CITAN A INDAGATORIA A YOFRE, PAGNI, GARCIA, REIMUNDES Y OTROS POR UNA RED DE ESPIONAJE
La tentación de pinchar mails
La jueza Sandra Arroyo Salgado, citó a declaración indagatoria al ex jefe de la SIDE y a columnistas de los diarios La Nación y Perfil en la causa que investiga el hackeo a los mails de los secretarios de la Presidenta y del titular de la Corte Suprema, entre otros.
Carlos Pagni, columnista de La Nación.
Antes de tomarse unos días por el feriado de Semana Santa, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado citó a declaración indagatoria a ocho imputados en la causa que investiga desde 2006 “la violación de secretos políticos y/o militares”. El ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, es uno de los que tendrá que desfilar entre el 16 de abril y el 5 de mayo para ser indagado como integrante del grupo que hackeaba y vendía información de mails de prominentes figuras políticas, empresariales y artísticas. Desde los secretarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, pasando por Susana Giménez fueron víctimas de los espías informáticos. Los columnistas de La Nación Carlos Pagni y de Perfil Roberto García serán interrogados sobre el “origen ilícito de la información utilizada”; integran la pata de los consumidores y propaladores de esa data.
La causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia. Los primeros identificados como autores materiales e intelectuales del hackeo fueron dos ex agentes de Inteligencia del Ejército, que trabajaron para la SIDE y luego recalaron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Iván Velázquez y Pablo Carpintero; Yofre y el general retirado Daniel Reimundes, ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. La vastedad de la información recabada, clasificada en más de cincuenta carpetas, y las sucesivas chicanas judiciales de los imputados que llegaron hasta recursos de queja ante la Corte Suprema, fueron demorando las definiciones. De hecho, el fiscal Sebastián Basso realizó los pedidos a indagatoria hace dos años y medio. Recién esta semana, la jueza envió las cédulas de citación para empezar a tomar declaración a partir del lunes 15 de abril.
La investigación cobró impulso en 2008, cuando el presidente de la Corte Suprema advirtió un intento de hackeo a su correo electrónico. Las sospechas desembocaron rápidamente en las trapizondas de Velázquez. Luego de numerosos allanamientos y de analizar el software incautado en casas y oficinas de los sospechosos, los investigadores detectaron que las víctimas podían ser decenas, y cientos los e-mails interceptados. Las propias personas hackeadas los fueron a reconocer al juzgado: desde el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y la ministra –por entonces a cargo de Defensa– Nilda Garré hasta el ex canciller Jorge Taiana, pasando por su sucesor, Héctor Timerman, dos secretarios de la presidenta Cristina Kirchner y el ministro Julio De Vido, y figuras como Susana Giménez, Celeste Cid y Pampita Ardohain.
Modus operandi
La hipótesis central en la causa es que Velázquez y Carpintero hacían el phishing (robo de datos) o el hackeo, pero quienes se ocuparon de comercializarlos y/o utilizarlos para facilitar “operaciones” –políticas o de otros ámbitos, a veces incluso difundiendo el contenido mismo de los correos– habrían sido otros. Yofre aparece como quien les daba órdenes a los espías. El delito de “violación de secretos políticos o militares” es excarcelable pero la reiteración lo agrava y puede llevar al imputado a prisión. En corrillos judiciales especulan que se los podría imputar por asociación ilícita, delito que no es excarcelable.
Los periodistas citados
Carlos Pagni –quien cobró notoriedad en las últimas semanas porque aludió al viceministro de Economía Axel Kicillof como “judío” “marxista”– , Horacio Alderete (responsable del portal Seprin), Edgard Mainhard, Roberto García y el empresario de medios santiagueño Néstor Ick, de estrechos vínculos con Yofre, son acusados por el fiscal de “sustracción de documentos destinados a servir de prueba y encubrimiento, por haber conocido el origen ilícito de la información y haberla utilizado a sabiendas de su ilegalidad, en beneficio propio y de terceros”.
Apenas trascendió en los medios la causa judicial, Yofre, cuyo rostro empapeló Buenos Aires en estas semanas a raíz de la difusión de su nuevo libro 1982-Los documentos secretos de la guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del proceso salió a denunciar operaciones en su contra. Llegó a presentar un recurso de queja ante la Corte reclamando la nulidad del juicio. En noviembre del año pasado, los supremos rechazaron el planteo en la causa que se lo investiga como sospechoso de “revelar de manera ilícita y con ánimo de lucro la información contenida en correos electrónicos pertenecientes a funcionarios públicos”, según informó el propio tribunal en un comunicado. Los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay consideraron que no les corresponde intervenir porque no está en juego una sentencia definitiva ni hay detenidos. Esa resolución habilitó la continuidad del expediente que ahora se reactivará con los llamados a indagatoria.
