“La acción dañina persiste, el silencio es una continuidad de aquellos actos”
El fiscal federal dio por probado que la sustracción de menores formó parte de un plan urdido en las más altas esferas de la dictadura militar al que comparó con la crueldad de la “Campaña del Desierto”. Destacó la lucha de Abuelas.
Por: Gerardo Aranguren
Durante las dos horas que duró la introducción del alegato, Niklison advirtió que “este juicio no se refiere sólo al pasado lejano y que los aquí acusados no son unos ancianos que hicieron mucho daño en un tiempo que ya nadie recuerda. La acción dañina aún persiste, el silencio, el no decir dónde están los jóvenes que fueron secuestrados siendo bebés es una continuidad de la conducta de aquellos años”, señaló el fiscal al recordar que de los 34 casos investigados aún ocho no fueron restituidos, y agregó: “Las madres desaparecidas siguen dando a luz más de 30 años después con cada joven al que se le restituye la identidad.”
El funcionario destacó la labor de las Abuelas en la restitución de la identidad de esos chicos. “Los acusados carecieron de imaginación como para que por sus mentes pudieran aparecer mujeres como María Isabel Mariani, Estela de Carloto, Alicia de la Cuadra, Elsa Pavón, Rosa Roisinblit, y tantas otras. Su sentimiento de omnipotencia les hizo creer que tejiendo una red protectora, una red de pólvora y acero, pero también formada por magistrados judiciales, eclesiásticos y medios de comunicación, los que se habían apoderado de los hijos de quienes ellos calificaban como subversivos podrían estar tranquilos y educarlos conforme a su ideología”, indicó.
Buena parte de la exposición de Niklison se refirió a las responsabilidades de la cúpula militar en el plan de robo de bebés, particularmente de Videla, a quien cuestionó porque “el silencio sólo lo rompe en una entrevista para reivindicar su accionar como jefe de la dictadura pero nada dice sobre los bebés apropiados, lo que demuestra la voluntad de seguir avalando lo que hicieron en esos años”. En ese sentido, consideró el fiscal que si bien hubo respuestas distintas frente a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, hubo “una generalidad y extensión en el tiempo y el espacio que permiten llegar a la certeza de que obedece a decisiones adoptadas en la cúspide del poder militar”.
En otro tramo de su alegato, Niklison señaló que en el resto de Latinoamérica la represión no incluyó el robo de bebés y lo comparó con la represión de lo pueblos originarios durante la ‘Campaña del desierto’. “En esa época le sacaban los hijos a los indios a plena luz del día; un siglo después, la dictadura hizo lo mismo en centros clandestinos y se encargó de ocultar su siniestra obra”, recordó.
La fiscalía finalizó la introducción de su alegato con una cita al escritor Julio Cortázar ante las Naciones Unidas: “Si la desaparición de un adulto siembra el espanto y el dolor en el corazón de sus prójimos y amigos, ¿qué decir de padres y abuelos que en la Argentina siguen buscando, fotografías en mano, a esos pequeños que le fueron arrancados entre golpes, balazos e insultos? Vuelvo a pensar en Dante, vuelvo a decirme que en su atroz infierno no hay ni un solo niño pero el de los militares argentinos responsables de las desapariciones está lleno de pequeñas sombras, de siluetas cada vez más semejantes al humo y a las lágrimas.”
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
EL ALEGATO DE LA FISCALIA EN LA CAUSA POR LA APROPIACION DE NIñOS DURANTE LA DICTADURA
“No se trató de conductas ocasionales”
El fiscal Martín Niklison sostuvo que hay pruebas suficientes para sostener que el robo de bebés respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertó en el plan sistemático de represión ilegal”.
Los testimonios y otros elementos recabados durante más de un año en las audiencias realizadas en los tribunales de Comodoro Py aportaron pruebas suficientes para concluir que el robo de bebés y niños, hijos de mujeres y hombres detenidos clandestinamente y en su mayoría desaparecidos, no fueron acciones aisladas durante la dictadura sino, por el contrario, un crimen que respondió a “órdenes emanadas de las máximas autoridades militares” y que “se insertaban en el plan sistemático general de represión ilegal”. Así lo considera la fiscalía que, bajo la representación de Martín Niklison, Félix Crous y la adjunta María Saavedra, actúa en el juicio que evalúa la responsabilidad de una decena de militares, entre ellos los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, en la sustracción, retención y ocultamiento de 34 niños y en la sustitución de sus identidades. Ayer, el fiscal Niklison comenzó a exponer su alegato en el que, además de definir los crímenes como partes de la táctica y la estrategia del terrorismo de Estado, advirtió sobre su vigencia actual, a más de tres décadas de su aplicación. “Hay duelos que nunca se pudieron realizar como consecuencia de la metodología represiva de la dictadura. El horror de esos años no pertenece aún al pasado”, introduce la posición fiscal.
Niklison dibujó claramente el marco en el que se desarrollará el alegato de la fiscalía, durante las próximas seis audiencias. “Ha quedado demostrado con total certeza de que no se trató de conductas ocasionales y que en distintos lugares existieron estructuras montadas para llevar a cabo la sustracción de los menores”, mencionó, ante los rostros de los acusados y la mayoría de las querellas que participan del proceso, iniciado en febrero de 2011 ante el TOF 6.
La certeza de la fiscalía se apoya sobre varios ejes. De por sí, fueron contundentes las declaraciones que citaron de boca de represores como Ramón Camps o el propio Videla, quienes reconocieron la sustracción de bebés a hombres o mujeres “de la subversión”. Para los fiscales, la cantidad de hechos juzgados, sumados a los que figuran en otras causas penales y los que ya recibieron condena; el número de “lugares en donde se produjeron las apropiaciones” y el traslado hacia allí de mujeres embarazadas desde donde estaban secuestradas clandestinamente aportaron a la demostración de su hipótesis.
“Si en Argentina tenemos cientos de casos (de apropiaciones) y en las dictaduras de países vecinos no hubo ninguno, es porque aquí se tomó una decisión diferente”, señaló Niklison. Respecto de los escenarios, subrayó que “no se trató de un par de comisarías o de un cuartel. Tampoco se limitó a instalaciones de una fuerza, sino que hubo maternidades en dependencias de la Policía Bonaerense, del Ejército y de la Armada”.
Por último, mencionó que “es impensable que en la Argentina de esos años se pudiera trasladar a una mujer embarazada desde Mar del Plata o desde Morón hasta la ESMA para que tuviera su hijo, luego se hiciera desaparecer a esa mujer y su bebé se le entregara a otra persona y que ello no respondiera a un plan perfectamente orquestado desde los máximos niveles”. La connivencia de representantes de la Iglesia en el secuestro de bebés –hecho probado en el caso de la nieta de Chicha Mariani–, así como de miembros del Poder Judicial –el caso de la jueza Marta Pons– y la participación de personal médico completan el tablero de indicios que apuntan a probar la sistematicidad de los crímenes: “Hemos visto personas que todavía no saben dónde están ni qué pasó con sus seres queridos, otras que han recuperado su identidad hace muy poco y que, por lo tanto, todavía tienen muy fresca y con dolor la herida abierta hace más de treinta años por quienes están siendo aquí juzgados”.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
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