Crean una unidad especial para investigar el robo de bebés
Gils Carbó pondrá en marcha dentro de la Procuración un cuerpo de investigadores para ese delito cometido por la dictadura.
Además, dará forma a un protocolo para el Ministerio Público.
Por: Gerardo Aranguren
La nueva unidad funcionará en el ámbito de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos a cargo de Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti, y concentrará la investigación de todas las causas por robo de niños, tomando la iniciativa que hasta ahora llevaba Abuelas en muchos casos, y resolverá la fragmentación de las causas que hay en todo el país.
En paralelo, mañana será publicada una resolución para instruir a los fiscales en un protocolo (ver aparte) para este tipo de causas, con el objetivo de acelerar los procesos, cuando aún restan ubicar cerca de 400 niños en desconocimiento de su verdadera identidad. Según la resolución, los fiscales deberán ajustar su actuación a las pautas fijadas en ese protocolo y serán instruidos para que intervengan personalmente "en cada uno de los momentos claves de las investigaciones por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (audiencias en la que se proceda a la extracción de sangre u otra clase de muestras, requisas, allanamientos, etcétera)."
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos "ha venido detectando serios obstáculos para el avance eficaz de esta clase de investigaciones y, en consecuencia, ha señalado la necesidad imperiosa de implementar medidas orientadas a elevar la eficiencia de la intervención del Ministerio Público y principalmente a acortar los largos plazos insumidos por la instrucción, que suelen prolongarse innecesariamente sin resultados relevantes", señala la resolución, en la que se aprueba y pone en funciones el protocolo con el objetivo de "colaborar con el trabajo que llevan adelante los fiscales de las distintas jurisdicciones que entienden esta clase de casos y dotar de coherencia, uniformidad y eficiencia a la intervención en la materia de los representantes del Ministerio Público."
Las dos resoluciones saldrán a la luz en coincidencia con el aniversario número 35 años de Abuelas y no sólo resolverán la segmentación de las investigaciones sino que también responderán a la demanda que en 2003 inició Abuelas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ese reclamo, por el caso de la nieta restituida Evelin Bauer de Pegoraro, fue resuelto con un compromiso del Estado a que el Procurador General de la Nación "diseñe y ejecute un Plan Especial de Investigación sobre la apropiación de niños durante la dictadura a fin de optimizar la resolución de casos", algo que hasta ahora no había ocurrido.
Las medidas ya habían comenzado a ser elaboradas por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos pero la idea tomó más fuerza con el ingreso de Gils Carbó a la Procuración, y se concretará luego de que recibiera en sus oficinas dos semanas atrás a Estela de Carlotto y al grupo de abogados de la asociación, a cargo de Alan Iud, quienes le trasmitieron la necesidad de un cambio de metodología en las investigaciones, para lograr encontrar a los nietos que faltan mientras sus abuelas siguen con vida.
Que el Estado centralizara estas causas era un reclamo de hace muchos años de Abuelas de Plaza de Mayo y se hizo más claro luego de que el Tribunal Oral Federal 6 diera por probada la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Bebés y condenara al ex dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión. En ese juicio se estableció como verdad jurídica que las apropiaciones no fueron casos aislados, como pretendieron argumentar los jerarcas de la última dictadura, sino que se montaron estructuras aceitadas para mantener con vida a las mujeres embarazadas, para que dieran a luz en la clandestinidad y luego desaparecerlas mientras sus hijos eran alejados de sus familias biológicas.
Justamente en ese juicio, los abogados de Abuelas hicieron un pedido expreso sobre el tema en su alegato. Allí señalaron que "salvo contadas excepciones, las investigaciones judiciales se siguen haciendo igual que en la década del '80 o del '90", y reclamaron al TOF 6 que se librara oficio al procurador general y se lo instara a organizar la persecución penal pública de la apropiación de niños, "optimizando los medios aptos para localizar a aquellos niños que continúan apropiados".
Las dos decisiones referidas al robo de niños fueron lanzadas a casi dos meses de la asunción de Gils Carbó y marcan el intenso ritmo de gestión y el rol preponderante que tendrán en esta nueva etapa las causas por delitos de lesa humanidad. Otro gesto claro fue el nombramiento como secretario letrado de Lisandro Pellegrini para formar parte de la Procuración General. El joven abogado integró la Unidad Fiscal de Derechos Humanos que conducen Auat y Parenti, una unidad cuyo trabajo es destacado desde la procuración y pretenden imitarlo en otras áreas.
Un protocolo que marca el accionar de los fiscales
El protocolo para la actuación de los fiscales en la investigación de casos de apropiación fue creado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y tomará carácter de instrucción general con una resolución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El texto surgió a raíz del diagnóstico del titular de la Unidad, Jorge Auat, y el coordinador, Pablo Parenti, quienes detectaron "que existe una serie de elementos comunes a la mayor parte de los casos", pero "que son altamente disímiles las estrategias de investigación".
