Para hacer juSSticia
La renovación de la justicia federal ha seguido avanzando, pero entre las nuevas propuestas también hay casos injustificables: un coleccionista de parafernalia nazi, un heredero de Romero Victorica, el autor de un tratado en colaboración con un acusado por crímenes de lesa humanidad. El Senado puede corregir esas aberraciones. Los proyectos de Moyano y Scioli y las expresiones de deseos del cardenal Bergoglio.
Por Horacio Verbitsky
Las propuestas oficiales para ocupar altos cargos en el decisivo fuero federal constituyen un preciso mosaico del estado de situación en la Justicia, donde los saludables aires de renovación coexisten con las aguas estancadas de la manipulación, las ideologías reaccionarias y las operaciones de inteligencia. Luego del fallido intento por designar al Procurador General Daniel Penoso, el Poder Ejecutivo escogió a la fiscal general Alejandra Gils Carbó, quien concitó el apoyo de un centenar de organizaciones de importancia y apenas cinco presentaciones de rechazo. Una por parte de la agrupación de abogados de la calle Montevideo, un pequeño pero poderoso grupo de lobby que reúne a ex funcionarios judiciales de la dictadura militar con letrados que litigan contra el país en el CIADI, representando a empresas trasnacionales. Otra, firmada por la diputada Elisa Carrió, en uno de sus esporádicos intentos por regresar con algún estrépito de su ostracismo político. Todo parece indicar que su pliego obtendrá con holgura los dos tercios del Senado que se requieren para acceder al cargo que durante los años pasados prestigió Esteban Righi. Esta designación es coherente con el proceso iniciado en 2003 desde la renovación de la Corte Suprema de Justicia, que sigue siendo el punto institucional más alto que puede ostentar la Argentina. La alocución con que Ricardo Lorenzetti abrió el año judicial el 6 de marzo de 2012, expuso un modelo de justicia coherente y progresista como los tribunales argentinos no habían conocido antes.
Seis años después
Entre los pliegos que la semana pasada ingresaron al Senado están también los de cuatro jueces federales de la Capital, seleccionados luego del concurso 140 que se extendió durante nada menos que seis años. Fue convocado para sustituir al destituido juez Juan José Galeano pero en 2005 ninguno de la treintena de postulantes rindió el examen en forma satisfactoria. Cuando volvió a convocarse, en 2008, se habían sumado otras tres vacantes en el mismo fuero. El concurso también estuvo paralizado a raíz de una denuncia del juez federal Daniel Rafecas y de una nota del diario La Nación, que dieron lugar a una causa judicial en la que se investigó si los jurados habían adelantado los temas a dos de los candidatos. Uno de ellos, Carlos Ferrari, incluyó de memoria en su escrito 43 citas de sentencias de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, lo cual fue considerado imposible por el experto en esa jurisprudencia Alejandro Carrió. El otro, Luis Osvaldo Rodríguez, había pedido días antes del examen el fallo del juzgado de Rafecas en un caso similar al que le tomaron en la prueba, sobre un robo de monedas. No obstante, la jueza federal María Servini absolvió a ambos: a Ferrari porque había hecho todos sus estudios desde el primario en Estados Unidos y era un lector habitual de jurisprudencia de la Corte; a Rodríguez porque no había pedido sólo ese fallo, sino muchos otros, estudiando para el examen. Por último, el Consejo de la Magistratura elevó una terna que incluyó en primer lugar a Marcelo Martínez de Giorgi, quien tuvo una destacada labor en juicios por crímenes de lesa humanidad como secretario de la Sala II de la Cámara Federal, y que en los últimos años ha sido titular interino de dos de los juzgados vacantes; seguido por el secretario Juan Pablo Salas, juez interino en Morón y el juez de Quilmes Marcelo Goldberg. También agregó una nómina complementaria integrada por Rodríguez; el secretario del juzgado de Rafecas, Sebastián Ramos, y el de la Sala I de la Cámara, Sebastián Casanello. El Poder Ejecutivo envió al Senado los nombres de Martínez de Giorgi, Ramos, Casanello y Rodríguez.
