La reparación
A la reforma del Banco Central y la recuperación de YPF siguieron las leyes de muerte digna e identidad de género, la propuesta de reforma de los Códigos de fondo, la citación a indagatoria del poderoso Señor del Apagón y el juicio por la precursora masacre de Trelew. A un ritmo de vértigo y con intervención de los tres poderes se afirma una política de reparación y expansión de derechos, que vuelve a colocar en la agenda el constitucionalismo social abrogado en 1955. Scioli y la reelección.
Por Horacio Verbitsky
A un ritmo de vértigo y con intervención de los tres poderes se afirma una política de reparación y expansión de derechosImagen: Leandro Teysseire & Sandra Cartasso.
Cambios culturales
La denominada ley de la muerte digna interesa al conjunto de la población, la de identidad de género a un porcentaje menor. Pero en ambos casos se evidencia la misma concepción de derechos, que también inspiró las de migraciones, salud mental y medios de comunicación audiovisual. El desafío pendiente es vencer la inercia burocrática que tiende a perpetuar los usos y costumbres tradicionales, con indiferencia por los nuevos marcos normativos. Todos podemos sufrir una enfermedad ante la cual la medicina sólo ofrezca paliativos. A menudo esto implica un encarnizamiento que sólo extiende la angustia para el enfermo y para sus familiares. Como recuerda el gran médico argentino Alberto Agrest en su libro póstumo, En busca de la sensatez en medicina, no se salvan vidas, sólo se posterga la muerte, y en cada caso hay que decidir el sentido ético de la intervención terapéutica. Agrest señala el conflicto de intereses entre la medicina, cuyo interés es la salud, y su comercio, que sólo se interesa por la renta, y se pregunta por la utilidad o futilidad de “internar a un paciente de 90 años en una unidad de cuidados intensivos cuando hace un infarto de miocardio” o de las “quimioterapias en pacientes con neoplasias terminales”. También diferencia entre “la eutanasia como muerte asistida, la supresión de asistencia fútil y la medicina paliativa que conduce a la muerte”, cuyos límites son imprecisos y deben discutirse en cada caso con el paciente y/o sus familiares. La prolongación de un sufrimiento sin esperanzas tiene también un alto costo social, ya que una porción excesiva de la inversión en salud se dedica a estas intervenciones dispendiosas. Con las palabras de Agrest: “¿Cómo justificar los gastos en recursos técnicos de alta complejidad cuando no se utilizan recursos enormemente menores para erradicar el cólera o la desnutrición infantil? ¿Cómo justificar que el PAMI gaste el 90 por ciento de sus recursos económicos en los últimos diez días de vida de los ancianos?”. Ambas leyes, como la de matrimonio del año pasado, expresan transformaciones culturales profundas. Los respectivos proyectos surgieron de coaliciones ad hoc en las que estuvieron representados los principales bloques, pero es ostensible que no se habría alcanzado la unanimidad en varios casos y ni siquiera hubiera sido posible su tratamiento, en otros, sin la participación de la fuerza mayoritaria. Se confirma, por la contraria, con la dificultad que el desinterés de CFK opone a la legalización del aborto, pese al impulso de medio centenar de legisladores de todos los partidos. Cuando Néstor Kirchner apoyó la universalización del matrimonio, hubo quienes lo acusaron de oportunista, lo cual implica dos errores en uno. No se advierte qué habría para cuestionar si hubiera tomado en cuenta los estados de ánimo y la escala de valores que percibió en la sociedad para decidir en qué momento impulsar la sanción de la ley. Pero, además, Kirchner ya se había declarado a favor de la aptitud matrimonial igualitaria en una entrevista filmada antes de llegar a la presidencia. Por lo general quienes sostienen esas críticas, a derecha y a izquierda, con faldas o bigotes, son autorreferenciales y carecen de la receptividad a los sentimientos colectivos propia del oficio político.
