“Era una utopía que se está cumpliendo”
Chicanas de último momento transformaron la primera audiencia del proceso en una muestra de la resistencia a juzgar a los acusados por la represión ilegal en el ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Antonio Vargas, José Bulgheroni y Mariano Braga, en el banquillo.
Por Alejandra Dandan
Desde San Salvador de Jujuy
La lectura de los cargos para los acusados es uno de los ejes más importantes de cualquier primera jornada de juicio. Sin la lectura de cargos no puede empezar el debate. En Jujuy la lectura de esos crímenes para tres acusados –que en cualquier otro lugar podrían haber demorado unas tres horas– se convirtió en un pozo de arenas movedizas que en ocasiones pareció dispuesto a tragarse de un golpe todo lo que costó llegar hasta aquí. El primer juicio de lesa humanidad en esta provincia finalmente arrancó. En la sala de audiencias estuvieron las imágenes de los desaparecidos desplegadas como banderas frente a los represores. Estaban las hijas que por primera vez les veían las caras a quienes se habían llevado a sus padres, y quienes todavía no pueden creer haber llegado hasta aquí. Pero en ese contexto el debate se frenó varias veces, hubo cuartos intermedios interminables, idas y vueltas de un acusado del hospital a la sala, y temas de conexión con el debate. La escena que mostró las explicaciones de por qué hasta hace tres días se buscó la manera de chequear los partes médicos que absolvían de su presencia a los represores que no querían estar en la sala parecía ilustrar en una perfecta imagen en vivo las tensiones que llevaron a la demora infinita de este inicio y lo mucho que todavía queda de acá en más.
Cuando la audiencia llevaba algo más de dos horas de lectura y cuatro de intervalos de descanso, el presidente del Tribunal Oral Federal, René Casas, volvió a convocar a todos a la sala. Eran ya las tres de la tarde. Alguien dijo algo sobre un nuevo problema y el tribunal volvió a suspender el juicio una vez más. “¡Es una burla!”, dijo con la voz que sacó del pecho Adriana Arédez, parada en medio de la sala, con la foto de su padre levantada en las manos. La hija del ex intendente de General San Martín Luis Arédez, una de las víctimas de esta causa, dijo más: “¡Esto no puede ser! ¡Treinta y seis años hemos esperado para esto!”.
El juicio empezó a las nueve de la mañana. Desde las ocho, Jujuy tenía desplegados sus dos frentes internos, que a estas alturas funcionan como mecanismos de reaseguro para estos casos. Afuera de la sala, las agrupaciones de la Tupac Amaru avanzaban por las calles y preparaban con las banderas y los cuerpos el comienzo del juicio. Adentro de la sala, empezaban a congregarse los organismos de derechos humanos. Los que llegaban de Buenos Aires como Taty Almeida de Madres-Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares y ex detenidos políticos. Y los jujeños, sobrevivientes, ex detenidos, viudas de los desaparecidos y sus hijos.
Mariana, la hija de Julio Alvarez García, se puso en las filas de adelante. Le veía por primera vez la cara a Mariano Rafael Braga, “Cara cortada”, que en agosto de 1976 encañonó a los que estaban en la casa para llevarse a su padre. La foto de Julio estaba a un costado, como si estuviese ahí mismo haciéndose un espacio. Eva Arroyo, de HIJOS, estaba en la fila de atrás. A la mañana se levantó pensando en su padre. “Son sentimientos confusos –decía–, porque por un lado esto es el placer de hacerlos rendir explicaciones, sentarlos y condenarlos, y a la vez es una tristeza, porque la verdad es que yo hubiese querido que mi viejo esté acá para verlo.”
Adriana Arédez, con el pañuelo en la cabeza, replicaba la imagen de Olga, su madre. “Para mí es maravilloso verle la cara al genocida de Bulgheroni, con treinta años más, por supuesto, y poder pararme enfrente y mostrarle la foto de mi viejo, aunque sé de todos modos que para él no es nada, por supuesto porque da vuelta la cara.”
Mientras pasaban las horas, el debate que arrancó empezó a complicarse por las discusiones en torno de la presencia de uno de los detenidos: la sala, los querellantes y los fiscales que sostuvieron el avance.
La ciénaga
El juicio contiene cinco expedientes por 43 víctimas, de distintos territorios y procedencias políticas: militantes del PC, de la Juventud Peronista, trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Llegaron a juicio sólo cuatro acusados. Luciano Benjamín Menéndez quedó apartado por razones de salud. Y los tres represores locales: algunas de las caras más simbólicas de la represión todavía están con vida. Antonio Orlando Vargas es el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti, la cárcel que funcionó con la lógica de centro clandestino. José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga tenían cargos de tenientes, integraron las patotas de secuestros e interrogatorios y están acusados de privación ilegal de la libertad y homicidios.
Bulgheroni y Braga llegaron temprano a la sala. Braga con un enorme par de anteojos negros de sol que nunca se sacó. Se tapó con una bufanda a cuadritos durante toda la audiencia esa parte más baja de la cara, marcada por la enorme cicatriz por la que los sobrevivientes siempre lo llamaron Cara cortada. Bulgheroni pasó el tiempo con el cuerpo doblado en dos partes, como escondiéndose de los estandartes de la sala.
Vargas nunca estuvo demasiado tiempo, pero llegó. Apenas empezó la audiencia, los defensores del hombre sobre el que pesa buena parte de las causas –la de Luis Arédez pero también la de Avelino Bazán– anunciaron que estaba internado por un cuadro de neumonía basal. A partir de ese momento se desató una tormenta. Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo –entrenados en dilaciones– pidieron un perito del Cuerpo Médico Forense para chequear esa información porque, dijeron, “sabemos de las maniobras que existieron hasta acá para dilatar el juicio”.
Hasta tres días antes, era Bulgheroni el que supuestamente no podía estar en la sala por otro examen médico. Una información que fue corregida con un nuevo examen el fin de semana pasada. Cuando Vargas parecía repetir el mismo camino, a la fiscalía se sumaron las voces de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la de los abogados de Arédez y el Codesedh.
Vargas finalmente llegó a la sala, aunque estuvo por un rato. Lo trajeron con médico y oxígeno, pero después de dos horas de lectura se lo volvieron a llevar al hospital San Roque. Allí quedó instalado un equipo de transmisión para que él pudiera seguir la lectura desde la cama, pero entre una y otra decisión pasó toda la audiencia.
En ese sentido, el tribunal funcionó bajo el fuego de las querellas y de los fiscales pero además bajo lo que quedó planteado como su propio fuego interno, en una escena que vale la pena mirar. El tribunal está integrado por tres jueces y una jueza suplente. El presidente es René Casas, jujeño; luego están Mario Marcelo Juárez Almaraz de Salta y Daniel Morin, designado por Casación en Buenos Aires. La jueza suplente es Fátima Ruiz López. Casas y Juárez Almaraz son los que funcionan de locales. Solían hacerse las consultas mutuamente. Incluso cuando tenían que decidir si llevar a Vargas o no a la sala. Finalmente lo aceptaron, pero antes escucharon la voz del tercero de los jueces: Morín tomó delicadamente el micrófono y dijo: “Esto es una decisión que tiene que tomar todo el tribunal”.
Entre unos y otros momentos, Enriqueta de Narváez, con el pañuelo de las Madres atado en la cabeza, dejó la silla para irse de la sala: “¿Qué sensación tengo?”, decía. “Vergüenza tengo, por los payasos que han traído: porque al final ¿a quién vienen a defender, a los asesinos, a los criminales? Treinta y seis años para venir a escuchar esto: éstos se han equivocado de teatro, tendrían que haberlos llevado al Colón.”
