Scioli 2015
El juez Rafecas careó a dos hombres de estrecha relación con Scioli, en un giro de la causa Boldt-Ciccone que reveló un denso trasfondo. Las cargas de demolición contra Boudou, la mesa de Alberto Fernández, Mario Montoto y Héctor Magnetto en el Hotel Faena y su relación con el proyecto Scioli 2015. El juego en el principal distrito del país y sus ramificaciones políticas. Un suboficial y traficante de armas carapintada que estuvo en el lugar del atentado a la AMIA en 1994.
El gobernador Daniel Scioli.
Dos hombres de estrecha relación con el gobernador bonaerense Daniel Scioli fueron careados por el juez federal Daniel Rafecas en un giro tan asombroso como inadvertido del escándalo Boldt-Ciccone, cuya atención mediática se concentra en el vicepresidente Amado Boudou. Ellos son Guillermo Enrique Gabella, accionista y director de la empresa Boldt, que desde hace dos décadas explota por contratación directa el juego en la provincia de Buenos Aires, y Lautaro Mauro, uno de los funcionarios de la secretaría privada de Scioli. El careo sucedió a las declaraciones contradictorias de ambos acerca de una reunión entre Gabella y el amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona. Mauro fue el intermediario que los presentó, el 22 de octubre de 2010. Según Gabella, la reunión la pidió Núñez Carmona para exigirle que Boldt terminara antes de tiempo el alquiler de las maquinarias de Ciccone Calcográfica, que el juez de la quiebra, Javier Cosentino, había firmado en agosto, y se las entregara a la nueva Compañía de Valores Sudamericana. En cambio Mauro dijo que fue Gabella quien le solicitó el contacto con Núñez Carmona, para tramitar el cobro de deudas del Estado con Boldt por la impresión de las planillas del censo de ese año. Según Gabella, se sintió apretado por Núñez, quien le dijo que si no aceptaba le mandarían la AFIP. Sin embargo, pocos días después envió una felicitación de cumpleaños a su presunto apretador. Luego del careo, Núñez Carmona denunció a Gabella por falso testimonio. Las repercusiones políticas de las denuncias contra Boudou son ostensibles. En cambio, la relación de Scioli con el tema recién comienza a hacerse evidente en los últimos días. En el trasfondo está la candidatura presidencial para 2015 y el financiamiento originado en la explotación del juego, un negocio que según el presidente del bloque de diputados provinciales del ARI-Coalición Cívica, Walter Martello, produce una recaudación de 12.000 millones de pesos al año. (http://www.wmartello.com.ar/neoprensa/2012_03_28_investigacion%20boldt.htm). El pedido de informes que presentaron los diputados José Ottavis (de La Cámpora y vicepresidente de la Cámara) y Juan de Jesús (un amigo de Boudou que preside el bloque del Frente para la Victoria), fue apoyado por una amplia mayoría, ya que al bloque oficialista se sumó la oposición. El texto de Ottavis y De Jesús está inspirado en los pedidos previos de Martello quien propone que la solicitud de información “se extienda a otras empresas y actores como Cristóbal López, Codere, Angelici, Carlo Gallo, Luis Alberto Peluso, entre otros”. Dentro del partido del gobierno hay sectores que verían con buenos ojos la penetración de Cristóbal López en el feudo de Boldt, pero otros consideran que eso contaminaría el sistema político con una lucha facciosa por un negocio poco edificante. Cerca de la presidente CFK comienzan a considerarse alternativas. La de prohibir el juego sólo redundaría en una nueva oportunidad para la recaudación clandestina de la policía, por lo que podría ganar espacio la estatización de todo tipo de apuestas. Esto afirmaría también la continuidad de la presidente con la gestión de Néstor Kirchner en las cuestiones centrales pero con un perfil propio. Con más poder del que tuvo nunca Kirchner, podría liberarse también de relaciones incómodas, como han aprendido en estos meses Papá y Baby Esquenazi, por un lado, y Rudi Ulloa, por otro.
La gabela de Scioli
La relación de Scioli con el principal directivo de Boldt tiene no menos de quince años. Así lo demuestra un documento que viejos empleados del Congreso encontraron en los archivos: el legajo 711894 indica que el abogado Guillermo Enrique Gabella, nacido el 7 de octubre de 1966, ingresó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 1997, el mismo día en que asumió su primer mandato como diputado Daniel Scioli. Lo hizo como asesor con la categoría 003, la tercera jerarquía entre catorce. El legajo también indica que la incorporación de Gabella fue solicitada por Scioli, quien lo asignó a la Comisión de Deportes, que el navegante a motor presidía. Destino 90 significa Bloque Justicialista y subdestino 43 corresponde al diputado Scioli. En los tres años previos, Gabella había sido empleado de la Municipalidad de Buenos Aires, gobernada por delegados del presidente Carlos Menem. Tanto él como Mauro formaron parte del grupo político que en 1997 respaldó el lanzamiento de Scioli como candidato a diputado nacional y más tarde lo acompañó en su emigración a la provincia de Buenos Aires. Gabella admitió que conocía a Mauro de aquella militancia común. Cuatro años antes de aquella primera elección de Scioli, Boldt había iniciado la explotación del juego en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Eduardo Duhalde. Esos contratos, sin licitación, se extendieron durante las sucesivas gobernaciones posteriores. Felipe Solá aumentó el canon que paga la empresa del 30 al 34 por ciento, sin dar intervención a la Legislatura. El principal ministro de su gabinete en aquel momento era Florencio Randazzo, por lo cual ha sido sindicado como fuente en las filtraciones contra Boudou, algo que el ministro del Interior niega. Gabella ingresó como empleado a Boldt en 2006, el año en que Kirchner impulsó la candidatura de Scioli a la gobernación bonaerense. No es el hombre de Boldt que se relaciona con el gobernador Scioli, sino el asesor de Scioli que deviene director y accionista de la empresa luego del ascenso de su empleador a la Casa de Gobierno provincial, en 2007. La diferencia no es menor. Que Mauro lo haya desmentido en el careo abre un abanico de interpretaciones. Todas remiten al desconcierto y las contradicciones que la luz pública infunde a todos los actores de esta trama secreta. Ni siquiera es seguro el destino de Gabella en Boldt, cuyo presidente Antonio Tabanelli teme que los ostensibles vínculos de su operador con los principales medios y con Scioli terminen afectando sus negocios, que es lo que de verdad le importa.
