COMIENZA EL JUICIO A PEDRAZA POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.

COMIENZA EL JUICIO A PEDRAZA POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA
Lo que dice una bala

Mañana comienza el juicio a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra. Además de establecer la responsabilidad penal, será una radiografía de época, en la que podrán apreciarse los efectos de la violencia institucional, el sindicalismo empresarial, la precarización del empleo, la corrupción de la justicia y el sistema judicial paralelo operado por los organismos de Inteligencia. En cambio volvió a postergarse en La Rioja el juicio por el asesinato de los curas Murias y Longueville.

Por Horacio Verbitsky

Mañana comenzarán en la Capital las audiencias del juicio al ex presidente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, cuando se retiraba de una concentración política con reclamos laborales. La bala que a sus 23 años mató al militante del Partido Obrero está cargada de múltiples sentidos, por lo que el proceso judicial constituye una precisa radiografía de época: refleja la patética parábola de un dirigente gremial que involucionó de las posiciones combativas contra dos dictaduras antinacionales al sindicalismo empresario, capaz de matar a un joven militante, muy parecido al que él fue a la misma edad, en defensa de sus negocios sucios de hoy; la precarización del empleo que en la década de 1990 privó a un gran número de trabajadores de sus derechos adquiridos, al mismo tiempo que se desguazaba la primera red ferroviaria de Latinoamérica; la violencia institucional que en vez de cuidar a quienes se organizan contra ese desmedro, protege y encubre a quienes los corren a tiros; el maelstrom judicial, donde coexisten magistrados eficientes e impecables con la corrupción sistémica que vende impunidad a buen precio, en combinación con los servicios de Inteligencia, que han desarrollado una política judicial paralela. Sería excesivo pretender que un simple proceso penal limpiara tanta podredumbre, pero al menos permitirá su amplia exposición, como prerrequisito imprescindible para transformar sus múltiples aspectos.

El reverso riojano

El martes debía comenzar en La Rioja otro proceso simbólico de una época y revelador sobre los pliegues de una institución central de la vida política del país, la Iglesia Católica, por el asesinato el 18 de julio de 1976 de sus sacerdotes Juan de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ambos formaban parte de la pastoral popular del obispo Enrique Angelelli, quien caería dos semanas después en un falso accidente de tránsito. El Episcopado aceptó esa versión como verdad revelada, pese a que Angelelli había informado en detalle a sus colegas del hostigamiento y las amenazas que padecía. Pero la apertura del juicio volvió a suspenderse por problemas de salud del ex comisario Domingo Benito Vera, uno de los imputados junto con el ex general Luciano Menéndez y el comodoro Luis Fernando Estrella. El peritaje fue realizado por médicos del Poder Judicial riojano, pese a que el proceso es federal, lo cual permite que actúen las tramas de poder provincial que se remontan a los años del Estado Terrorista: un hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia riojano, Mario Pagotto, es defensor del ex comisario Vera, y un hermano de Vera es camarista provincial. El presidente del tribunal, José Camilo Quiroga Uriburu, sostuvo que “la Junta Médica dictamina que
Vera no puede asistir al comienzo del debate”, cuando en realidad el dictamen sólo dijo que “no considera oportuna la comparecencia” pública del procesado. El fiscal Carlos Gonella considera el nuevo aplazamiento una intolerable falta de respeto y lo denunciará ante la Unidad Fiscal de Derechos humanos de la Procuración General y el Consejo de la Magistratura. Este proceso, que aún no comienza, tardó 36 años, el de Mariano Ferreyra llega cuando aún no se han cumplido 22 meses de su asesinato. Esta es una forma de calibrar los cambios ocurridos en las instituciones argentinas y, en particular, en la Justicia y su relación con el poder político. Los de Murias, Longueville y Angelelli fueron crímenes cometidos y encubiertos desde el Estado Terrorista, que impidió cualquier investigación. En el de Mariano Ferreyra actuaron agentes estatales, pero a diferencia de entonces, no funcionó un aparato organizado de poder para garantizar la impunidad de los acusados. Por el contrario, a menos de 24 horas del crimen, la presidente CFK recibió en Olivos a un compañero de los atacantes que estaba dispuesto a contar lo que sabía si se garantizaba su seguridad, y lo hizo acompañar al juzgado, donde declaró con reserva de su identidad. Fue Néstor Kirchner, en las últimas horas de su vida quien anunció que el caso estaba esclarecido y que de inmediato comenzaría la detención de sus autores, tal como ocurrió.

