Pruebas sobre el Cóndor
Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.
Por Alejandra Dandan
Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.
´El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.
El documento
Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.
El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.
El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.
Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.
Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.
Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.
Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.
Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.
La burocracia
El informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti.
Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.
“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”
13.05.2012
por el revelador aporte de un documento secreto de la policía federal
Piden la indagatoria de más de 40 ex policías involucrados en el Plan Cóndor
Dirigentes gremiales y políticos de Uruguay presentaron una comunicación de 1976 ante el juez federal Norberto Oyarbide, quien investiga los crímenes del plan de represión regional. Los nombres y el detalle de las “operaciones”.
Por: Gerardo Aranguren
El documento y el pedido de indagatoria fue presentado en la causa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide por López Burgos junto a los dirigentes gremiales Edgardo Oyenart y Fernando Pereira, Lille Caruso, de la Comisión de la Memoria del Uruguay, y el dirigente del Partido Comunista de ese país, Juan Castillo, candidato a la presidencia del Frente Amplio.
La causa, caratulada “Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la libertad”, investiga más de 160 crímenes contra ciudadanos uruguayos, chilenos y de otros países limítrofes cometidos en suelo argentino a partir de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor, que en Argentina tuvo su sede central en Automotores Orletti. Justamente en la causa por delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención, el juez Daniel Rafecas se topó con este documento agregado al legajo de Cayetano Roberto Nacarato.
En este documento, un texto de nueve páginas calificado como secreto, al que tuvo acceso Tiempo Argentino, el comisario retirado Nacarato figura primero en una lista de 43 integrantes de Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina que participaron en la represión de integrantes de agrupaciones políticas opositoras a las dictadura de Chile y Uruguay.
El texto es una solicitud del comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, a cargo del Departamento de Asuntos Extranjeros, para “recompensar” a esos integrantes de la fuerza cuyo trabajo “de inteligencia y operacional” permitió “neutralizar, en forma altamente satisfactoria, la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”.
La solicitud tiene fecha del 15 de septiembre de 1976 y está dirigida al titular de la Dirección General de Operaciones e Informaciones, el fallecido comisario mayor Carlos Vicente Marcote. Allí Obregón pide el ascenso de sus subordinados, quienes “llevaron adelante un trabajo constante que requirió un esfuerzo que fue más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que se ha debido enfrentar el personal policial”.
Además de Nacarato, quien se recicló como titular de la empresa de seguridad Audiseg, en la lista de 43 policías aparece el ex comisario Rolando Oscar Nerone, procesado por Rafecas por su participación en el secuestro en septiembre de 1976 de la pareja uruguaya Victoria Lucía Grisonas y Roger Julien, junto a sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de un año y medio. En ese operativo, Nerone resultó herido en una pierna, situación que poco tiempo después le costó el retiro.
Casi un año antes de ese secuestro, Walsh realizó una investigación inédita sobre la estructura de la Triple A. Allí aparece el nombre de Nerone vinculado a la organización parapolicial como responsable de la persecución a los exiliados políticos latinoamericanos refugiados en Argentina.
Además de Nerone, Rafecas procesó por su participación en el operativo contra los Julien Grisonas al ex suboficial Oscar Roberto Gutiérrez, quien también integra la lista de agentes que “merecían” un ascenso por la persecución a militantes latinoamericanos.
Al declarar ante Rafecas, Gutiérrez dio detalles del funcionamiento del Departamento de Asuntos Extranjeros y del rol que cumplía la mayoría de sus integrantes, felicitados en el documento por el comisario Obregón. Según Gutiérrez, quien integraba la sección Asuntos Americanos junto a Nerone, el entonces subcomisario Laudemaro Luis Azario “a veces” participaba en los operativos. “Era el jefe de América a la mañana y (Carlos Máximo) Quinteros a la tarde”, aclaró sobre sus superiores directos. “(Luis Alfredo) Moreno operaba con nosotros, era jefe de Migraciones, un experto en el tema. Sobre (Ángel) Melía, era antiguo, sólo podía ser operativo porque no sabía nada del tema, generalmente iba a los procedimientos porque le gustaba más que quedarse escribiendo a máquina.
Sobre Rodolfo Alfredo Viera, era como nosotros, a veces iba, a veces no. La mayoría íbamos si nos designaban, si no nos designaban era mejor”, sostuvo Gutiérrez al declarar en su indagatoria en abril de 2011.
Según el procesado, Juan Bautista Pietra “era un analista muy bueno de África y Asia” que también participaba en los operativos represivos, lo mismo que Carlos Hugo Reina, Carlos Jesús Regueira, quien integraba Religiones y Culto; Félix Alberto Tenxera, en Migraciones; Héctor Oscar Morosi, José Cristin y Héctor Alfredo Cancio. Sobre el fallecido ex inspector Aldo Rubén Mosqueira, recordó que “era más de hacer procedimientos pero a su vez era un tipo fabuloso”. Y agregó: “Cuando nos fuimos todos del Departamento, él estaba tan comprometido con eso que se deprimió y luego falleció.”
Además de los nombres de los agentes que participaron, el documento firmado por el ex comisario Obregón que la querella aportó a la causa hace un pormenorizado análisis de la actuación del Departamento de Asuntos Extranjeros y de estos “operativos” que menciona Gutiérrez en su declaración.
Allí se destaca la represión desatada contra seis organizaciones chilenas y uruguayas.
Señala también que en los distintos procedimientos que realizó su fuerza “se obtuvo abundante material de distinto tipo”, se secuestraron armas y municiones y se descubrieron fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo. También menciona que esos agentes participaron de interrogatorios a los detenidos.
¿Por qué difundir mediante un documento la lista de los agentes que participaron de la represión y los delitos que cometieron? El propio comisario lo explica en el escrito que le envió a sus superiores: “Razones de seguridad hicieron que se omitiera en muchos casos divulgar los procedimientos realizados; ello naturalmente ha protegido la individualidad del personal interventor, pero como lógica consecuencia no ha permitido RECOMPENSAR a dicho personal en el grado de su eficiencia en su actuación”, razonó Obregón. Sin embargo, en un rapto de sobriedad, señala que detallar caso por caso y hecho por hecho le daría “trascendencia a la actuación individual de cada uno de los integrantes del personal, lo que en un primer momento se trató de evitar”.
El pedido
Recompensa
El documento secreto de la Federal es una solicitud del comisario Alberto Baldomero Obregón para “recompensar” a los agentes de la lista.
Fuente:TiempoArgentino
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