El final
La sala volvió a los tiempos normales de otros juicios después de las seis de la tarde. Los abogados plantearon las cuestiones preliminares y entre ellas la defensa de Braga recusó al fiscal Pelazzo, porque antes fue abogado de las querellas. Ese fue otro de los momentos de los fuegos cruzados. En este caso intervino el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Ya lo había hecho antes, cuando el tribunal quería volver a detener la audiencia por otra hora siempre por el mismo tema de Vargas. Auat, que llegó para reforzar este comienzo, había dicho en ese momento lo que a esa altura aparecía más cercano a la cordura que a las ganas de terminar con lo que se hundía en una especie de pesadilla: por el modo en el que se elevó la causa, con sus cinco expedientes, era posible separar a Vargas de este comienzo y seguir con los otros acusados sin continuar interrumpiendo el debate. Es decir, era hora de que los tiempos de la audiencia dejaran de marcarlos los acusados. En este caso, habló de Pelazzo. Dijo que un abogado de las querellas no es el querellante. Explicó diferencias entre nuevos y viejos códigos y se detuvo en las excepciones que las mismas leyes contemplan, pero que la defensa casualmente no había mencionado. El tribunal finalmente no aceptó la recusación. Y hoy será tiempo de que declaren los imputados. Luego de eso, empiezan a escucharse las voces de las víctimas y de los testigos. Inés Peña va a ser la primera en declarar. Inés es la madre de Mariana, la compañera de Julio Rolando Alvarez García y una de las referentes de los organismos de derechos humanos cuya voz se ha sentido más en todos estos años.
“Me siento como que esto era una utopía que al final se está cumpliendo –dice ella–: un sueño de los que nosotros teníamos en la década del ’70 de alcanzar cosas como esto, me parece que la utopía se va a cumplir, y eso también va a depender de las penas.”
Fuente:Pagina12
Nuevos vientos procesales por crímenes de lesa humanidad
La primera audiencia tuvo muchos cuartos intermedios por planteos dilatorios de la defensa en el proceso judicial.
jueves 12 de julio de 2012 Jujuy
Ayer se inicio la primera audiencia del primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, en el salón de audiencias de la Secretaría Electoral Federal, el cual es en contra del ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, Luciano Benjamín Menéndez; el exdirector del Servicio Penitenciario provincial, Antonio Orlando Vargas; y los exoficiales de Inteligencia José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, acusados por la desaparición de 43 personas.
El Tribunal Oral Federal esta integrado por los jueces René Casas, Mario Juárez Almaraz y Daniel Morín. El fiscal federal Santiago Snopek, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, el fiscal general Jorge Auat, Pablo Baruto de la Secretaría de DDHH de la Nación, y Juan Manuel Sivila. La querella está integrada por Paula Alvarez Carrera, Ariel Ruarte, Antenor Ferreyra, Ernesto Moreau de la Asamblea Permanente de DDHH, Liliana Molina y Martín Patiño del Codeseh. En tanto la defensa de los acusados está integrada por los abogados Matías Gutiérrez Perea, Ricardo Vitellini, Carlos Schaefer, Soledad Carreras Jurado, Martín Gezino y Carlos Rodríguez Vega.
La sala de audiencia fue colmada por familiares de detenidos-desaparecidos e integrantes de otros organismos de Derechos Humanos, y representantes de los gobiernos nacional y provincial.
La lectura del requerimiento de elevación a juicio formulada por la Fiscalía se hizo en forma resumida, cumpliendo con una acordada de la Cámara de Casación para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país.
El acto procesal fue demorado porque el imputado Vargas no estaba presente en la sala por problemas de salud, la defensa había pedido su apartamiento. El TOF resolvió un nuevo informe médico, y el imputado fue trasladado de un hospital público con atención médica para que presencie la lectura del requerimiento en la audiencia. Cerca el mediodía Vargas sufrió una descompesación y se pasó a un cuarto intermedio hasta las 15, para que el imputado siga el requerimiento por videoconferencia desde el hospital “San Roque”, trabajo técnico que realizo el Consejo de la Magistratura.
La defensa realizo varios planteos: recusación al flamante fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, entre otras. El TOF resolvió por unanimidad no hacer lugar a las nulidades articuladas por la defensa. No hacer lugar al planteo de prescripción pedido por la defensa.
Y respecto al planteo de recusación a Pelazzo, los jueces Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín resolvieron rechazar la recusación. Por su parte el juez Vicente Casas dijo que la designación de Pelazzo, la autoridad que la dispuso habrá tenido en cuanta su anterior participación en la causa como abogado querellante particular y habrá sido evaluada en su oportunidad. Envió copia del acta de debate a la Procuración General de la Nación, y a la Cámara de Casación Federal.
Los procesos penales evolucionan
jueves 12 de julio de 2012 Jujuy
Ante el planteo de la defensa sobre nulidades del requerimiento, el pedido para que Bulgheroni esté presente en la audiencia, la prescripción y recusación fueron rechazadas por la querella y por el Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, Jorge Auat expresó que “el Código Procesal Penal ha quedado un poco desacomodado a la luz de la reforma constitucional. Hay dos clases de fiscales, el viejo fiscal que ha quedado enganchado en el proceso inquisitivo y otro nuevo fiscal.
Y hoy las leyes del Ministerio Publico, la nueva institución, ha quedado diferenciada, escuchando la defensa su proceder con resabios nostálgicos de viejos procesos que han quedado sepultados en la historia para siempre. Porque los procesos penales evolucionan, que benefician al propio imputado y tiene el efecto claro de paz social”.
"NUNCA JUSTICIA POR MANO PROPIA" FUE LA CONSIGNA
Fuerte acompañamiento a organismos de DDHH
Las entidades recibieron el apoyo de organizaciones sociales y dirigentes en la búsqueda de verdad y justicia.
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Ayer, la Red de Organizaciones Sociales, la Tupac Amaru, La Cámpora y la Tupac Katari movilizaron para acompañar a los organismos de Derechos Humanos en el inicio de los juicios que familiares han esperado más de 36 años. Taty Almeyda, referente de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, junto a otras dirigentes, manifestó su alegría y el acompañamiento a los familiares “en estos días históricos de haber logrado justicia, siempre con los principios de lucha: Verdad, Memoria y Justicia.
Hoy estamos juzgando porque faltan 30 mil desaparecidos, pero gracias a Dios se hace justicia legal, nunca justicia por mano propia, y ya no hay marcha atrás. Son una de las tantas diferencias que tenemos con los genocidas asesinos.
Jujuy tuvo la valentía de resistir el poder económico de los amos de la vida y de la muerte, que nunca pensaron que les iba a llegar la justicia y hoy acá los tenemos. Hoy es una jornada conmovedora, admiro a los familiares de Jujuy”. Hoy se escucharán las declaraciones de los testigos de la causa Rolando Alvarez García.
Inés Peña, esposa del detenido desaparecido en Jujuy el 21 de agosto de 1976, sostuvo ayer que “no bajaremos los brazos hasta que la impunidad sea derrotada”. Inés, quien es titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, presenció la apertura del juicio oral acompañada por dos de sus hijas, Mariana y Alejandra, quienes portaban una foto de su padre.
“Se inició un proceso histórico con todas las garantías de defensa en juicio con la presencia masiva de familiares de víctimas del terrorismo de Estado”, destacó Peña. La militante por los derechos humanos dijo que “a la hora de juzgar, que las condenas sean ejemplares”.
Por la desaparición de su esposo, a los 26 años, se encuentra imputado el represor Luciano Benjamín Menéndez, bajo el cargo de los delitos de “violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y oficio calificado en calidad de autor mediato”.
El otro imputado es Rafael Mariano Braga, ex oficial de inteligencia, apodado “cara cortada” o “el perro”, bajo los cargos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario”.
