MÉXICO.

viernes 13 de abril de 2012
Tribunales especiales de Felipe Calderón perpetúan impunidad
Por Anayeli García Martínez (CIMAC)
La nueva propuesta de Felipe Calderón para crear tribunales civiles con jueces y magistrados militares que juzguen violaciones a los Derechos Humanos (DH) cometidas por efectivos castrenses, lejos de garantizar el debido proceso perpetúa la impunidad.

De acuerdo con organizaciones civiles que han documentado el tema, la nueva propuesta del Ejecutivo federal no responde a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y es una “simulación” porque mantiene las facultades de las fuerzas armadas.

En octubre de 2010 Calderón envió una primera iniciativa al Senado para reformar el Código de Justicia Militar y excluir del fuero militar los delitos de desaparición forzada, violación y tortura. Sin embargo en marzo pasado trascendió que presentaría una nueva propuesta.

En el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca crear tribunales civiles donde los ministerios públicos, jueces y magistrados tengan conocimientos de la jurisdicción militar, o bien que sean efectivos en retiro quienes juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que cometan delitos contra civiles.

En opinión de Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, esta nueva propuesta no es aceptable pues la idea es contar con órganos imparciales, y con esto nuevamente se vuelven a crear tribunales especiales cuando éstos no deben existir.

“Es volver a lo mismo aunque no se diga”, explicó el activista a Cimacnoticias. Afirmó que no se trata de proteger la disciplina militar, sino los DH y, como lo ha señalado en numerosas ocasiones, reiteró que no se pueden otorgar este tipo de prerrogativas a las fuerzas armadas.

Con este argumento coincidió Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que obtuvo la primera sentencia de la CoIDH contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla, presuntamente a manos del Ejército en 1974.

En entrevista, el abogado señaló que con esta propuesta tampoco se cumple con la resolución de julio de 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que los tribunales militares no son competentes para juzgar violaciones a DH cometidas por soldados.

Amezcua consideró que el sexenio que está por concluir se ha caracterizado por la protección que se brinda a los soldados aun cuando cometen los peores crímenes contra la ciudadanía. Por ello alertó de un posible pacto entre legisladores y mandos castrenses para continuar con el fuero militar.

Al respecto, José Francisco Gallardo, general encarcelado por proponer la figura de ombudsman militar en 1993, observó que la nueva propuesta no responde a las demandas de las organizaciones, ni a las recomendaciones de los organismos internacionales que han exhortado al Estado mexicano a derogar el fuero castrense.

A decir de Gallardo, crear tribunales especiales para juzgar a miembros del Ejército que cometan delitos contra civiles es anticonstitucional toda vez que el artículo 13 de la Carta Magna no permite la existencia de tribunales ni leyes especiales.

Indicó que es falso el argumento de que para juzgar a militares se necesita de persona con conocimientos castrenses, toda vez que los jueces deben ser especialistas en Derecho, ya que su deber no es proteger la disciplina militar sino las normas y leyes sin importar la actividad de los acusados.

Agregó que el gobierno federal “escamotea sus respuestas” ante una demanda legítima que pretende regular las relaciones cívico-militares, en un país donde las fuerzas armadas y el secretario de la Defensa tienen más poderes que el propio Presidente de la República.

Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó ante la CoIDH el caso de dos campesinos ecologistas detenidos y torturados por soldados en Guerrero en 1999, lamentó este nuevo intento de no cumplir con las sentencias.

El activista mencionó que en la sentencia contra el Estado mexicano por el caso de los ecologistas, la CoIDH señaló que la propuesta del Ejecutivo de octubre de 2010 no cumplía con los estándares internacionales en la materia.

Marroquín criticó que lejos de ajustarse a tales estándares el gobierno federal se resiste a cumplir.

Indicó que organizaciones civiles han buscado reunirse con los senadores para hacerles llegar sus observaciones sobre la anterior iniciativa, pero destacó que con estas nuevas propuestas de reforma se retrasa el proceso que ya había avanzado en el Senado.

