CFK ORDENO EVACUAR LA FRAGATA LIBERTAD Y DENUNCIAR PIRATERIA Y EXTORSION.

UNA DE PIRATAS

Por Horacio Verbitsky

CFK ordenó evacuar la Fragata Libertad después de que el juez de Ghana dispuso dejarla sin energía para forzar a la Argentina a negociar con los fondos buitre. Timerman lo denunciará mañana en el Consejo de Seguridad de la ONU como un acto de piratería violatorio de la ley internacional y los derechos humanos.

CFK ORDENO EVACUAR LA FRAGATA LIBERTAD Y DENUNCIAR PIRATERIA Y EXTORSION

Marineros de aire

La Presidenta lo ordenó cuando el juez de Ghana dispuso dejarla sin luz, cocina, baños y mecanismos de emergencia, para forzar a la Argentina a negociar con los fondos buitre. Timerman denunciará en Naciones Unidas este acto de piratería, violatorio de la ley internacional y los derechos humanos. Puricelli debió asistir en silencio al anuncio de Timerman. Por ahora CFK le rechazó la renuncia. A bordo quedará el capitán con una guardia mínima.

Por Horacio Verbitsky

Puricelli, silencioso junto a Timerman. En boca cerrada.Imagen: Télam

El gobierno nacional dispuso evacuar la Fragata Libertad, retenida en el puerto ghanés de Tema, y alquilar un avión de un tercer país para traer de regreso a 320 tripulantes de ocho nacionalidades, en defensa de “su integridad y su dignidad”. La decisión de la presidente CFK fue anunciada poco después de las 18 por el canciller Héctor Timerman, quien reveló las condiciones extorsivas impuestas por el juez de Ghana que retuvo el buque-escuela: si la Argentina no aceptaba negociar con el fondo buitre “NML Capital Limited” el tribunal no autorizaría el reaprovisionamiento de la nave. Sin combustible, la fragata no podría alimentar sus generadores de energía, que abastecen los mecanismos de lucha contra incendios, las bombas de achique, las cocinas, los frigoríficos, los baños, las duchas y la iluminación. Timerman, quien luego de la conferencia de prensa se embarcó hacia Nueva York, donde mañana denunciará ante el presidente del Consejo de Seguridad este acto de piratería en violación a la ley internacional y los derechos humanos, estuvo en contacto permanente con Cristina desde las siete de la mañana. Luego de aprobar el texto, la presidente ordenó que el Canciller lo leyera mientras el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, permanecía de pie a su lado en elocuente silencio. Puricelli asumió la responsabilidad por todo lo sucedido y le dijo a la presidente que deseaba volver a la provincia de Santa Cruz, donde tiene el futuro asegurado con los derechos de servidumbre que le paga una empresa minera por la explotación de terrenos que le pertenecen. Cristina le contestó que ella decide cuándo un ministro se aleja de su gobierno, lo cual es un ominoso consuelo. Puricelli se recriminó haber sido ingenuo frente al itinerario propuesto por la Armada, que su ministerio notificó sin comentarios a la Cancillería para desoír luego su advertencia en contrario. Por todo eso, Cristina decidió el alejamiento de la punta de lanza que la Armada utilizó para colonizar el Ministerio de Defensa, la Directora de Inteligencia Estratégica Militar Lourdes Puente Olivera. En cambio, sigue en discusión la continuidad del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Oscar Cuattromo, quien es tío de la ex funcionaria. Cuattromo no dejó huellas de su intervención ni en el dictado de cursos por parte del Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, quien fue agregado en Buenos Aires del Pentágono y de la Fuerza Aérea de su país en los peores años del terrorismo de Estado y los vuelos de la muerte, ni en la fijación del itinerario de la Fragata Libertad. En ambos casos se las ingenió para que los documentos fueran firmados por el Secretario de Asuntos Exteriores de la Defensa, Alfredo Forti, con el pretexto de que los instructores venían de Estados Unidos y la Fragata viajaría fuera del país. Pero Cuattromo y no Forti abrió y cerró el curso. Sin resignar su carácter de personal de la Armada, Lourdes también trabajó con el Coordinador General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, Rafael Follonier. Cuando la Armada impulsó la designación de la mujer al frente del principal organismo de Inteligencia de la Defensa, Follonier fue consultado por el gobierno. Dijo que la conocía pero que no estaba en condiciones de dar garantías sobre ella. Por eso, la ex ministra Nilda Garré no aceptó designarla, cosa que hizo Puricelli muy poco después de asumir. (Ayer el bisemanario “Perfil” le atribuyó la designación a Garré, lo cual es falso). Una vez rechazada su renuncia, el ministro defendió ante Cristina la situación de Cuattromo y la presidente respondió que lo pensaría. Tampoco es claro todavía el destino de un grupo de asesores ministeriales que ingresaron junto con la informante naval despedida, amigos de la hija de Puricelli, formados en universidades privadas de la Iglesia Católica, con postgrados en institutos del establishment de seguridad nacional de los Estados Unidos, y/o colaboradores de Clarín como Juan Battaleme, profesor del think tank liberal UADE-Ucema, quien el mes pasado publicó un artículo en ese diario donde cuestiona la Unasur y alaba la Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, países “que sirven de puerto para unidades de la IV Flota de los Estados Unidos”.