Fuente:ElTribuno
jueves, 12 de julio de 2012
Inicio en Jujuy el primer juicio por delitos de lesa humanidad
“Era una utopía que se está cumpliendo”
Chicanas de último momento transformaron la primera audiencia del proceso en una muestra de la resistencia a juzgar a los acusados por la represión ilegal en el ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Antonio Vargas, José Bulgheroni y Mariano Braga, en el banquillo.
Por Alejandra Dandan
Desde San Salvador de Jujuy
La lectura de los cargos para los acusados es uno de los ejes más importantes de cualquier primera jornada de juicio. Sin la lectura de cargos no puede empezar el debate. En Jujuy la lectura de esos crímenes para tres acusados –que en cualquier otro lugar podrían haber demorado unas tres horas– se convirtió en un pozo de arenas movedizas que en ocasiones pareció dispuesto a tragarse de un golpe todo lo que costó llegar hasta aquí. El primer juicio de lesa humanidad en esta provincia finalmente arrancó. En la sala de audiencias estuvieron las imágenes de los desaparecidos desplegadas como banderas frente a los represores. Estaban las hijas que por primera vez les veían las caras a quienes se habían llevado a sus padres, y quienes todavía no pueden creer haber llegado hasta aquí. Pero en ese contexto el debate se frenó varias veces, hubo cuartos intermedios interminables, idas y vueltas de un acusado del hospital a la sala, y temas de conexión con el debate. La escena que mostró las explicaciones de por qué hasta hace tres días se buscó la manera de chequear los partes médicos que absolvían de su presencia a los represores que no querían estar en la sala parecía ilustrar en una perfecta imagen en vivo las tensiones que llevaron a la demora infinita de este inicio y lo mucho que todavía queda de acá en más.
Cuando la audiencia llevaba algo más de dos horas de lectura y cuatro de intervalos de descanso, el presidente del Tribunal Oral Federal, René Casas, volvió a convocar a todos a la sala. Eran ya las tres de la tarde. Alguien dijo algo sobre un nuevo problema y el tribunal volvió a suspender el juicio una vez más. “¡Es una burla!”, dijo con la voz que sacó del pecho Adriana Arédez, parada en medio de la sala, con la foto de su padre levantada en las manos. La hija del ex intendente de General San Martín Luis Arédez, una de las víctimas de esta causa, dijo más: “¡Esto no puede ser! ¡Treinta y seis años hemos esperado para esto!”.
El juicio empezó a las nueve de la mañana. Desde las ocho, Jujuy tenía desplegados sus dos frentes internos, que a estas alturas funcionan como mecanismos de reaseguro para estos casos. Afuera de la sala, las agrupaciones de la Tupac Amaru avanzaban por las calles y preparaban con las banderas y los cuerpos el comienzo del juicio. Adentro de la sala, empezaban a congregarse los organismos de derechos humanos. Los que llegaban de Buenos Aires como Taty Almeida de Madres-Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares y ex detenidos políticos. Y los jujeños, sobrevivientes, ex detenidos, viudas de los desaparecidos y sus hijos.
Mariana, la hija de Julio Alvarez García, se puso en las filas de adelante. Le veía por primera vez la cara a Mariano Rafael Braga, “Cara cortada”, que en agosto de 1976 encañonó a los que estaban en la casa para llevarse a su padre. La foto de Julio estaba a un costado, como si estuviese ahí mismo haciéndose un espacio. Eva Arroyo, de HIJOS, estaba en la fila de atrás. A la mañana se levantó pensando en su padre. “Son sentimientos confusos –decía–, porque por un lado esto es el placer de hacerlos rendir explicaciones, sentarlos y condenarlos, y a la vez es una tristeza, porque la verdad es que yo hubiese querido que mi viejo esté acá para verlo.”
Adriana Arédez, con el pañuelo en la cabeza, replicaba la imagen de Olga, su madre. “Para mí es maravilloso verle la cara al genocida de Bulgheroni, con treinta años más, por supuesto, y poder pararme enfrente y mostrarle la foto de mi viejo, aunque sé de todos modos que para él no es nada, por supuesto porque da vuelta la cara.”
Mientras pasaban las horas, el debate que arrancó empezó a complicarse por las discusiones en torno de la presencia de uno de los detenidos: la sala, los querellantes y los fiscales que sostuvieron el avance.
La ciénaga
El juicio contiene cinco expedientes por 43 víctimas, de distintos territorios y procedencias políticas: militantes del PC, de la Juventud Peronista, trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Llegaron a juicio sólo cuatro acusados. Luciano Benjamín Menéndez quedó apartado por razones de salud. Y los tres represores locales: algunas de las caras más simbólicas de la represión todavía están con vida. Antonio Orlando Vargas es el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti, la cárcel que funcionó con la lógica de centro clandestino. José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga tenían cargos de tenientes, integraron las patotas de secuestros e interrogatorios y están acusados de privación ilegal de la libertad y homicidios.
Bulgheroni y Braga llegaron temprano a la sala. Braga con un enorme par de anteojos negros de sol que nunca se sacó. Se tapó con una bufanda a cuadritos durante toda la audiencia esa parte más baja de la cara, marcada por la enorme cicatriz por la que los sobrevivientes siempre lo llamaron Cara cortada. Bulgheroni pasó el tiempo con el cuerpo doblado en dos partes, como escondiéndose de los estandartes de la sala.
Vargas nunca estuvo demasiado tiempo, pero llegó. Apenas empezó la audiencia, los defensores del hombre sobre el que pesa buena parte de las causas –la de Luis Arédez pero también la de Avelino Bazán– anunciaron que estaba internado por un cuadro de neumonía basal. A partir de ese momento se desató una tormenta. Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo –entrenados en dilaciones– pidieron un perito del Cuerpo Médico Forense para chequear esa información porque, dijeron, “sabemos de las maniobras que existieron hasta acá para dilatar el juicio”.
Hasta tres días antes, era Bulgheroni el que supuestamente no podía estar en la sala por otro examen médico. Una información que fue corregida con un nuevo examen el fin de semana pasada. Cuando Vargas parecía repetir el mismo camino, a la fiscalía se sumaron las voces de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la de los abogados de Arédez y el Codesedh.
Vargas finalmente llegó a la sala, aunque estuvo por un rato. Lo trajeron con médico y oxígeno, pero después de dos horas de lectura se lo volvieron a llevar al hospital San Roque. Allí quedó instalado un equipo de transmisión para que él pudiera seguir la lectura desde la cama, pero entre una y otra decisión pasó toda la audiencia.
En ese sentido, el tribunal funcionó bajo el fuego de las querellas y de los fiscales pero además bajo lo que quedó planteado como su propio fuego interno, en una escena que vale la pena mirar. El tribunal está integrado por tres jueces y una jueza suplente. El presidente es René Casas, jujeño; luego están Mario Marcelo Juárez Almaraz de Salta y Daniel Morin, designado por Casación en Buenos Aires. La jueza suplente es Fátima Ruiz López. Casas y Juárez Almaraz son los que funcionan de locales. Solían hacerse las consultas mutuamente. Incluso cuando tenían que decidir si llevar a Vargas o no a la sala. Finalmente lo aceptaron, pero antes escucharon la voz del tercero de los jueces: Morín tomó delicadamente el micrófono y dijo: “Esto es una decisión que tiene que tomar todo el tribunal”.
Entre unos y otros momentos, Enriqueta de Narváez, con el pañuelo de las Madres atado en la cabeza, dejó la silla para irse de la sala: “¿Qué sensación tengo?”, decía. “Vergüenza tengo, por los payasos que han traído: porque al final ¿a quién vienen a defender, a los asesinos, a los criminales? Treinta y seis años para venir a escuchar esto: éstos se han equivocado de teatro, tendrían que haberlos llevado al Colón.”
