20 de mayo de 2012

CÓRDOBA: Se cumplieron tres meses de la desaparición de Facundo Rivera Alegre.

Como Asociación Ex Presos Políticos de Córdoba acompañamos y participamos en la marcha por la aparición de Facundo y en el reclamo al gobierno provincial para que reciba a la madre de Facundo.
Asoc. Ex PP de Córdoba


Córdoba. Se cumplieron tres meses de la desaparición de Facundo Rivera Alegre 
Otra sombra azul 
Por Guillermo Posada 
17.05.2012 
El joven salió de un baile de cuarteto y no se supo más de él. Su madre denuncia a la policía como responsable y acusa al fiscal de no actuar. Se acumulan las críticas a la política de seguridad del gobernador De la Sota.

El día que me llamaste tuve un desmayo, se me baja la tensión”, dice Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera que clama hace tres meses por alguna noticia del joven, desaparecido tras la salida de un baile de cuarteto, a escasas cuadras de la Central de Policía.

El caso, con profusa difusión en la capital de la provincia, pone en la mira el accionar de la policía cordobesa, acusada desde hace años de detener al voleo a jóvenes en la calle por merodeo o averiguación de antecedentes, en aplicación del Código de Faltas. Según diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos, dicho código es un instrumento de probada eficacia para ejercer el control social sobre los sectores pobres y juveniles en la provincia.

“Sí, mi hijo andaba con el pelo teñido, con pinta de cuartetero, por eso la policía lo llevaba detenido, incluso desde la esquina de mi casa. Lo acusaban de merodeo o le buscaban alguna excusa. Y él, que era un chico con una altura de un metro setenta y cinco y 85 kilos, se defendía, por eso lo tenían que llevar entre varios. Una vez estuvo 20 días con la cara hinchada”, relata Viviana.

La sombra azul hace referencia a un libro de Mariano Saravia sobre la tenebrosa D2, departamento de inteligencia policial de cruento protagonismo en Córdoba durante la última dictadura. Pero también sobrevuela la desaparición de Facundo Rivera Alegre, conocido como “el Rubio”. Así lo entiende su madre: “Tiraron muchas hipótesis, pero ¿quién tiene la logística para hacer desaparecer un cuerpo sin dejar rastro?”, se pregunta, y acusa: “Él desapareció en avenida Colón, justo donde las cámaras de seguridad de la policía no cubren, justo donde está lleno de patrulleros cuando sale la gente de baile. Que no me digan que nadie vio nada”.

Los testimonios que se filtraron a la prensa dicen que alrededor de las cuatro de la mañana del 19 de febrero, Facundo salió de uno de los shows que organiza el cantante Damián Córdoba. Nunca más se supo de él. Algunos dicen que se fue solo a tomar el colectivo después de despedirse de dos amigos, otros que dos efectivos policiales lo detuvieron y lo cargaron en un patrullero, pero no hay nada en concreto. Junto a su madre lo esperan aún una novia de 17 años y la pequeña hijita de ambos.

“Le pedí al gobernador De la Sota que me reciba, que agilice la investigación pero nunca accedió. Yo le aviso a la gente que si no hacemos algo va a haber más casos como el de mi hijo”, afirma con un dejo de resignación y se queja porque “me mandaron a mi casa gente que venía del Tribunal de Conducta Policial a revisar todo. Parece que nos investigan a nosotros en vez de preocuparse de encontrar a mi hijo”.

Facundo tiene 20 años y una vida llena de cuarteto. La pieza de su casa, en barrio Juniors, tiene las paredes tapizadas de afiches de Carlitos “la Mona” Jiménez y demás bandas musicales del estilo más popular entre los cordobeses. La política ha sabido aprovechar esto; los más caracterizados músicos suelen participar de las campañas electorales de José Manuel de la Sota. El último y fulgurante caso fue el de las elecciones para intendente de Río Cuarto, donde el gobernador ofreció recitales gratuitos de La Mona y Damián Córdoba, última estrella que apareció en el firmamento musical en la provincia.

Facundo tocaba en su propia banda de música y en más de una oportunidad había sido invitado a subir al escenario. “Parece que en Córdoba los chicos no pueden salir a la calle, no pueden ir al baile. Qué quieren que hagan”, dice Viviana. Los bailes estuvieron desde los primeros tiempos atravesados con la presencia policial, dentro y fuera de los clubes y salones donde miles de jóvenes concurren cada fin de semana.

