En Jujuy, el azúcar amarga
El comienzo del juicio por la represión de la dictadura y el llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier desnudan los vínculos con la Justicia, la jerarquía de la Iglesia y el Poder Ejecutivo jujeño.
Por Martín Granovsky
Imagen: DyN
Mientras la Justicia procesa, al fin, a los responsables del terrorismo de Estado en Jujuy y se propone indagar al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, parece resuelto a que el juicio no se mezcle con un dato de la realidad: cuenta como uno de sus funcionarios más importantes al socio de un estudio que patrocinó a Ledesma. Se trata de Jorge Noceti, secretario de Turismo y Cultura, que perteneció al estudio Noceti-Frías.
Noceti ya ocupó ese cargo con Walter Barrionuevo, el gobernador del período 2007-2011. Fellner lo mantuvo al asumir en diciembre pasado luego de su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
El secretario es hijo de Raúl Octavio Noceti, un abogado rosarino que se radicó en Jujuy, fue cofundador del estudio y se convirtió en el hombre fuerte del peronismo jujeño en la Justicia provincial. Llegó a ser miembro de la Corte Suprema. El 9 de febrero de 1999 sufrió un misterioso atentado. A las 21.30 le dispararon tres balazos en la puerta de su casa, en la calle España 594, de San Salvador de Jujuy. Fue trasladado a Buenos Aires de urgencia en un avión privado. Una bala entró por la sien y le destrozó el globo ocular, pero la afección cerebral fue mínima, según informó en aquel momento el neurocirujano Amelio Castellani, del sanatorio Lavalle, de Jujuy. La información reproducida por Clarín el 11 de febrero del ’99 consignando fuentes policiales señala que, “según el testimonio de los vecinos, en el momento exacto en que se produjo el atentado hubo un corte de luz que dejó esa zona de la ciudad completamente a oscuras. Y no se descarta que los agresores lo hayan provocado”. Noceti falleció el 1º de junio de 2004.
Cuando murió, Noceti-Frías Estudio Jurídico pasó al control de su hijo Jorge.
Antes de que la Quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, en 2003, grupos de pobladores fueron despojados de sus tierras por abogados que aprovecharon la obvia debilidad de su documentación.
Los chiriguanos, descendientes de guerreros guaraníes que combatieron con los incas y terminaron instalándose en zonas como el oriente boliviano, emigraron a Jujuy durante el siglo XX para trabajar en los ingenios azucareros.
“En Jujuy el poder político no hace nada sin consultar a Ledesma”, dijo a este diario Ricardo Arédez, hijo del intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, secuestrado en 1977 y desaparecido desde entonces. Médico, Luis se había interesado en la salud de los obreros del azúcar en Tucumán. En 1973 fue elegido intendente del pueblo cercano al ingenio Ledesma. El primer punto de su programa era un plan de entrega de tierras de la empresa a los jujeños. La historia no se repite salvo cuando no se resuelve. En julio de 2011, una ocupación en reclamo de tierras derivó en la represión de la policía jujeña, que dejó cuatro muertos.
Adriana Arédez, hija de Luis y hermana de Ricardo, señaló la responsabilidad de Ledesma en lo que definió como “tres genocidios”. El primero, “el robo de tierras a los pueblos chiriguanos”. El segundo, “la participación en el terrorismo de Estado”. El tercero, “la contaminación ambiental”. También incluyó en la trama del poder jujeño a Guillermo Jenefes, actual vicegobernador, ex senador nacional y dueño de medios que, según la hija del intendente secuestrado, “no se preocupan mucho por difundir el juicio sobre la represión”. Y recordó que el obispo a cargo de la diócesis de Jujuy entre 1965 y 1982, José Medina, “presenciaba los interrogatorios de los torturadores”. Medina fue nombrado después vicario castrense. Es el mismo a quien el 2 de abril de 1987 el entonces presidente Raúl Alfonsín tuvo que replicar desde el púlpito porque en su homilía había presentado a la Argentina como un paraíso de drogas y negociados.
Ricardo Arédez dijo que también Fellner trabajó con Frías y Noceti. El gobernador no desmintió sus relaciones con el estudio, aunque la empresa Ledesma a través de Ignacio Duelo, ejecutivo de relaciones institucionales, deslindó por escrito que Fellner haya sido abogado de la firma.
–Cuando Ledesma contrató al estudio de Noceti-Frías, ¿el doctor Eduardo Fellner fue también uno de los abogados?–No, el doctor Fellner nunca fue abogado de Ledesma.
–¿Cuál era la razón social del estudio mientras estuvo vinculado a la empresa Ledesma?–Noceti-Frías, que se refiere a Marcelo Horacio Frías, quien nunca fue socio del doctor Eduardo Fellner.
–¿En algún momento se llamó Fellner-Frías?–El Estudio Noceti-Frías nunca se llamó de otra forma. El estudio que trabajaba con Ledesma era el de Marcelo Horacio Frías y Jorge Noceti. Cuando Jorge Noceti entró al gobierno provincial como secretario de Turismo, dejó de ejercer su profesión de abogado, y por supuesto dejó de ser abogado de Ledesma.
