Año 5. Edición número 212. Domingo 10 de junio de 2012
Por Delitos y pesquisas
delitosypesquisas@miradasalsur.com
Causas armadas y periodismo militante
El asesinato de Walter Bulacio, de Miguel Bru, la Masacre de Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de la Cárcova, Lucas Rotela en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza y Lautaro Bugato en Burzaco, no son hechos aislados y desconectados entre sí. Todos fueron víctimas de la inseguridad policial, consecuencia de las prácticas violentas ilegales de las fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra historia”, dice uno de los documentos de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que el martes que viene se presentará en el Congreso de la Nación, al que adhirieron el Movimiento Evita, el Ministerio de Seguridad, de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Los organizadores de la campaña plantean que el debate hoy pasa por cómo “se concilian los postulados de inclusión social y seguridad”, dos postulados que suelen presentarse en términos excluyentes y antagónicos.
Sobre todo, aseguran, cuando se trata de jóvenes. “Si bien la juventud ha recuperado el rol protagónico que le había sido arrebatado en los momentos más oscuros de nuestra historia y para bien, ha puesto en contradicción, las atribuciones negativas que se marcaron en los años 90 a fuego, aún hoy la sociedad sigue proyectando sobre la juventud, características que anidan en el conjunto, una suerte de tacho de basura de los males y vicios humanos”, dice un documento al que tuvo acceso Miradas al Sur.
La campaña se propone desarmar discursos y prácticas en torno de la seguridad basada en la lógica del “enemigo”, donde el respeto y ejercicio de los derechos humanos aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a “un tema punitivo y represivo”.
“Para resolver los problemas de inseguridad”, dice el documento, “no basta con la intervención de las instituciones que componen el sistema punitivo, ni la apelación exclusiva a las agencias policiales. Un abordaje integral de la seguridad no puede prescindir de la coordinación con otras agencias del Estado y con diferentes organizaciones de la sociedad civil”.
La campaña se presentará el martes 12 de junio a las 17 hs, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Ese mismo día, se hará una primera capacitación sobre Seguridad e Inclusión social, a cargo de Carlos León Arslanian (ex ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires), Gastón Chillier (director ejecutivo del Cels) y Julián Axat (defensor oficial del fuero penal juvenil de La Plata). Con esa primera actividad, que continuará el 19 de junio y está planteada como una pasantía, los organizadores se plantean formar una asesoria legal de abogados especializados en emergentologia en casos de hostigamiento policial y violencia institucional.
Más tarde, se capacitaran referentes sociales en distintas zonas del Gran Buenos Aires en los protocolos de acción inmediata ante hechos que puedan significar violencia institucional y hostigamiento y en el marco conceptual para la comprensión de la seguridad en el marco de un proceso de inclusión social, por lo cual también se dotará a los responsables de herramientas de inclusión, dirigidas a la prevención de los jóvenes en conflicto con la ley penal.
Por último, la campaña contará con el trabajo de voluntarios que serán “la voz y los ojos del programa, y que darán la alerta al referente distrital ante casos de abuso institucional específicos”.
Fuente:MiradasalSur
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