Cuestión de códigos
Es natural que el proceso institucional más innovador ocurrido en medio siglo en la Argentina encare también la reforma de los vetustos códigos de fondo, el Civil y el Penal, sancionados hace catorce y nueve décadas. Los sucesivos parches aplicados desde 1921 borraron del Código Penal cualquier racionalidad sistemática. El proyecto de unificación del Código Civil con el Comercial fue realizado por Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, presidente y vice de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por la ex jueza suprema mendocina Aída Kemelmajer, quienes procuraron asegurar la libertad y la igualdad en las relaciones civiles y comerciales. Otro ministro de la misma Corte, Raúl Za-ffaroni, presidirá la comisión encargada de proponer la reforma integral del Código Penal. Sus demás integrantes serán miembros de las principales fuerzas políticas, con mayoría de la oposición: Carlos Arslanian, del Frente para la Victoria, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, María Elena Barbagelata, del FAP, y Federico Pinedo, del PRO. Todos ellos consideran imprescindible restituir al Código Penal la proporcionalidad y el carácter de cuerpo orgánico defensor de una jerarquía de valores, que fue perdiendo en sucesivas emergencias impulsadas por el populismo punitivo, respuesta ilusoria ante delitos horripilantes, como las leyes que el ex ingeniero Blumberg arrancó al Congreso en 2004. Las crìticas de la Iglesia Católica pusieron en el centro de la atención sobre las reformas propuestas al matrimonio y la convivencia, la adopción, las técnicas de fertilización asistida, la gestación en vientres sustitutos, la igualdad de género, el divorcio por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja. Estos notables avances en el sendero de la libertad y de la autonomía de la persona chocan con la rigidez conceptual de una institución misógina, conducida por ancianos célibes, convencidos de que existe un orden natural, jerárquico e inmutable, de cuya perpetuación se sienten custodios, contra cualquier innovación producida por la sociedad humana. Esto ha soslayado otras propuestas de la comisión que merecerán un debate a fondo cuando se trate en el Congreso, coherentes con el perfil de la Corte Suprema, que no ha avanzado sobre los poderes económicos con la misma decisión que puso en la defensa de los derechos humanos fundamentales, sociales, laborales, de los consumidores, de género, comunitarios y ambientales. El proyecto contradice en su articulado muchos de sus propios fundamentos. Por ejemplo,
- divide entre personas jurídicas públicas y privadas y el respectivo derecho aplicable e ignora las múltiples sociedades mixtas legisladas en el siglo XX y sobre todo en la última década. De este modo despoja al Estado empresario de sus prerrogativas públicas cuando participa en personas jurídicas privadas;
- suprime el deber que ahora tienen los jueces de declarar la nulidad absoluta de los actos que violen leyes de orden público que protegen el interés nacional y a los sectores más débiles;
- pone en manos de los grandes estudios que trabajan para los poderes económicos la regulación del arbitraje, en una verdadera privatización de la Justicia, sin publicidad, control ni sanciones;
- torna obligatorio ese arbitraje en casos de valuación de acciones en una sociedad, enmienda muy adecuada para las pretensiones de los socios privados en Papel Prensa, y obliga a los jueces a ejecutar las medidas cautelares dispuestas por esos árbitros;
- elimina la noción de “control de hecho” de una sociedad, como es también el caso de La Nación y Clarín en Papel Prensa, por su pacto de sindicación de acciones y los vínculos especiales en su carácter de consumidor de la mayor parte del producto;
- reduce a la insignificancia el concepto de consumidor;
- establece un inconstitucional requisito de solvencia económica de las asociaciones defensoras del consumidor, lo cual obstaculizará la promoción de acciones colectivas;
- prohíbe que los jueces declaren abusiva una cláusula contractual sobre el precio de bienes o servicios;
- reconoce plena eficacia a los contradocumentos y a la denominada simulación lícita, instrumentos usuales de quienes defraudan al fisco, a los trabajadores y a la familia;
- simplifica el ocultamiento del patrimonio al suprimir la necesidad de un socio minoritario por el 5 por ciento, como exige la Inspección General de Justicia.
Este Código se acomoda a la matriz liberal de la Constitución del siglo XIX, ratificada por las reformas dictatoriales de 1957 y 1972 y la bipartidaria de 1994. Por eso, algunas reformas emprendidas por los gobiernos de la última década se han hecho a contramano de los principios expresados en el texto supremo y más en línea con el constitucionalismo social que inspiró el de 1949, derogado por la fuerza en 1955. De este modo, la propuesta reforma de los Códigos de fondo, con las salvedades que se enumeraron, y la no anunciada pero imprescindible del Código Procesal Penal podrían constituir un precedente para encarar también la enmienda constitucional, que termine con el divorcio entre la letra escrita y la práctica social. La UCR y el FAP, que acompañaron la recuperación de la empresa petrolera fiscal, deberían coincidir también con esta posibilidad de adecuar la norma a la realidad. Si, en cambio, privilegiaran su oposición a cualquier impulso originado en el gobierno, quedará por ver si las elecciones del año próximo, en las que el FpV renueva su magra cosecha de 2009, le permitirán avanzar en esta dirección.