El hombre de la svástica
Los tres primeros son inatacables. En cambio, Rodríguez fue impugnado por el CELS y no sólo por las sospechas de que consiguió información sobre el concurso en forma anticipada. Ex secretario del ministro de la Corte menemista Rodolfo Barra y de estrecho vínculo con los trillizos Fernández que desde la SI realizan una política judicial paralela, también fue objetado su desempeño como juez de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra: no admitió como querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles sobornos o tráfico de influencias entre imputados del caso Ferreyra, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya disponibles, el fiscal Sandro Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar la libertad del secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el contacto con la Cámara de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Según el fiscal no es posible descartar que también esos camaristas “hayan tenido participación en los hechos, sea a través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza”. Los dos últimos ya renunciaron. Si esto no bastara para descalificar a Rodríguez, colegas suyos en tribunales e incluso miembros de su familia que pidieron reserva de su nombre, dijeron que recién al presentarse al concurso, Rodríguez sacó de su casa una colección de objetos nazis, que guardaba en un cuarto acondicionado al efecto, con una vitrina de grandes dimensiones. Incluía medallas de condecoraciones, dagas, cuchillos y libros. El juez ofreció esas posesiones comprometedoras a dos casas especializadas: Militaria Martínez, de la Galería Larreta, en Florida al 900 y la armería Miranda, de Bartolomé Mitre y Paraná. Rodríguez dejó sus tesoros en consignación y ambas casas los ofrecieron a otros conocidos coleccionistas, uno de los cuales es un arquitecto que lo confirmó para esta nota. Ante una pregunta acerca de si Rodríguez no podría ser un coleccionista interesado en todo tipo de objetos de la Segunda Guerra Mundial, las fuentes próximas al juez lo negaron: “Sólo del nazismo”.
Las amapolas de San Martín
Otra situación de equivalente gravedad se produjo en el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo número 1, de San Martín. En forma interina está a cargo el secretario de la Cámara de Apelaciones, Oscar Alberto Papávero, quien ha realizado las sobreactuaciones necesarias para ser postulado, pese a su poco recomendable trayectoria. En los últimos meses, rechazó un amparo para comprar dólares con un crédito hipotecario y negó el aumento del abono de Cablevisión. El currículum que Papávero presentó al Concurso 203 del Consejo de la Magistratura, indica que fue designado secretario de la fiscalía de San Martín por Juan Martín Romero Victorica, quien trabajaba junto con el entonces funcionario de la Procuración General Alfredo Bisordi en la causa Born. De allí pasó a actuar como secretario del juez Carlos Enrique Luft, cuyo nombre figura en la lista del Personal Civil de Inteligencia del Estado que el Ejército hizo pública. Por último, fue designado secretario de la Cámara Federal de San Martín. Romero Victorica y Luft llevaron a cabo una maniobra que el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti le ofreció al ex secretario de Justicia César Arias, para apoderarse de parte del dinero que el Estado había pagado como indemnización a la familia Graiver. Aduciendo que los bienes de la familia Graiver incautados durante el gobierno militar habían sido adquiridos con fondos del rescate de los hermanos Born, el fiscal solicitó, y Luft concedió, primero un embargo y luego el secuestro de la última cuota que el Estado Nacional se había comprometido a pagar a la familia. Arias congeló los pagos y los Graiver acordaron repartir la suma pendiente, como única forma de cobrar algo. Entonces juez y fiscal tramitaron ante el Poder Ejecutivo el desbloqueo de los fondos. Pero no fueron al Tesoro Nacional, como le habían hecho creer al ingenuo Arias sino a Jorge Born, quien con los 16 millones de dólares que recibió, formó una sociedad con Galimberti. Arias denunció a Luft y dijo que se habían pagado comisiones con dineros públicos. Un grupo de organismos defensores de los derechos humanos están haciendo circular una nota consignando su preocupación. Mencionan “la falta de antecedentes académicos y jurídicos, la ausencia de publicaciones periodísticas, obras literarias o conferencias sobre temas jurídicos” de Papávero. Luego de valorar “los avances logrados para elevar jurídica, moral y humanamente el nivel de nuestra judicatura” señalan que “personajes como Papávero se mimetizan en el sistema democrático y desde las sombras resisten los cambios que la sociedad reclama para avanzar en la construcción de un país con dignidad para todos”. Agregan que del currículum de Papávero “no surge vinculación alguna y mucho menos compromiso con causas relacionadas con los derechos humanos” y que los antecedentes que consignó al concursar no pasan de una página, “referidos a tareas relativas a su cargo de Secretario y en la Superintendencia Administrativa y de capacitación del personal judicial, sin concurso”. En cambio “no hizo postgrados ni cursos universitarios o terciarios y en los que participó obtuvo un pobrísimo orden de mérito: 23 y 19”. Tampoco registra “trabajos escritos ni artículos ni obra jurídica alguna y ni se le conoce haber participado en alguna disertación jurídica”. Como juez subrogante, designado sin concurso en 2010 “demostró reticencia o ha puesto obstáculos en causas de ciudadanos extranjeros que tramitan la naturalización argentina poniendo en práctica criterios propios de la derogada ‘Ley Videla’, contradiciendo de esa manera la letra y el espíritu de la política migratoria amplia” vigente. La preocupación de los organismos se centra en los archivos de ese juzgado, donde hay “numerosas causas relacionadas con la dictadura militar”, esenciales “para las investigaciones en los juicios por delitos de lesa humanidad”. Ante una solicitud del Archivo de la Memoria, Papávero “no ha propuesto ninguna acción conservatoria de esos expedientes ni ha tomado contacto alguno con los organismos de derechos humanos”. Papávero designó como auxiliar a su hijo Sebastián y a Federico Fernández, sobrino de Javier Fernández, el hombre de Barra en la AGN, devenido en poderoso operador judicial para cualquier gobierno. Papávero se llevó como custodia personal a la novia de Federico, una mujer policía bonaerense que atiende tras de rejas, una imagen sugestiva de las contrariedades que sufre en San Martín la posibilidad de democratizar la justicia.
