Tras la polémica difusión de los mensajes que intercambió con uno de los abogados del socio de Amado Boudou
Exigen el apartamiento de Rafecas, pero el juez afirma que no hay motivos
La actuación del magistrado en la causa Ciccone fue duramente objetada por sectores políticos y judiciales. Las
críticas hacen eje en su decisión de derivar la instrucción al fiscal. “No hay argumentos para apartarme”, se defendió.
Por: Gabriel A. Morini
“Para esa época no había imputados, sino una mera investigación preliminar”, se excusó el magistrado luego de que salieran a la luz sus intercambios con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, representante del socio y amigo del vicepresidente Amado Boudou. El letrado –amigo de su familia desde hace años– aseguró en su declaración ante el Consejo de la Magistratura que Rafecas le “iba dando su opinión acerca de las cuestiones de la causa”. “Leímos juntos las disposiciones legales acerca de la nulidad”, declaró, en alusión al testimonio de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, y sostuvo que el magistrado “sabía” que él era abogado de Núñez Carmona. En ese marco, sugirió que Rafecas fue quien aconsejó la presentación “espontánea” de Vandenbroele para “calmar la embestida del fiscal” y su presencia mediática.
“Llevá tranquilidad”, reza uno de los mensajes a través del sistema Whatsapp, en donde en otros tramos se menciona con iniciales al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray (Et.) y al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini (Z.). Según la misma denuncia, el juez habría delegado la instrucción en el fiscal porque consideraba que tendría “menor importancia” para la opinión pública.
CUESTIONAMIENTOS. La presentación de Danuzzo Iturraspe y el material que aportó motivó la apertura de un expediente de oficio para que se investigue la conducta de Rafecas y si violó el secreto de sumario de una causa en curso. Además desató una lluvia de cuestionamientos sobre la actuación del magistrado. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, consideró que Rafecas produjo “excesos en la causa”, y agregó que el magistrado “nunca debió haber delegado la causa en el fiscal”. “Las causas que se delegan en los fiscales son las de trámite menor. En una causa en la que está nombrado el vicepresidente, es el juez el que debió haber dirigido la investigación”, remarcó Pichetto. En tanto, el también senador oficialista e integrante del Consejo de la Magistratura, Marcelo Fuentes, puntualizó que la denuncia en contra del juez “tiene elemento de sustento”.
Por su parte, el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, Jorge Rizzo, consideró “complicada” la situación del juez, y dijo que “es muy grave que asesore a una de las partes”. Rizzo –titular de la ONG Gente de Derecho, que en un principio lo había respaldado– consideró que “si la conversación existió, Rafecas tiene que apartarse inmediatamente”. En tanto, el ex juez y diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, aseguró que “el lenguaje del juez no es el adecuado”, y que se trata de “una actividad impropia” para un magistrado, aunque consideró que debe seguir al frente de la instrucción. En el mismo sentido se pronunció la Federación Argentina de la Magistratura, y la Función Judicial emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación” por “la descalificación” realizada por Boudou al juez.
SIN APARTARSE. Luego de recibir el apoyo del fiscal Carlos Rívolo, Rafecas le ratificó a Tiempo que piensa seguir al frente de la investigación por supuesto tráfico de influencias para facilitar la compra de la ex Ciccone por parte de la compañía vinculada a Vandenbroele. Fuentes cercanas al juez aseguraron que sería muy difícil que un pedido de apartamiento prospere si la defensa no comprueba un “temor de parcialidad” –una actitud en perjuicio de la defensa– por parte del magistrado. La recusación planteada por el abogado de Núñez Carmona dirigida a Rívolo apuntalaría ese argumento (ver aparte).
Allegados a Rafecas indicaron además que su negativa a convalidar el allanamiento al domicilio de Núñez Carmona, solicitado por el fiscal y fundamentado en el testimonio del directivo de Boldt, Guillermo Gabella, anularía la posibilidad de que sus mismos defensores lo recusen.