Los defensores de DH coincidieron en que es hora de mantenerse alerta para evitar que el Estado mexicano simule cumplir con sus obligaciones internacionales, y en la práctica continúe con el mismo sistema de justicia, ahora a través de tribunales especiales y faltos de imparcialidad.

viernes 13 de abril de 2012
Activistas piden censo de posibles víctimas de trata
Por Patricia Mayorga (CIMAC)
Ellas fueron a buscar trabajo fuera de sus comunidades, pero ya no regresaron a sus casas. Sus familias creen que se casaron o que por falta de dinero no pudieron volver.

Son las víctimas de trata de personas en el estado de Chihuahua que permanecen en el olvido, mientras el delito se expande y se mantiene impune ante la indolencia de las autoridades judiciales.

Por ello, organizaciones civiles de mujeres han demandado a la Fiscalía General del estado que convoque a habitantes de pueblos y ranchos, principalmente de la zona serrana, para que pregunten por el paradero de sus familiares mujeres que se hayan ido en busca de trabajo a otra ciudad y que no han sabido de ellas.

De esa manera las familias podrían saber si las mujeres -jóvenes en su mayoría- están bien o si fueron secuestradas. Se elaboraría un censo para presentar un reporte ante las autoridades y que inicien las investigaciones correspondientes.

Norma Ledezma, presidenta de Justicia para Nuestras Hijas, explica que esos casos son poco visibles y poco investigados, toda vez que apenas se reconoció que el delito de trata de personas existe en Chihuahua.

También advierte que las dependencias encargadas de indagar apenas cuentan con infraestructura y presupuesto para ello. La activista advierte que las autoridades han sido “cómplices” del crimen al ser omisas en las investigaciones.

Estigmatización
Ledezma observa que para indagar y castigar la trata de personas se opone una barrera “cultural y social” muy arraigada que “cosifica” a las mujeres, y las culpabiliza por ser víctimas de ese delito.

“La misma cultura, la sociedad, advierten a las mujeres que quienes son buenas no salen de noche, no se arriesgan a ser secuestradas o violadas a las 8 o 9 de la noche, no visten con faldas cortas o short”, explica la dirigente de Justicia para Nuestras Hijas.

Y es que -añade- la víctima de trata, además del daño psicológico y físico con el que tiene que vivir, también carga con la culpa porque se llega a creer responsable de lo que le pasó.

“Un hombre secuestrado y liberado debe superar lo vivido, pero una mujer además tiene que superar haber sido ultrajada. Eso nos habla de que ser mujer sí nos hace más vulnerables (ante este delito)”, recalca Norma Ledezma.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), José Luis Armendáriz González, explica que el aislamiento es la principal señal de que una mujer es víctima de trata de personas.

“La víctima siempre es trasladada a otro lugar, puede ser muy lejos o muy cerca, pero ese lugar debe estar lejos del círculo de relaciones de amistades o relaciones de la víctima”, detalla.

Agrega: “De ahí que siempre la característica de la trata es que (las mujeres) no son del lugar donde están siendo víctimas del delito. Cualquier falta a toda normatividad de tipo laboral, trabajos forzados, como los jornaleros, migrantes o trabajo doméstico, es sospechoso de trata, la víctima no es del lugar”.

El funcionario describe que el tratante de personas somete a la víctima a un proceso de “cosificación” antes de inducirla a que sea explotada con fines sexuales o laborales.

Perseguir ese delito resulta complejo porque para que la víctima denuncie primero hay que empoderarla, señala Armendáriz. “Se genera además una relación enfermiza y no es fácil salir”, apunta.

“En Chihuahua la trata va muy de la mano también con las migraciones, donde hay migraciones hay posibilidades de la existencia del delito y no podemos negar que Chihuahua es un lugar de tránsito. Hay que ser muy cuidadosos de los comportamientos delictivos, de los grupos delincuenciales. Donde hay migración se propicia la trata de personas”, abundó.


