El ex policía y servicio de inteligencia Juan José Gil, acusado por amenazas a querellantes y funcionarios judiciales en una causa por delitos de lesa humanidad en Reconquista, negó ser el autor de los correos electrónicos intimidatorios.
13 jul, 2012
El imputado negó ser quien abrió la cuenta de correo negritovega16@yahoo.com.ar, de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la denominada Causa Número 50 “Base Aérea”. Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada “La Hermandad”, se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una “causa armada” por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la “ejecución” de los fiscales Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de “amenazas y coacciones agravadas”, luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Los delitos que se le imputan tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión. Desde la querella, Daniel Boccoli, director del Programa Provincial de Protección de Testigos y Querellantes, consideró que se trata de “una causa muy importante porque es la primera en la Argentina en la que se va a juzgar el delito de amenazas en el curso de un juicio por delitos de lesa humanidad”.
“Vamos a ver qué resultado tiene este juicio, los jueces dirán, pero con esto lo que está diciendo es que no hay impunidad para hechos del pasado y tampoco del presente, porque éste es un hecho del presente”, añadió.
Boccoli dijo que “las amenazas hacían referencia a un supuesto grupo de Reconquista, que se autodenomina La Hermandad y lo que tenían eran amenazas concretas diciendo que no se investigara, que no se avanzara en la investigación de delitos de lesa humanidad”.
En la primera jornada se realizó la lectura de la elevación a juicio y la declaración del imputado. Uno de los testigos, Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio, dijo que “personal informático de la Policía” comprobó que los correos amenazantes “fueron armados en un cíber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio”.
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, se originaron en la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.
Fuente:ElCiudadanoyLagente
13/07/2012
Comenzó en Santa Fe el primer juicio por intimidar a víctimas de la dictadura El policía que amenazó al fiscal Candioti dijo que le plantaron pruebas
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe juzga a Juan José Luis Gil por amenazas agravadas y coactivas contra víctimas del terrorismo de Estado, integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios judiciales. Sin embargo, Juan José Luis Gil dijo que todo era una maniobra orquestada por el fiscal Federal de Reconquista, Roberto Salum, en connivencia con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En el inicio del debate declaró el imputado y tres personas que recibieron los mensajes intimidatorios. “El fiscal Salum quiere confundir, mezclando las cosas, para convertir una inexistente amenaza en un crimen de lesa humanidad”. Así se defendió Gil, un policía santafesino y agente civil de inteligencia durante la última dictadura militar, que ayer comenzó a ser juzgado por la presunta comisión del delito de amenazas agravadas y coactivas, por el que podría recibir una pena de entre dos y seis años de prisión.
Los hechos ocurrieron en el año 2009, tras una denuncia que presentaron Raúl Borsatti, Jorge Miceli y Pablo Rolón, tres militantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, después de recibir varios mensajes intimidatorios por correo electrónico. Las amenazas se extendieron al entonces juez federal Eduardo Valiente, al fiscal José Ignacio Candioti y otros militantes que motorizaban las causas por secuestros y torturas de decenas de personas durante la dictadura en el norte santafesino.
En esa zona el circuito represivo estaba bajo el mando de la Fuerza Aérea Argentina, pero la justicia logró demostrar los vínculos que existían con la policía provincial. Gil fue detenido el 6 de octubre de 2009 en su casa de Reconquista, después de que una pericia informática determinara que los correos electrónicos que circularon entre abril y junio de ese año habían sido enviados desde su domicilio y desde un cyber ubicado a 20 metros del domicilio.
Los correos electrónicos estaban firmados por una agrupación autodenominada “La Hermandad” y en ellos se reflejaba un profundo conocimiento de la causa, ya que había extractos de declaraciones testimoniales de algunas víctimas. También se daban cuenta de circunstancias personales y familiares de los destinatarios y el fiscal Candioti recibió amenazas de muerte contra él y su familia.
Previo a los allanamientos, los investigadores realizaron cruces informáticos, rastreos de cuentas de correo electrónico, informes de inteligencia y de dominios de los IP que permitieron identificar las computadoras desde las que se disparaban los mensajes. Sin embargo, en su declaración indagatoria, Gil aseguró que todo fue parte una campaña orquestada por el fiscal Salum y la PSA, que le hackearon su línea telefónica, la conexión a Internet y también la cuenta desde la que se enviaron los correos electrónicos, que tenía como remitente a un tal “Néstor Fernández”.
Ante el tribunal se presentó como “profesor” y en algunos tramos habló de sí mismo en tercera persona: “Ninguno de los elementos secuestrados prueba que Gil haya escrito y/o enviado los mails”, pero inclusive aseguró que “los mails fueron reenviados y por lo tanto pudieron haber sido modificados” y, en la misma línea, dijo que no se investigó al remitente de los correos, el tal ‘Néstor Fernández’, y que él mismo comprobó que en la guía telefónica de Santa Fe hay cinco personas con ese nombre.
Más aún, Gil afirmó que “los mails salieron de Paraná, no salieron de Reconquista; es mentira que hayan salido de mi máquina” y acusó directamente al fiscal de plantar pruebas en su contra.
"Salum sabía que los mails no habían salido de mi casa, por eso, para poder inculpar al profesor Gil, tuvieron que inventar pruebas”, manifestó. Haciendo gala de un gran conocimiento técnico sobre Internet, Gil dijo que el fiscal y la PSA habían manipulado y tergiversado los informes remitidos por los servidores Yahoo! y Arnet y afirmó que “Reconquista es una zona blanca, no permite la detección de direcciones de IP”, por lo que consideró que es imposible atribuirle el envío de los correos electrónicos.
“Hacer que el IP de una persona sea utilizado por otra no es imposible. El hackeo de la cuenta (a nombre de ‘Néstor Fernández’) fue una maniobra de la PSA para intentar inculparme”, concluyó. A partir de la investigación del fiscal Roberto Salum, en conjunto con la PSA, por primera vez se pudo identificar y llevar a los estrados judiciales a una persona acusada de realizar amenazas e intimidaciones a quienes participan de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Juan José Luis Gil, el imputado, tiene 67 años.
En 1963 egresó del Liceo Militar General Belgrano y unos años después se incorporó a la Policía de Santa Fe, donde cumplió diversas tareas hasta su retiro voluntario en 1995. Durante la dictadura se desempeñó en la Guardia Rural Los Pumas, la misma que integraban algunos detenidos de la causa por crímenes de lesa humanidad que se tramita en el Juzgado Federal de Reconquista.
El año pasado su nombre apareció también en el listado del personal civil que reportaba al Batallón de Inteligencia 601, bajo el seudónimo de “Enrique Galetti”. Gil es el agente número 1.961 de la nómina que dio a conocer el Archivo Nacional de la Memoria.
En democracia, Gil fue también profesor de Física, Química y Matemática en varias escuelas secundarias de Reconquista y Avellaneda, hasta que fue cesanteado en 2008, tras un sumario iniciado a raíz de una denuncia de alumnos por las insistentes arbitrariedades con las evaluaciones. Curiosamente, durante el proceso administrativo que terminó en su suspensión, una supervisora del Ministerio de Educación dijo haber sido difamada a través de una cadena de correos electrónicos, publicó El Diario.
Fuente:AnalisisDigital
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