Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
La situación de la empresa Repsol-YPF ha comenzado a oscurecerse como el petróleo. “La decisión final no podrá ser otra que la caducidad de los yacimientos”. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, hizo esta declaración el miércoles pasado. Se refería al área de explotación de hidrocarburos Los Perales-Las Mesetas, que representa el 8,3% de la producción de crudo de la empresa multinacional, y cuya concesión está a punto de ser revertida. Unos días antes, la provincia de Chubut había rechazado el plan de negocios que la misma compañía presentó para el yacimiento de Manantiales-Behr, que implica el 9,6% de la producción de la empresa. Chubut le dio a la compañía hasta el 19 de abril para presentar otra propuesta.
Todas las áreas que se revertieron a Repsol-YPF hasta ahora, sumadas, no representan más del 7% de su producción en el país. Si se confirmara la quita de las dos zonas que se acaban de mencionar, y se las sumará a las anteriores, la petrolera perdería alrededor del 27% de su producción total en la Argentina. Esto profundizaría de un modo drástico lo que hasta ahora fueron decisiones que tuvieron más impacto político y mediático que económico.
Botón de muestra. Una alta fuente del Ministerio de Hidrocarburos de Chubut habló con Miradas al Sur. Explicó los detalles del plan presentado por la petrolera y los motivos de la casi inevitable reversión. El hecho sirve como botón de muestra de lo que está pasando en todo el país.
El lunes 12 de marzo del 2012, Repsol-YPF presentó su plan anual para el yacimiento Manantiales Behr. Lo hizo en el Ministerio de Hidrocarburos chubutense, que es la autoridad de aplicación de las concesiones hidrocarburíferas de esa provincia. El eje central del plan consistía en una reducción de la inversión, que sería tres veces menor a la que se había hecho durante 2011 en la misma zona. “Propusieron proyectos para 100 millones de pesos, mientras que el año pasado habían llegado a invertir casi 300 millones”, explicó la fuente que habló con este medio. Estos recortes, como es lógico, afectaban varias cosas. Una de ellas era que la petrolera preveía “utilizar un 59% menos de equipos de torre”.
Este último dato es central para entender la multiplicidad de efectos que tiene en las provincias petroleras la reducción de la inversión por parte de las empresas. Los impactos más visibles son una posible caída de los niveles de producción y de reservas, pero hay otros. Los mencionados equipos de torre se utilizan para la perforación de las áreas de explotación y exploración. Las grandes compañías subcontratan esta tarea con empresas más pequeñas. Por ende, reducir la cantidad de equipos que se utilizan podría terminar afectando toda la economía provincial. “Si las petroleras dejan de contratar a las otras empresas y compran menos insumos, todas las firmas que giran alrededor de esta industria se ven empujadas a echar personal. Esto puede terminar provocando un problema social que se sumaría a la caída de la producción, que implicaría para el Estado provincial tener menos ingresos por regalías”.
Timba vs. exploración. Repsol-YPF produce hoy un 40% menos de petróleo que en 1999 y sus reservas retrocedieron un 52%. La caída se explica, en parte, por la falta de inversión en exploración para encontrar nuevos yacimientos. Esta falta de inversión, a su vez, tiene que ver con las prioridades de negocios de la empresa. No se trata solamente de los destinos a los que envían las utilidades, sino de operaciones financieras que consiguen ganancias sin necesidad de utilizar una perforadora ni un trabajador. Hay un ejemplo paradigmático de cómo funciona el mecanismo. Sucedió hace unos 16 meses.
El 7 de diciembre del año 2010, la petrolera hizo un anuncio con bombos y platillos: el hallazgo de un megayacimiento de gas en la provincia de Neuquén, ubicado en el área bautizada con el nombre de Loma de la Lata. Para comunicar el descubrimiento hubo un acto en el anfiteatro que la empresa tiene en su edificio de Puerto Madero. Estuvieron presentes, entre otros, la presidenta Cristina Fernández, el entonces gobernador santafesino Hermes Binner, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el líder de la CGT, Hugo Moyano. Sebastián Eskenazi, vicepresidente ejecutivo de la petrolera, dijo en ese evento: “Esto abre interesantes perspectivas para el desarrollo del país. Con los niveles de consumo actuales, este nuevo yacimiento amplía el horizonte de reservas de gas de 6 a 16 años”.
El efecto financiero de este anuncio fue inmediato. Sólo ese día, las acciones de la compañía treparon en la Bolsa de Buenos Aires un 5,2 por ciento y en la Bolsa de Nueva York el papel llegó a valer 51 dólares, un mes antes valía alrededor de 40. Pero el dato más significativo es que dos días después del anuncio, (recordemos que se había hecho el martes 7 de diciembre del 2010), la empresa Repsol, que todavía controlaba el 85% de las acciones de la petrolera, informó que iba a vender el 15% de las acciones en los mercados de Buenos Aires y Nueva York. El negocio estaba cerrado.
