibir’”. Por ello, se esgrimió que el imputado puede seguir el debate desde “su ámbito domiciliario”.
Luego de referirse a literatura sobre la materia, el Tribunal consideró que “ha sobrevenido la incapacidad mental” de quien fuera comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. En consecuencia, dio lugar al planteo de la defensa técnica, separando al acusado del juicio y suspendiendo el procesamiento.
“Toda la cuestión procesal aquí debatida guarda relación directa con el principio constitucional de dignidad de la persona, que no admite la cosificación del ser humano y rechaza su consideración en cualquier forma que no sea como persona”, fundamentó el cuerpo sobre el final del documento.
De esta forma, la causa seguirá respecto de los procesados Albano Harguindeguy (ex ministro del Interior de la dictadura); Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los cuatro del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Pérez (Policía de Entre Ríos).
El debate se reanudará el 11 de abril, desde la 10.30.
Los hechos que se investigan
En la causa se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay durante el Terrorismo de Estado.
En Concordia, las víctimas de los hechos fueron: Sixto Francisco Salazar, Julio Alberto Solaga y Juan José Durantini. Tanto Salazar como Solaga continúan desaparecidos. El centro clandestino de detención funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería. Los imputados son Albano Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Naldo Miguel Dasso.
Son víctimas de los hechos que se investigan en Concepción del Uruguay: Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).
Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.
Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.
Por delitos de lesa humanidad los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Juan Miguel Valentino, Francisco Crescenso y Julio César Rodríguez.
En tanto, son víctimas de los hechos que se investigan en Gualeguaychú: Oscar Alfredo Dezorzi, Norma Beatriz González, Víctor Carlos Ingold, Héctor Rodríguez, Félix Donato Román, Enrique Roberto Zapata, Emilio Raúl Martinez Garbino y Jaime Gustavo Martinez Garbino.
En esta causa los imputados son Harguindeguy, Díaz Bessone, Valentino, Dasso, Santiago Kelly Del Moral, Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez.
Foto: Mesa Juicio y Castigo Entre Ríos
FuentedeOrigen:AnalisisDigital
Fuente:Agndh
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