El final
La sala volvió a los tiempos normales de otros juicios después de las seis de la tarde. Los abogados plantearon las cuestiones preliminares y entre ellas la defensa de Braga recusó al fiscal Pelazzo, porque antes fue abogado de las querellas. Ese fue otro de los momentos de los fuegos cruzados. En este caso intervino el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Ya lo había hecho antes, cuando el tribunal quería volver a detener la audiencia por otra hora siempre por el mismo tema de Vargas. Auat, que llegó para reforzar este comienzo, había dicho en ese momento lo que a esa altura aparecía más cercano a la cordura que a las ganas de terminar con lo que se hundía en una especie de pesadilla: por el modo en el que se elevó la causa, con sus cinco expedientes, era posible separar a Vargas de este comienzo y seguir con los otros acusados sin continuar interrumpiendo el debate. Es decir, era hora de que los tiempos de la audiencia dejaran de marcarlos los acusados. En este caso, habló de Pelazzo. Dijo que un abogado de las querellas no es el querellante. Explicó diferencias entre nuevos y viejos códigos y se detuvo en las excepciones que las mismas leyes contemplan, pero que la defensa casualmente no había mencionado. El tribunal finalmente no aceptó la recusación. Y hoy será tiempo de que declaren los imputados. Luego de eso, empiezan a escucharse las voces de las víctimas y de los testigos. Inés Peña va a ser la primera en declarar. Inés es la madre de Mariana, la compañera de Julio Rolando Alvarez García y una de las referentes de los organismos de derechos humanos cuya voz se ha sentido más en todos estos años.
“Me siento como que esto era una utopía que al final se está cumpliendo –dice ella–: un sueño de los que nosotros teníamos en la década del ’70 de alcanzar cosas como esto, me parece que la utopía se va a cumplir, y eso también va a depender de las penas.”
Chicanas de último momento transformaron la primera audiencia del proceso en una muestra de la resistencia a juzgar a los acusados por la represión ilegal en el ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Antonio Vargas, José Bulgheroni y Mariano Braga, en el banquillo.
Por Alejandra Dandan
Desde San Salvador de Jujuy
La lectura de los cargos para los acusados es uno de los ejes más importantes de cualquier primera jornada de juicio. Sin la lectura de cargos no puede empezar el debate. En Jujuy la lectura de esos crímenes para tres acusados –que en cualquier otro lugar podrían haber demorado unas tres horas– se convirtió en un pozo de arenas movedizas que en ocasiones pareció dispuesto a tragarse de un golpe todo lo que costó llegar hasta aquí. El primer juicio de lesa humanidad en esta provincia finalmente arrancó. En la sala de audiencias estuvieron las imágenes de los desaparecidos desplegadas como banderas frente a los represores. Estaban las hijas que por primera vez les veían las caras a quienes se habían llevado a sus padres, y quienes todavía no pueden creer haber llegado hasta aquí. Pero en ese contexto el debate se frenó varias veces, hubo cuartos intermedios interminables, idas y vueltas de un acusado del hospital a la sala, y temas de conexión con el debate. La escena que mostró las explicaciones de por qué hasta hace tres días se buscó la manera de chequear los partes médicos que absolvían de su presencia a los represores que no querían estar en la sala parecía ilustrar en una perfecta imagen en vivo las tensiones que llevaron a la demora infinita de este inicio y lo mucho que todavía queda de acá en más.
Cuando la audiencia llevaba algo más de dos horas de lectura y cuatro de intervalos de descanso, el presidente del Tribunal Oral Federal, René Casas, volvió a convocar a todos a la sala. Eran ya las tres de la tarde. Alguien dijo algo sobre un nuevo problema y el tribunal volvió a suspender el juicio una vez más. “¡Es una burla!”, dijo con la voz que sacó del pecho Adriana Arédez, parada en medio de la sala, con la foto de su padre levantada en las manos. La hija del ex intendente de General San Martín Luis Arédez, una de las víctimas de esta causa, dijo más: “¡Esto no puede ser! ¡Treinta y seis años hemos esperado para esto!”.
El juicio empezó a las nueve de la mañana. Desde las ocho, Jujuy tenía desplegados sus dos frentes internos, que a estas alturas funcionan como mecanismos de reaseguro para estos casos. Afuera de la sala, las agrupaciones de la Tupac Amaru avanzaban por las calles y preparaban con las banderas y los cuerpos el comienzo del juicio. Adentro de la sala, empezaban a congregarse los organismos de derechos humanos. Los que llegaban de Buenos Aires como Taty Almeida de Madres-Línea Fundadora y Lita Boitano de Familiares y ex detenidos políticos. Y los jujeños, sobrevivientes, ex detenidos, viudas de los desaparecidos y sus hijos.
Mariana, la hija de Julio Alvarez García, se puso en las filas de adelante. Le veía por primera vez la cara a Mariano Rafael Braga, “Cara cortada”, que en agosto de 1976 encañonó a los que estaban en la casa para llevarse a su padre. La foto de Julio estaba a un costado, como si estuviese ahí mismo haciéndose un espacio. Eva Arroyo, de HIJOS, estaba en la fila de atrás. A la mañana se levantó pensando en su padre. “Son sentimientos confusos –decía–, porque por un lado esto es el placer de hacerlos rendir explicaciones, sentarlos y condenarlos, y a la vez es una tristeza, porque la verdad es que yo hubiese querido que mi viejo esté acá para verlo.”
Adriana Arédez, con el pañuelo en la cabeza, replicaba la imagen de Olga, su madre. “Para mí es maravilloso verle la cara al genocida de Bulgheroni, con treinta años más, por supuesto, y poder pararme enfrente y mostrarle la foto de mi viejo, aunque sé de todos modos que para él no es nada, por supuesto porque da vuelta la cara.”
Mientras pasaban las horas, el debate que arrancó empezó a complicarse por las discusiones en torno de la presencia de uno de los detenidos: la sala, los querellantes y los fiscales que sostuvieron el avance.
La ciénaga
El juicio contiene cinco expedientes por 43 víctimas, de distintos territorios y procedencias políticas: militantes del PC, de la Juventud Peronista, trabajadores del ingenio Ledesma y la mina El Aguilar. Llegaron a juicio sólo cuatro acusados. Luciano Benjamín Menéndez quedó apartado por razones de salud. Y los tres represores locales: algunas de las caras más simbólicas de la represión todavía están con vida. Antonio Orlando Vargas es el ex interventor del servicio penitenciario de Villa Gorriti, la cárcel que funcionó con la lógica de centro clandestino. José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga tenían cargos de tenientes, integraron las patotas de secuestros e interrogatorios y están acusados de privación ilegal de la libertad y homicidios.
Bulgheroni y Braga llegaron temprano a la sala. Braga con un enorme par de anteojos negros de sol que nunca se sacó. Se tapó con una bufanda a cuadritos durante toda la audiencia esa parte más baja de la cara, marcada por la enorme cicatriz por la que los sobrevivientes siempre lo llamaron Cara cortada. Bulgheroni pasó el tiempo con el cuerpo doblado en dos partes, como escondiéndose de los estandartes de la sala.
Vargas nunca estuvo demasiado tiempo, pero llegó. Apenas empezó la audiencia, los defensores del hombre sobre el que pesa buena parte de las causas –la de Luis Arédez pero también la de Avelino Bazán– anunciaron que estaba internado por un cuadro de neumonía basal. A partir de ese momento se desató una tormenta. Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc Pablo Pelazzo –entrenados en dilaciones– pidieron un perito del Cuerpo Médico Forense para chequear esa información porque, dijeron, “sabemos de las maniobras que existieron hasta acá para dilatar el juicio”.
Hasta tres días antes, era Bulgheroni el que supuestamente no podía estar en la sala por otro examen médico. Una información que fue corregida con un nuevo examen el fin de semana pasada. Cuando Vargas parecía repetir el mismo camino, a la fiscalía se sumaron las voces de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, la de los abogados de Arédez y el Codesedh.