La causa está a cargo del fiscal provincial Alejandro Moyano y tiene varias líneas investigativas reconocidas, aun en el plano de hipótesis, pero sin acceso a los abogados de Alegre por secreto de sumario (ver recuadro). Moyano dijo a Veintitrés que no descarta que la policía haya tenido intervención en la desaparición del joven y señaló que para investigar esa línea ha prescindido de la fuerza de seguridad provincial. Viviana Alegre no duda y sostiene que, en este marco, Facundo “es un desaparecido de la democracia cordobesa”.

Catarata de denuncias. Si bien el caso de Facundo Rivera está en boca de todos, no es el único ni mucho menos. De hecho, se suceden diariamente casos de brutalidad policial, golpizas, muertes en situaciones confusas:

- Sandra López, de 41 años, murió a principios de marzo tras recibir una golpiza por negarse a entregar un celular con que filmó la detención de varios jóvenes por una trifulca familiar en barrio Alberdi. Junto a su marido deambuló por diversos hospitales y clínicas privadas, oficialmente murió por un edema pulmonar.

- Nicolás Medina fue brutalmente golpeado en Río Ceballos por efectivos policiales en 2009, previamente a caer de su moto al ser chocado y desestabilizado por un patrullero. El policía Julio César Barrera recibió, hace 15 días, una condena de 4 años y medio de prisión. Según relató el damnificado, tras ser embestido por el móvil fue trasladado a la comisaría, donde recibió una golpiza que le desfiguró la cara.

- Maximiliano Acosta apareció ahorcado en la comisaría de la ciudad de Morteros tras ser detenido en aplicación de Código de Faltas a principios de diciembre del 2011. La fiscalía de la localidad investiga el caso donde aún no hay detenidos. La familia de Acosta convocó a varias movilizaciones acusando a la policía provincial y negando que haya sido un suicidio.

- Emiliano Cáceres fue golpeado por dos policías en barrio Yapeyú el 27 de marzo pasado. Los efectivos se encuentran detenidos. Cáceres denunció que recibió una fuerte paliza y que a raíz de esos golpes sufrió una triple quebradura expuesta de clavícula, la perforación del pulmón y la quebradura de cuatro costillas. Un fiscal tiene en la mira a un subcomisario, Erie Alcides Barrionuevo, quien está sospechado de encubrir el episodio.

- Matías Basabilvaso, pariente cercano de un corredor de rally, denunció recientemente que fue agredido por dos integrantes de la Policía Caminera porque no acató la voz de alto en un control ubicado en la zona sur de la ciudad. Según dijo, no escuchó que lo intentaban controlar. La reacción de la policía cuando Basabilvaso se negó a detenerse habría sido embestir al auto del joven cuando este transitaba por la avenida Valparaíso. Según contó la víctima, los policías lo esposaron y lo llevaron dentro del auto. Una vez en el móvil le habrían anunciado que le iban a pegar. “Yo les pedí que me dijeran si había hecho algo mal y un policía le dijo al otro: ‘Sacalo del patrullero y sacale las esposas’”. El abogado Martínez Cherini contó que cuando con la codefensora quisieron tomar contacto con su cliente, quien estaba detenido, tuvieron muchos inconvenientes para que se lo dejaran ver. “No lo querían ni mostrar porque estaba desfigurado”, dijo el letrado.

- Leonardo Martín Maldonado, de 24 años, fue detenido el 13 de abril en la ciudad de Alta Gracia, también en aplicación del Código de Faltas. El joven denunció que fue duramente golpeado en dependencias policiales cuando efectivos de la fuerza pretendían que asumiera delitos que no había cometido. La fiscalía a cargo investiga a un comisario y tres policías rasos, en tanto el Tribunal de Conducta Policial intervino, separándolos de la actividad y quitándoles las armas hasta que la causa se resuelva.

A este breve compendio de denuncias y causas abiertas, que da una pauta de lo que está sucediendo en Córdoba pero no limita otros hechos de iguales características, se suma la imputación al comisario Pablo Márquez, conocida este mes, jefe de División del Comando de Acción Preventiva (CAP) VIII. Márquez está bajo el foco del fiscal Pablo Molina por abuso de autoridad a raíz de una denuncia realizada por la policía Natalia Zárate, quien lo acusó de ordenarle efectuar detenciones arbitrarias con el objeto de elevar las estadísticas policiales, independientemente de que los aprehendidos hubieran cometido o no contravenciones o delitos. Según informó el diario Hoy Día Córdoba, el abogado de Zárate, Carlos Nayi, señaló que hubo una amenaza de muerte sobre su defendida, como resultado de la denuncia.

