Es uno de los policías señalados por Julio López como integrante del “grupo de picaneadotes” en el juicio a Miguel Etchecolatz. Fue apresado por el asesinato de Marcelo Bettini, hermano del embajador en España Carlos Bettini, y de Luis Bearzi, en Tolosa, en 1976. También detuvieron a un subordinado suyo en la Policía por la causa por el Pozo de Quilmes.
11.04.2012
Por Pablo Roesler
pabloroesler@gmail.com
El ex policía fue detenido el lunes en Mar del Plata por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, por orden del titular del juzgado federal Nº3, Arnaldo Corazza. La captura fue informada a través de la cuenta de twitter de la fiscalía (@UnidadDDHHLP), quien reclamaba el procesamiento desde hace cinco años. A las 11.30 del lunes fue trasladado a los tribunales de 8 y 50 donde fue indagado.
También esta semana fue apresado un subordinado suyo en la UR, Tomás Rotella. El ex policía está imputado como autor de secuestro y torturas y su captura es parte de la orden de detención contra 23 militares, policías y civiles emitida por Corazza el lunes en la causa por el pozo de Quilmes (ver aparte).
Aunque Garachico quedó involucrado por los homicidios de Bettini y Bearzi, la participación del detenido en la represión ilegal ya habían sido señaladas por el testigo desaparecido Jorge Julio López en su declaración en el juicio que condenó al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.
“El día uno (de estadía en el campo de Arana) nos saca Etchecolatz con el grupo de picaneadores, grupo en el que reconozco a algunos, como Garachico, Urcola, Aguiar”, disparó López el 28 de junio ante el Tribunal Oral Federal Nº1 en el debate realizado en el salón dorado de la Municipalidad.
El nombre del ex policía también fue mencionado por testigos en los Juicios por la Verdad de La Plata, donde la ex mujer de Rotella aseguró que su esposo junto con Garachico y Manuel Aguiar tenían relación con Etchecolatz. También habría participado en el operativo del ataque a la casa Mariani Teruggi en noviembre de 1976.
El ex policía quedó imputado en la causa Bettini Bearzi luego de que la Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmara los procesamientos de Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Eduardo Gargano.
En ese fallo el tribunal sostuvo que la muerte de Bettini, quien ingirió una pastilla de cianuro, constituye un crimen de lesa humanidad y encuadra en la figura de homicidio.
El hecho ocurrió el mediodía del 9 de noviembre de 1976 en 4 bis, entre 528 y 530 de Tolosa, donde Bettini, de 19 años, y Luis Eduardo Sixto Bearzi habían concurrido a una cita. Sin embargo, cuando llegaron los estaba esperando la Policía Bonaerense. Bearzi fue ultimado a disparos y Bettini tomó cianuro antes de ser detenido.
“Bettini actuó coaccionado como consecuencia de los medios violentos -e ilegales- desplegados por parte de las fuerzas represivas durante el operativo, quedando su intervención circunscripta a decidir entre el suicidio o a ser, muy presumiblemente, detenido por la Policía provincial e ingresado al circuito represivo que se encontraba activo en la época", señalaron los jueces en el fallo.
También dijeron: "la decisión de suicidarse fue realizada con una proporcionalidad ajustada al estado de necesidad justificante, ya que con ella no solo buscó evitar padecer tormentos físicos y psíquicos, sino también ser instado a delatar a terceras personas, las cuales eventualmente podían ser aprehendidas e ingresadas al mismo circuito represivo para ser torturadas y muy factiblemente, asesinadas como lo sería él".
Desde hace tiempo la fiscalía insistía en la detención de Garachico por ese hecho, ya que “en los legajos decía que en el operativo habían participado el COT, que dependía de Etchecolatz, y el servicio de calle de la Unidad Regional, de la que él era jefe”, señalaron fuentes judiciales.