Vargas finalmente llegó a la sala, aunque estuvo por un rato. Lo trajeron con médico y oxígeno, pero después de dos horas de lectura se lo volvieron a llevar al hospital San Roque. Allí quedó instalado un equipo de transmisión para que él pudiera seguir la lectura desde la cama, pero entre una y otra decisión pasó toda la audiencia.
En ese sentido, el tribunal funcionó bajo el fuego de las querellas y de los fiscales pero además bajo lo que quedó planteado como su propio fuego interno, en una escena que vale la pena mirar. El tribunal está integrado por tres jueces y una jueza suplente. El presidente es René Casas, jujeño; luego están Mario Marcelo Juárez Almaraz de Salta y Daniel Morin, designado por Casación en Buenos Aires. La jueza suplente es Fátima Ruiz López. Casas y Juárez Almaraz son los que funcionan de locales. Solían hacerse las consultas mutuamente. Incluso cuando tenían que decidir si llevar a Vargas o no a la sala. Finalmente lo aceptaron, pero antes escucharon la voz del tercero de los jueces: Morín tomó delicadamente el micrófono y dijo: “Esto es una decisión que tiene que tomar todo el tribunal”.
Entre unos y otros momentos, Enriqueta de Narváez, con el pañuelo de las Madres atado en la cabeza, dejó la silla para irse de la sala: “¿Qué sensación tengo?”, decía. “Vergüenza tengo, por los payasos que han traído: porque al final ¿a quién vienen a defender, a los asesinos, a los criminales? Treinta y seis años para venir a escuchar esto: éstos se han equivocado de teatro, tendrían que haberlos llevado al Colón.”
El final
La sala volvió a los tiempos normales de otros juicios después de las seis de la tarde. Los abogados plantearon las cuestiones preliminares y entre ellas la defensa de Braga recusó al fiscal Pelazzo, porque antes fue abogado de las querellas. Ese fue otro de los momentos de los fuegos cruzados. En este caso intervino el fiscal Jorge Auat, coordinador de la Unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración. Ya lo había hecho antes, cuando el tribunal quería volver a detener la audiencia por otra hora siempre por el mismo tema de Vargas. Auat, que llegó para reforzar este comienzo, había dicho en ese momento lo que a esa altura aparecía más cercano a la cordura que a las ganas de terminar con lo que se hundía en una especie de pesadilla: por el modo en el que se elevó la causa, con sus cinco expedientes, era posible separar a Vargas de este comienzo y seguir con los otros acusados sin continuar interrumpiendo el debate. Es decir, era hora de que los tiempos de la audiencia dejaran de marcarlos los acusados. En este caso, habló de Pelazzo. Dijo que un abogado de las querellas no es el querellante. Explicó diferencias entre nuevos y viejos códigos y se detuvo en las excepciones que las mismas leyes contemplan, pero que la defensa casualmente no había mencionado. El tribunal finalmente no aceptó la recusación. Y hoy será tiempo de que declaren los imputados. Luego de eso, empiezan a escucharse las voces de las víctimas y de los testigos. Inés Peña va a ser la primera en declarar. Inés es la madre de Mariana, la compañera de Julio Rolando Alvarez García y una de las referentes de los organismos de derechos humanos cuya voz se ha sentido más en todos estos años.
“Me siento como que esto era una utopía que al final se está cumpliendo –dice ella–: un sueño de los que nosotros teníamos en la década del ’70 de alcanzar cosas como esto, me parece que la utopía se va a cumplir, y eso también va a depender de las penas.”
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont
Cuarto intermedio en el juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy
La primer jornada de audiencias del juicio por lesa humanidad que comenzó a desarrollarse en nuestra provincia, el mismo debió ingresar en un cuarto intermedio, ya que uno de los imputados, Antonio Vargas, ex director del Servicio Penitenciario, sufrió en horas de la noche de ayer una descompensación y fue internado en el Hospital San Roque.
Por ello deberá seguir las instancias del proceso y brindar sus declaraciones atreves de una videoconferencia. Las audiencias continuaran a partir de las 15 horas.
Al referirse al inicio de este proceso judicial, expresó que “estamos muy esperanzados y muy contentos con el inicio de este primer juicio, ahora vamos a estar pendientes de lo que pasa y vamos a continuar en esta misma tónica”.
Para finalizar, Adriana Aredez, hizo referencia al encuentro que tuvo con el Juez Fernando Poviña en relación al intento fallido de declaración del empresario Pedro Blaquier, al respecto manifestó que “he hablado con el juez y le he dicho que Blaquier debe venir a declarar porque es coautor y partícipe necesario de lo sucedido, ya que si el no hubiera colaborado, los delitos no se comenten”, y agregó que “él es una persona que cometió un delito y como cualquiera debe venir a la justicia, no cuando él quiera, si no cuando es citado en tiempo y en forma, por eso le mando un mensaje al juez y le digo que lo haga buscar y traer por un auto de la policía para que llegue con mayor seguridad ya que va desacatando tanta veces las leyes”.
Fuente:JujuyalDia
JUJUY: JUICIO POR "LA NOCHE DEL APAGÓN" EN LEDESMA
Por segunda vez Blaquier se negó a declarar
Fecha: Jueves 12 de julio de 2012
por Juventud del PTS Jujuy
El juez aprovechó e hizo correr el rumor de retirar de las calles a los manifestantes para “no darle excusas y que el empresario se niegue a declarar”.
Los organismos de DDHH se hicieron eco y exigieron a las organizaciones sociales y la izquierda desmovilizarnos y bajar las banderas. Tras horas de espera Blaquier llegó en un auto.
Apenas disminuyó la marcha fue fotografiado por periodistas, se acercó un grupo de personas y en segundos su chofer aceleró. Sus abogados dijeron que no se presentaba, que no estaban dadas las condiciones.
Así Blaquier evitó declarar. Pero, como todos los genocidas, no se quedó de brazos cruzados.
A la noche el gerente de la empresa, Gatti, habló por Canal 7 (propiedad del vicegobernador Jenefes) mostrando el auto destruido y responsabilizando a los manifestantes de un supuesto ataque. Tal como denunciaron las organizaciones sociales y de DDHH, se montó una maniobra de bajo vuelo, “victimizando” a Blaquier, nada menos que al responsable del secuestro de 400 personas y la desaparición de 35 obreros y estudiantes. Paro y movilización para lograr su cárcel
El gobierno usa el llamado a indagatoria a Balquier para cubrirse de su avanzada represiva sobre las huelgas y la protesta social. Pero no rompen su alianza con el empresario que recibe una exención impositiva por 10 años para el bioetanol, se le subsidia el 50% de la electricidad y su mano derecha, Federico Nicholson, se pasea con Cristina en las comitivas comerciales por el mundo.
Para el gobierno, Blaquier no es Videla. El kirchnerismo busca restaurar el poder del Estado. Por eso pretende que todo quede en manos de la Justicia y que a Blaquier se le despeje el camino renunciando a la lucha. Se llama a confiar en una Justicia que, en defensa del terrateniente, ordenó la represión policial que se cobró la vida de tres trabajadores en Ledesma y envió a Gendarmería a detener a los obreros de La Esperanza que defendían su fuente laboral. Un grupo de organismos y la Secretaría de DDHH del gobierno ponen carteles en comisarías y en el puesto que Gendarmería tiene en el predio del ingenio donde hubo cientos de compañeros detenidos. Pero muy lejos están de nuestras exigencias de apertura de los archivos de la empresa y de Gendarmería, de que se cierren todos los destacamentos, que se retire la seguridad privada de Prosegur de las inmediaciones del ingenio y del barrio Ledesma, y de que se expulse del ingenio a Ferro y a Castellano, dos ex militares que hace años manejan la seguridad de la empresa, el espionaje y se destacaron en la represión del año pasado contra los sin techo.
