Represores, abstenerse
El Consejo de la Universidad aprobó por unanimidad rechazar el ingreso como alumnos a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Los tres que estaban inscriptos serán excluidos.
“Una clara expresión política”, dijo el rector Hallu.Imagen: Télam
No se admiten represores en la Universidad de Buenos Aires: con una resolución unánime, el Consejo Superior de la UBA resolvió vetar el ingreso de quienes fueron parte del terrorismo de Estado en el programa de la universidad en cárceles. Lo hizo tras el pedido de numerosas organizaciones de derechos humanos, diferentes sectores de la comunidad académica y la recomendación de una comisión especial asesora. Si bien se esperaba que el Consejo se expidiera en este sentido, el rector de la universidad, Ruben Hallu, destacó el posicionamiento institucional como “una clara expresión política”.
La controversia comenzó con el pedido de inscripción de tres represores que actuaron en la ESMA durante la última dictadura. Tres polémicos aspirantes al Ciclo Básico Común, a través del programa UBA XXII, quienes resultaron finalmente inscriptos. Los marinos Juan Carlos Rolón, Adolfo Donda y Guillermo Suárez Mason (hijo), el primero alojado en la cárcel de Marcos Paz y los otros en la de Ezeiza, fueron anotados como alumnos libres, aunque ninguno llegó a rendir exámenes.
A partir de la resolución del Consejo Superior de ayer, los tres represores de la ESMA “quedan totalmente excluidos de la nómina del CBC”, confirmó a Página/12 el director del Ciclo Básico Común, Jorge Ferronato. “Hasta ahora no había instrumento legal de ningún tipo; ahora fue tomado, y los represores quedaron excluidos del sistema. Es lo que pedían los docentes y todos aquellos que tenemos algún compromiso con los derechos humanos”, agregó el académico.
Abonaron el conflicto otros dos represores más. Ambos irrumpieron en las aulas sin haber siquiera solicitado su inscripción al CBC. Carlos Jurio, un médico acusado por violaciones a los derechos humanos, llegó incluso a denunciar al Inadi a un profesor que se había negado a darle clases –el organismo contra la discriminación declinó la acusación–. Oscar Rolón, ex policía federal, llegó a dejar encerrada a una docente en un aula del penal de Marcos Paz, porque la profesora se había negado a darle clases.
Los argumentos de la UBA para rechazar el ingreso de represores a su casa son varios y de diversos tenores. Por un lado, utilizó el desarrollo conceptual de la comisión asesora que analizó el asunto: “Quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria”. La comisión integrada por Eugenio Zaffaroni y Adriana Puiggrós, entre otros, sostuvo que “ninguna universidad del mundo aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.
El Consejo Superior citó además el artículo 29 de la Ley de Educación Superior, que habilita a las universidades a definir los mecanismos de admisión. Y también al estatuto de la UBA, que plantea la posibilidad de regular el ingreso de sus estudiantes. Por último se mencionó la Constitución nacional, que concede la autonomía universitaria.
Las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales ya habían manifestado su negativa a la admisión de represores y su respaldo a los docentes que interpusieran objeciones de conciencia para no darles clases. Los propios estudiantes detenidos se habían manifestado en repudio de la posibilidad de compartir aulas con genocidas y ayer se mostraron satisfechos con la resolución (ver aparte).
Consultado por este diario, el decano de Sociales, Sergio Caletti, dijo: “Para nosotros es un paso sumamente importante, debe entenderse que no se trata de cercenar los derechos humanos básicos, que incluye el derecho a aprender, sino de respetar los otros derechos humanos básicos, que han sido previamente dañados. En ese sentido, la UBA tenía la obligación de responder a la necesidad de reparación de su comunidad.” Por su parte, el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, apuntó: “Este pronunciamiento es un acto de reparación histórica que pone a la universidad pública a la altura de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que está llevando adelante la Argentina. Celebramos entonces esta resolución como un triunfo colectivo”.
Informe: Agustín Saavedra.
“Crímenes imprescriptibles”
Al conocer la decisión de la universidad de rechazar el ingreso de represores, Adolfo Rodríguez, detenido en la cárcel de Devoto y estudiante del Programa UBA XXII, le dijo a Página/12: “Es fundamental que la UBA desde su autonomía pueda ofrecer un acompañamiento serio y fuerte como institución. Es una posición netamente política, y ética, más allá y más acá de cualquier normativa. Creo que los criminales de lesa humanidad no entran en la categoría jurídica de ciudadanos, sus crímenes son imprescriptibles y esto marca una divisoria de aguas fundamental –sostuvo Rodríguez–. Nosotros pensamos que los genocidas no tienen derecho a ofender con su presencia a nuestros docentes, pero sobre todo no tienen derecho a ofender a aquellos que han muerto y que han desaparecido”.
OPINION
Una sanción ética
Por Marcelo Ferreira *
Tres represores que actuaron en la ESMA solicitaron la concesión del beneficio de estudiar en la UBA, en el marco del programa UBA XXII de educación superior en contextos de encierro. Uno de ellos fue condenado y los otros dos están procesados, en todos los casos por crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes involucrados se encuentran homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad e imposición de tormentos, y los tres están procesados por hechos que involucran a mujeres secuestradas estando embarazadas y cuyos hijos siguen en poder de sus apropiadores.
El tema puede generar múltiples interrogantes, que aquí sintetizamos a modo de ejercicio hipotético para encarar el problema, sin pretender agotar el listado de argumentos. Así, se puede argumentar que el rechazo al derecho de estudiar en la universidad pública vulnera el derecho a la educación, que la medida sería discriminatoria, que conspiraría contra la reinserción social de los afectados –en orden a la teoría de justificación de la pena– y que resultaría a la postre políticamente inconveniente, en tanto propiciaría la legitimación del discurso de quienes acusan al Estado de violar los derechos humanos de los represores.