Bahía gris
La misma ilógica preside la propuesta como fiscal general de la Cámara Federal de Bahía Blanca de Alejandro Salvador Cantaro, en detrimento de Gabriel Darío Jarque, quien fue secretario de esa fiscalía durante la titularidad de Hugo Cañón y en la actualidad es defensor oficial. Cantaro escribió Lecciones de Derecho Penal en colaboración con Hugo Mario Sierra, detenido y suspendido como docente en la Universidad Nacional del Sur por 39 hechos considerados crímenes de lesa humanidad mientras fue secretario del destituido y prófugo juez Guillermo Federico Madueño, quien murió en la cárcel. Durante la noche Madueño planificaba con el general Adel Vilas los operativos de la represión. Sierra tomó declaración a detenidos que denunciaron torturas pero no inició acciones al respecto y en cambio dio por buenas las declaraciones autoincriminatorias que habían prestado en esas condiciones. En cambio Jarque contaba con el apoyo de Cañón y de Adolfo Pérez Esquivel, quienes destacaron su “empeñoso trabajo buscando el avance y desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y su comprometida actuación en la prevención y denuncia de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”. También aportó “antecedentes, fundamentaciones y argumentos” para que Cañón pudiera impugnar la constitucionalidad de la ley de obediencia debida y de los indultos, en 1988 y 1990. Con el apartamiento de Jarque, el gobernador Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, se sacan de encima a un molesto investigador de los abusos contra personas privadas de su libertad en las cárceles bonaerenses y el gobierno nacional muestra una ligereza incongruente en su política en defensa de los derechos humanos.
Fuente:Pagina12
Hablemos de política
Por Horacio Verbitsky
En su primer discurso como reelecto secretario general de una de las cinco fracciones en que quedó dividido el movimiento sindical, Hugo Moyano corrió el último velo que ocultaba las motivaciones de su conducta del último año y medio: lejos de exponer una agenda gremial, describió un horizonte ya no sólo político sino electoral, en el que sus fuerzas restarían apoyo a la presidente CFK en los comicios legislativos de 2013. Moyano se hizo elegir con el 54 por ciento de los votos dibujados en su congreso de fantasía. Este mal no es exclusivo de su sector. El otro computa como propios a renunciantes, procesados y difuntos. El intento de incluir en esta nota un cómputo objetivo de las fuerzas respectivas fracasó, porque el Ministerio de Trabajo confesó que no existen registros oficiales, actualizados y confiables. Moyano también dio señales acerca del tipo de representación gremial que invoca, al elegir como acompañante en la secretaría adjunta de su agrupamiento al dirigente de los petroleros Guillermo Pereira; como vocal al secretario de la Asociación de Pilotos de Aviones, Jorge Pérez Tamayo y como secretario de prensa al dueño de una parada de diarios, Omar Plaini. Curiosa superposición de decisiones: en el mismo momento en que decide volcarse de lleno a la política, Moyano segmenta su representatividad gremial y se aventura en un terreno desconocido, seguido por los menos: camioneros, petroleros, pilotos y patrones quiosqueros integran el diez por ciento de la aristocracia obrera que resopla contra el gobierno porque debe pagar el impuesto a los ingresos de las personas. (Aristocracia obrera no es una descripción de Carlos Zannini sino de Carlos Marx). La solicitada que con la mejor intención inspiraron Plaini, Juan Carlos Schmid, Facundo Moyano y Héctor Recalde el miércoles decía que “apoyamos el modelo que comenzó en mayo de 2003 y que transformó una penosa realidad en cambios de enorme trascendencia como la liberación del FMI, el no endeudamiento, la política de derechos humanos, la defensa del mercado interno, las paritarias, el salario mínimo vital y móvil, la nacionalización de empresas públicas, de los recursos previsionales, la movilidad jubilatoria y un etc. importante. Pero ello no significa que no reclamemos por lo que falta, por la profundización necesaria, por el diálogo, las explicaciones sobre la coyuntura”. Estos buenos propósitos naufragan cada vez que Moyano compara a la presidente con la dictadura militar o atribuye las dificultades del gobernador bonaerense para pagar sus obligaciones a un golpe de Estado del mismo gobierno nacional al que