Sobre los mensajes vía chat que fueron difundidos, las mismas fuentes sostuvieron que “técnicamente” se haría imposible que lleguen a un jury de enjuiciamiento, más allá de la intención de los consejeros del kirchnerismo, y que ni siquiera alcanzaría para una sanción disciplinaria. El juez concurrirá si es llamado para realizar su descargo y, a pesar de haber reconocido que se “excedió”, argumentará que en el momento de esos intercambios, aún no habían sido designados los abogados defensores y que el expediente estaba delegado en la fiscalía. En su defensa, sostuvieron que a Rafecas se lo intentó apartar de causas como la de los sobornos del Senado y la del Primer Cuerpo del Ejército sin éxito, y que el ex presidente Fernando De la Rúa y el propio CEO del Grupo Clarín lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura y el trámite no prosperó.
12.04.2012
Hernán Ordiales
“La prueba es un indicio claro de pérdida de objetividad del juez”
En una entrevista con CN23, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura explicó el procedimiento que se seguirá contra el juez Rafecas y advirtió que los mensajes de texto con un abogado son absolutamente anormales.
Por: Romina Manguel
–Teníamos datos de que existía este tipo de chat entre un abogado y el juez, que es lo que reveló el vicepresidente el jueves en el Senado. Esto, y otras circunstancias del caso, motivaron que presentaron el pedido de esclarecimiento de esta cuestión, lo que hicimos el mismo lunes. A posteriori de nuestra presentación, este abogado se presenta espontáneamente y pide que se le tome declaración testimonial.
–¿Hay antecedentes de este procedimiento, porque hay quienes plantean irregularidades en la sistematicidad de esta denuncia, que no se sorteó primero en Magistratura y que usted directamente impulsó? ¿Puede pasar que venga un testigo que quiere aportar información y debe esperar, como dice la oposición, que se sortee la causa para recién después aportar su testimonio?
–No, absolutamente no. Lo principal en una causa judicial, administrativa o disciplinaria como en este caso, es preservar la prueba. Ese es el objetivo principal. Y en este caso se presentó el testigo diciendo que quería deponer en ese momento, y por lo tanto hubo que hacerlo, fue lícito y legítimo. Hay antecedentes en el consejo de tomar declaraciones espontáneas a testigos o denunciantes.
–No todos conocen la dinámica del Consejo de la Magistratura. ¿Qué puede pasar con Rafecas?, se habla desde una sanción disciplinaria hasta un juicio político.
–El consejo tiene facultades propias para sancionar a los jueces por cuestiones disciplinarias, que pueden ir desde un apercibimiento a una multa monetaria (hasta el 30% de su salario). Esto en sí no guarda relación muchas veces con la gravedad de los hechos imputados. Entonces, el próximo paso sería la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, otro órgano, independiente del consejo, con otros integrantes, que juzga la conducta y puede llegar a la remoción del juez.
–De qué dependerá en este caso que Rafecas termine sujeto a una sanción disciplinaria o vaya a un juicio político?
–Esto dependerá de la prueba, fundamentalmente, de la investigación.
–¿Primero se investiga, se releva la prueba y después se decide?
–Exactamente. El expediente es siempre el mismo. Se produce la prueba y una vez que se evaluó, se puede llegar a la conclusión de un dictamen acusatorio (que sería el paso que mencionamos antes, que requiere los dos tercios del Cuerpo, o sea nueve miembros), para ser acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento. Si no llegara a una determinación tan grave, como puede ser una multa o apercibimiento, sólo se requiere la mayoría simple del Cuerpo, o sea siete miembros.
–Hay secreto de sumario en esta causa. ¿Es normal que un juez hable con un medio de comunicación, como Perfil para darle datos, o los mensajes de texto?
–Es absolutamente anormal, contrario a la ética de un magistrado. En el Código Iberoamericano de Ética, que está por ser sancionado como reglamento de la justicia nacional, se contempla que el juez no debe tener contacto con las partes, no debe involucrarse en el expediente a favor de una de las partes. Y esto es lo que estamos investigando.
–Una cosa es la aparición mediática, y por otro lado, hablamos de prevaricato, que un juez estaría asesorando a una de las partes.
–Hablamos de una presunta pérdida de objetividad. Que el juez pudo haber obrado en beneficio de una de las partes, sin importar si es la denunciada o la denunciante. Lo importante es que el juez mantenga la objetividad y sea ecuánime.