La mesa del miércoles
Lo que está en juego no es menos nítido: la candidatura presidencial en 2015. Scioli es el instrumento escogido de quienes no desean ninguna forma de continuidad del proceso político que encabeza CFK. Integran esa lista el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y el traficante de armamentos y parafernalia de seguridad Mario Montoto. La decisión que los tres tomaron de mostrarse juntos en un lugar público tan evidente como el Hotel Faena de Puerto Madero, durante un almuerzo hace un mes, transmite de por sí un mensaje político. El ausente/presente en esa mesa fue el jefe del gobierno bonaerense, con el que Montoto mantiene negocios políticos y comerciales. Fernández impulsa como candidato presidencial a Scioli, quien cuenta con la protección mediática de Magnetto, de modo que nunca nada lo roce. Cada uno tiene sus propios motivos. Resentido con la presidente a la que no pudo conducir a una capitulación ante el desafío agromediático de 2008, Fernández es un operador político en busca de candidato. Prototipo del operador sin votos propios, como lo fueron Enrique Nosiglia en la UCR y José Manzano en el justicialismo, necesita de un líder con aptitud electoral dispuesto a aceptar su consejo. Hace pocos días este Sancho sin Quijote anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Scioli, durante una entrevista en una radio de La Plata. Fernández participó junto con Kirchner en la selección de, Julio Cobos como candidato a la vicepresidencia en 2007, por lo que Cristina nunca les ahorró recriminaciones. Ahora insiste en que “la responsabilidad directa es de la Presidenta” ya que “esta vez no está Kirchner para echarle la culpa a quién le puso el vicepresidente”. Antes del propio Boudou, nadie había identificado con tanta claridad el blanco sobre el que Clarín dispara. La actitud de Magnetto no requiere de mayor explicación, frente a un gobierno que lo ha acusado como partícipe en crímenes de lesa humanidad contra los miembros del grupo Graiver durante la última dictadura. Hoy lucha por su libertad. En el libro Argenleaks, el periodista Santiago O’Donnell dedica un capítulo a Montoto que, en realidad gira en torno de Scioli, a quien según la embajada estadounidense, lo asesora en cuestiones de seguridad. Dos cables diplomáticos de Earl Anthony Wayne relatan sendas comidas con ambos. En la primera, en mayo de 2007, el aún vicepresidente Scioli se comprometió a apoyar el proyecto de ley de represión al Financiamiento del Terrorismo, que interesaba a la embajada. Durante la segunda, en abril de 2008, Montoto instó a Scioli en presencia del embajador a usar mano más dura en la provincia de Buenos Aires según el modelo de la policía militarizada de Río de Janeiro. Montoto provee artículos de seguridad a diversos municipios bonaerenses, pero no ha encontrado receptividad en el gobierno nacional.
Dos semanas después
Al anunciar que Boudou sería su acompañante, Cristina reveló que él fue quien en 2008 le sugirió la estatización del sistema previsional, entregado a los grandes bancos quince años antes. Al decir que “necesito a mi lado alguien que no les tenga miedo a las corporaciones”, preanunció la profundización del rumbo en su segundo mandato, tal como ocurre ahora con la reforma de la carta orgánica del Banco Central y la inminente recuperación de la soberanía energética. Treinta y cinco días después de las elecciones primarias en que Cristina y Boudou superaron el 50 por ciento de los votos, Clarín publicó la primera nota de la saga, titulada “Boudou y Moreno, detrás del cambio de manos en una megaimpresora”, en la que ya estaban contenidos buena parte de los elementos que se desplegarían en el semestre siguiente. Sólo pasaron dos semanas desde los comicios del 23 de octubre de 2011, en que se impusieron con casi 40 puntos de ventaja sobre los perseguidores más cercanos antes de que Clarín mencionara por primera vez a Alejandro Paul Vandenbroele y a The Old Fund. Su fuente fue la denuncia de “un particular, Jorge Pacífico”, quien dijo que tomó conocimiento de delitos de acción pública, por una conversación en un café entre hombres que no vio porque estaba de espaldas. Pero les escuchó decir que The Old Fund “resulta ser una pantalla de la familia Ciccone” y de una persona “políticamente expuesta, alto funcionario del Gobierno Nacional, para recuperar la empresa antes fallida” (ver “Pintura de camuflaje”). En octubre de 2011 el kirchnerismo obtuvo también una cómoda mayoría en ambas cámaras del Congreso. Si repitiera en 2013 esos resultados, rondaría los dos tercios de la Asamblea Legislativa, que le permitirían habilitar una tercera candidatura de CFK. De lo contrario, el gobierno debería pensar en alternativas. Una de ellas es Boudou: su ausencia de militancia previa en el justicialismo, su falta de cualquier estructura territorial u organizativa de apoyo y el hecho de que como miembro del Poder Ejecutivo podría aspirar a un solo mandato presidencial, lo tornan el único hipotético candidato en torno del cual no podría armarse un nuevo proyecto político distinto del kirchnerismo. Anular esa hipótesis es vital para el proyecto Scioli 2015.