Los personajes
En el libro SIDE. La Argentina secreta, el periodista Gerardo Young cuenta que “si algo marcó la gestión del Tata (Yofre, designado por Carlos Menem en julio de 1989) fue que devolvió a La Casa a muchos de los militares a los que habían expulsado los radicales. Y a los duros. Nombró como director de la Escuela de Inteligencia al general de brigada Carlos Martínez, el mismo que había sido jefe de la SIDE durante los últimos años de la dictadura. (...) También nombró al teniente coronel retirado Carlos Doglioli como director de contrainteligencia y a Pascual Guerrieri como director de Planeamiento. Guerrieri era un tipo de verdad pesado. Oficial de Inteligencia del Ejército, en la dictadura había dirigido centros clandestinos de detención en Rosario, tenía las manos manchadas con sangre y ni una gota de culpa”. Durante los largos años de Menem, Yofre se desempeñó también como embajador en Portugal y en Panamá. En los últimos años volvió a despuntar su vicio por la escritura, Volver a Matar, el libro que llevó Alfredo Astiz a la primera audiencia oral del juicio por los crímenes en la ESMA, inauguró la saga en la que abunda la utilización de información hasta ahora secreta.
El espía Velázquez huyó de la Argentina a Uruguay apenas se activó la causa, allá por 2008 luego del hackeo a los correos electrónicos de Lorenzetti. Pidió asilo político en ese país pero terminó preso acusado también de violar mails de funcionarios uruguayos. Desde Montevideo le dieron una entrevista al diario Perfil en la que desmintieron su vinculación con al red de espionaje. “Nosotros desarrollamos para la SIDE en su momento un software de recepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado”, explicaron. Velázquez fue extraditado a la Argentina al igual que su socio Carpintero. Velázquez tendrá que declarar nuevamente ante la jueza a partir del 15 de abril.
En los allanamientos a los domicilios de ambos hackers, de Yofre, de Reimundes y de Alderete (Seprin) que en su momento realizó la Justicia se incautó información que alimentó las sospechas sobre la utilización política de la información robada. Un e-mail que lleva como remitente el nombre pantalla “congregacionsaleciana” tiene como destinatario a Carlos Prieto. El texto es un ofrecimiento de información. Incluye un pedido de dinero a cambio y otro de “discreción”. El correo lo firma “Tata”, el conocido apodo de Yofre. El mail no sólo echaría luz sobre el modus operandi para el presunto tráfico de correos electrónicos, sino sobre los objetivos políticos que habrían perseguido algunos de los sospechosos.
Prieto es un abogado oriundo de Lomas de Zamora, que trabajó con Eduardo Duhalde en ese municipio y fue su lobbista en Estados Unidos en 2002. Entre las pruebas que maneja la Justicia, surgirían indicios que, además, vinculan a Yofre con el llamado proyecto “Negro el 29”, con el que Duhalde vaticinaba una crisis de gobernabilidad para Cristina Kirchner que él proyectaba capitalizar.
La jueza Arroyo Salgado suele eludir el contacto con la prensa. Durante seis años ha acumulado pruebas que dan cuenta de la violación de mails de funcionarios políticos y judiciales del más alto rango. Si no median nuevas chicanas procesales es de esperar que el testimonio de los imputados –quiénes proveían datos y quiénes los utilizaban– corra el velo sobre los manejos de una red afecta a aprovecharse de los secretos de otros.
Roberto García, actual columnista de Perfil.
General RE Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército.
EL PARADIGMATICO CASO DEL GRUPO MURDOCH
El hackeo y las escuchas
Ya en 2009 el tabloide sensacionalista había sido acusado de espiar a alrededor de tres mil personas potencialmente “noticiables”, desde dirigentes políticos y estrellas del espectáculo hasta familiares de víctimas de crímenes o violaciones. El presidente y CEO de News Corporation, la segunda mayor corporación de medios del mundo, se vio obligado a cerrar News of the World y renunció a su proyecto de adquirir el ciento por ciento de BSkyB, compañía británica de televisión vía satélite de la que ya poseía el 39 por ciento. Pero los costos no quedaron allí. Luego trascendió que también los diarios The Sunday Times y The Sun habían empleado medios similares y no se habían privado de espiar ilegalmente al primer ministro británico Gordon Brown y a miembros de la familia real. Murdoch, de 81 años, debió enfrentar en los últimos meses investigaciones de la policía y del gobierno sobre soborno y corrupción en el Reino Unido, además de las investigaciones del FBI no norteamericano.
El grupo Murdoch intentó contener el escándalo, hasta ahora sin suerte, con medidas y renuncias de alto voltaje. La última edición del News of The World incluyó un extenso pedido de disculpas a los lectores por las escuchas ilegales. El grupo pagó millones de dólares de indemnizaciones a las víctimas y debió afrontar decenas de renuncias de altos ejecutivos. Las últimas detenciones, a mediados de marzo, no fueron por espionaje ilegal sino por maniobras para obstaculizar las investigaciones de Scotland Yard. Rebekah Brooks, ex editora del New of The World y niña mimada de Murdoch; su esposo Charlie Brooks, viejo amigo del primer ministro conservador David Cameron, y Mark Hanna, jefe de seguridad de News International, fueron detenidos por “intento de encubrimiento e interferencia con la investigación”.