El capitán con cinco hombres
La decisión de evacuar la fragata y traer de regreso a la Argentina a 320 tripulantes, también incluye que el capitán Pablo Lucio Salonio permanezca a bordo con una guardia de cinco hombres mientras prosiguen las gestiones políticas y las apelaciones judiciales. La presión sobre el gobierno nacional para que aceptara la negociación que no está dispuesto a entablar con los fondos buitre incluyó la difusión de datos extravagantes. El diario Clarín sostuvo el 14 de octubre que el costo portuario de la Fragata Libertad era de 50.000 dólares diarios. El 19 le hizo una pequeña rebaja, a 49.000 dólares por día, siempre según cálculos de fuentes no especificadas. Los del gobierno argentino, que paga la factura, son muy distintos: apenas superan los tres mil dólares diarios, como se observa en el cuadro.

Antes de que la presidente ordenara la evacuación, Timerman tenía previsto viajar hacia Etiopía para plantear la crisis ante la Comisión de la Unión Africana y recién después debía volar a Nueva York para presentar el caso ante las Naciones Unidas. Aunque ese viaje fue suspendido, la cancillería envía más abogados a Accra para asistir a Forti y al secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, ya que ni las negociaciones políticas ni los recursos judiciales se interrumpirán por el regreso de los embarcados. Como resultado de las gestiones políticas realizadas se resolvió recurrir el fallo ante una cámara de apelaciones de Ghana. Este es un paso previo indispensable antes de acudir al tribunal de Hamburgo que ejerce la jurisdicción sobre los países miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En las reuniones mantenidas la semana que hoy termina con el Canciller, el Ministro de Defensa y el Procurador General de Ghana, los emisarios argentinos plantearon que la orden judicial que impide continuar el viaje de instrucción, excede incluso los alcances del fallo del juez estadounidense Tom Griesa al desconocer la inmunidad soberana de una nave de guerra y crea un problema entre ambos Estados. El gobierno de Ghana reconoce que la Argentina tiene razón en este punto, y así lo alegó en una presentación como amigo del tribunal, que el juez de primera instancia no atendió. Los funcionarios admiten además que Ghana dio la anuencia para la escala de la Fragata, lo cual torna lo sucedido en un bochorno para el gobierno africano. Pero aducen que no se trata de un problema de Ghana con la Argentina sino de la Argentina con el demandante y se escudan en la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, por lo que aconsejan presentar la apelación ante una cámara de tres jueces, sobre la que prometen ejercer toda la presión posible dentro de la ley. Así podrían obtener un pronunciamiento expeditivo, en consideración a las características especiales del caso. El propio Procurador General representaría el apoyo de Ghana a la posición argentina ante ese tribunal. El Canciller es un ex magistrado que transmitió una visión optimista sobre este trámite. No está claro cómo incidirá en esta secuencia prevista de acontecimientos el anuncio de anoche, en el que el Canciller responsabilizó al gobierno de Ghana por “un acto ilegal, violatorio de las normas internacionales”. También los fondos buitre de Italia están buscando abogados para conseguir otro embargo sobre la nave detenida en el puerto. El representante a cargo de la gestión se llama Michelle Colella, un apellido con fuerte resonancia en la Argentina. Hasta hoy, Zuain y Forti no fueron recibidos por el presidente John Dramani Mahama, quien asumió en julio al morir de un cáncer su antecesor John Evans Atta Mills. Los influyentes fondos de inversión ingleses celebraron que la transición del presidente a su vice haya ocurrido sin sobresaltos ni cambios en la política económica. Por intercesión de diplomáticos cubanos y brasileños Zuain y Forti tuvieron acceso a un anciano asesor presidencial de legendario pasado durante las guerras de la independencia, junto a Patrice Lumumba en el Congo y Agosti-nho Netto en Angola. En el encuentro manifestó su voluntad de evitar que se profundizara un conflicto con la Argentina, que no ayudaría al presidente Mahama en su campaña por un nuevo mandato de cuatro años, en elecciones convocadas para diciembre. Aparte de la solución de fondo, le pidieron que intercediera para despejar la peor amenaza, la prohibición de reaprovisionar de combustible al buque. El asesor prometió transmitir la cuestión al presidente y dar una respuesta esta noche, pero antes se produjo el anuncio de ayer, que cambia el cuadro de situación.