–¿Puede el juez ser denunciado penalmente?
–No, de ninguna manera. Si un fiscal entiende que cometió un delito debe denunciarlo, lo mismo que los integrantes del consejo. Si entendemos que hay una presunta comisión de delitos, como funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer la denuncia.
–En la causa que intenta involucrar al vicepresidente más mediáticamente que la propia causa (el juez lo reconoce en sus comunicaciones con Perfil). No se entiende si un medio de comunicación puede influir en un juez de la Nación, si se puede poner nervioso o sentirse presionado.
–Los jueces no deben ser presionados. Ni deben dejarse presionar. Nosotros insistimos con esto cuando hacemos los concursos para elección de magistrados, lo más importante que les pedimos a los concursantes es que no se dejen presionar. Pero eso es muy subjetivo, y ya veremos si se dejó presionar o no. Yo siempre parto de la misma premisa: un juez no debe dejarse presionar por ningún medio: ni económico, ni político y mucho menos por la corporación judicial.
–¿Cuál es la prueba que van a evaluar, cuál sería el delito cometido? ¿La filtración –aportada con testigo-, el asesoramiento o si esto tuvo de alguna manera un impacto en la causa?
–Lo que vamos a analizar es si hubo pérdida de la objetividad.
–Parece tan sutil, tan complejo…
–Creo que con esta prueba, con tanta difusión pública sobre conversaciones del magistrado con una de las partes, es ya un indicio claro de una pérdida de objetividad. No me quiero adelantar a tomar una decisión sobre el tema, pero esta será una prueba de cargo importante a tener en cuenta al momento de dictaminar.
–¿Va a haber más testigos? ¿Tiene idea de cuánto puede durar esta investigación preliminar?
–En el pedido de investigación que realizamos ayer, solicitamos algunas pruebas como la citación de otros testigos –el periodista Gustavo Silvestre– y también pediremos el expediente judicial si sale del secreto de sumario, para entender cómo fue la causa y hacer un paralelo entre los dichos que conocemos por versiones y la causa misma a ver si hay coincidencia y el accionar del juez.
–Después de esta evaluación, ¿el juez puede seguir a cargo de la causa?
–El juez seguirá a cargo de la causa mientras no se inhiba voluntariamente, o no sea recusado y aceptada esa recusación. Si es recusado y acepta la recusación, será apartado y se sorteará otro juez. Si la rechaza, será apelada a la Cámara de Apelaciones Federal.
–Una opinión personal, conociendo usted la justicia y sus hombres. ¿Cree que este tema será un punto de inflexión para la relación de los magistrados con la prensa o con otros abogados?
–Seguramente será motivación para un debate en el consejo, sobre la independencia de los jueces, la presión que reciben y la parcialidad de los magistrados. Sobre la ética judicial se abrirá un debate, y como consecuencia seguramente será una inflexión para una nueva relación con el mundo judicial. Quiero dejar a salvo la importancia y el deber republicano que tienen los magistrados de informar a la prensa, siempre que la causa no esté en secreto de sumario.
–La conversación del magistrado con el periodista no es delito.
–Por supuesto. El periodista busca tener información para darle al público. Y un interés individual de ganar espacio, de beneficiarse con esa conversación o dato que le puede dar el magistrado. Son cosas muy diferentes.
12.04.2012
denuncias cruzadas de los actores de la causa ciccone
El abogado de Núñez Carmona recusó al fiscal Rívolo por supuesta falta de imparcialidad
Diego Pirota pidió el apartamiento. A su vez, el representante del Ministerio Público rechazó en un escrito objetar al juez Rafecas.
