BOLIVIA.

MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2012 
Morales nacionaliza empresa boliviana controlada por minera canadiense 
RIA NOVOSTI 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió nacionalizar la empresa boliviana Mallku Q’ota que se encuentra bajo el control de la minera canadiense South American Silver (SAS), informó la prensa latinoamericana. El mandatario boliviano y los representantes de los indígenas que pueblan la localidad de Mallku Q’ota, ubicada en el departamento de Potosí (suroeste del país andino), acordaron la víspera nacionalizar la empresa del mismo nombre.


Para ello, las partes acordaron que el gobierno anule y revoque la licencia de explotación concedida a SAS mediante un decreto supremo, para devolver la explotación del yacimiento a la población local.


La decisión fue tomada tras el conflicto que enfrentó el fin de semana pasado a dos grupos comunitarios, uno en favor de la minera canadiense y otro en pro de la expulsión de la misma, que secuestró siete trabajadores de la compañía canadiense.


En los enfrentamientos dos personas murieron, entre éstas un comunero y un policía. Morales culpó de lo sucedido a la minera canadiense, puesto que ésta no entregó un informe real sobre la cantidad de oro existente en el yacimiento Mallku Q’ota, metal que generó la codicia, ya que algunas personas están explotando ilegalmente ese recurso, hecho que se desconocía.


Según el informe de la South American Silver, que realiza trabajos de exploración en la yacimiento señalado, el Mallku Q’ota es un yacimiento de clase mundial, con unas 485 millones de toneladas de minerales, además de ser considerado como uno de los yacimientos de indio e iridio más importantes del mundo.


La minera canadiense obtuvo la concesión de Mallku Q’ota en 2006 y tenía previsto invertir 50 millones de dólares hasta el 2015 a fin de negociar luego el contrato de explotación del yacimiento.


MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2012 
Debilitada marcha indígena boliviana abandona La Paz
PL 
La denominada IX Marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano determinó abandonar esta capital y retornar al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde resistirá una consulta a comunidades indígenas. 


La movilización, contraria a la consulta para determinar la construcción o no de una carretera a través de territorio indígena, había arribado a la ciudad de La Paz con pocos originarios en sus filas y masiva presencia de políticos de la oposición y activistas medioambientales, tras desandar por más de 60 días. Opuesta a una vía que acercaría servicios de educación, salud y comercio, entre otros, a comunidades del Tipnis, la caminata intentó desde su llegada ingresar por la fuerza a la Plaza Murillo, centro político del país, y luego permaneció en vigilia en La Paz por 14 días. 


La marcha, que esgrimió la protección de territorios indígenas y la biodiversidad, así como el respeto a la Ley Corta que prohibió construir caminos por el Tipnis y lo declaró zona intangible, buscó la anulación de la ley de consulta, que determinaría si se construiría la ruta amazónica, además de otras demandas de corte político. Los líderes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano decidieron la movilización a pesar de la anulación del contrato para construir la ruta entre Cochabamba y Beni, un proyecto demandado por varios sectores, incluso indígenas, para el desarrollo regional. 


El Gobierno consideró que el proceso de la consulta es la única solución al conflicto por la posible construcción de una carretera por esa región, además de ser una figura enmarcada en la Constitución y los convenios internacionales. Mientras pasaban los días y no prosperaba la protesta, varios integrantes de la marcha, como los indígenas del pueblo Chimán-Mosetén, suscribieron acuerdos con el Gobierno y decidieron retornar a sus comunidades, tras solucionar sus demandas. 


El Ejecutivo prometió mejorar la producción de carne y leche, llevar médicos a las comunidades indígenas, realizar estudios con fines educativos, instalar antenas de telefonía y concertar una reunión con el Fondo Indígena, entre otros temas. Otras organizaciones indígenas, como la Takana Amazónica de Pando, también firmaron acuerdos y anunciaron su alejamiento de la marcha. Los convenios establecen elaborar la Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia, una Ley de Pesca y el pedido de mayor control estatal sobre el aprovechamiento aurífero en el Río Madre de Dios y la participación en los beneficios. 


Tras la firma de acuerdos, varias personas fueron intimidadas y golpeadas por dirigentes de la caminata, funcionarios de la opositora alcaldía de La Paz y gente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Entre la ira por los abusos de que fueron objeto por dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, algunos marchistas denunciaron que fueron traídos a la ciudad de La Paz con engaños. Posteriormente, 45 corregidores del Consejo Indígena del Sur, el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure y la Subcentral Sécure llegaron a La Paz a respaldar la Ley Consulta y dialogar con el Gobierno.


El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que ellos son los representantes genuinos de las comunidades del Tipnis. Otros 11 corregidores participaron en un acto con el presidente Evo Morales, sumando 56 los corregidores que avalan la consulta a las 63 comunidades del parque.
Fuente:Argenpress