Jueces y jueces

La investigación que llevaron adelante los fiscales Cristina Camaño y Fernando Fiszer y la jueza Susana Wilma López comenzó por identificar y procesar a los ocho autores materiales, integrantes de la patota reclutada por la Unión Ferroviaria. Luego fueron por los instigadores del crimen y así llegaron hasta el secretario general de la Unión Ferroviaria. En una tercera etapa procesaron a seis jefes de la Policía Federal que fueron partícipes necesarios del crimen, al liberar la zona para que actuaran los homicidas, no identificarlos ni detenerlos después del crimen, y anular los instrumentos tecnológicos de registro de voz e imagen útiles para determinar responsabilidades. En cambio, la paralela causa a cargo del juez Luis Osvaldo Rodríguez no avanzó del mismo modo. El juez no admitió como querellante a la madre de la víctima, dilató cuanto pudo las indagatorias y detenciones de los acusados y no mostró diligencia para investigar posibles sobornos o tráfico de influencias entre imputados, intermediarios y jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal. Sus demoras pese a la insistencia del fiscal Sandro Abraldes, hicieron que se perdieran los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Con las pruebas ya disponibles, Abraldes pidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, quien habría puesto el dinero para comprar la libertad de Pedraza, del agente de la SI Juan José Riquelme, quien habría negociado el monto a pagar, del ex juez interino Octavio Aráoz de Lamadrid, quien hizo el contacto con la Cámara de Casación, del prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar, quien habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Los dos últimos ya renunciaron, pero el Procurador General interino Luis González Warcalde apartó de la causa al fiscal que le dio tanto impulso.
Cuando la investigación buscó detectar algún nexo entre el homicidio y el conflicto gremial que los empleados tercerizados mantenían con la empresa Ugofe y la cúpula sindical, se llegó a conocer que Pedraza y sus allegados se apoderaban de una parte de los subsidios estatales destinados a pagar salarios y cargas sociales de los trabajadores precarios, quienes por la misma tarea percibían un salario mucho menor que los contratados en planta permanente. En varias de las cooperativas truchas que los emplean, participan dirigentes del gremio o sus familiares. La tercerización fue uno de los instrumentos maestros del neoliberalismo para suprimir la protección laboral del estado de bienestar, puesto en crisis por el golpe de 1955, cuyo desmantelamiento se inició en 1976 y se llevó hasta sus últimas consecuencias en la década de 1990. Sólo se permitía la afiliación al gremio a los trabajadores de la planta permanente, con lo cual el gremio controlaba que quienes disentían con la conducción de Pedraza no accedieran a ese privilegio.