Desaparecidas
El caso de Aurora -del cual Justicia para Nuestras Hijas fue coadyuvante en las investigaciones- es un botón de muestra del flagelo que significa el delito de trata en Chihuahua.

En 2011, Aurora tenía 20 años cuando tres hombres se la llevaron mientras esperaba un camión para ir a su cita médica en un hospital público de la capital del estado. En su relato recuerda que despertó desnuda en una tarima de madera y que estuvo cautiva unos días.

En el lugar donde fue levantada, unos albañiles encontraron el bolso de la joven y lo entregaron a la familia, la cual de inmediato interpuso la denuncia. Los familiares acudieron con Justicia para Nuestras Hijas para que coadyuvara en el caso.

Se inició así una campaña vía Twitter y Facebook para buscar a Aurora. A los dos días fue encontrada, luego de que una noche los tratantes la dejaron en las instalaciones del campus viejo de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Al salir del lugar, la joven vio su imagen en uno de los volantes que se habían difundido para localizarla. Apenas con fuerzas luego de haber sido ultrajada, Aurora despegó el anuncio de la pared y se lo mostró a una señora que iba pasando. De esa manera regresó a su casa.

Aurora no recuerda muchas situaciones concretas, pero pudo deducir que fue trasladada al municipio de Ojinaga (a 231 kilómetros al noreste de la ciudad de Chihuahua), toda vez que, dijo, reconoció el camino.

Aurora y su familia ahora viven fuera de Chihuahua ante el temor de que los criminales vuelvan a buscarla.

Otro caso llevado por Justicia para Nuestras Hijas es el de las hermanas Nancy y Daisy Caraveo Paredes, quienes fueron desaparecidas y asesinadas en agosto de 2011.

Las jóvenes -de 20 y 26 años de edad, respectivamente- fueron levantadas en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna. Cinco días después, fue encontrado el cadáver de Gonzalo Molina Sandoval, quien había dado un “aventón” a las hermanas el día de su desaparición.

De las jóvenes no se sabía nada aún. Dos semanas después, el Ejército detuvo a cinco personas relacionadas con el crimen organizado y a quienes se les encontró las credenciales de elector de las hermanas Caraveo.

Uno de los delincuentes dijo que las jóvenes estaban muertas y que sus cuerpos habían sido abandonados cerca de un lugar conocido como La Antena, en el municipio serrano de Bocoyna.

El Ejército resguardó el lugar y la Fiscalía Zona Occidente llevó perros para rastrear el terreno. Los cuerpos tenían rastros evidentes de abuso sexual.

Las investigaciones indicaron que las hermanas fueron seguidas y secuestradas para dar servicio sexual al grupo delictivo que las desapareció. Por un error de uno de los criminales ambas fueron asesinadas.

viernes 13 de abril de 2012
Más basura televisiva empresarial (con niños actores) para presionar a políticos
Por Pedro Echeverría 
1. ¡Qué casualidad! En el video de “Los niños incómodos exigen a los candidatos”, los teleespectadores se paralizan al ver actuando a niños como si fueran personas mayores; pero yo no observé a ningún militar asesinando a “delincuentes”, a empresario alguno sometiendo a obreros, a Azcárraga o Slim acumulando su capital, a ningún cura pederasta persiguiendo a niños, ni tampoco a Salinas de Gortari negociando con Fernández de Cevallos. Ví a niños actores imitando a “delincuentes comunes”, pero lo más grave fue que no se habló de las causas de la miseria y la delincuencia, del motivo por el que vivimos en esas condiciones en México.

¿Por qué no dijeron cuántos desempleados hay en el país; cual es el salario promedio que reciben los obreros; cuánto vale una canasta de alimentos básicos; porque hay millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y por qué hay millones de personas que emigran del país? Porque los empresarios y los poderosos no pueden hablar de eso; quedarían desnudos.

