GUATEMALA.

MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
El avance judicial en el abordaje del femicidio 
CERIGUA 
Antes del 2008 las leyes declarativas y preventivas en Guatemala eran insuficientes para sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres, sin embargo luego de adoptar una trilogía de normas específicas, el sistema de justicia ha podido avanzar en la sanción de los crímenes contra la población femenina. 

La trilogía de leyes está conformada por: la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, promulgadas entre 1997 y el 2009. 

El Primer Informe de los Juzgados y Tribunales de Delitos de Femicidio, elaborado por el Organismo Judicial (OJ), señala que la justicia desempeña un papel relevante en la temática, precisamente porque es el área donde se muestra el rechazo a conductas misóginas a través de las condenas, las sanciones, el reparo y las garantías de no repetición. 

A partir de la promulgación de la Ley contra el Femicidio en el 2008, que marcó un hito en el marco jurídico de Guatemala al romper paradigmas del derecho tradicional y privilegiar la seguridad de las mujeres, el sistema de justicia requirió de una revisión de la forma en la que se interpretaban las leyes que sancionaban los crímenes contra las mujeres. 

Hasta ese entonces, los juzgados y tribunales tradicionales no tenían capacidad para interpretar pruebas, normas, entre otros aspectos, para contextualizar la diversidad de aristas que se deben analizar para poder decidir la justicia en los casos de violencia contra las mujeres y femicidios. 

Las muertes de mujeres se han incrementado de forma sostenida desde el 2001; la tasa porcentual de crecimiento de muertes con relación al 2001 fue 108.25 por ciento en el 2011; ocurren 9.7 femicidios por cada 100 mil habitantes y en una década se contabilizan aproximadamente 6 mil casos, destaca el Informe del OJ. 

Los asesinatos presentan signos que develan el ejercicio de una violencia desmedida previa y evidencian ensañamiento particular contra el cuerpo de las víctimas, lo que constituye un elemento diferenciador con el homicidio, destaca la publicación. 

La sociedad patriarcal ha invisibilizado y justificado los actos de violencia contra las mujeres De acuerdo con el Primer Informe del Organismo Judicial sobre femicidio, históricamente la sociedad guatemalteca se ha asentado sobre la base de patrones culturales patriarcales, que han invisibilizado y justificado los actos de violencia y de discriminación contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. 

A lo largo de la historia, el desafío para el Estado ha sido garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y su desarrollo integral en condiciones de equidad y de igualdad con los hombres, enfatiza la publicación. 

A principios del 2009, el OJ apertura tres Juzgados y Tribunales de Sentencia Especializados en Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres en la ciudad de Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango; otros dos fueron inaugurados en el 2011 en Alta Verapaz y en Huehuetenango, de acuerdo a los establecido en la Ley contra el Femicidio. 

Dos desafíos ha identificado el Organismo Judicial: la óptima implementación de los órganos penales especializados y el proceso de transversalización del enfoque de género, para lo cual se requiere de la formación constante de los operadores de justicia, fiscales auxiliares, magistrados, jueces y demás personal a cargo de la administración y la aplicación de la justicia. 

En tres años y medio de funcionamiento de los órganos especializados, se han ingresado 13 mil 71 casos sobre violencia contra las mujeres y femicidio; en el mismo lapso, lograron la sentencia en mil 142 oportunidades. 

El sistema de justicia no es ajeno a la naturalización de la discriminación contra las mujeres, al punto que en muchas ocasiones se convierte en un espacio de producción, reafirmación y reproducción de patrones que justifican la violencia contra esa población; el principal reto en la justicia especializada se identifica en la erradicación de esos patrones culturales, concluye el informe.
Fuente:Argenpress