A ello cabe señalar en primer lugar que el acceso a la educación superior no es un derecho absoluto. A diferencia de la enseñanza primaria, que debe ser “obligatoria” y “asequible a todos gratuitamente”, y la enseñanza secundaria, que debe ser “generalizada y accesible a todos” (art. 13, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la enseñanza superior no debe ser “generalizada”, sino sólo “disponible” (Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Humanos de la ONU). Por ello, la negativa al acceso a la educación superior no es discriminatoria, y en tal virtud el estatuto de la UBA establece en su capítulo V que “las facultades proponen al Consejo Superior, que resuelve en definitiva, las condiciones de admisibilidad a sus aulas” (artículo 16).
Tampoco se encuentra involucrado el derecho a la reinserción social de los afectados, más allá de la discutible aplicación de esta teoría a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, y como tales imprescriptibles, inadmistiables e imperdonables incluso por voluntad popular mayoritaria (Caso Gelman vs. Uruguay; Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Más aún, cuando se trata de delitos que se siguen cometiendo, como en el caso de la apropiación de niños, a lo que se suma la negativa a dar información sobre el destino de los desaparecidos, y la pública defensa de la tesis de la inexistencia o justificación de los delitos que se les imputan. Por último, la decisión final de la UBA no debe estar condicionada a opiniones de terceros ni a supuestas conveniencias políticas.
Pero más importante aún es advertir que excluir de los claustros de la UBA a criminales de lesa humanidad no implica una sanción jurídica sino ética, lo que excluye del análisis toda disquisición filosófica sobre la fundamentación de la pena, o sobre los alcances de la inhabilitación que pesa sobre los afectados, porque no hay pena alguna que fundamentar (la negativa al acceso a la universidad no es una pena prevista en el Código Penal argentino). Un mismo hecho puede ser de consuno objeto de sanciones jurídicas (ejemplo: prisión), religiosas (excomunión) o éticas. La universidad puede otorgar premios éticos (doctorado honoris causa) y también aplicar sanciones del mismo tipo. Así lo hizo muchas veces, cuando excluyó de su seno a profesores por razones menores que torturar y matar personas en la ESMA, como en el caso de Martin Heiddegger, que fue echado de la universidad alemana por aplicación de las leyes de Nuremberg. En nuestro caso, los involucrados participaron de un régimen que asesinó a miles de estudiantes y profesores, razón más que suficiente para aplicar la sanción ética mentada.
En definitiva, el Estado no debe ser neutral cuando se trata de la defensa de valores sociales inclaudicables: basta ver la lista de cómplices de los genocidas egresados de las universidades públicas para verificar el resultado de las políticas de neutralidad. Y que la UBA –cuna de formación de ciudadanía democrática– no debe omitir la realización de su deber de definir qué comunidad universitaria argentina queremos.
Nadie les niega a los afectados el derecho a estudiar. Pero no en nuestras aulas.
* Profesor de Derechos Humanos de la UBA.
Fuente:Pagina12
1 comentario:
Transcribo este artículo de los Dres. Calvo y Tamagnone, autores de la "Teoría Romántica del Derecho Argentino" (El Himno Nacional como expresión de la Norma Hipotética Fundamental).
En tiempos en que la propaganda política partidaria entra a las cárceles disfrazada de murga, mientras la inseguridad reina en las calles, se van perdiendo libertades como la de ahorrar en dólares y la mezquindad política se empeña en entorpecer la vida cotidiana de los ciudadanos, los románticos señalan con preocupación que el cercenamiento de la libertad y los valores democráticos se ha instalado ahora en los claustros universitarios. Por si alguien lo ha olvidado, quiero agregar de mi parte que estando presos han podido estudiar en la UBA, entre otos delincuentes, individuos como Sergio Schoklender y el jefe montonero Mario Eduardo Firmenich.
COBARDÍA INTELECTUAL EN LA UBA
Escribimos estas breves líneas como graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al simple efecto de dejar sentado nuestro repudio a la decisión del Consejo Superior de la UBA que, por resolución unánime, excluyó del programa UBA XXII a condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. “Una clara expresión política”, ha dicho jactancioso el Rector Rubén Hallú.
Las convicciones democráticas se demuestran reconociendo los derechos del otro, en especial cuando ese otro nos causa aversión. Tal es la esencia profunda de los derechos humanos. Sin embargo, rondando la cobardía intelectual, los mismos que sin inmutarse dan o darían clases a parricidas, terroristas, narcotraficantes y tratantes de personas incurren en discriminación contra una parte específica de la población carcelaria; aquella cuyos delitos refieren un contexto histórico bien determinado y por motivaciones políticas.
Pensar nunca es cómodo, ni debe serlo. En consecuencia resulta decadente y preocupante que todos los consejeros, asesorados por el Dr. Eugenio Zaffaroni -Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, se muestren temerosos de unos pocos individuos que, privados de su libertad, puedan ser sostenedores de un “discurso negacionista” que habría de postular en el propio seno de la Universidad la pretendida legitimidad de delitos masivos.
Este pronunciamiento del Consejo, además de absurdo, implica una claudicación ética: demuestra que el pensamiento dentro de la Universidad de Buenos Aires queda limitado, sometido a parámetros de estricto no cuestionamiento. Curiosos intelectuales los que tienen por jactancia la alineación política y no la duda, obrando como fundamentalistas han hecho de la cobardía intelectual la regla a seguir. Baja y triste medida para una casa de altos estudios.
María Inés Calvo y J. Santiago Tamagnone (h)
Abogados – UBA
Ariel Corbat, La Pluma de la Derecha
www.plumaderecha.blogspot.com
Estado Libre Asociado de Vicente López
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