El crimen de Caín
Por Horacio Verbitsky
Varios medios han sostenido que relativicé la cifra de 30.000 desaparecidos y que admití por primera vez que podrían ser menos. Esas afirmaciones contienen una doble falsedad y exhiben una apabullante capacidad para trivializar temas trágicos. El origen es una entrevista que concedí el mes pasado al diario L’Arena, de Verona, Italia. El periodista me preguntó por la confesión del ex dictador Jorge Videla de que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados por decisión de la cúpula que él encabezó. Respondí que me parecía extraordinariamente positiva para la democracia en la Argentina, luego de tantas décadas de mentiras y silencio. El periodista objetó la cifra mencionada por Videla y me preguntó:
–¿Pero es creíble la palabra de un personaje como Videla?
–No sé si podemos fiarnos por completo. Quizás él hable de siete u ocho mil, mientras son 15, 20 o 30 mil. No importa la cantidad. Lo que es importantísimo es que haya confesado que estos desaparecidos en realidad fueron asesinados. Y en esto se le puede creer porque ya lo demostraron los procedimientos judiciales. Nosotros sabemos cómo fueron las cosas. Videla finalmente fue obligado a decir la verdad –le respondí.
Como se ve, ni relativicé ni admití nada: lo que carece de importancia es la cantidad de desaparecidos que reconozca Videla, no el número real. Esta discusión que sólo busca derivar la atención hacia aspectos laterales comenzó aún antes que la democracia. Durante una marcha organizada por los organismos defensores de los derechos humanos a mediados de 1983, dos pancartas respondían con frases atribuidas a Jorge Luis Borges. Una decía: “Jesús fue crucificado una sola vez”. La otra: “Caín mató a su hermano una vez”. Siempre he sido muy cauto en esta materia. Ya en un libro publicado al concluir la dictadura (La posguerra sucia, Legasa, 1984), me referí a “miles de desaparecidos”. En 1988 escribí en esta misma columna que la dictadura hizo “desaparecer a nueve mil personas, si se sigue la investigación detallada de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que pueden llegar a treinta mil según otras fuentes”. (“Sólo avanzar con el semáforo verde”, Página/12, 16 de febrero de 1988). Lo parafraseé en 1989, en la página de opinión del diario español El País, donde sostuve que el terrorismo de Estado dejó “un saldo de por lo menos 10.000 detenidos-desaparecidos identificados oficialmente, y que cálculos privados menos precisos triplican”. También cité las cifras que incluyó el agente de la DINA en Buenos Aires Enrique Lautaro Arancibia Clavel, en un parte enviado en julio de 1978 a la central en Chile sobre “extremistas eliminados ‘por izquierda’ por las fuerzas de seguridad”. Dice que las listas están en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército y que “se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos desde 1975”.
Otro de los generales de la cúpula dictatorial, Ramón Díaz Bessone, había hecho en 2003 el mismo reconocimiento que Videla ante la periodista francesa Marie-Monique Robin. La diferencia es que Díaz Bessone habló sin saber que la cámara seguía encendida luego de la entrevista. “¿Cómo puede sacar información si usted no lo aprieta, si usted no tortura?”, preguntó Díaz Bessone, quien descartó como “propaganda” la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos y dijo que no llegaban a 7000. Pero no ocultó que fueron asesinados en la clandestinidad. “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con tres. Se nos viene el mundo encima”, dijo. No obstante esta contundente admisión, Ceferino Reato incluye sin comentarios en su libro Disposición Final una entrevista en la que Díaz Bessone dice: “Interrogábamos pero nunca torturamos” y “yo no hice desaparecer a ninguna persona”, una falsedad desmentida por él mismo nueve años antes.
Otro argumento que se ha repetido durante años es que al haber asumido el Estado el pago de reparaciones económicas el listado de los familiares que las cobraron mide el número real de víctimas. Ese sentido común blanco, porteño y de clase media no puede proyectarse a todo el territorio y toda la población. He conocido dos familias del NOA que nunca denunciaron la desaparición forzada de cinco de sus miembros, dos en Jujuy y tres en Tucumán. En un caso por imposibilidad cultural de comprender que se trataba de un derecho, que les correspondía. En el otro, por simple miedo. Es imposible saber si son casos aislados o representativos y cuál es su proyección numérica posible. La imprecisión en las cifras no tiene remedio y la responsabilidad por ello es de los altos mandos militares de entonces que, teniendo el control absoluto de todos los poderes del Estado, decidieron actuar sin registro de sus actos inconfesables. Esta imposibilidad es otra secuela del terrorismo de Estado, igual que la dificultad para identificar cada victimario: en un universo de más de cien mil efectivos militares y de seguridad sólo hubo 1776 acusados. Por eso resulta perverso emplear esas consecuencias buscadas por la dictadura para cuestionar a las víctimas y el desarrollo de los juicios (hay “testigos que reconocen a sus presuntos captores y torturadores por el tono de la voz o el perfume que usaban”, desdeña Reato), donde la verdad surge como en un rompecabezas. No todas sus partes tienen el mismo valor, pero reunidas forman una imagen irrebatible.