A diez meses del estallido del escándalo, tal como informó desde Londres el corresponsal de Página/12 Marcelo Justo, existen tres investigaciones sobre el accionar de Murdoch. El operativo Weeting se concentra en las escuchas telefónicas, el Elvedon en el pago a policías y el Tuleta en el hackeo de computadoras. Uno de los interrogantes que se sigue investigando es el grado de conocimiento de Murdoch y su hijo James, que ya dimitió como director ejecutivo de News International y es sospechoso de haber ocultado datos en su comparecencia ante una comisión del Parlamento británico. Murdoch hijo negó tener conocimiento de las escuchas, pero su testimonio fue cuestionado por dos importantes ex ejecutivos de la organización. El segundo gran interrogante es hasta dónde llegan las ramificaciones políticas y los motivos que llevaron a David Cameron a nombrar a Andy Coulson como su jefe de prensa, poco después de que renunciara a su cargo de editor del News of the World.
Quién es quién en el caso
- Juan Bautista “Tata” Yofre. Ex jefe de la Secretaría de Inteligencia durante los últimos años de la presidencia de Carlos Menem. Fue quien facilitó el retorno a la SIDE de ex militares que habían sido purgados durante la gestión radical. Yofre se formó en el Colegio Militar, en la misma promoción que el ex jefe del Ejército Roberto Bendini, aunque no llegó a graduarse. En los últimos años, alejado de los cargos de poder formal y nutrido de los archivos que la SIDE sigue sin desclasificar, se dedicó a escribir libros sobre la historia argentina reciente, obras que ventilan intrigas entre militares y dirigentes políticos y hacen al deleite de quienes se esmeran en cuestionar la política oficial de memoria, verdad y justicia implementada a partir de 2003. Su mejor publicista fue el condenado Alfredo Astiz, que en la primera audiencia del juicio a los represores de la ESMA provocó a los familiares de sus víctimas mostrándoles la tapa de Volver a matar.
- Iván Velázquez y Pablo Carpintero. Ex agentes de inteligencia del Ejército, de la Secretaría de Inteligencia y luego de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde 2006 son investigados como protagonistas centrales de la red de espionaje ilegal. En 2008, cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado se aprestaba a ordenar sus capturas, se radicaron en Uruguay, donde gozaron transitoriamente de protección. Velázquez fue detenido en ese país en febrero de 2009 por robar documentos secretos. Carpintero fue capturado diez días después, cuando se aprestaba a volver a Argentina. Distintos planteos de nulidad y cuestionamientos al juzgado les permitieron recuperar la libertad.
- Héctor Alderete. Responsable del portal de trabajos sucios Seprin (Servicio Privado de Información). El teniente coronel Esteban Milillo denunció hace dos años que Alderete amenazó con “convocar a un grupo de carapintadas con fusiles para asesinar” a la Presidenta, a Néstor Kirchner, a varios funcionarios y a un grupo de periodistas. El juez Ariel Lijo también lo investigó por las amenazas que recibió la Presidenta mediante una interferencia a la radio del helicóptero que la trasladaba. El año pasado la jueza Elena Liberatori reprendió por “deleznable” el trucado de una foto por parte de Seprin para vincular al ex juez porteño Roberto Gallardo con el entonces candidato a vicepresidente Amado Boudou y el dirigente de la Villa 15, Alejandro Salvatierra.
- Daniel Reimundes. General retirado, fue secretario general del Ejército mientras lo condujo el fallecido general Ricardo Brinzoni, durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Hombre muy activo entre los militares retirados, de sólidos vínculos con el ultraderechista cura dominico Aníbal Fosbery, líder de Fasta. En 2008, durante una extensa exposición en un encuentro de Carta Abierta, Néstor Kirchner lo incluyó en el “movimiento destituyente, golpista” que enfrentaba la presidenta Cristina Fernández.
- Carlos Pagni. Junto con Joaquín Morales Solá, es uno de los principales columnistas del diario La Nación y se convirtió en los últimos años en una de las plumas más valoradas por los dirigentes opositores al gobierno nacional, a quienes no se priva de ningunear, como cuando escribió que habían elegido como jefe a Sergio Schoklender. El mes pasado, un artículo suyo titulado “Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Boudou”, en el que aludió a su descendencia de “un psicoanalista” y de “un legendario rabino llegado de Odessa”, derivó en un repudio de la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas (DAIA), en tanto la agrupación 18J calificó algunos fragmentos de la nota como “una clara expresión antisemita asociable a la peor tradición del nazismo”.
- Roberto Angel García. Actualmente columnista del diario Perfil, fue director periodístico de Ambito Financiero durante un cuarto de siglo: desde el retorno de la democracia hasta 2008, cuando compró el diario el empresario Orlando Vignatti. En los ’70 fue columnista del diario La Opinión, de Jacobo Timerman. También trabajó en radio y en televisión. Actualmente conduce el programa de cable La Mirada.
Fuente:Pagina12
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