De manual
Por Horacio Verbitsky
La legitimidad de la investigación periodística sobre presuntos hechos de corrupción es una de las veinte verdades de la democracia, lo mismo que la subsecuente actuación judicial. Lo notable es que siete meses después de abierto el caso, no hayan mermado la frecuencia ni el tono de las notas de Clarín y, con más rigor profesional, La Nación. Boudou sigue siendo el tema preferido de las tapas del duopolio, pese a que el material no pasa del reciclaje de lo ya dicho en ediciones anteriores, más detalles laterales que no aportan nada significativo. Es una tarea instructiva para escuelas de comunicación la lectura crítica de la cobertura tenaz de Clarín que mezcla afirmaciones editoriales con datos del expediente para anticipar una culpabilidad de Boudou que la Justicia no ha declarado. La ministra de Seguridad Nilda Garré dijo que respetaba a Rafecas, lo cual dista de ser una apreciación solitaria, pero informó que los gendarmes que acompañaron a la fiscalía hasta el departamento que Boudou le alquila a un socio español de Vandenbroele ignoraron hasta llegar que se trataría de un allanamiento y en qué dirección. Sin embargo, la comitiva era esperada por un fotógrafo del Grupo Clarín, cuya radio Mitre había anticipado el día anterior que un episodio de esas características era inminente. Cuando los gendarmes preguntaron qué hacía allí ese fotógrafo, los porteros dijeron que estaba desde la noche anterior. La portada de la edición electrónica del diario informó que se había allanado “la casa de Boudou” y la crónica correspondiente dio a entender que Vandenbroele abonaba las expensas del departamento en el que vive Boudou. El vicepresidente y el resto del gobierno aplicaron durante demasiado tiempo las recetas del manual kirchnerista con la prensa, con la discutible idea de no amplificar operaciones insustanciales: no sabe/no contesta. Esta conducta dio lugar a equívocos y privó al gobierno de exponer con claridad las razones de Estado en torno del caso. Nunca se pensó acuñar billetes en las instalaciones de Ciccone, ya que el corte de las planchas y la numeración de cada unidad sólo se harán en Casa de Moneda, que tomaría el control operativo de la planta alquilada. Pero durante los meses que pasaron antes de que se explicara este procedimiento, la práctica inobjetable de enviar papel, tinta y técnicos del Banco Central a Ciccone para efectuar pruebas, algo necesario sea quien sea el operador de la planta, se instaló como demostración de algo turbio o irregular. Tampoco se informó hasta la primera declaración de Boudou a este diario por qué era importante que la principal imprenta de seguridad del país reforzara la capacidad de producción de Casa de Moneda, sin necesidad de recurrir a la importación de billetes, como ocurrió el verano anterior, con los problemas de seguridad y de soberanía que esto implica. Ni siquiera se difundieron las razones por las cuales la Casa de Moneda se negó a contratar ese servicio con Boldt en agosto de 2010, cuando el juez Cosentino le alquiló la planta a los Tabanelli y Gabella, quienes mejoraron la oferta del ente estatal: ese título de alquiler era precario y no había certeza sobre su duración, Boldt no aseguraba cantidad y plazo de impresión y además acercaría el material inflamable del papel moneda a la llama del juego. A casi dos años de distancia podría señalarse que la expropiación de las maquinarias hubiera sido un camino más recto hacia el objetivo estatal. Pero 2010 fue el año en que el Grupo Ahhh... usó su mayoría legislativa con el propósito de hundir al gobierno, que no hubiera conseguido la declaración de utilidad pública de las maquinas de Ciccone. La diversidad de dependencias oficiales que emitieron opiniones, dictámenes o resoluciones favorables a la normalización de la quiebra de Ciccone confirma la existencia de un interés estatal, no personal ni espurio. Pero nadie se animó a decirlo.