Lo que no trascendió en los medios en la proporciçión de que lo que se acaba de contar es lo que descubrieron los gobernadores de la Organización Federal de Provincias productoras de Hidrocarburos (Opefhi) un año y pico después. La Opefhi le pidió a principios de este año a la empresa que demostrara cuántas reservas certificadas tenía de aquellos megayacimientos. Repsol-YPF contestó que sólo tenía el 4%. Es decir que el negocio financiero se hizo sobre la base de un hallazgo que por ahora resulta falso o, cuanto menos, inflado. “Desde que se encuentra el recurso hasta que se comprueba la factibilidad de explotarlo y transformarlo en reservas pasa un tiempo –explicó el funcionario del Ministerio de Hidrocarburos chubutense–. Lo cierto es que cuando pedimos que nos digan exactamente el nivel de reservas certificadas nos encontramos con una cifra irrisoria. Esto se presta para sospechar que la empresa está más metida en el negocio financiero que en otra cosa”. Más allá de lo que diga el funcionario, alcanza con mirar las cifras de la evolución de las reservas de gas en la Argentina, que cayeron más de un 50% desde el año 2000 hasta hoy.
Modelos posibles. El caso de Chubut puede servir también como botón de muestra de las posibles salidas para la encrucijada de la situación de los hidrocarburos en la Argentina. La provincia le quitó a mediados de marzo a Repsol-YPF las concesiones para la explotación de las áreas El Trébol-Escalante, Cañadón Perdido Campamento y Central-Bella Vista Este. Estas zonas volverán a licitarse el próximo martes. Lo anaunció ayer el gobernador chubutense Martín Buzzi. Pero el esquema al que apuesta la provincia es distinto al que se conocía hasta hoy.
“Vamos a convocar al capital privado porque el Estado no cuenta con los recursos financieros para las inversiones que hay que hacer. El aporte que hará la provincia son las reservas, que ahora le pertenecen. La licitación la realizaremos proponiendo un esquema mixto, una UTE”, remarcó el funcionario. También explicó cómo sería el esquema accionario. La empresa estatal chubutense Petrominera controlaría el 40% de las acciones y el 60 restante se repartiría entre los inversores privados. Pero hay un dato para tener en cuenta en el funcionamiento del directorio. Los representantes públicos tendrían poder de veto sobre cualquiera de las decisiones de la compañía. Ejemplo: si el directorio estuviera formado por cinco miembros, el Estado tendría 2 y los privados 3. Pero esa mayoría no serviría para imponer decisiones porque los dos que responden a la provincia las pueden vetar. “El único modo de funcionar será buscar consensos”.
Sobre las perspectivas a nivel nacional, la misma fuente remarcó: “Es necesario que YPF cambie de accionistas y tenga una conducción distinta. Entre los nuevos dueños puede estar el Estado Nacional y también las provincias productoras. Lo concreto es que la empresa necesita estrategias con criterios de producción de hidrocarburos y no de especulación financiera”.
El futuro inmediato de la compañía multinacional parece estar signado por seguir perdiendo áreas de explotación. A las que se mencionaron al principio de esta nota se agrega la quita de Ñirihuau, ubicada a 20 kilómetros de Bariloche. Su peso en los niveles de producción de la compañía es ínfimo, pero el dato político y los motivos de la reversión no. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció esa quita el miércoles pasado. El motivo que esgrimió es el mismo que pusieron sobre la mesa Chubut, Santa Cruz, Salta y Mendoza. Weretilneck declaró: “De los 17 millones de pesos que se habían comprometido a invertir no pusieron uno solo”.
El proceso sigue su curso.
Las acciones de la discordia
La Comisión Nacional de Valores puso la lupa sobre los movimientos que tuvo la acción de YPF en marzo. Quiénes son los jugadores clave que operan con el papel de la multinacional.
Durante el mes de marzo, la acción que mayor crecimiento registró en la city porteña fue la de YPF; con una suba del 17,6 por ciento, tras las bruscas caídas que exhibió en febrero. “Tanto los precios como los volúmenes negociados fueron poco usuales. La verdad es que no hubo motivos para semejante variación”, evaluó en diálogo con Miradas al Sur un operador acostumbrado a monitorear de cerca los movimientos bursátiles. No es extraño, en este contexto, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) haya decidido poner la lupa sobre un movimiento alcista que los analistas habrían calificado –como mínimo– de insólito, en vista de la pulseada que desde febrero mantienen el Gobierno Nacional y las provincias petroleras con Repsol y que, durante los últimas semanas, derrumbaron el precio del papel.