Esta mecánica para actuar de la policía provincial ya había sido denunciada en el suplemento Córdoba de Veintitrés, a principios de marzo, por el especialista en seguridad Marcelo Saín. Consultado sobre la efectividad del accionar policial, en función de la cantidad de detenciones anuales por aplicación del Código de Faltas, Saín dijo que “las altas estadísticas son la expresión más acabada de una policía inútil. Si detiene masivamente por averiguación de antecedentes, en realidad se realizan dos cosas: por un lado, disciplinar discrecionalmente a los sectores populares; por otro, demostrar que es inepta para controlar el delito de manera eficaz. Eso es para la tribuna porque así justifica con estadísticas su rol institucional”.

Frente a Tribunales. No sólo Viviana Alegre está disconforme con la investigación judicial que lleva adelante el fiscal Moyano para dar con Facundo Rivera. Algunos grupos y organismos de derechos humanos se manifestaron en la puerta de Tribunales II, donde se tramitan las causas penales de la Justicia provincial, en apoyo a Viviana y reclamando la aparición del joven. 

“Este caso involucra al Ministerio de Seguridad, con todas sus reparticiones y dependencias que dependen del organismo, y a la Justicia. Entonces hay un primer nivel de responsabilidad que también involucra a la policía cordobesa por no poder encontrar a un ciudadano cordobés. Por otro lado, hay altas sospechas –de acuerdo con testimonios que se hallan asentados en fiscalía– de participación de efectivos policiales en el último momento que se lo ve a Facundo en la Plaza Colón”, dijo a esta revista Federico Nanzer, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Nanzer sostuvo que el gobernador José Manuel de la Sota avala el accionar policial. “El principal mensaje lo dio el 10 de diciembre de 2011, cuando nombró como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, ex jefe de la policía, policializando el ministerio en una provincia que tiene toda una historia de irrupción en el orden institucional, desde el Navarrazo en adelante. Paredes no fue cualquier jefe de policía, sino uno formado en Israel, y que tiene como jefe de Operaciones Tácticas a un comisario de triste reputación. Con ese mensaje le está diciendo a la policía: ‘Adelante muchachos que acá hay espalda’. No olvidemos que tanto Paredes como la cúpula intermedia de la policía se formaron en la época en que la democracia cordobesa tenía para capacitar cuadros de relevo a Carlos ‘Tucán’ Yanicelli, hoy condenado por violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Fernando Luna, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Córdoba, afirmó que “la policía cordobesa es antidemocrática”. “Si no tuvieran el Código de Faltas lo harían con otros instrumentos. Es una política de Estado que se repite en todas las ciudades grandes del país con casos de gatillo fácil, desapariciones, grandes detenciones. El hecho de que haya una sistematicidad, con un encubrimiento permanente de la Justicia, explica por qué tenemos tan pocas condenas por tortura en relación con la cantidad de denuncias”

“El fiscal tiene que apartarse” 
 Viviana Alegre está muy decepcionada con la investigación judicial. “Fui a Buenos Aires para hablar con la familia de Luciano Arruga. Ellos me contaron que lograron apartar el primer fiscal que había tomado la causa, después de un mes y medio de instrucción, y así lograron avanzar en algunas cosas y consiguieron pruebas. Acá el fiscal Alejandro Moyano tiene la causa de Facundo hace tres meses y no pasa nada. Esto no puede ser. Le pedimos que hagan peritajes de los patrulleros que circulaban en la zona de la desaparición de mi hijo, pero nunca lo ordenó. Que De la Sota haga algo porque esta Justicia no está respondiendo”.

Consultado por Veintitrés, Moyano, a cargo de la fiscalía del distrito 1, turno 5, dijo que “técnicamente todavía no hay delito. No tenemos imputados y por eso la causa está en fase de sumario y la familia no fue incorporada como querellante”.

“Todas las líneas investigativas están abiertas”, dijo el funcionario judicial, que se negó a informar quiénes lo acompañan en la profundización de la pista policial. Alejandro Moyano no es cualquier fiscal en la provincia. Diversas versiones lo señalan cercano al gobierno provincial. En su fiscalía recayó el resonado caso de los cheques sin fondo del recaudador de la campaña electoral de De la Sota, Marcelo Falo, en base a la denuncia que realizó el comerciante Juan Panizzo. En la misma denuncia se involucró a una alta ejecutiva del Banco Macro.

El fiscal realizó la investigación y pidió el sobreseimiento de la ex mano derecha del gobernador, que había librado cheques por 3.204.070 pesos. Falo renunció a su banca de legislador de la provincia pero nunca quedó procesado, aunque actualmente tiene varias causas en la Justicia provincial por 2,4 millones de pesos que aún le restan cubrir. Tras el pedido del fiscal, el juez de control Gustavo Reinaldi lo desvinculó de la denuncia de Panizzo el 28 de diciembre de 2011, Día de los Inocentes.
FuentedeOrigen:Revista23
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