El homicidio de Marcelo inició una cadena de secuestros en la familia Bettini. Pero aunque los sobrevivientes iniciaron una investigación en un único expediente por todas las víctimas de la familia, el asesinato del hermano del embajador de España fue separada en la causa 29 y el resto de los hechos unificados en la causa por La Cacha, el centro clandestino de detención de Olmos, recientemente elevada a juicio.
Tercer detenido. El juez Corazza detuvo también ayer al militar Hugo Ildebrando Pascarelli, imputado en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo, en la que a lo largo del mes pasado, la justicia detuvo a 24 personas, entre las que se encuentran el abogado Juan María Torino, quien fue secretario del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart, y en 2002 renunció a la Justicia por denuncias de coimas.
El ex coronel Pascarelli ya estaba detenido tras ser condenado a perpetua en julio del año pasado por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio, de Capital Federal, por donde pasaron, entre muchos otros, el dibujante y creador de El Eternauta, Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.
Fuente:Diagonales
Ordenan la captura de 23 imputados por crímenes de lesa humanidad en el Pozo de Quilmes
La justicia federal de La Plata ordenó la captura de más de una veintena de militares, policías y civiles, tres de los cuales fueron reconocidos por un sobreviviente. Uno de ellos, Tomás Rotella, fue procesado por primera vez en una causa por delitos cometidos en dictadura.
11.04.2012
Por Pablo Roesler
pabloroesler@gmail.com
La justicia federal ordenó la captura de 23 militares, policías y civiles en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes de la Policía Bonaerense. Entre ellos se encuentra el ex policía Tomás Rotella, ex miembro de la Unidad Regional de La Plata acusado de ser autor directo de secuestros y torturas junto al imputado en el juicio por el Circuito Camps, Carlos “el Oso” García y otro policía que aún no fue detenido.
La orden de detención fue emitida el lunes por el juez federal Nº3 Arnaldo Corazza contra 23 imputados del Ejército, la Policía y civiles, de los cuales 21 ya están involucrados en otras causas judiciales. De todos, tres ex policías que fueron reconocidos por un sobreviviente están imputados como autores materiales de privación ilegal de la libertad y tormentos. El resto son considerados autores mediatos.
Uno de los tres acusados de ser autores materiales es el ex policía Tomás Rotella, quien quedó procesado por primera vez en una causa judicial el martes tras ser indagado. Lo mismo le ocurrió, aunque en otra causa, a su superior Julio César Garachico (ver aparte). También está imputado por primera vez el ex policía que aún no fue detenido.
Otro de los presuntos autores materiales es Carlos “El Oso” García, ex policía de la Unidad Regional de La Plata quien se encuentra sentado en el banquillo de los acusados en el juicio que realiza el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención del Circuito Camps.
Los pedidos de detención habían sido pedidos hace alrededor de cinco años por la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que en total elevó 101 pedidos de detenciones por esta causa. Hasta la fecha, se produjeron las 23 detenciones del lunes y otras cuatro anteriores, las de la cúpula: el comisario Miguel Etchecolatz, el ex ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, el segundo de la Bonaerense, general Anibal Cámpos y del jefe de la Brigada de Quilmes, Lucas Belich.
Entre los detenidos de la causa están, también, el abogado Juan María Torino, quien fue secretario del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart, y el jefe del destacamento de inteligencia 101 del Ejército, Jorge Olivera Rovere.
El Pozo. La causa por los crímenes cometidos contra 204 víctimas en el centro que funcionó en la brigada de Investigaciones de Quilmes.
El centro comenzó a funcionar antes de la dictadura y en n la causa se investigan los delitos allí cometidos desde 1975 hasta 1979.
La brigada funcionó en esa dependencia policial hasta el 1 de enero de 1977, cuando por los acuerdos “antisubversivos” entre las fuerzas, la Policía lo cedió al Ejército. Sin embargo, el centro clandestino continuó funcionando, ahora como en un marco de máxima ilegalidad y clandestinidad.
Recién en el año 80 el edificio fue devuelto a la Bonaerense, que instaló allí la brigada femenina. Actualmente volvió a sus funciones primigenias: es sede de la DDI Quilmes.
Fuente:Diagonales
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