Daniel Scioli no se cansa de agradecer su ayuda, que al menos le permitió pagar los sueldos. El dirigente de los albañiles (y ex personal civil de Inteligencia del Ejército) Gerardo Martínez, hizo un intento de último momento por evitar la fractura y propuso a Moyano prorrogar su mandato unos meses hasta alcanzar un acuerdo entre todos los sectores. Fracasó porque aquellos sindicatos comprometidos con el desguace del Estado en la década de 1990, como los electricistas de Oscar Lescano, los mercantiles de Armando Cavalieri y los paramédicos de Carlos West, no quieren saber nada con Moyano. Pero también Moyano declinó la propuesta con un argumento sorprendente: “Este gobierno no llega a fin de año”. Expresiones similares de deseos repite ante interlocutores más discretos el aún arzobispo de Buenos Aires pero ya no hombre fuerte de la Conferencia Episcopal, Jorge Bergoglio, enfurecido por las reformas progresistas al Código Civil propuestas por una comisión que encabezaron el presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton. La ratificación por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de la fecha del 7 de diciembre para que las grandes cadenas se adecuen de una vez a la ley sancionada hace ya tres años, incentiva todas esas urgencias y calienta tapas de diarios y pantallas de televisión. El hombre clave en el entramado que organizó Moyano es el secretario de interior Gerónimo Venegas. Titular de la asociación de trabajadores con los más altos niveles de informalidad del país, Venegas perdió una caja de 500 millones de pesos cuando el Congreso sancionó la nueva ley de trabajo rural, que devuelve a los trabajadores del agro derechos históricos perdidos y encomienda al Estado verificar su cumplimiento, en lugar del contubernio entre el sindicato y los patrones que creó Menem al finalizar su gobierno. Venegas transmite a Moyano su obsesión por el esquema de caos social, vacío de poder y salida anticipada de la presidente, proyecto que el ex senador Eduardo Duhalde delineó aún antes de la primera elección de Cristina y que sus dispersos partidarios mantienen como utopía reaccionaria y módico consuelo ante las contrariedades de la dura realidad. Venegas es también el puente de Moyano con las cámaras patronales agropecuarias, que amenazan con nuevos lockouts y movilizaciones, ante las medidas impositivas que preparan los gobiernos provinciales y el nacional, según la precisa lección de economía política que Cristina le asestó a Scioli: “Muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo; tenés que enfrentarte muchas veces con intereses, siempre hay que optar, sobre todo en economía, porque en la economía, como lo saben los empresarios, nada es neutro, lo que se le da a uno es porque lo pone otro”. Scioli va comenzando a comprender que antes de 2015 viene 2013. En ese año podría librarse del tormento de la administración y encabezar la lista de candidatos legislativos del Frente para la Victoria, con la lealtad a la presidente que proclama cada vez que se enciende una cámara y por la cual ha sido candidato a tres cargos distintos en 2003, 2007, 2009 y 2011.
Por Horacio Verbitsky
El sistema informático del Poder Judicial sumó mal los votos de la elección presidencial y le atribuyó a la presidente CFK el 55,42 por ciento de los votos, en lugar del 54,11 por ciento. El error fue corregido por aviso del politólogo Andy Tow. Pero el título de la nota de esta página sobre el blooper preguntó: “¿51,11 o 55,42 por ciento?”. Queda así ratificado que la estupidez humana lo puede todo.
Por Horacio Verbitsky
El 16 de julio de 1871, Friedrich Engels le escribió al marqués revolucionario Carlo Cafiero, quien había reorganizado la Internacional en Nápoles: “Con todos los grandes, fuertes y ricos sindicatos, el movimiento sindical se ha convertido en un obstáculo antes que en un instrumento de progreso del movimiento general. Fuera de los sindicatos hay una inmensa masa de trabajadores en Londres que durante varios años se han mantenido alejados del movimiento político y como resultado son muy ignorantes. Pero por otro lado también están libres de los muchos prejuicios tradicionales de los sindicatos y las otras viejas sectas y en consecuencia forman un excelente material con el que uno puede trabajar”. (“Marx and Engels on the Trade Unions”).
Fuente:Pagina12
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