Es un grave error bajar las banderas y dejar de lado la movilización como solicitaron los organismos. Luchar contra los capitalistas y los genocidas fueron las banderas de los compañeros desaparecidos, y por eso no las bajamos el viernes. Nuestro método es el paro y la movilización independiente de los partidos patronales (PJ, UCR, FAP, etc.).
Necesitamos la mayor movilización unitaria de las organizaciones sociales, sindicatos -en particular los recuperados del azúcar-, centros de estudiantes y la izquierda hasta conquistar la cárcel a Blaquier y todos los genocidas que esta semana empiezan a ser juzgados en Jujuy. Hacia el 29° aniversario de El Apagón, nos preparamos gritando “como a los nazis les va a pasar a donde vayan los iremos a buscar”.
Fuente:PTS
“La impunidad comienza a decaer y comienza a florecer la Justicia”
Viernes, 13 de Julio de 2012 03:09
Hugo Condori, presidente de la Asociación de Presos Políticos, dijo que los invaden sentimientos encontrados “estamos contentos por un lado y aparejado tenemos el recuerdo de nuestros compañeros que nos entristece”.
En el inicio del primer juicio contra delitos de lesa humanidad uno de los referentes de quienes la padecieron en primera persona no pudo ocultar la satisfacción del inicio de los procesos judiciales “es la lucha nuestra, es el apoyo del Gobierno Nacional a través de legisladores nacionales para derribar el cerco”.
“Tenemos emociones encontradas, estamos contentos por un lado y aparejado el recuerdo de nuestros compañeros nos entristece” aunque aclaró que “en Jujuy debemos estar contentos porque la impunidad comienza a decaer y comienza a florecer la justicia que garantiza a una sociedad para vivir con tranquilidad”.
En su caso en particular indicó que hubo respuesta inmediata del Gobierno nacional y provincial con protección a mi familia. Destacó el programa de Protección a testigos y a acusados, para que tengan derechos y garantías.
Condori está citado a declarar el 23 de agosto, porque su caso está signado a Ledesma “fui dirigente gremial y además presidente de la obra social”.
Fuente:DiarioJujuy
Accidentado inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy
Uno de los tres procesados intentó frenar la audiencia. Cinco causas forman parte de una investigación que demoró 36 años.
Por: Gerardo Aranguren
Lo que era una nueva demora innecesaria fue evitado por la reacción inmediata del fiscal general Jorge Auat, quien reiteró lo que ya había propuesto minutos antes el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo: que se continúe con la lectura que involucraba a los demás imputados para evitar dilaciones en el primer juicio oral que lleva años postergado.
Ese pequeño incidente, que provocó aplausos por parte del público que estaba desde las 9 en los Tribunales jujeños, podría resumir el inicio del primer juicio oral por crímenes cometidos en la última dictadura en la provincia, apoyado desde los alrededores por más de 60 mil personas que se movilizaron desde el ingreso a la ciudad de San Salvador de Jujuy y escucharon allí el debate.
La accidentada audiencia comenzó por la mañana con sólo dos de los tres imputados presentes. Cuando las querellas y las defensas se instalaron, el juez Casas dio por constituido el Tribunal, integrado también por Mario Marcelo Juárez Almaraz, Daniel Morín y Fátima Ruiz López como cuarto integrante. Mientras Adriana sostenía la foto y nombre de sus padres, Luis y Olga Arédez, el tribunal permitió el ingreso del ex teniente del Ejército José Eduardo Bulgheroni y del ex oficial Rafael Braga, con su rostro cubierto por lentes negros y una bufanda que subía hasta su nariz para evitar mostrar la cicatriz que le valió el alias de "caracortada" y por el que fue identificado como quien secuestró de su casa a Julio Rolando Álvarez García, luego desaparecido.
En ese momento, se anunció que Vargas se encontraba internado en el Hospital San Pedro y, con un murmullo de fondo, el juez anunció que trasladaría al imputado al salón de audiencias “con todos los recaudos médicos” para comenzar con lectura de las elevaciones a juicio en su presencia.
La emoción de tener a los tres acusados en la sala les duró un breve momento a los organismos de Derechos Humanos, entre quienes estaban Eva Arroyo de Hijos e Inés Peña, querellante y titular de Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. A los pocos minutos el médico del SAME solicitó al Tribunal el traslado de Vargas nuevamente hacia el hospital, donde luego de un cuarto intermedio de cuatro horas, Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura, instaló el sistema de videoconferencia en la habitación del acusado. Vargas tiene problemas respiratorios, pero los psiquiatras lo describieron como “lúcido, con un discurso coherente pero con una leve ansiedad por el contexto”.
“Son cobardes hasta el último momento, no han aprendido nada de las ventajas de un proceso democrático”, dijo Inés Peña, indignada por las maniobras de Vargas para ser apartado del debate. De todos modos, afirmó estar “contenta y con expectativas” por el inicio del juicio. Lo mismo sintió Eva Arroyo, quien graficó los esfuerzos de los acusados por demorar el juicio como “una tortuga que pelea panza arriba por darse vuelta”.
“Hagan lo que hagan, por más que se victimicen, no hay marcha atrás”, subrayó. Mientras el TOF continuaba con las idas y vueltas por Vargas, la secretaria del Tribunal comenzó con la lectura resumida de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía por las cinco causas que forman parte del debate: la desaparición de Julio Rolando Álvarez García y alguna elevación parcial de los casos Aragón, Galeán, Arédez y Bazán.
Bulgheroni se tapó sus oídos con las manos cuando se leyó la responsabilidad que tuvieron los acusados “pieza o engranaje imprescindible del salvaje plan acorde con el modelo de Reorganización Nacional instaurado” por su participación en 43 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios. La jornada finalizó ya entrada la tarde, cuando, luego de una airada defensa de la designación de Pelazzo como fiscal ad hoc por parte de Auat, el tribunal rechazó las recusaciones de los defensores que cuestionaban sus antecedentes como abogado querellante de los organismos de Derechos Humanos.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Masiva marcha de celebración
Organizaciones sociales y políticas encabezadas por la Tupac Amaru marcharon ayer por la mañana para celebrar el inicio del primer juicio en la provincia de Jujuy por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
La movilización, de la que participaron más de 60 mil personas, arrancó en el acceso a la capital provincial y finalizó en los alrededores del Tribunal Oral Federal, que estuvo vallado y con un fuerte operativo de seguridad. “Por el solo hecho de que comiencen los juicios, uno recupera la dignidad como militante.
Es algo muy fuerte que la lucha que hicimos sirvió para mucho. Acompañar a los familiares, verlos llorar y sentir que no hay justicia para ellos.
Tuvimos que pasar 36 años para que comiencen los juicios por los compañeros desaparecidos, así que es una emoción muy fuerte”, manifestó la referente de la organización barrial Tupac Amaru, Milagro Sala.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Con una intensa jornada comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad
VIERNES, 13 DE JULIO DE 2012
S. S. de Jujuy - La audiencia inaugural del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Jujuy estuvo signada por la expectativa de familiares de las víctimas del terrorismo de estado y los planteos técnicos de nulidad realizados por los abogados defensores de los imputados, los agentes de inteligencia del ejército Eduardo Bulghneroni, Mariano Rafael Braga y el ex Director del Servicio Penitenciario Antonio Vargas
Otros datos destacados fueron el estado de salud de Vargas que provocó cuartos intermedios y el pedido de recusación del fiscal ad hoc Pablo Pelazzo efectuado por la defensa de los acusados.
Los argumentos de los defensores que se escucharon reeditaron estrategias dilatorias planteadas en procesos similares, lo que los organismos de derechos humanos denominan “chicanas jurídicas” para retrasar el avance del proceso.
La audiencia comenzó con el ingreso a la sala de los imputados Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga, a quienes los familiares de las víctimas –en un gesto que se repite en todos los juicios del país- les exhibieron las fotos de las personas detenidas desaparecidas para recordarles la infamia que los tuvo durante 36 años reclamando justicia.