Un juez comunicativo
Por Horacio Verbitsky
Los modos de la conferencia de prensa de Boudou levantaron ronchas corporativas en todos los gremios aludidos. Sin embargo, las genéricas declaraciones de respaldo a magistrados y periodistas no refutaron ninguno de los graves señalamientos del vicepresidente. Más allá del lenguaje anacrónico sobre mafias y esbirros, la idea de que Rafecas forme parte de una conspiración dirigida por Magnetto no es congruente con la solicitud de juicio político en su contra que el CEO del Grupo Clarín presentó en el Consejo de la Magistratura, cuando Rafecas consideró que la transferencia de las acciones de Papel Prensa era inescindible de los crímenes de lesa humanidad contra los miembros del Grupo Graiver. Su desempeño ha sido encomiado en causas tan diversas como la investigación por las coimas del ex presidente Fernando de la Rúa a numerosos senadores, los crímenes cometidos en los campos clandestinos de Concentración de la Zona I de Seguridad o la ocupación del Club Albariños. Es además autor de un estimable libro sobre el entramado institucional que condujo al Holocausto durante el régimen nazi. Consultado para esta nota, Rafecas negó haber filtrado información a la prensa pero no mencionó ningún posible correctivo al fiscal, en su carácter de juez de garantías, violadas en forma tan flagrante. El juez admitió el envío de sendos mensajes de texto al abogado de José Núñez Carmona, Nachito Danuzzo Iturraspe, y al periodista Gustavo Sylvestre. A ambos les sugirió que difundieran una nota de Boudou a la AFIP, en la que el entonces ministro de Economía opinó que el ente recaudador debía responder a la solicitud de un plan de pagos de Ciccone en el marco de sus competencias y sin merma de la recaudación fiscal. “Como enseña Zaffaroni, a los lobbystas hay que recibirlos y escucharlos, pero luego el juez toma las decisiones que le parecen correctas. Respecto de Sylvestre, tenemos una relación cordial y con frecuencia nos comunicamos”, dijo Rafecas. Boudou entiende que esa nota demuestra que no hizo gestiones indebidas, pero Clarín tituló que probaba lo contrario. El Grupo Clarín negó todas las acusaciones de Boudou en un comunicado. El Procurador General Esteban Righi regresará mañana al país luego de pasar el fin de semana largo en Nueva York, no se propone hacer ninguna declaración sobre el tema porque “no soy Redrado ni Alberto Fernández”. Adelmo Gabbi también regresará mañana de Punta del Este para analizar una respuesta. Cuando la polvareda de palabras se asiente tal vez puedan considerarse las serias implicancias institucionales de las palabras de Boudou, que fueron aprobadas por CFK antes y después de la conferencia de prensa.
Pintura de camuflaje
Por Horacio Verbitsky
Al presentar por primera vez a The Old Fund y a Alejandro Vandernbroele, en noviembre de 2011, Clarín mencionó una actuación judicial por denuncia de “un ciudadano común”. El denunciante espontáneo es un ciudadano aún menos común que el minero que Loma Negra le puso a Cristina para defender la megaminería aurífera a cielo abierto. En realidad, el ex sargento del Ejército Jorge Orlando Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la guerra de las Malvinas, participó en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, fue dirigente del MODIN y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas robadas al Ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede de la DAIA y la AMIA. Esa mañana Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que se había citado en un bar de Corrientes y Pasteur con el apoderado del Modín, Jorge Rodríguez Day, y con otros dos dirigentes partidarios, para ir a ver un auto importado ofrecido en un aviso. Al producirse el estallido “estuve ayudando a las víctimas”, dijo. Pero el chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar Cañete, declaró en el juzgado que entonces atendía Juan José Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la causa que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, dijo que sus funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. Pero no hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano. Todo ello impidió que se llegara a cualquier conclusión sobre la pista carapintada y en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad como ahora. Se ve que también en la Argentina vale el viejo aforismo italiano: “Soldato che fugge, buono per un’altra volta”.
EL JUEZ FEDERAL DANIEL RAFECAS RECHAZO LAS ACUSACIONES DEL VICEPRESIDENTE
“No avisé a nadie del procedimiento”
El magistrado dijo a este diario que no dio aviso a nadie sobre el allanamiento que ordenó el miércoles en el expediente sobre Ciccone. El vicepresidente lo había acusado de tener “una agencia de noticias”.
“En ningún momento di aviso a ninguna persona acerca del procedimiento. Sobre todo existiendo el secreto de sumario, que fue dispuesto para evitar que se frustre el allanamiento”, aseguró a Página/12 el juez federal Daniel Rafecas. El magistrado respondió así a las críticas que el vicepresidente Amado Boudou hizo sobre el desarrollo de la causa judicial que lo involucra.
El jueves, en el Senado, el vicepresidente denunció “un ataque a las instituciones que se está llevando a cabo desde las mafias y sus esbirros” y calificó el expediente judicial en el que Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo investigan supuestas negociaciones incompatibles con la función pública en la causa de la ex Ciccone Calcográfica, como “una telenovela mediática del señor (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y de la agencia de noticias de Rafecas para atacar la voluntad popular, porque no he hecho nada en contra de la ley”. Puntualmente se quejó de que hubiera medios que supieran que se iba a realizar un allanamiento a un departamento de su propiedad alquilado por el empresario Fabián Carosso Donatiello. “Que los periodistas estén esperando a los funcionarios judiciales en un trámite que tiene secreto de sumario habla de la bajísima calidad institucional de la Justicia en nuestro país”, dijo.
El juez Daniel Rafecas contestó ayer las críticas del vicepresidente. Negó haber avisado a los periodistas (o a cualquier otra persona no involucrada en el procedimiento) del allanamiento realizado el miércoles a pedido de Rívolo. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, también dejó en claro ayer que las “filtraciones” no surgieron de la Gendarmería, la fuerza que participó en el trámite como auxiliar de la Justicia (ver aparte).
Rafecas recibió varios respaldos desde el Poder Judicial. El presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Luis María Cabral, reiteró ayer su apoyo al juez y a la vez juzgó las palabras de Boudou como un “ataque institucional” al Poder Judicial. Cabral cuestionó la “forma de actuar y atacar en general indiscriminadamente a la Justicia”. Dijo que no solía “responder a ataques que se dirigen a jueces, porque no es la función de la Asociación, pero esto es un ataque de carácter institucional”. Además evaluó “incongruente” la acusación que realizó el vicepresidente sobre la existencia de “una conspiración para afectar el voto popular y las instituciones” con el hecho de que Magnetto “ha denunciado a Rafecas en la causa Papel Prensa en el Consejo de la Magistratura”.