2. El video de “Los niños incómodos exigen … ”, es una basura televisiva empresarial mas (con niños actores) para presionar a políticos. Fue financiado por empresarios, por grupos derechistas y el “Grupo Nacional Provincial”. Se sabe que lo que hace positivamente el pueblo pobre nunca aparece en la televisión, jamás se comenta en la radio o en la prensa porque no tienen amistades empoderadas. Por el contrario lo que hacen los poderosos empresarios y políticos se difunde por todas partes porque tienen mucho dinero con qué pagar y sus mensajes siempre coinciden en intereses con los dueños de los medios de información. (Durante 20 años publiqué en la prensa impresa; mis artículos fueron aceptados hasta 1995, después –con el pretexto de apoyar el levantamiento zapatista- me corrieron. En los últimos 15 años –con un promedio de cinco artículos semanales- solamente lo he hecho por las publicaciones de las redes amigas de Internet)

3. Con el video de los “Niños incómodos”, los grandes empresarios, en particular los televisivos, ya quieren todo el poder, incluido el gobierno. Desde hace ya varias décadas, por lo menos desde los setentas del pasado siglo, comenzaron a enfrentar al PRI, pero tuvo que llegar 1982, la falsa nacionalización de la banca hecha por López Portillo, el apoyo del FMI al sector privado con su “carta de intención” y la obligación de “adelgazar el Estado” vendiendo las empresas paraestatales a los grandes empresarios, para que los magnates del Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Manuel Clouthier, se lancen a fondo contra el gobierno de López Portillo. ¿Puede olvidarse que fue entonces cuando México cambió a fondo su posición respecto a los EEUU y cuando los empresarios dominaron completamente el gobierno? Es clave el conocimiento correcto de este periodo.

4. Los grandes empresarios mexicanos asaltaron el poder político en 1982 con el grito “México en libertad” del CCE, cuando se sintieron suficientemente fuertes, cuando se vieron apoyados por el neoliberalismo reaganiano y cuando Miguel de la Madrid se hizo de la Presidencia. La realidad es que pasaron 60 años (1920-80) los empresarios para desarrollarse bajo el cobijo de los políticos que les dieron conciencia y organización protegidos por la leyes mexicanas (defensa de la propiedad privada, apoyos para su desarrollo, exención o bajo pago de impuestos, subsidios de transporte, protección ante huelgas; pago de miserables salarios); pero ya desde 1970 comenzaron a pelear por el poder contra los gobiernos de Echeverría Álvarez y de López Portillo. En 1985 obligaron a entrar a México al GATT y ocho años después a firmar el TLCAN. Los empresarios de subordinados de los políticos pasaron a dominar de manera total.

5. “Lo redituable para esos distinguidos empresarios (productores del video) –escribe Hernández López en La Jornada- es la oportuna exacerbación de un sentimentalismo político de oferta. Sin ir a las causas profundas de la desigualdad económica y social, que ha llevado a nuestro país a la situación de violencia, protesta pública y descompostura institucional, los crónicos acompañantes del poder que ha causado esos hervores en riesgo de estallar prefieren producir un video en el que se acaban colocando como críticos, demandantes, movilizadores sociales, casi sustitutos del sistema político agónico. Los empresarios mexicanos ya tienen a Peña Nieto o a Josefina Vázquez como sus candidatos presidenciales, pero con esto demuestran que tienen fuerza, la capacidad, y están dispuestos a seguir adelante imponiendo a los políticos sus programas. También los políticos saben que son cada día más débiles y que tienen que someterse.

6. El pueblo sin conciencia crítica acepta cualquier cosa que le mete la tele en la cabeza. El trabajador al llegar a la casa cansado de trabajar o de buscar empleo, le afloja pensar. “La televisión –escribe Sartori- produce imágenes y anula conceptos y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender”. “La televisión -según los poderosos propietarios de Televisa- no tiene la misión de educar o de enseñar a pensar; es sólo para entretenerse y divertirse. Para educar está la SEP”. Por eso películas como “De Panzaso” o videos como “Los niños incómodos…” no sirven para pensar o reflexionar, sino sólo llaman la atención para asuntos de la vida cotidiana de México, pero nunca para ir a la raíz de los problemas, es decir, para que los mexicanos comprendan las causas que están produciendo esa realidad. Son la basura televisiva de entretenimiento, de diversión, que inmoviliza a los trabajadores.

viernes 13 de abril de 2012
Pésima inversión presidencial
Por Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
Para “contener y debilitar a las organizaciones criminales”, el gobierno de la guerra que ahora sólo es lucha, gastó 741 mil 125.6 millones de pesos en cinco años.