La defensa de Luciano Benjamín Menéndez, en ese marco solicitó el apartamiento de la causa de su defendido impedido de presenciar la audiencia, en cualquier modalidad, por su estado de salud (una cardiopatía coronaria).
El Fiscal Francisco Snopek requirió que el imputado Vargas pudiera escuchar los cargos que se le imputan por tele conferencia desde el hospital, mientras que los querellantes coincidieron en solicitar que Vargas fuera sometido a un nuevo estudio médico, requirieron perito de parte para ese trámite e insistieron en que se hiciera comparecer a Vargas en la sala de audiencias.
Entre las primeras medidas, el TOF –presidido por el Dr. René Casas e integrado además por los Dres. Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín- resolvió apartar del debate a Luciano Benjamín Menéndez, titular del Tercer Cuerpo de Ejército y solicitó que hasta que llegara un nuevo informe sobre la salud de Vargas, se iniciara la lectura del requerimiento de elevación a juicio, lo cual fue objetado por los abogados querellantes (representantes de las víctimas) y el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo. La objeción se fundó en que no podía darse lectura de la elevación a juicio sin la presencia del acusado, ya que eso podría provocar un planteo de nulidad del acto procesal. Pelazzo solicitó por ello un cuarto intermedio hasta que pudiera trasladarse a Vargas a la sala de audiencias, lo cual finalmente fu aceptado por el Tribunal.
Cuando la Secretaria de Derechos Humanos detallaba las características del plan sistemático de represión, las operaciones ilegales de grupos armados, los modus operando de las fuerzas conjuntas, el médico que asistía a Vargas informó que el imputado se encontraba con un episodio respiratorio que requería nuevamente su traslado al Hospital. El Tribunal hizo lugar a la petición y, no obstante la negativa de la defensa a que se continuara bajo cualquier modalidad con la lectura de los cargos, el TOF dispuso que se instalara en el nosocomio el sistema de video conferencia para que el imputado pudiera seguir la lectura de los cargos.
La defensa de los represores solicitó la recusación del Fiscal ad Hoc Pablo Pelazzo, objetando la supuesta falta de imparcialidad por haberse desempeñado como querellante, lo cual –interpretaron- implica violentar el art. 71 del Código Procesal Penal y pone en tela de juicios la función del Ministerio Público Fiscal.
Ricardo Vitelini, defensor de Braga, por su parte planteó la nulidad de la partida de defunción de Julio Alvarez García, fechada el 21 de agosto de 1976, porque habría sobrevivido a esa fecha.
El defensor de Bulgheroni, por su parte recordó que presentó un recurso de queja ante la Cámara de Casación por el estado de salud y efectuó un planteo de nulidad por traer a su defendido al debate. Además planteó la ausencia en la sala de un experto en psiquiatría o psicología y objetó que se lo haya alejado de su núcleo familiar, adhiriendo también al planteo de recusación de Pelazzo.
Esa defensa además pidió la nulidad del debate por su desacuerdo con la acumulación de las causas y objetó la aplicación retroactiva de la ley que se le aplicaría a su defendido.
La defensa de Vargas, Matías Gutiérrez Perea, planteó también durante la audiencia la recusación de Pelazzo, porque –señaló- el ministerio público fiscal debe actuar de manera objetiva, debe ser guardián de la legalidad, e interpretó que por haber sido querellante estaría afectada su imparcialidad en el proceso.
Pablo Pelazzo rechazó los motivos de su recusación planteados por los defensores de los acusados, puso de relieve que no existe conflicto de intereses que pudieran afectar su función y desestimó la interpretación del art. 71 del CPP que realizaran los defensores.
El Fiscal Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Investigación de los procesos de lesa humanidad- señaló que el Código Procesal Penal actual ha quedado desfasado de las nuevas realidades procesales que se fueron planteando en los juicios por lesa humanidad. Puso de relieve que “hay un nuevo tipo de fiscal que se insinúa en todos los foros” y destacó que en la actuación del Dr. Pelazzo no se expresa un conflicto de intereses, sino intereses convergentes.
Auat enfatizó que los planteos de la defensa carecían de legitimidad absoluta y los calificó como un mecanismo dilatorio del debate. “Lo que plantea la defensa no se compadece con la realidad procesal que campea en estos procesos, ni con la doctrina, ni con la jurisprudencia” refutó Auat. “Estamos avanzando en un proceso acusatorio. El fiscal al que alude la defensa ha quedado en los anales de la historia” ironizó.
Los defensores además plantearon la prescripción de los delitos en juego en este proceso.
El abogado querellante Atenor Ferreira en la causa Aredez, respecto de los planteos de nulidad de los abogados de los imputados ironizó “pareciera que los defensores particulares vienen la justificar honorarios” y observó que en el inicio del proceso en Jujuy se han reproducido planteos de nulidad que ya han sido resueltos y que no tienen sustento jurídico.
Observó Ferreira con sorpresa el planteo de prescripción realizado por los defensores y recordó la jurisprudencia existente en tal sentido, citando fallos como los de Priebke, Arancibia Clavel, el caso Barrios Altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros. “Hay más de 400 sentencias donde se señala que estos delitos son de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles” dijo y rechazó que se estuviera haciendo una aplicación retroactiva de la legislación que condena los delitos en debate.
Recordó Ferreira que los delitos que se le imputan a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados en este proceso, ya estaban tipificados ocmo tales en el derecho de gentes yen el derecho humanitario.
Varios querellantes coincidieron en rechazar la objeción de la acumulación de causas, ya que se trataba de un tema había sido resuelto en las audiencias preliminares.
Finalmente, tras un nuevo cuarto intermedio, el TOF por unanimidad resolvió no hacer lugar a los planteos técnicos de nulidad realizados por la defensa, así como al planteo de la prescripción de los delitos y con los votos del los Dres. Daniel Morin y Marcelo Juárez Almaráz, rechazó la recusación del fiscal ad hoc.
El juicio continuará este viernes, a partir de las 9:00 con el inicio de las testimoniales.
Cabe señalar que en la jornada inaugural se encontraban familiares de las víctimas que integran las causas elevadas a juicio (Alvarez García, Aredez y otros, Bazán y otros, Galeán y otros, Aragón y otros), referentes de las organizaciones de derechos humanos de Jujuy, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOs, Asociación de ex presos de Jujuy y Regional Ledesma, CAPOMA, dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales Milagro Sala (Tupac Amaru), Carlos Santillán (Corriente del Pueblo), Fernando Acosta (ATE), José del Frari (ADIUNJU/CTA) y un grupo de Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Taty Almeida, entre otros.
Además, estuvieron presentes el Ministro de Gobierno de la provincia, Oscar Insausti, la Secretaria de Derechos Humanos, Natacha Freijoo, los diputados provinciales Pablo Baca, Cristina Romano, Miguel Angel Tito, Javier Hinojo, el titular del INADI, Germán Noro, el diputado nacional, Horacio Pietragalla, el Dr. Pablo Vasell de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura, el Director del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smuckler y el coordinador de dicho programa Gerardo Vásquez.
Mientras se desarrolló esta primer audiencia las organizaciones sociales protagonizaron una multitudinaria manifestación y permanencia en las adyacencias de la sede judicial.
FuentedeOrigen:LaHoradeJujuy
Fuente:Agndh
Inicia la segunda jornada de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Jujuy
13.07.2012
El histórico juicio a los represores que actuaron en la provincia de Jujuy durante la dictadura militar, comezó ayer con numerosos planteamientos judiciales realizados por las defensa de los cuatro ex militares acusados de delitos de lesa humanidad.