La historia del ataque a Noceti padre no es el único hecho sin esclarecer que hasta hoy ronda en el poder jujeño. Frías, que además es criador de perros, también protagonizó una historia con olor a vendetta o advertencia. Un día todos sus perros aparecieron degollados. La escena de El Padrino en la que Vito Corleone ordena poner en la cama de un productor de Hollywood la cabeza degollada del caballo preferido de éste, es ficción. La historia de los perros de Frías, no.
Como presidente de Ledesma, Blaquier emitió un comunicado el 7 de julio último. “Respecto de las acusaciones que figuran en la causa sobre una posible participación en detenciones ilegales de personas durante el último gobierno militar, quiero manifestar que somos totalmente inocentes y que las evidencias y otros elementos prueban que las imputaciones son falsas y carecen de todo sustento”, dice el texto. Y en alusión a uno de los temas que está bajo pesquisa judicial agrega: “Se nos acusa de haber prestado camionetas de Ledesma S.A.A.I. a las fuerzas de seguridad para la detención ilegal de personas”.
Ricardo Arédez dijo a este diario que recuerda haber visto las camionetas “con mis propios ojos”. Añadió que la suya no es una deducción. “No es que me pareció que los móviles eran de la empresa sino que llevaban una inscripción con la marca.”
Fuente:Pagina12
Un represor identificado
La principal testigo en la causa por la desaparición de Julio Rolando Alvarez García en Jujuy, Inés Peña, identificó a Mariano Rafael Braga como el jefe del grupo de tareas que secuestró a su esposo el 21 de agosto de 1976. Braga había afirmado que estaba de vacaciones en Buenos Aires y que recién volvió a Jujuy el 24 de agosto, pero Peña lo desmintió y lo ubicó en Jujuy en la noche del secuestro. “Es la persona que está allí, a mi derecha, el teniente Braga, a esa persona nunca la voy a olvidar”, sostuvo Peña cuando le preguntaron en el juicio si podía identificar al secuestrador de su marido. Braga está siendo juzgado por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado.
Fuente:Pagina12
JUICIO DE LESA HUMANIDAD.
JUICIO DE LESA HUMANIDAD.
Identificaron a represor como secuestrador de desaparecidos Inés Peña, su esposa, lo reconoció en la sala como el que entró a la vivienda al frente de la fuerza de tarea.
sábado 14 de julio de 2012 Jujuy
"Es la persona que está allí, a mi derecha, el teniente Braga; a esa persona nunca la voy a olvidar", expresó Peña cuando le preguntaron si podía identificar al ex militar en la sala. Braga llegó a juicio imputado por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y de homicidio agravado por alevosía en calidad de partícipe necesario junto con el ex general Luciano Benjamín Menéndez.
La testigo declaró frente al Tribunal que cuando lo llevaron a su marido "no hubo orden de allanamiento" y el ingreso de los represores a la vivienda de los padres de su esposo, en el barrio Ciudad de Nieva "fue sorpresivo", además de las amenazas.
El día que lo secuestraron a Julio Rolando estaba toda la familia, los padres, hermanos del desaparecido y las dos hijas de éste de tres años y otra de un año y medio, todos almorzando alrededor de las 13.
Luego fue en vano realizar denuncia policial en la seccional 5ta., porque no la tomaron, y posteriormente hubo un allanamiento policial en el domicilio y un oficial policial, Daniel Vilte, les comenta que los militares "se les adelantaron".
Una marca en el rostro de Braga, permitió a la familia conocer su identidad.
"Es Braga", le dijo Ulises Orellana, tío de Julio, casado con Luz Álvarez García, quien había sido designada Secretaria de Educación, y al que llamaron por teléfono pidiéndole ayuda.
En el desfile del 23 de agosto, volvió a escuchar su nombre pero no lo vio, iniciando con su suegra un largo peregrinar, en el que la abuela de sus hijas logró hablar con Néstor Bulacios, sin resultados.
Desde la justicia jamás le contestaron un habeas corpus y escuchó comentarios de un oficial de policía de apellido Cafaye quien le había dicho a uno de sus cuñados que había estado en un operativo conjunto en noviembre y que trasladaron al detenido en un avión , al sur con otras 30 personas.
También se hizo eco de una información que le dio el párroco de Ciudad de Nieva, Luis Masing, en torno a que unos 30 subversivos había sido dinamitados en Tucumán.
Recordó el robo del automóvil, que nunca apareció, y documentación del caso en pleno centro luego de declarar en el Juicio de la Verdad y Habeas Corpus, y una segunda vez donde le llevaron el stereo, portafolio y material de construcción que guardaba en el baúl.
Para la familia Álvarez García fueron un suplicio las amenazas telefónicas, y la reiteración de un operativo llamado "latigazo", cortando la luz en la casa y el barrio en búsqueda de un habeas corpus colectivo por Carlos Villada y Vicente Cosentini.
Reconoció que el propio Braga les hizo llegar cartas para que levantaran la denuncia en su contra, a lo que los padres de su marido se oponían.
El represor argumentó que lo perjudicaban porque ya que el Senado de la Nación estaba tratando su pliego de ascenso en la fuerza, que finalmente fue rechazado.
Alvarez García ya había sido secuestrado en Tucumán donde estudiaba en febrero de 1976, pero liberado y retornó a Jujuy, siendo secuestrado el 21 de agosto de ese año.
Fuente:ElTribuno
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