Quien se sumó a las críticas a Rafecas fue el abogado Diego Pirota, que representa a José Núñez Carmona, amigo del vicepresidente. El abogado aseguró que se presentaría mañana en el juzgado para pedir explicaciones sobre el hecho de que los medios supieran que se iba a realizar un allanamiento mientras que las partes desconocían el hecho porque había secreto de sumario. No descartó recusar a Rafecas, lo que significa que pediría que el magistrado se aparte de la causa. En ese caso, Rafecas rechazaría el planteo y la Cámara Federal debería resolver si el juez sigue a cargo del expediente o no. Otra posibilidad es que inicie un expediente en el Consejo de la Magistratura.
En el nombre del hijo
Hugo Carosso, padre del inquilino de un departamento que el vicepresidente, Amado Boudou, posee en Puerto Madero, aseguró que su hijo Fabián “no tiene nada que ver con algún episodio ilegal”. Fabián Carosso Donatiello, abogado oriundo de Rosario y que vive en Madrid, quedó involucrado en la causa de la ex Ciccone porque figura como inquilino del inmueble allanado el miércoles pasado por la Justicia, en busca de información sobre una eventual vinculación de su amigo, Alejandro Vandenbroele, con Boudou. “Ponelo bien grande: Fabián no tiene nada que ver. Mi hijo es un gran abogado y es un señor. Jugate la vida”, le dijo Carosso al diario La Capital, de Rosario. Según contó, el abogado los visita al menos una vez al año, la última a mediados de 2011. Hugo Caro-sso dijo que no sabe si cuando va a Buenos Aires utiliza el departamento.
NUEVOS RESPALDOS DESDE EL GOBIERNO AL VICEPRESIDENTE, AMADO BOUDOU
Apoyos y gestos de confianza
La ministra Nilda Garré se quejó porque “desde algunos medios” manipularon sus declaraciones y ratificó su “confianza” en el vicepresidente. El ministro Julio De Vido y el senador Miguel Angel Pichetto también respaldaron a Boudou.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.Imagen: Télam
El ministro de Planificación, Julio De Vido, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ratificaron su respaldo a Amado Boudou, luego de la conferencia de prensa en la que el vicepresidente denunció un ataque “institucional” y criticó a la Justicia por filtrar información de la causa en la que se investiga si favoreció a la ex Ciccone Calcográfica. Los integrantes del gabinete criticaron la actitud de los medios. “Estos multimedios monopólicos, que sólo son la expresión de los intereses de las corporaciones, lanzaron una operación contra el vicepresidente”, advirtió De Vido. Por su parte, Garré aseguró que manipularon sus declaraciones para mostrarla como enfrentada a Boudou.
“Creo en Boudou y también en su relato”, señaló ayer De Vido, tras manifestar que compartía “plenamente” lo que expresó el vicepresidente en su exposición ante la prensa en el Senado. Luego sostuvo que se trata de maniobras para “condicionar este proceso de transformación que iniciamos en mayo de 2003”.
“A varios hombres y mujeres de este proyecto nos ha tocado ser víctimas de verdaderas persecuciones mediáticas a partir de causas judiciales que se arman con recortes periodísticos y después quedan en la nada porque se comprueba que son absolutamente falsas”, advirtió.
El ministro salió en defensa de Boudou con un comunicado, mientras que Garré llamó a una rueda de prensa en la sede de Seguridad. Allí, aludiendo a la cobertura de los multimedios sobre sus declaraciones elogiosas del juez Daniel Rafecas, que está a cargo de la causa Ciccone, dijo que “desde algunos medios se manipula información y se sacan declaraciones de contexto y las manejan como un enfrentamiento entre posiciones”.
La ministra había dicho que sentía por Rafecas “mucho respeto” y aunque había dado al mismo tiempo su apoyo a Boudou, sus dichos fueron tomados para plantear que había un “enfrentamiento” en la Casa Rosada. Ayer, Garré lo desmintió. “No soy yo quien debe opinar sobre el caso porque no conozco la causa (Ciccone) ni los contenidos”, agregó. “Parto de la base de mi confianza en el vicepresidente.”
También se refirió a la cuestión sobre quién filtró a los medios la información de que habría un allanamiento a un departamento del vicepresidente en Puerto Madero. En ese sentido, defendió a la Gendarmería. Más allá de que contó que había pedido un “informe minucioso” para deslindar las responsabilidades, sostuvo que la dirección del lugar a allanar estuvo “totalmente encriptada” por la fiscalía, es decir que los gendarmes se enteraron del lugar al que irían para hacer el operativo minutos antes de concretarlo. Para Garré, por esto no hay forma de que la filtración haya salido de la Gendarmería y hay que buscar la filtración en los tribunales.
Otra voz que desde el kirchnerismo advirtió sobre el armado de una operación para perjudicar al Gobierno fue la de Miguel Angel Pichetto. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria criticó el allanamiento al recordar que ese tipo de medidas son adoptadas por la Justicia ante la presunción de que hay altas probabilidades de hallar pruebas, pero “no fue el caso y tampoco hay que perder de vista que Boudou no está imputado”.
“Como si fuera poco, la documentación que buscaban, como un pago de expensas, podrían haberla solicitado sin llegar a este punto. Si al fin de cuentas era un departamento alquilado a un tercero y que estaba vacío, podrían haber pedido documentación al consorcio.”
Para Pichetto, Rafecas “no puede desconocer que cuando se filtran hechos al espacio comunicacional se ensucia la figura del involucrado”. El senador consideró que el operativo “sólo sirvió para producirle un gran perjuicio personal al vicepresidente, dado que su accionar y conducta quedaron manchadas con una medida que, en el marco del pensamiento social, profundiza la sospecha y lesiona la imagen aunque en definitiva no ocurra nada”.
