Año 5. Edición número 219. Domingo 29 de julio de 2012
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com
El doble secuestro y la desaparición de Avelino Bazán revela el oscuro papel que jugó durante la dictadura la mina El Aguilar.
Las ironías de la historia –o sincronías, más bien– a veces quedan impresas en el almanaque. El jueves por la tarde, justo al día siguiente de una nueva marcha por el apagón que se tragó a varios militantes de la localidad de Ledesma, en el juicio oral por delitos de lesa humanidad que se hizo esperar en un Jujuy espinoso y cansino, podría empezar a juzgarse la desaparición de Don Avelino Bazán. Su secuestro y el de un grupo de delegados de la mina El Aguilar, después del 24 de marzo de 1976, es otro ejemplo de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado. El de Bazán es el segundo grupo de víctimas de las cuarenta y tres que se ventilarán en las audiencias de este juicio que empezó el 12 de julio pasado, después del testimonio del último testigo por el caso Álvarez García –cuya historia contó Miradas al Sur el domingo pasado–, que declaraba al cierre de esta edición. “También está pendiente solucionar la conexión digital con el Penal de Ezeiza que el miércoles falló, donde está el entonces teniente 1º Antonio Orlando Vargas, único imputado en el caso como jefe del Penal de Villa Gorriti, después del apartamiento de Luciano Benjamín Menéndez por su estado de salud”, dice Juan Manuel Sivila, hijo de un detenido durante la dictadura y hoy abogado de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia norteña. Vargas perdió el beneficio de la prisión domiciliaria el viernes pasado, y seguirá el juicio en su contra por teleconferencia. Jujuy fue una de las provincias que más reparos opuso al avance de los juicios, entre otros motivos, porque las estructuras locales del Poder Judicial estaban manejadas por hombres afines a la dictadura militar. “Hubo claras resistencias judiciales para avanzar, tanto del anterior juez, Olivera Pastor, como de la Cámara Federal de Salta, que sistemáticamente rechazó las apelaciones de la fiscalía y las querellas”, afirma a Miradas al Sur Pablo Parenti, que coordina la Unidad Fiscal de Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación. Los primeros testigos del caso son los ex mineros Rubén Andrés Cari, Mariano Rodríguez, Reynaldo Aguilar y Alberto Aramayo. Comenzarán a contar un operativo con ribetes idénticos al del Ingenio Ledesma. Los últimos días de marzo, nueve obreros activistas fueron detenidos por el Ejército, Gendarmería y la policía provincial y trasladados en camionetas de St. Joseph Lead Co. –la empresa que explotaba la mina– al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM-20), la sede de Gendarmería en Tres Cruces, y de allí al penal de Villa Gorriti, donde fueron torturados. Avelino nació en 1930 en una familia muy pobre de La Quiaca. Tenía ocho años cuando su hermana tuvo un entredicho con su patrona, la esposa del gerente de la mina, y su familia fue cargada en un camión que llevaba plomo y zinc y desterrada a la localidad de Tres Cruces. En primer año de la secundaria tuvo que dejar el colegio, pero empezó a foguearse en la actividad sindical: a los 17, volvió a la mina como jornalero y se acercó al Sindicato Obrero Mina Aguilar (Soma). No tardó en convertirse en la mano derecha del secretario general, puesto que ocupó al fin desde 1958 hasta 1970, siendo reelecto dos veces. En 1966 fue electo diputado, y aunque la dictadura abortó su banca, le bastó para presentar el proyecto de pavimentación de la Ruta Nacional Nº 9 y de la creación de la actual Universidad de Jujuy. Don Avelino quedó marcado después de haber conducido un levantamiento minero en 1964, y por su rol como director provincial de Trabajo durante el Aguilarazo de 1973: fue a pedirles a los directivos de la empresa que convinieran las horas extra –que eran un gran porcentaje del ingreso, para asegurar el rendimiento– con el sindicato minero. Como respuesta, la patronal las suprimió, disminuyó los servicios de proveeduría, transporte y hospital. El 6 de noviembre, los obreros de Mina El Aguilar decretaron un paro general en protesta. Fueron a buscar a López, el jefe de Personal, a las casas de los directivos en el predio. Gendarmería acordonaba la zona. El alférez Gómez disparó a la multitud, hiriendo a ocho mineros, uno de gravedad. Se desató una batalla. A pesar de la represión, tomaron rehenes –López estaba escondido en la maternidad del hospital– y negociaron un aumento del 75%. Una resolución posterior del Ministerio de Trabajo Nacional anularía el acuerdo, reconociendo sólo un pequeño plus por zona desfavorable. A Bazán lo trasladaron de Villa Gorriti el 7 de octubre de 1976 en un avión Hércules a la Unidad 9 de La Plata. En junio de 1978, a las puertas del Mundial de Fútbol, lo dejaron en libertad. Volvió a Jujuy. El 26 de octubre de ese año, cuando iba al cine, lo desaparecieron para siempre. Dejó dos libros como legado invaluable de sus días en prisión: Las voces del socavón y El porqué de mi lucha. Tal vez este juicio complete la respuesta.
Fuente:MiradasalSur
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