¿Quiénes fueron los intermediarios que empujaron al alza el precio, tanto en la plaza local como en la bolsa de Nueva York? Una revisión de la política de venta de acciones de YPF, iniciada por Repsol a fines de 2010, permite visualizar algunos de los jugadores de un tablero por demás complejo. Quienes conocen el mercado apuntan cuatro nombres: los fondos Eton Park Capital Management, Capital Guardian Trust Company y Capital International Inc.; y el banco de inversión Lazard Frères, representante argentino en la primea etapa del canje de la deuda pública.
Los papeles en juego representan en la actualidad el 17,08% del total del paquete accionario de la petrolera y “flotan” libremente en el mercado –lo que se conoce en la jerga como “free float”–. El resto se reparte entre la controlante Repsol (57,43%) y el Grupo Petersen (25,46%). En la práctica, los papeles que se negocian libremente en la city porteña y en Wall Street duplicaron su volumen desde fines de 2010 a la actualidad –pasaron del 8,04 al 17,08%–, en el marco de la política de Repsol de desinvertir parcialmente en YPF para equilibrar sus activos, estrategia que le permitió al Grupo Petersen elevar su participación original en un 10%.
Quienes siguen de cerca el derrotero de las acciones recuerdan que Eton Park y Capital Guardian apostaron por YPF a fines de 2010. Cuatro años antes, Eton Park había intentado adquirir el 50% de Transener, tras alcanzar un principio de acuerdo con Petrobras. Hoy, el fondo de inversión es dueño del 7% de Pampa Energía, compañía con importantes inversiones en la generación, transporte y distribución de energía.
En el mercado señalan que el caso de Capital Guardian es diferente. Según los especialistas, su perfil es el de un jugador global con intereses y objetivos de más corto plazo.
Otro capítulo importante se cerró en marzo del año pasado y consistió en una nueva venta de acciones por parte de Repsol. La operación significó que se agregaran a los papeles que ya flotaban en el mercado un 3,83% del paquete en manos de Repsol. En esa oportunidad, poco menos del 1% de las acciones fueron adquiridas por compradores no identificados y el resto por Lazard Asset Management, con oficinas en Buenos Aires desde que comprara, en 2008, la mitad de Merchant Bankers Asociados (MBA). Hoy, según los registros del Banco Centra, Lazard es dueño de poco más del 98% de MBA.
Un dato más. MBA es el banco de inversión que fundó Alejandro Reynal, poco después de dejar la vicepresidencia del Banco Central, cargo que desempeñó durante la dictadura. En la actualidad, Reynal figura como vicepresidente de MBA. Amigo de Nicholas Brady, el banquero local está acusado –junto a José Alfredo Martínez de Hoz– como responsable del desapoderamiento de los bienes del empresario Eduardo Saiegh, maniobra que, secuestro y torturas mediante, culminó con la estatización de Austral Líneas Aéreas a través del robo de las acciones controlantes que eran propiedad de Saiegh y que éste mantenía depositadas en el tesoro del Banco Latinoamericano, una entidad de la cual era dueño y que la dictadura lo obligara a liquidar bajo coerción..
Repsol-YPF: una “cuestión nacional”para España
Año 5. Edición número 203. Domingo 8 de abril de 2012
Por Roberto Montoya
Desde Madrid
La pulseada que mantiene el Gobierno Nacional con la petrolera ibérica pone de relieve la unidad entre socialistas y conservadores. Los mimados del rey Juan Carlos.
España no defiende los intereses de sus multinacionales en el extranjero a través de su ejército, desatando guerras o fomentando golpes de Estado como EE.UU. para derrocar gobiernos y controlar los grifos del oro negro en cualquier recóndito lugar del planeta.
No. La defensa de las multinacionales españolas por el Gobierno de Madrid se lleva a cabo con otras armas: la presión política, diplomática, económica y mediática.
Dado que América latina y el Caribe conforman la región en la que las multinacionales de origen español han desembarcado desde fines de los años ’80 más masivamente y donde obtienen sus principales beneficios en el exterior, cualquiera de los obstáculos que experimentan con los gobiernos nacionales, cualquier medida que recorte sus pingües beneficios, ponen en guardia a España entera como país.
Esto sucede independientemente de que gobierne el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) o el Partido Popular (PP). No se puede olvidar que la ola de privatizaciones de las empresas públicas –que se convertirían en las multinacionales de la actualidad– se iniciaron durante mandatos del socialista Felipe González y se completaron durante el del derechista José María Aznar. No casualmente González es hoy el consejero de Gas Natural y Aznar asesor externo para Latinoamérica de la eléctrica Endesa.