“No hay que perder de vista que los medios que difundían de manera inexacta un operativo en la casa de Boudou son los mismos para los que siempre toda la culpa la tiene el Gobierno, es por eso que después de esto necesitamos un debate más profundo acerca de los medios y de lo que comunicamos; sin censuras, pero sí exigiendo absoluta responsabilidad.”
OPINION
La carga de la prueba
Una síntesis de la causa judicial que es noticia. Lo que pretende probar el fiscal, lo que hay. La conferencia de prensa de Boudou, contexto y acusaciones. Rafecas y Righi, dos acusados mal elegidos. Las filtraciones a la prensa, un relato costumbrista. Y otros detalles.
Por Mario Wainfeld
El puntapié inicial lo dio una declaración periodística de Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vandenbroele, a quien acusó de ser testaferro del vicepresidente Amado Boudou. El planteo, formulado en el contexto de un disputado juicio de familia, carece de eficacia penal: un cónyuge no puede acusar a otro. De cualquier modo, la potenciación mediática de las (mayormente imprecisas) alegaciones de Muñoz motivó que se echara el ojo sobre la intervención oficial pidiendo el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone y asociados. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aceptó un plan de pagos a muy largo plazo con intereses muy bajos.
La anuencia del Estado no bastaba para levantar la quiebra, ya que había otros acreedores que sostenían el pedido. Para conseguir su avenimiento hubo un pago importante realizado por The Old Found, un fondo de inversión cuya integración se desconoce. La filantropía no existe en el mundo de los negocios, debería haber un interés propio en la medida. La dimensión del pago y la ignorancia sobre quién lo hizo son puntos velados del caso.
Los grandes medios dominantes sobrevaloraron las palabras de Muñoz y emprendieron una cruzada contra Boudou. No fue la primera ofensiva y su afán político es nítido. El Gobierno alega que también mete su manito negra la impresora Boldt, competidora de Ciccone por un mercado sofisticado y bien oligopólico. El cargo es creíble, hay intereses creados en juego.
La intencionalidad o hasta la mala fe de los poderes fácticos existe pero no genera un bill de indemnidad para el atacado. La cuestión llegó a Tribunales, se abrió una causa y Boudou (correctamente) se puso “a disposición de la Justicia”.
El juez federal sorteado, Daniel Rafecas, dejó en manos del fiscal Carlos Rívolo la instrucción. Procesalmente, el juez puede tomarla a su cargo (como hizo Claudio Bonadío en el expediente que investiga la tragedia ferroviaria de Once) o delegarla en el fiscal. Ambas posturas son lícitas y los motivos para elegir pueden ser variados.
En el discurrir de la pesquisa se conoció una nota firmada en octubre de 2010 por Boudou, siendo ministro de Economía. La AFIP le pidió dictamen para aprobar la movida de consentir el levantamiento de la quiebra. Es un trámite poco frecuente, acaso único, aspecto que la prueba debe dilucidar. El ministro avaló la medida, “sin mengua del interés fiscal”. La presentación escrita puede ser infrecuente, su redacción no es chocante ni propone un aval a ciegas o absoluto. Es una autorización condicionada. Si las franquicias otorgadas a la firma quebrada fueron exorbitantes, el proceder no se puede sostener en el documento.
- - -
La carga de la prueba: Abrir un expediente cuando hay elementos sospechosos es casi una rutina: Boudou, como cualquier ciudadano, puede ser investigado. En materia penal es un principio cardinal la presunción de inocencia: la carga de la prueba incumbe a quien acusa. El implicado, como regla, no debe probar en principio nada aunque a menudo le conviene arrimar elementos de convicción a su favor. La presunción de inocencia rige hasta el momento de la condena firme, es un pilar del sistema garantista. Las condenas anticipadas, habituales en el Agora y en la esfera mediática, tienen cero valor en Tribunales. Mejor dicho: vulneran la ley.
La tarea del fiscal no es equilibrar la mítica balanza de la Justicia: lo suyo es cargar un platillo. Del otro, se ocupa la defensa. El sentenciante es, en la remanida imagen, el fiel de la balanza.
Desde el inicio del trámite, Rívolo se aplicó a buscar pruebas con ahínco entre lógico y excitado. También fue prolífico en declaraciones periodísticas, a menudo desafiantes y entusiastas respecto de sus avances.
Esa praxis –se volverá sobre ello– es cotidiana en el costumbrismo nacional, lo que no la convalida pero tabula su dimensión comparativa.
- - -
Cuestión de conocimiento: Boudou negó conocer a Vandenbroele, operador del levantamiento de la quiebra. El vicepresidente no interviene en el expediente, por lo que su manifestación carece de relevancia judicial pero tiene su impacto en la opinión pública. Contra ella se movió Rívolo, buscando probar un indicio de relación. El conocimiento en cuestión no probaría delito alguno, más vale, pero sí una cercanía con un empresario vinculado a Ciccone. La amistad entre Vandenbroele y Fabián Carosso Donatiello, inquilino de un departamento del vice ubicado en Puerto Madero, fue sospechada por el fiscal. Carosso Donatiello vive fuera del país: le suena dudoso que alquile un costoso piso para venir de vez en cuando. Fuentes de la Fiscalía aseveran que el inquilino carece de tarjetas de crédito, celular y cuentas bancarias, circunstancias extrañas para quien abona una mensualidad bien costosa. La prueba respectiva se desconoce, hasta hoy.