Una trayectoria

En 1967, Pedraza era un joven delegado de los trabajadores ferroportuarios, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. En la revista partidaria Los de Abajo propuso la creación de un Frente Obrero contra “el reformismo, la conciliación, las claudicaciones de los dirigentes” y por “la liberación de los trabajadores, la revolución socialista”. En 1968, en la CGT de los Argentinos, conoció al joven escritor y periodista Rodolfo J. Walsh, de 41 años, convocado para dirigir el Semanario CGT. Ambos confluirían en el peronismo. En ese periódico, Walsh publicó por entregas su investigación ¿Quién mató a Rosendo?, donde radiografió la situación de la clase obrera: “Se echa a los más combatientes, previamente calificados de ‘comunistas’ o de peronistas revolucionarios. Se disuelven las comisiones internas, si es necesario se las compra”. Cuando los trabajadores recurren al sindicato “allí también fastidian, allí también cuestionan, allí también resultan ‘comunistas’. Patrones y dirigentes han descubierto al fin que tienen un enemigo común”. Detenido durante las dos últimas dictaduras, fundador del Grupo de los 25 que en 1979 organizó el primer paro posterior al golpe militar, Pedraza llegó a la conducción de la Unión Ferroviaria durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia, dos asesores de Pedraza, Julio Savón y Fernando Carlos Frediani, fueron designados administrador y subadministrador de Ferrocarriles y su tesorero, Santos Reale, quedó a cargo de los ferrocarriles metropolitanos, que fueron saqueados como paso previo a la privatización. Una mutual fantasma de viviendas ferroviarias formada por Pedraza recibió 66 espacios y locales en las principales estaciones de la red, por un alquiler promedio mensual sin indexación alguna de 15 dólares cada uno. En los mismos meses de 1989 en que decidió apoyar el plan racionalizador y privatizador del Banco Mundial, Pedraza se mudó a una casa de un millón y medio de dólares en Villa Devoto, paso previo a su desembarco en el emblemático Puerto Madero de los nuevos ricos. Paradigma del sindicalismo empresario, también recibió los 11.000 kilómetros del Belgrano Cargas. Su administración fue un vaciamiento: la AFIP detectó que para la realización de las obras que pagaba el Estado el Belgrano Cargas contrató con empresas inexistentes, como vía de fuga de fondos. También obtuvo luz verde de la mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia para controlar el gremio sin elecciones. Para ello consiguió excluir a la opositora Lista Celeste mediante un ardid estatutario. Utilizó como único medio para comunicar las condiciones del comicio un aviso en la página de Finanzas de La Nación, que como todo el mundo sabe es la lectura habitual de fin de semana en el hogar de los entonces 90.000 ferroviarios de todo el país. Ahora, sólo quedan 9.000. En proporción, hubo pocos aportes tan significativos a la desocupación. En 1996 uno de los líderes opositores, Jorge De Nápoli, fue despedido de su trabajo en el ferrocarril San Martín y citado en un bar por el jefe de custodia y operaciones de Pedraza, Rubén Norberto Carrizo, quien le dio a elegir entre aceptar plata para desistir o vérsela “con los pesados”. La disyuntiva fue reiterada por los propios pesados: el mayor Osvaldo Zacarías (que había participado con De Nápoli en un alzamiento carapintada) y el capitán Héctor Pedro Vergez, hoy detenido por crímenes de lesa humanidad. Ambos se presentaron en el galpón de la lista Celeste, cedido a De Nápoli por el automovilista Rubén Valentini, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios. Ambos militares trabajaban entonces para la SIDE. Valentini encontró en la ventana de su casa en Pinamar un pan de una libra de trotyl cuya mecha se apagó cuando sólo faltaban dos centímetros para que llegara al detonador. En un allanamiento a la sede de la Unión Ferroviaria, la Gendarmería secuestró panes de trotyl, mechas lentas, detonadores y cintas de empaque idénticos a los que se emplearon para el fallido atentado y un plano del centro de Pinamar, del cual faltaba la parte que corresponde a la casa de Valentini. Durante el interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde, Pedraza negoció un nuevo convenio que redujo los derechos de los pocos miles de trabajadores ferroviarios que quedaban. Acordó con las empresas América Latina Logística Central SA y América Latina Logística Mesopotámica SA el convenio 612/03 en el que se admite la Polivalencia Funcional (o cláusula del fregado y el barrido), la ampliación del período de prueba a seis meses, la asignación de las vacaciones en cualquier momento del año a voluntad del empleador y la prohibición de huelgas. Pedraza también fue procesado por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios y embargado por 50 millones de pesos, en 2006. Los aportes de los trabajadores eran derivados a una mutual supuestamente sin fines de lucro, cuyo presidente era Héctor Horacio Amigo (de Pedraza). Gracias a ese artificio, a los afiliados a la Unión Ferroviaria morirse les salía cuatro veces más caro que a sus colegas de la Asociación de Señaleros. Según la fiscal Graciela Gils Carbó el contrato celebrado entre la UF y la mutual, que a su vez subcontrató con la empresa Parcelas Argentinas la compra de espacio en cementerios privados era “una fachada para cubrir el fabuloso desvío de fondos sindicales en provecho propio de los enjuiciados”. En mayo de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la nulidad de lo actuado y la prescripción de la causa. Firmó ese fallo Eduardo Riggi, el principal sospechado en la causa por los sobornos para excluir a Pedraza de la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra.



Cosa juzgada

Por Horacio Verbitsky

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario por la bomba que el pelotón de combate montonero “Sergio Puiggrós” colocó en la sede de la policía política que, bajo conducción militar, dirigía las torturas y asesinatos en la Zona I. De ese modo quedó firme el fallo de la Cámara de Casación, que consideró prescripto el delito de estrago cometido el 2 de julio de 1976. Un fiscal y una jueza de primera instancia, un fiscal y tres jueces de Cámara, un fiscal y dos jueces de Casación, el Procurador General de la Nación y cinco jueces de la Corte Suprema, quince magistrados de distinta formación, ideología y antigüedad en la justicia, coincidieron en que no era posible la persecución penal por un hecho realizado tres décadas antes sin intervención de lo que el Procurador General llamó “un ejercicio despótico y depravado del poder gubernamental”. Como dijo el entonces camarista de casación Mariano González Palazzo, no hay elementos para sostener que los acusados tuvieran “algún tipo de dominio territorial sobre el lugar en que se perpetró el atentado o aunque más no sea, de una posición de poder político, de autoridad, o de superioridad sobre las víctimas”. Pero además, el único camarista que no consideró prescripto el hecho, Raúl Madueño, dijo que no había prueba alguna de la participación de los acusados: una imputación penal “no puede construirse sin resguardo probatorio mínimo que vincule al sujeto que se acusa con el hecho investigado. Aceptarlo constituiría una grave lesión a principios básicos de debido proceso legal”. Cuando la justicia pidió el desarchivo del expediente original constató con asombro que nunca existió, porque la dictadura mataba sin ley. Las tres Fuerzas Armadas, su Consejo Supremo y el Consejo de Guerra Especial de la Capital, la Comisaría 6ª de la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital respondieron que no hubo ninguna actuación al respecto. Por eso Madueño dice que no hay “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha respecto de las personas que sindica la parte querellante”, entre las que me encuentro. Su propuesta fue archivar la causa.

