Lo dijo Jorge Eduardo Molina Ezcurra, uno de los acusados por delitos de lesa humanidad, durante su declaración en el juicio.
Neuquén-Los ex jefes militares Jorge Eduardo Molina Ezcurra y Gustavo Vitón, contrariamente al resto de los imputados de este segundo juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar, prestaron declaración ayer ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, aunque evitaron responder preguntas.
En su declaración, Molina Ezcurra, quien desde enero de 1975 a diciembre de 1977 se desempeñó como responsable del Destacamento de Inteligencia 182 con asiento en esta ciudad, dejó entrever que sus responsabilidades estuvieron protegidas en el marco de la ley de Obediencia Debida, concepto según el cual los suboficiales se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
Molina Ezcurra dijo que desde el 2003 "se ha creado un sistema político persecutorio contra las fuerzas de seguridad. Este proceso es una venganza instrumentada por el poder político y mal disfrazada de búsqueda de la verdad”, expresó quien en el juicio de 2008 fue condenado a 21 años de prisión.
Además no pudo evitar su malestar por afirmaciones y deducciones respecto de asuntos militares vertidas por abogados, jueces, fiscales y defensores. “Ninguno de ellos ha cursado estudios, ni siquiera son militares”, remarcó.
Durante su exposición, Molina Ezcurra reconoció que en Neuquén, como en todo el país, “hubo una zona de defensa y que no se trataba de un asunto clandestino”.
En otro tramo de su declaración señaló: “hay 1.151 condenados por delitos de lesa humanidad. Videla, soldados y policías ¿fueron capaces de manejar los centros clandestinos y hacer desaparecer a 30.000 personas?”. Y de inmediato cuestionó: “¿Dónde están los civiles y militares que a los tres meses del gobierno del general Perón pedían el golpe de Estado? ¿Dónde están los intendentes y funcionarios que juraron los estatutos del proceso militar? Ninguno rinde cuentas ante la Justicia. Nosotros somos los chivos expiatorios”.
Por último, Molina Ezcurra asumió su responsabilidad respecto "del personal civil y militar a mi cargo en el Destacamento de Inteligencia”. “Los oficiales y suboficiales cumplían órdenes, nada se les puede imputar”, subrayó.
Posteriormente declaró el mayor retirado Vitón, quien afirmó haber sido militante peronista y que rechazó el golpe de Estado de 1976. Además reivindicó su posición en contra de la Doctrina de Seguridad Nacional enarbolada por los militares y que dentró de la fuerza promovió la formación de un "ejército nacional" llamado "Los 33 Orientales".
Afirmó que "por ser peronista y no estar de acuerdo con el Proceso de Reorganización Nacional y el sentir de las fuerzas armadas" fue eliminado en 1980 cuando tenía el grado de capitán.
Viton está acusado de violaciones a los derechos humanos cuando se desempeñó como responsable militar del área operativa de la Comisaría 24 de Cipolletti. Cuestionó la acusación de haber sido parte de una asociación ilícita y señaló que desde hace cuatro años está en una celda de la cárcel de Marcos Paz, “con quienes me echaron”.
En tanto, se negaron a declarar Hilarión de la Paz Sosa, jefe de Sanidad de la Brigada de Infantería de Montaña VI, y Sergio San Martín, oficial del Destacamento de Inteligencia 182 en 1976.
"Buscaba delincuentes comunes"
Neuquén - El ex subcomisario de la Policía rionegrina imputado en el juicio "La Escuelita II", Oscar Del Magro relató ayer que tenía a su cargo una “pequeña brigada de investigaciones de delitos comunes”. Añadió que, a partir del 24 de marzo de 1976, la Comisaría 24 de Cipolletti estuvo “tomada” por unos “120 militares" de los que reconoció también al imputado en este proceso Gustavo Vitón.
Del Magro estuvo de acuerdo desde el primer momento en declarar y aceptó las preguntas de las partes.
“Al momento del golpe de Estado tenía 20 años, a cargo de la Comisaría de Cipolletti estaba (Alberto) Camarelli. Yo vestía de civil y mi trabajo era recorrer los lugares de compra venta, paradas de colectivos y terminales en búsqueda de delincuentes para prevenir el delito”, relató Del Magro a quien se le imputa colaborar en la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a Raúl Sotto.
El ex policía aseguró que “no conoce" a Sotto y negó haberlo secuestrado.
Consultado por los abogados querellantes, Del Magro dijo que Miguel Quiñones -otro de los imputados- “sí conectaba información gremial y política" para Camarelli, y que Julio Villalobos ayudaba en el ingreso a la comisaría.
Ivana Dal Bianco, querellante del Ceprodh, consultó al imputado para saber si dentro de su desempeño se incluía la detención de personas.
“Generalmente lo hacía el oficial de servicio, pero si yo agarraba un delincuente in fraganti también podía detenerlo y llevarlo a la comisaría”, contestó.
El abogado defensor de Del Magro, Rodolfo Ponce de León, solicitó la inclusión de cuatro testigos, vecinos de su defendido. El presidente del Tribunal Oral Federal, Orlando Coscia, informó que el pedido será respondido en su debido momento.
Piden citar a Labate
Neuquén -El abogado defensor de tres de los imputados en el juicio, Hernán Corigliano, pidió ayer que se cite a declarar a Guillermo Labate, ex juez federal que instruyó en la causa.
“De ser cierto lo que refirió el imputado (Oscar Del Magro) en cuanto a que el juez, previo al inicio de la declaración indagatoria, habiéndolo llevado detenido por esta causa, negoció que le diera algún dato o nombre a cambio de su situación procesal. Es una cuestión gravísima que debe ser aclarada por la Justicia”, afirmó Corigliano.
Impunidad aprovechada
Por NOEMÍ LABRUNE (*)
Es lógico que los imputados se inventen todas las circunstancias imaginarias o no, para salir mejor parados de estas audiencias. Nadie puede estar esperando que se acusen y menos aún que digan dónde están los restos de los desaparecidos, ni quién aplicó la picana. Aprovechan este lugar que se les da para hacer descargos específicos de sus crímenes, para distorsionar ante la opinión pública, para desinformar.
Gustavo Vitón dijo una verdad: "Los 33 Orientales", después de 1981, era un movimiento de protesta sobre las metodologías empleadas por la Junta Militar. Ahora Vitón se hace el abanderado de los militares que se opusieron a la dictadura. Pero era una oposición parcial.
A fines de 1986, lo fui a ver para explicarle que era fundamental su declaración para aportar elementos. Me aseguró que iba a llevar documentos y a colaborar en todo lo que estuviese a su alcance. Cuando declaró dijo que apenas se acordaba del predio de "La Escuelita". Así que todo lo que dijo ayer se contradice con sus hechos concretos. Aprovechan esa impunidad que les da el proceso penal para decir estas cosas. Menos mal que terminó esta etapa del juicio porque no es ni interesante, ni edificante.
(*) Integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén.
FuentedeOrigen:LaMañanadeNeuquen
Fuente:Agndh
Ingreso de los Represores de la Escuelita de Neuquén al TOF
Fuente:Telam
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