- - -
“Interesarse”: El delito que procura acreditar el fiscal es el previsto en el artículo 265 del Código Penal. Lo comete “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Como se ve, no es imprescindible una dádiva (“cohecho”, en jerga o “coima” en parla coloquial) para tipificarse. Ni siquiera, imperiosamente, un beneficio personal para el funcionario. Basta con que el tercero obtuviera un “beneficio” impropio. Se subraya “impropio” porque los vocablos “interesarse” y “beneficio” deben tener una connotación dolosa. Todo funcionario, en sentido general, se “interesa” por su labor. Y cualquier administrado puede obtener “beneficios” lícitos de una gestión gubernamental. O sea, el “interés” y el “beneficio”, para constituir delito, deben ser contrarios al interés público. Estos requisitos deben ser evaluados por la Justicia, es imposible tasarlos o fijarlos taxativamente.
La “ventaja” para el acusador es que no es exigible la prueba de interés material del funcionario.
- - -
Apenas ayer: Tras el allanamiento en el departamento alquilado, la Fiscalía difundió, sotto voce haber encontrado pruebas que corroborarían que el inquilino real era Vandenbroele y no quien figura en el contrato. Y que buscaría otras en los teléfonos inalámbricos existentes en el documento. Entre las pruebas conocidas se cuenta un recibo de expensas pagado por Vandenbroele. Las defensas alegan que el hecho es irrelevante porque quien gestiona negocios por un amigo bien puede hacer un pago.
La Fiscalía difunde, por vías informales, que hay muchos otros pagos, incluso pedidos de prestación de servicios públicos o de cable a nombre de Vandenbroele, lo que corroboraría una presencia personal y no una gestión de negocios. Hasta hoy, esos documentos no han sido dados a conocer.
La “filtración” del allanamiento a radios, diarios y canales de cable es innegable y produjo una difusión estridente. Eso detonó la bronca del primer nivel del Gobierno y, comentan sus allegados, la conferencia de prensa del vicepresidente, incluyendo su tono.
- - -
Día a día: Hablar de los procederes cotidianos del periodismo exige introspección y franqueza si lo hacen profesionales. La filtración de información sobre causas en trámite es una búsqueda cotidiana de cualquier medio o periodista, de todos. En la Argentina, funcionarios y magistrados son muy (demasiado, a los ojos del cronista) proclives a atenderla. Es más: a usar la anticipación como táctica para incidir en la opinión pública, garantizarse prestigio o difusión, conseguir poder para avanzar en asuntos sensibles. O cien etcéteras. El hecho es consabido: numerosas sentencias o procedimientos han sido anticipados por los medios. Este cronista no se ha privado, cuando dispuso la data adecuada.
No declarará más “en su contra”. Pero provee un ejemplo ilustrativo.
El juez Norberto Oyarbide, sin ser para nada el único, es pionero en esos manejos. A menudo anticipa acciones o presunciones on the record en conferencias de prensa que da en su domicilio o en las inmediaciones de tribunales. Así obró en el expediente en que están procesados por escuchas ilegales el jefe de Gobierno Mauricio Macri y el comisario Jorge “Fino” Palacios.
O sea, en esta materia, muy pocos (quizá nadie) pueden arrojar la primera piedra. Es una deficiencia, más vale, del sistema judicial. Resulta más discutible que sea una falta de los periodistas. En todo caso, hay una habitualidad que no repara el vicio pero que la dimensiona en el contexto costumbrista.
Retomando el tema central: en el allanamiento de marras hubo una filtración. Para el olfato del cronista, todo indica que pudo provenir de la Fiscalía. Lo sugieren su desempeño previo, su afán acusatorio y su ansia de figuración.
En su presentación, Boudou culpó a Rafecas de la filtración y lo cuestionó con una severidad que el cronista cree desmesurada e injusta. En todo caso, y retomando un tópico de esta nota, quien acusa debe probar, de modo contundente. La mera enunciación no vale ni condena a nadie.
- - -
Rafecas en la mira: En el Panorama Político publicado ayer en este diario, Luis Bruschtein describió la conferencia de prensa del vicepresidente como “destemplada” y dijo que parecía dispuesto a pelearse con toda la guía telefónica. El buen humor es bienvenido, en momentos desmesurados, la descripción es adecuada. Boudou insistió en su argumento esencial: nada hizo a favor de Ciccone, no violó la ley. Calificó con severidad al Poder Judicial (“bajísima calidad institucional”) y resaltó los objetivos y logros del Gobierno. También subrayó su antagonismo con los medios dominantes. Hasta ahí, más allá del uso de vocablos desmesurados, en especial los referidos a laburantes de prensa el discurso tradicional del oficialismo, que tiene más veracidad que el de sus antagonistas.
Lo que disputa este cronista fue la acusación a Rafecas, que derivará sin duda en una recusación y pedidos de juicio político. En diálogo informal con este cronista Rafecas niega haber divulgado el procedimiento. Su afirmación es creíble. Y, en cualquier caso, esa falla (tradicional en la práctica de tribunales) no justifica tamaño embate.
Rafecas es un buen juez federal, de los mejores. Forma parte de la camada que designó el ex presidente Néstor Kirchner, que oxigenó ese penoso Fuero, construido por el menemismo. Tuvo desempeños profesionales ejemplares en las causas del Primer Cuerpo de Ejército, del Parque Indoamericano (que la ministra de Seguridad Nilda Garré rescató con hidalguía), de los sobornos en el Senado, por no aludir sino a las más conspicuas. Es un magistrado estudioso y aplicado, goza de gran reputación entre sus pares más dignos. El juicio político en su contra, seguramente, no prosperará. Si así ocurriera, sería una desdicha para el Poder Judicial y mejoraría la proporción de jueces de la servilleta entre los federales.