Por: Néstor Espósito
Pirota confirmó a Tiempo Argentino que pidió el apartamiento de Rívolo de la investigación. Luego, en declaraciones al canal de noticias CN23, calificó al representante del Ministerio Público como una persona “nociva” para el éxito de la pesquisa, pues “está valorando la prueba de una manera contraria al Código y está direccionando la causa de una manera determinada”, que apunta a forzar las evidencias para incriminar al vicepresidente. La particular interpretación de los hechos del abogado, quien también cuestionó con dureza la conducta del juez Rafecas, incluye a Rívolo como parte de la “filtración” de información a los medios de prensa sobre el allanamiento realizado la semana anterior a un departamento en el exclusivo barrio de Puerto Madero, propiedad de Boudou pero vacío desde hace meses y anteriormente alquilado por un abogado español amigo de Núñez Carmona. Fuentes judiciales revelaron que el contrato de alquiler aún no fue aportado al expediente y probablemente tampoco se provea nueva prueba hasta tanto comience a aclarar la situación, enturbiada por los últimos acontecimientos cruzados.
Tanto es así que, en el origen de la causa, cobra fuerza la hipótesis de un “disparador familiar”, una pelea doméstica de un matrimonio desavenido por un régimen de visitas a una hija en común y el pedido de una “medida para mejor proveer” que habría encendido una mecha que explotó en tribunales y esparció sus esquirlas hasta el despacho de Boudou.
Mientras el abogado Pirota achacó a Rívolo “pérdida de objetividad en la investigación, filtraciones de la causa y violación del secreto del sumario”, el propio fiscal se convirtió ayer en caja de resonancia de la difusión del intercambio de mensajes de texto entre el juez Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzio Iturraspe. Mediante un documento de seis páginas, Rívolo le anunció a Rafecas que no planea pedir su apartamiento, y en ese contexto soltó un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: si bien Danuzzio Iturraspe aparece vinculado con Núñez Carmona, no figura como su abogado en esta causa. “Surge claramente de la causa de referencia que, de momento, no se encuentra presentado en el expediente, ni como abogado ni como parte, ninguna persona que se llame Ignacio Danuzzio Iturraspe”, explicó el fiscal, en un dictamen al que tuvo acceso este diario.
Para Rívolo, los mensajes difundidos “componen, en forma harto obvio, un intercambio personal y propio de la esfera privada de las comunicaciones que, al parecer, teniendo en cuenta las fechas en que tuvieron lugar, (Rafecas) habría mantenido en los primeros momentos de la investigación cuando, como es obvio, no existía todavía el cúmulo probatorio que se fue incorporando después, ya que se daban los primeros pasos para obtener la prueba necesaria para el proceso”.
El escrito de Rívolo parece también un anticipo de que rechazará la recusación en su contra: “Jamás se ha visto impedido el normal ejercicio de la magistratura, como tampoco mi labor como fiscal en el impulso de la acción penal… Más allá de toda suspicacia que pueda extraerse –con honestidad o sin ella– de una conversación de carácter privado entre el juez y otra persona a la que pudiera unirle una amistad y, por ende, un lazo de confianza, este Ministerio Público desde el primer momento ha trabajado con absoluta autonomía y con total respeto por su investidura pública.” El fiscal defendió también a su ex jefe, el renunciante procurador general de la Nación, Esteban Righi: “Mis superiores nunca me han contactado siquiera con relación a este caso y, por ende, jamás me he visto impedido, coartado, presionado ni influenciado, en el normal desarrollo de mi labor”.
12.04.2012
“Sesgado, tendencioso, y pueril”
Rívolo reconoció que envió un mail a los medios que cubren la causa Ciccone para aclarar que no se había allanado la residencia de Boudou.
“Informé que el domicilio allanado era de propiedad del vicepresidente pero se encontraba alquilado, esto último subrayado en el correo y con negrilla. Aclaré que se encontraba deshabitado y que allí se había secuestrado sólo tres teléfonos inalámbricos, además de otros datos que era de interés manifestar”. El fiscal justificó su actitud en “la innegable importancia institucional que este caso tiene y la necesidad de aclarar lo mejor posible la información dada a publicidad”.
Además, descartó ser él o Rafecas quienes hayan anticipado información a los medios sino que en el departamento de Puerto Madero, como en otros lugares vinculados con la causa, existían “guardias periodísticas”, que en algunos casos “llevaban días y hasta semanas en el lugar”. La acusación sobre la supuesta “agencia de noticias” en el juzgado de Rafecas fue calificada por Rívolo como un denuesto “a todas luces sesgado, tendencioso y pueril”.
Fuente:TiempoArgentino
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