Scioli en su laberinto
Por Horacio Verbitsky
Una de las razones para la desconfianza del FAP y la UCR es la posible supresión del límite reeleccionario para el Poder Ejecutivo. Si CFK no pudiera aspirar a un tercer mandato, el kirchnerismo debería seleccionar un candidato que asegurara la continuidad de las políticas en ejecución. Tal vez por eso algunos voceros oficiosos del gobierno se apresuraron a señalar que la hipotética proyección a ese nivel del gobernador bonaerense Daniel Scioli constituiría la liquidación de ese proyecto y la recuperación de protagonismo por parte de los poderes fácticos que hoy rumian su disgusto. Scioli tiene una meta clara: 2015. Su principal problema es que faltan tres años y medio y carece de otra política intermedia que no sea exaltar cada día con mayor intensidad su lealtad a Cristina. Esto lo va conduciendo hacia un embudo sin retorno. La visita que Scioli hizo al intendente de Tigre, Sergio Massa, quien aspira a sucederlo en la gobernación, apunta a consolidar un eje no kirchnerista, con la ambición de recoger heridos no en la clásica ambulancia de los vencidos sino en un prepotente camión recolector. Ese fue también el sentido del acto realizado en Los Toldos para presentar la flamante agrupación Juan Domingo, con un documento según el cual “en un mundo que cambia permanentemente sólo el peronismo ha demostrado que puede recrearse a sí mismo”. Buena táctica, siempre que el peronismo la hubiera acompañado. Pero aparte de los ministros del gobierno y los miembros de la familia Scioli sólo asistieron siete senadores (Baldomero Alvarez, Osvaldo Goycochea, Nora de Lucía, Alberto De Fazio, Marcelo Carignani, María Ecohsor de Acuña y Ricardo Bozzani), seis diputados (Alicia March, Jorge Scipioni, Guido Lorenzino, Martín Cosentino, Iván Budassi y Gustavo Iriart) y apenas trece intendentes: los de Saavedra, Colón, Trenque Lauquen, Benito Juárez, Guaminí, Capitán Sarmiento, Tres Lomas, Exaltación, Baradero, Lavalle, Roque Pérez, Salto y Pinamar. Entre esos trece distritos reúnen apenas 100.000 electores, de los 11.150.000 de la provincia. Como símbolo de su confusión, en vez de la Marcha de Los Muchachos Peronistas escucharon “No llores por mí, Argentina”, la canción de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice para el musical antiperonista Evita. En cambio, el vicegobernador Gabriel Mariotto y los líderes kirchneristas en la Legislatura José Ottavis, Juan de Jesús y Cristina Fioramonti acompañaron a Olivos para un encuentro con Cristina en la noche del jueves a los intendentes de General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Navarro, Arrecifes, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Lanús, Presidente Perón, Chacabuco, Chivilcoy, Pehuajó, Balcarce, Partido de la Costa, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Azul y Tapalqué. Esos 19 distritos tienen un padrón de 2,5 millones de electores. Este primer encuentro, que se repetirá con los jefes comunales del resto de la provincia delimita los campos. El acto de Lobos fue así un certificado de defunción del sciolismo, firmado por su médico de cabecera Alberto Pérez. Ayer, el gobernador llegó a decir que apoyaría la reelección presidencial y no enfrentaría a Cristina, lo mismo que le respondió a Néstor Kirchner pocos días antes de su muerte, cuando el ex presidente le planteó que si quería ser candidato lo enfrentara en las primarias. Nadie podría impedir que Scioli fuera candidato en 2015, pero si lo intentara debería ser con otros colores que los del Frente para la Victoria. Antes de 2015 hay una estación previa y en ella tendrá la posibilidad de apearse con decoro, encabezando con su declamada lealtad la lista de candidatos del oficialismo a diputados nacionales.
Por Horacio Verbitsky
“Se desplaza en silla de ruedas y tres veces por semana debe someterse a un tratamiento de diálisis. Ha pasado por varias internaciones y desde principios de año sólo concurre a su oficina en forma excepcional. Ex senadora provincial, ex funcionaria en Merlo del intendente Raúl Othacehé, desde la Secretaría de Derechos Humanos protegió a los sucesivos gobernadores de toda denuncia por el accionar policial.” (Previsible, Página/12, 18 de diciembre de 2011.)
“No queremos que abandone la lucha, pero debe priorizar su salud.” (Daniel Scioli al anunciar el reemplazo de Sara Derotier de Cobacho por Guido Carlotto (h.), 10 de mayo de 2012.)
Fuente:Pagina12
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