La recusación, todo lo indica, será rechazada por el magistrado. Deberá pasar a Cámara, lo que ralentará la causa. Lo deseable, y usual en tales casos, es que la Cámara decida con celeridad.
La acusación a Rafecas (y no a Rívolo) seguramente tiene un sentido táctico, que es tratar de apartarlo del expediente. Ese fin no justifica esos medios.
- - -
Ligerezas: Todo esto dicho, vale agregar que el juez cometió ligerezas, impropias para un hombre de su experiencia. Lo fue conceder un reportaje al diario Perfil, en pleno trámite. Puede serlo un intercambio de chats con un abogado que denunció Boudou, hablando de la causa. El letrado es viejo amigo del magistrado y representa a aliados del vicepresidente. En el intercambio, Su Señoría no habría dicho nada contra Boudou. Al contrario, pudo sugerir al abogado que hiciera pública la nota a la AFIP referida párrafos arriba. Esa nota no damnifica, en principio, la posición de Boudou. Pero los comentarios debieron ahorrarse.
Un presunto mensaje de texto enviado por Rafecas al periodista Gustavo Sylvestre, mientras éste hacía un reportaje en su programa de cable, fue desmentido por el colega y por el juez. Y tampoco fue probado por el vicepresidente ni es imaginable cómo pudo dar con él si el colega no se lo mostró.
- - -
Errores: En su discurso, el vicepresidente Boudou incurrió, interpreta este escriba, en dos errores más. Lo hizo al denunciar una serie de operaciones ocurridas en el pasado. Todas se dirigieron a él y demostrarían una red de complicidades con el Poder Judicial.
En el listado de reproches, Boudou implicó al estudio en el que trabajan la esposa y el hijo del procurador general Esteban Righi. Les imputó, con otras palabras, venta de influencias en Comodoro Py. La acusación salpica a Righi, una figura de trayectoria impar. En 1973, como ministro del Interior del presidente Héctor Cámpora, pronunció ante la Policía un discurso señero en la historia de la defensa de los derechos humanos. Eso le valió años de exilio y la confiscación de su patrimonio durante la dictadura. En democracia brilla como académico penalista, integró el Grupo Calafate desde sus inicios. Néstor Kirchner lo nombró hace añares, se desempeña con tecnicismo y dignidad. Para quienes fabulan una conspiración con el Grupo Clarín es válido recordar que un dictamen reciente del procurador en la medida cautelar contra la vigencia de la ley de medios que está en la Corte, pidió el cese automático del apodado “plazo de desinversión”. Expresó que la suspensión jamás debió haber existido, en crítica directa a una anterior sentencia de la Corte Suprema. Esta tiene ahora el expediente listo para sentencia. Hace unos días ya era una “brasa ardiente” ahora supera la capacidad metafórica del cronista.
Para los mismos suspicaces que instigan el juicio político contra Rafecas vale refrescarles que no son originales. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, promovió con anterioridad denuncias contra el juez en el Consejo de la Magistratura.
Los simplismos son, a menudo, disfuncionales para entender la realidad. Ni Righi ni Rafecas merecen la invectiva del Gobierno. Este por ser consistente con las mejores políticas del Gobierno, aquél por ser un funcionario coherente y, antes, un militante “del palo”.
- - -
Volver sobre lo archivado: Al evocar hechos ilícitos que presenció mas no denunció, el vicepresidente se colocó en un brete. Los funcionarios públicos están, a diferencia de los ciudadanos del común, obligados a denunciar los presuntos delitos que presencian. Es un deber funcional, cuya desobediencia puede significar incurrir en un delito de encubrimiento. Para ser francos: el savoir faire cotidiano de la política hace que muchos no hagan las denuncias en casos similares, pues suelen estar destinadas a morir en el “palabra contra palabra”. No es legal, pero sí pragmático. Pero esos protocolos, ni escritos ni insensatos, deben preservarse a lo largo del tiempo, a riesgo de quedar en off side si se desarchivan los hechos tardíamente.
- - -
Abril caliente: Para que la causa judicial avance es esencial para la acusación probar que hubo favoritismo indebido para Ciccone y una intervención dolosa del vicepresidente Boudou. Una virtual relación de éste con Vandenbroele, tampoco comprobada con los elementos conocidos, valdría solo como un indicio para seguir pesquisando, pero poco más. Los medios dominantes están convencidos de que hay pruebas rotundas por aparecer. Habrá que ver entonces, por ahora el caso es endeble.
Abril será un mes tremendo: seguramente se conocerá la pericia en la causa sobre la tragedia ferroviaria, deberá haber decisiones oficiales sobre el sistema de transporte, se decidirá el rumbo de la política petrolera, tal vez se dictará la sentencia de la Corte sobre Clarín... Frente a esas cuestiones esenciales, manejar bien la política, no dejar flanco a los adversarios y no perder aliados o compañeros de ruta es un requisito esencial.
mwainfeld@pagina12.com.ar
Fuente:Pagina12
2 comentarios:
Considero que si uno va a copiar ciertos modelos importados deberían revisarse bien antes de implementarse. No es sencillo llevar a cabo un modelo de la policía militar en Rio para llevarse a cabo aquí. Hay muchas variables que son distintas. Si yo pensara que hoteles en rio de janeiro fueran iguales a un hotel en rosario entonces la Argentina seria Brasil, espero que se entienda mi punto de vista
Publicar un comentario