El requerimiento está dirigido contra Pablo Cesar Casco y una persona de apellido Brocas, ambos oficiales a cargo de la guardia del Servicio Penitenciario Federal que tenían a su cargo a detenidos por razones políticas entre los años 1975 y 1982.
Si bien también la medida abarca a otra persona, se supo que sus datos de identificación serán determinados a través de la investigación y sustanciación de la causa. También, la amplitud es contra toda persona que haya actuado como coautor, cómplice o encubridor en los hechos y cuya individualización surja del curso de la causa a sustanciarse.
De esta manera, lo que se busca es dar con la complicidad con que actuaba el personal del Servicio Penitenciario Federal en especial la denominada “Guardia dura“ en coordinación con el Ejército Argentino, la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia del Chaco y el Poder Judicial de jurisdicción federal, el cual conformó un plan sistemático represivo e ilegal y organizado para cometer delitos de tormentos y desaparición forzada de personas.
Según afirma la Fiscalía, los detenidos en la U7 sufrieron golpizas tanto a su ingreso como durante su alojamiento, castigos de manera sistemática y sin motivos, racionamiento de la comida, falta de ropa y abrigo, quita y prohibición de ingreso de elementos elementales como libros, radio, diarios para provocar aislamiento, restricciones extremas al régimen de visitas de familiares e incluso en algunos casos fue éste el último lugar donde detenidos políticos fueron vistos por última vez, para luego desparecer.
Relato de las víctimas
Cabe recordar que varias víctimas del terrorismo testimoniaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chao, así como en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal señalando a Casco como el promotor de los castigos, vejámenes, severidades que de manera exclusiva se impusieran como regla a todos los detenidos por razones políticas.
Por esto, es que la Fiscalía solicitó el pedido por el delito de asociación ilícita como autores penalmente responsables, según el artículo 210° del Código Penal, sin perjuicio que en el curso de la investigación se determine la violación de alguna otra norma penal.
Quienes se encontrarían involucrados además en este ilícito serían los 12 condenados por la Causa Caballero, el doctor Héctor Orlando Grillo, Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettoli, (ambos condenados por la masacre de Margarita Belén), Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni. Solamente falta la resolución de Skidelsky para rechazar o aceptar el pedido de los fiscales.
FuentedeOrigen:http://www.diarioprimeralinea.com.ar
Fuente:Agndh
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