A partir de eso, los funcionarios analizaron que, "al unificar los criterios de actuación fiscal y maximizar el rendimiento de la prueba, podría elevar los niveles de eficacia en la detección de personas que aún no recuperaron su identidad y en la individualización de los responsables penales por estos hechos".
En el documento se destacan los indicadores comunes a los casos de robo de niños durante la última dictadura que pueden permitir identificarlos y las medidas de prueba tendientes a acreditar la posible comisión del delito, como solicitar copias de la documentación para registrar el nacimiento de niños, obtener la documentación sobre el parto en el establecimiento médico en el que conste que se produjo el alumbramiento, solicitar el legajo correspondiente al profesional de la salud involucrado, entre otras.
"El fenómeno criminal de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado puede asumir dos modalidades comisivas. La conducta prototípica de una de ellas resulta ser la simulación del embarazo de la apropiadora y/o la inscripción del niño como hija/o biológica/o del matrimonio apropiador.
Por ello, la mayoría de los casos cuenta con la participación de profesionales de la salud que intervinieron en los partos clandestinos y en la confección de documentos y asientos registrales falsos", detallaron los fiscales. La otra modalidad se estructuró a partir del ingreso del niño apropiado al sistema judicial de menores.
"Una vez a disposición de juzgados de menores, la maniobra de apropiación se perfeccionaba mediante la tramitación irregular de incidentes de guarda o adopción, por medio de los cuales se entregaban los niños a las familias que les eran ajenas", agrega el texto y carga las responsabilidades sobre la intervención de jueces y otros operadores judiciales ya que "su rol en el devenir de estos hechos fue de crucial importancia" al "dar un viso de legalidad a las adopciones o las guardas mediante las cuales se perfeccionaron las maniobras de apropiación".
Por último, se explican los pasos que deberán seguir los fiscales para determinar la identidad biológica del joven a través de muestras de ADN y luego restituirle su verdadera identidad.
Un fuerte impulso a la Procuración Gils Carbó designó fiscales adjuntos en la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, aceleró la digitalización de las actuaciones y creó una comisión para analizar el accionar del interinato de González Warcalde.
Por: G. A.
Entre los temas urgentes figura el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra, un proceso que tiene la mayor atención de la nueva gestión: nombraron allí a dos fiscales para "robustecer" la representación del Ministerio Público Fiscal.
En la misma causa, Gils Carbó coordinó personalmente la tarea de los fiscales para hallar al testigo Alfonso Severo, desaparecido durante 24 horas cuando debía prestar declaración testimonial. Para eso, la funcionaria instruyó al fiscal a cargo de la Unidad de Delitos de Autor Desconocido, José María Campagnoli, a que "de inmediato realice aquellas medidas necesarias para dar con el paradero de Alfonso Severo".
Luego, gestionó, junto al Ministerio de Seguridad y el Tribunal la custodia para testigos que puedan correr peligro. En cuanto a la cuestión estructural del Ministerio, la procuradora impulsa un plan de modernización con el uso de FiscalNet para digitalizar las causas judiciales e intercambiar información con la base de datos del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, apenas asumió el cargo, inició una auditoría interna que le entregó resultados preocupantes sobre el interinato de Luis González Warcalde.
Para revertir una serie de irregularidades, se conformó una Comisión que se encuentra analizando la legalidad de las poco más de 600 designaciones hechas por el procurador subrogante. De la comisión participan miembros de la Unión de Empleados de la Justicia, junto a integrantes de la Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos del Ministerio.
Desde la Procuración señalaron que todas las contrataciones que cumplan con las normas legales serán confirmados, como ya sucedió con 90 de ellas, pero cuestionaron las decisiones de Warcalde, quien tenía como objetivo "el ejercicio de facultades transitorias" y sin embargo tomó decisiones estructurales incluso el mismo día que Gils Carbó defendió su candidatura en el Senado, como fue la constitución de una Comisión Redactora para la elaboración de un proyecto de Ley Orgánica del Ministerio.
La decisión de revisar los contratos vino acompañada por un sumario administrativo para investigar otra medida irregular de la suplencia de Warcalde: le otorgó al fiscal federal Carlos Rívolo la suma de casi 100 mil pesos por haber desempeñado el cargo de coadyuvante en el juicio por el accidente de LAPA.
Lo llamativo es que no consta en el expediente ningún pedido de Rívolo para reactivar el reclamo, sin embargo recibió el dinero sin ninguna objeción a pesar de que el tema ya era cosa juzgada, desde que el anterior procurador Esteban Righi lo rechazara. Gils Carbó dejó sin efecto la medida y ordenó a Rívolo que devolviera el dinero.
La decisión generó una respuesta corporativa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, que la semana pasada se reunió con Gils Carbó. Si bien la Procuración dio por aclarado el tema, el jueves la Asociación emitió un comunicado manifestando estar "profundamente preocupada" por el sumario, aunque no cuestionaron las razones de la investigación.
El dato
En funciones
Gils Carbó asumió como procuradora General el 28 de agosto.
Le tomó juramento la presidenta.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agnddhh
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