En varias de sus recientes entrevistas, también el ex dictador Jorge Videla me involucró en aquel hecho para lo cual citó “informes de Inteligencia del Ejército”. Es otra falsedad de Videla. En marzo de 1977 la Marina y la Policía Federal ya habían secuestrado y asesinado a José María Salgado y Rodolfo Walsh, sin intervención judicial. Si algún informe de Inteligencia del Ejército me hubiera incluido, lo cual tampoco sería una prueba de verdad, me hubiera ocurrido lo mismo que a ellos. Permanecí en el país todos los días de la dictadura, sin que se iniciara una causa en mi contra. La denuncia recién fue presentada en 2004 y no es otra cosa que una represalia por mis actos como presidente del CELS, que condujeron a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, en la causa Simón, y al descuelgue de los retratos de Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar, que propusimos a Néstor Kirchner. A partir de la afirmación falsa de que Walsh y yo fuimos jefe y subjefe de Inteligencia de Montoneros, con que Firmenich le pagó su indulto a Menem, es usual que nos asocien en forma indistinta, que me atribuyan a mí hechos en los que él habría participado y a Rodolfo algunos trabajos que yo escribí, como la primera historia de la guerra sucia en la ESMA, uno de los documentos críticos a la conducción o los Cuadernos de la Soberanía, que inicié luego de su muerte. Fuimos compañeros y amigos los últimos quince años de su vida, pero actuamos en sectores distintos de la misma organización.


El carácter de venganza personal es ostensible en la inclusión entre los denunciados de Laura Sofovich, quien nunca tuvo militancia política pero que fue mi esposa, de la que me había divorciado en 1971, cinco años antes del atentado y cuando ni siquiera había ingresado a Montoneros. El fallo del Tribunal Oral Federal 5 que condenó a los principales jefes de la ESMA relata que luego de torturar a Salgado los marinos lo entregaron “a miembros de la Superintendencia de Seguridad Federal y días después fue asesinado bajo una patraña orquestada por las fuerzas actuantes”, un falso tiroteo entre cadáveres y fantasmas. Agregan los jueces que la información que permitió cercar a Walsh se debió al interrogatorio bajo torturas a Salgado, quien había sido secuestrado el 12 de marzo de 1977. El 25 cayó Walsh cuando acudía a una cita con él. Además de Walsh y Salgado, otras personas incluidas en el libelo acusatorio estuvieron detenidas-desaparecidas en la ESMA, como Miguel Angel Lauletta y Lila Pastoriza. Si hubieran tenido participación en aquel atentado tampoco habrían salido de allí con vida. Para mayor perversidad, también fueron acusados Marcelo Kurlat, muerto en un enfrentamiento con la propia ESMA en 1976, y Norberto Habegger, detenido desaparecido en Brasil en 1978, lo cual mide la seriedad de la acusación y la negligencia judicial al no apartarlos del proceso como hicieron los jueces con Walsh y Salgado, porque habían muerto antes de que se iniciara la causa.


El modo en que desde hace ocho años se reitera la información es el módico rédito obtenido por los acusones: instalar la idea de que todos los denunciados intervinimos en el hecho y asociar cada nombre con el de Firmenich, pasando por alto las insalvables diferencias habidas entonces y después. Desde que la Corte Suprema confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y ante el avance de los juicios en los que ya se han pronunciado 272 condenas y 20 absoluciones, los defensores del Estado Terrorista han propiciado “la memoria completa”, una versión soft de la doctrina de los dos demonios. En editoriales y columnas el matutino La Nación alega que el gobierno nacional ha colonizado la justicia para que sólo persiga a los responsables del terror de Estado, y reclama que también se enjuicie a quienes lo resistieron, sin dar cuenta de que fueron exterminados de a miles sin juicio ni defensa y que no hay denuncias fundadas contra los sobrevivientes, como se demostró en esta causa. La equiparación que pretenden entre un aparato de poder estatal totalitario que gozó durante siete años de la suma del poder y las organizaciones partisanas que lo enfrentaron en abrumadora inferioridad de condiciones siempre fue insostenible, desde los puntos de vista político y moral. Desde ahora también carece de cualquier sustento jurídico. Eso es ya cosa juzgada.
Fuente:Pagina12