“Repsol-YPF es una empresa estratégica, que tiene pozos de petróleo y gas en el exterior, y le puedo garantizar que seguirá siendo española”, declaraba en 2008 Miguel Sebastián, ministro de Industria y Comercio de Zapatero, cuando se temía la entrada en su capital de la petrolera rusa Lukoil.
“El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de cualquier otra empresa española que esté operando en el resto del mundo”, dijo días atrás su sucesor, José Manuel Soria, en relación con el conflicto con la Argentina. El gobierno de Cristina Fernández tuvo que recordarle que YPF es una empresa argentina, aunque Repsol sea su socio mayoritario, con un 57%.
Los mimados del rey. Es paradójico que España, un país casi sin petróleo, reivindique con tanta vehemencia la nacionalidad de Repsol-YPF, cuando entre los accionistas principales de la petrolera están no sólo los grupos españoles CaixaBank (12,83%) y Sacyr (10,01%), sino también la mexicana Pemex (9,49%) y la británica Black Rock Investment Management (3,07%), y cuando en YPF comparte accionariado con el grupo argentino Petersen (25,46%).
Y es que Repsol, a pesar de ser la segunda gran empresa española con más presencia en paraísos fiscales, indudablemente repatría a España buena parte de sus ingresos, aporta con sus impuestos a las arcas de este país, mantiene miles de puestos de trabajo y tiene un gran peso en la economía. Su principal accionista, CaixaBank, líder en banca minorista en el mercado español, fue creado en 2011 por el poderoso Grupo La Caixa.
A pesar de que fue bajo el gobierno de Zapatero, y del tripartito regional del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida, cuando se nombró a Antonio Brufau, de La Caixa, presidente de Repsol –sustituyendo a Alfonso Cortina, ligado al Bbva y nombrado durante el gobierno de Aznar–, no puede entenderse esa batalla interna exclusivamente en términos de pugna entre el Psoe y el PP.
Tanto La Caixa como el Bbva –este último terminó manteniendo sólo una presencia testimonial en Repsol, pero aún hoy con uno de sus hombres, Javier Echenique, en la dirección– son, por sobre todas las cosas, representantes de las poderosas burguesías catalana y vasca, respectivamente. Por el volumen de sus negocios y su protagonismo en la vida económica y financiera, son gigantes mimados por el poder.
CaixaBank acaba de protagonizar la fusión-absorción de Banca Cívica, con lo que se convertirá, de hecho, en la primera entidad española por activos del país –345.000 millones de euros– superando incluso al Banco Santander, Bbva y Unnim.
En los medios también. Esa defensa de las empresas insignia de España que hacen el gobierno y el mismísimo rey Juan Carlos se realiza también a través de los medios de comunicación, en cuyos capitales participan las multinacionales, o en los que al menos influyen en tanto que principales anunciantes. Es por ello que, en conflictos como el de Repsol-YPF y antes en otros –por ejemplo en Venezuela, Bolivia, Ecuador u otros países–, los periódicos de tirada nacional de claro corte conservador –como ABC, El Mundo, La Razón o La Gaceta– coinciden en su línea editorial con un diario como El País, que todavía rentabiliza su aureola de centroizquierda de otros tiempos.
No es casual. El 57,7% del capital de Prisa –el grupo editor de El País, que controla también revistas, radios, televisión y poderosas editoriales en España, EE.UU. y América latina, entre ellos Radio Continental de Argentina– está desde 2010 en manos de tiburones de Nueva York, el fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, y recientemente ha entrado en la sociedad el empresario más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.
La trama de intereses que están detrás de El País y sus alianzas con el Grupo Clarín explican que tantas veces saliera en defensa del holding que lidera Héctor Magnetto, que criticara duramente la nueva Ley de Medios argentina, que ni mencionara la existencia de la serie El Pacto o que haya dedicado ahora furibundos editoriales contra el gobierno argentino por su postura en el diferendo sobre YPF.
En medio de los mayores recortes sociales que ha conocido España en décadas, El País encontró, sin embargo, espacio en su portada del 2 de abril pasado para el editorial “Por el mal camino”, en el que sostenía: “Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus amenazas veladas de nacionalizaciones”.
Sólo unos días antes, el 18 de marzo, titulaba otro editorial “El tango del expolio”, en el que denunciaba que “el Gobierno de Kirchner retira arbitrariamente permisos de explotación petrolera a Repsol”.
Son muchos los interesados –adento y afuera– en demonizar y deslegitimar al gobierno de Cristina Fernández y, para ellos, cualquier arma es buena.
Fuente:MiradasalSur
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