La recusación planteada por la defensa de los acusados, contra el Fiscal Ad Hoc, Dr. Pablo Pelazzo, numerosos planteos de nulidad con el objetivo de demorar el trámite de la causa y el estado de salud de uno los acusados, Antonio Mariano Vargas, para ser apartado de la causa, fueron los temas sobresalientes de la primera jornada del primer juicio oral y público que se realiza en Jujuy por delitos de lesa humanidad.
La presencia en el recinto de tres de los represores que están acusados por delitos cometidos durante la última dictadura militar, José Eduardo Bulgheroni, Rafael Mariano Braga y Antonio Orlando Vargas, garantizó un proceso justo que reclamaban las madres víctimas y familiares de desaparecidos y presos políticos de Jujuy.
La primera instancia judicial se desarrolló sin mayores sobresaltos, destacándose la intervención del fiscal general de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Jorge Auat que desestimó con argumentos precisos y severos la recusación que se le hizo al fiscal Pelazzo.
La jornada se inició con la comparencia de los tres de los cuatro acusados, en la primera de las cinco causas que se ventilarán a lo largo de esta instancia judicial. La nota la dio Antonio Vargas, que llegó al Juzgado poco después que se iniciara la audiencia, en silla de rueda y con oxigenación permanente, debido a una afección respiratoria y una neumonía que según calificaron los médicos que lo atendían, era severa.
Esta situación finalmente le impidió quedarse en el recinto, donde permaneció poco menos de una hora y tuvo que ser retirado nuevamente por consejo de los facultativos y trasladado al Hospital San Roque donde se encuentra internado.
La audiencia se reanudó pasadas las 15 horas, dando explicaciones de la situación de Antonio Vargas. En videoconferencia desde el Hospital San Roque, el médico de guardia del nosocomio, explicó que revisó a Vargas a pedido de de los defensores y que éste se encuentra internado con neumonía bacteriana y está siendo tratado con antibióticos y corticoides. Presenta un cuadro pulmonar severo, hipertensión e hipotermia, por lo que el profesional médico desaconsejó su presencia en la sala de audiencias.
La defensa de Vargas pidió su apartamiento de la causa por las razones de salud mencionadas, lo que fue rechazado por el Fiscal Pablo Pelazzo, que sí aceptó en un primer momento una postergación de la lectura de los requerimientos.
Posteriormente y por decisión del Tribunal interviniente, se dispuso la instalación de los equipos de videoconferencia en la sala 3 cama 5 en que se encuentra internado Vargas, para que el acusado pudiera escuchar la lectura de la acusación.
Mientras esto ocurría le leyeron las acusaciones en contra de los otros acusados Mariano Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni. Recusaron al fiscal Pelazzo El hecho destacado de la primera jornada fue el pedido de recusación del fiscal Ad Hoc Pablo Pelazzo por parte de los abogados defensores.
El Dr. Ricardo Vitellini, defensor de Bulgheroni, fue el primero en hacer este planteamiento a raíz de la actuación de Pelazzo como querellante hasta hace unos días. Vitellini consideró que Pelazzo “tiene posición tomada y el Ministerio Fiscal está para garantizar y no sólo para actuar”. La férrea defensa hecha por el Dr. Auat a favor de Pelazzo terminó de convencer al tribunal de que todo se trataba de una artimaña de la defensa a fin de demorar el proceso judicial.
También se planteó la nulidad de la partida de defunción de Julio Álvarez García. Por el contrario de lo que establece la disposición legal, se ha establecido su muerte con una fecha estimativa el 21 de agosto de 1976, con inscripción en el registro civil y ordenada por un juez local. Según la defensa esa cuestión perjudicaba de sobre manera a su defendidos, porque habían pruebas que Álvarez García se encontraba vivo con posterioridad a esa fecha.
La defensa de Burlgheroni planteó la falta de un médico siquiatra para que asista a su defendido, por si se llegara a manifestar algún suceso, dado que según él ya tiene antecedentes. Los restantes defensores adhirieron al pedido de recusación, razón por la cual alrededor de las 18, el Tribunal entró en un nuevo receso.
Finalmente, y en la última instancia de la jornada judicial, se leyó la resolución del Tribunal en cuanto a las recusaciones planteadas por la defensa de los ex militares, donde se “hace conocer a las partas que el tribunal federal resolvió por unanimidad no hacer lugar a las nulidades planteadas por las defensas técnicas; o hace lugar al planteamiento de prescripción también planteada por las defensas.
Respecto a la recusación al Dr. Pablo Pelazzo, los Doctores Mario Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morín, resolvieron rechazar la recusación formulada, mientras que el Dr. Vicente Casas planteó que al momento de la designación de Pelazzo, la autoridad que la dispuso ya había tenido en cuenta su anterior participación como abogado querellante particular, situación que será evaluada en su oportunidad.
FuentedeOrigen:JujuyalMomento
Fuente:Agndh
Declaran hoy Inés Peña y los acusados Braga, Vargas y Bulgheroni
13.07.2012
En la segunda jornada del juicio por crímenes de la dictadura, se espera la declaración testimonial de Inés Peña, quizás una de las más importantes para empezar a dilucidar la desaparición de su esposo Julio Rolando Álvarez García.
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En febrero de 1976, cuando todavía gobernaba Isabel Perón, Álvarez García fue secuestrado por un grupo de tareas en el marco del llamado operativo Independencia y estuvo detenido clandestinamente durante 35 días en un anexo de la Universidad en el departamento de Educación Física.
Tras su liberación, se radica junto a su esposa Inés Peña en Libertador General San Martín.
Álvarez García luego es secuestrado desde la casa de sus padres por un grupo de tareas frente a su esposa, sus padres y sus dos pequeñas hijas, una de tres años y otra de un año y medio.
Inés estaba embarazada de cinco meses de su tercera hija que nació con su papá en cautiverio. Por este hecho es inculpado Rafael Mariano Braga junto a otros miembros más de las fuerzas de seguridad, que lo llevan al Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los Andes”.
Álvarez García habría sido ultimado por miembros de las Fuerzas Armadas, en lugar y fecha no determinados, quienes luego habrían hecho desaparecer su cuerpo sin ser habido hasta el día de la fecha, todo ello en cumplimiento de lo ideado previamente como parte del plan de represión ilegal”.
Por esta razón el Tribunal dispuso el procesamiento de “Rafael Mariano Braga, por considerarlo “prima facie” responsable de los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad calificada en calidad de coautor y homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe necesario”.
Con relación a la jornada de hoy, el Fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo dijo que no podría jerarquizar los actos de esta jornada porque son tan importantes la declaración de los encartados, como la de los todos los testigos.
“Quizás en término de probatorio, la importancia de los testigos se puede evaluar después que se cumpla el acto y para nosotros por ejemplo tener en cuenta si un testigo aportó más o menos pruebas, quizás en ese sentido podemos decir que es importante o no. La declaración de Inés Peña es una de las más importantes de esta causa” evaluó.
Con respecto a la jornada del viernes, dijo que “sin tener en cuenta todos los vaivenes en relación a la intensión de dilatar el juicio, con lo que pasó con Vargas y la lectura de requerimiento creo que se ha cumplido con lo que estaba pautado ya que en la segunda jornada se va a escuchar a las encartados y las primera testimoniales”.
Sobre el planteamiento de nulidad en su contra como fiscal ad hoc, Pelazzo dijo que “no se dio lugar a la recusación porque los planteos realizados por la defensa, decía que había un conflicto de intereses, en términos generales, por mi participación anterior como querellante, citando un fallo de una causa donde un funcionario público había actuado como querellante pero a título personal y como fisca posteriormente.
En este caso yo actué como defensor técnico, de una querella. O sea la persona que denuncia el caso es la víctima no yo”. Destacó que “más allá de eso no hay conflicto de intereses, por tanto la fiscalía defiende los mismos intereses de las víctimas”.
FuentedeOrigen:JujuyalInstante
Fuente:Agndh
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