La contención y el debilitamiento significan que si en diciembre de 2006 existía una docena de los erróneamente denominados cárteles, cinco años después predomina un vigoroso duopolio del crimen organizado ilícito (existen los lícitos que ninguna autoridad federal molesta), integrado por la Federación, a la cabeza del cual ubican a Joaquín Guzmán Loera, y Los Zetas encabezados por Heriberto Lazcano Lazcano, hombre que formó parte del Ejército, aunque lo niegue la Secretaría de la Defensa.

Sin temor a incurrir en equívocos, se puede estimar que los dos corporativos del crimen organizado son ahora mucho más poderosos que al comienzo del gobierno que les declaró la guerra, y que con “muchos pantalones” promete continuar La Jefa, por supuesto que no Marta Sahagún sino la candidata presidencial.

El anterior es un resultado de la estrategia militarista y punitiva del general de cinco estrellas que, en rigor sea dicho, se deriva de la que sigue la Casa Blanca, con matices diversos desde que Richard Nixon la impuso al orbe por el camino de Naciones Unidas, Ronald Reagan la relanzó con la venta de drogas a cargo de narcos al servicio de la CIA para armar a la contra nicaragüense y enfrentar al gobierno de Irán (el famoso Irán-Contra del que Washington prefiere hacer mutis), y con George W. Bush la incorporó, mezclándola atrabiliariamente con la “lucha contra el terrorismo”, como parte del arsenal para que Estados Unidos perdure como potencia hegemónica durante el siglo XXI.

El surgimiento del poderoso duopolio no es ajeno a la política de golpes selectivos, aunque no tan evidente como en el gobierno de Vicente Fox, mas cuenta también la mayor capacidad logística y corruptora de una u otra banda, además de los aliados.

En distintos momentos trascendió, periodísticamente, que funcionarios del aparato de seguridad nacional estadunidense y azteca, estiman que negociar con uno o dos corporativos criminales resulta más aconsejable que hacerlo con una docena.

Los 741 mil millones de pesos invertidos en una guerra que produjo más de 60 mil muertos (más los que se acumulen hasta la media noche del 30 de noviembre), no se corresponden con los resultados obtenidos y de los que no informó Felipe Calderón a la Cámara de Diputados y el Senado. A saber: la duplicación del número de consumidores de drogas ilícitas en una década, el desastre en materia de garantías individuales y sociales, y el peligroso protagonismo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El derroche multimillonario del que saldrán enriquecidos no pocos colaboradores de Calderón Hinojosa y el baño de sangre y dolor pretende justificarlo con la destrucción de 102 mil 523 plantíos de mariguana con una extensión de 13 mil 761.9 hectáreas; el decomiso de 9 mil 582.8 kilogramos de cocaína, mil 451.9 de goma de opio, 685.5 de heroína y 30 mil 740.3 kilogramos de metanfetaminas, y que se detuvo a 27 mil 162 personas, entre éstas a 386 extranjeros.

Sobre decomisos se da cuenta cuando menos desde 1976. El Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011omite hacer comparaciones con los decomisos durante los dos gobiernos anteriores, acaso porque en varios renglones son ahora inferiores.

El “golpe financiero” dado al crimen organizado en cinco años suma 3 mil 118 millones de pesos. Nada importante si sólo Guzmán Loera tiene una fortuna superior a mil millones de dólares (revista Forbes) y la estimación anual del lavado de dinero en México rebasa los 50 mil millones de dólares.
Fuente:Argenpress