Al este del paraíso
El moderado optimismo que produjo ese contacto contrastaba con los temores por la estrecha relación de Ghana con el Reino Unido, al que está unido en la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones cuya titular simbólica es la reina británica Isabel II. Peor aún, Ghana figura tercero en la lista de paraísos fiscales ultra secretos para realizar transacciones ilegales, según el ranking confeccionado por la coalición de investigadores y activistas The Tax Justice Network Africa. Ese paraíso es también de hechura británica. Según el diario londinense “The Guardian”, el banco Barclays trabajó desde 2005 en estrecha relación con el gobierno de Accra para establecer un centro internacional de servicios financieros que ofreciera “bajos impuestos y mínima transparencia”. Al año siguiente, Barclays se instaló también en la Argentina, donde asesoró a la provincia de Buenos Aires para la colocación de deuda y, en 2010, lideró el grupo de bancos que operó el segundo canje de títulos argentinos en default. Las leyes de Ghana fueron modificadas para permitir que Barclays operara como banco offshore. Organizaciones internacionales de ayuda al desarrollo citadas por el diario expresaron temor de que “los barones de la cocaína, que cada vez más utilizan el Africa occidental como ruta de tránsito hacia Europa, puedan lavar en Ghana el dinero de la droga”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió a Ghana que su emergencia como nuevo paraíso fiscal podría estimular la corrupción y la criminalidad en toda la región. Como consecuencia de estas preocupaciones, el año pasado el gobierno canceló la autorización concedida a Barclays. Y hace dos meses, Barclays cerró su oficina en Buenos Aires.


Una estrella fugaz

Por Horacio Verbitsky

En el año y medio en que brilló su estrella fugaz, Lourdes Puente Olivera mantuvo una línea de conducta invariable, en contra de la aplicación de las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional, que exponen “la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior” (artículo 4 de la ley 23.554/88). En cambio, acepta la autonomía castrense y la doctrina estadounidense de las nuevas amenazas o desafíos. Esa doctrina prescribe (para el resto del mundo pero no en su propio suelo) el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a la seguridad interior, no en los casos excepcionales que prevé la ley argentina sino como rutina. “Unicamente en situaciones de extrema gravedad”, que incluyen la declaración del estado de sitio por el Congreso, las Fuerzas Armadas pueden apoyar operaciones de seguridad interior con elementos de combate, servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, ingenieros y comunicaciones y esto “no incidirá en la doctrina, organización, equipamiento y capacitación” de las fuerzas (ley 24.059/92 de seguridad interior, artículos 26 a 32). Cuando el Ministerio de Defensa estaba elaborando la Directiva Política de Defensa Nacional para 2012, Lourdes presentó una “Propuesta de Contenidos” que define bien su posición. Nada aporta sobre las funciones y objetivos primarios que la resolución ministerial 381/2006 atribuyó a su Dirección: la “dirección, planificación y supervisión” de los organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Esta omisión transparenta la renuncia a ejercer el control político de la Inteligencia militar y la voluntad de permitir su comportamiento discrecional. En cambio, considera que su tarea es “fortalecer el Sistema de Inteligencia para la Defensa, desarrollando y optimizando los mecanismos necesarios a fin de alertar y prever posibles riesgos, amenazas y oportunidades para el interés nacional”. Las atribuciones legales de esa Dirección no tienen nada que ver con esas vagas amenazas, sino con el “conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar” (ley 25.520/01, artículo 2.4). O Puente desconoce los criterios normativos, doctrinarios y estratégicos de la política de defensa, o los desafía. Por último, se arrogó la misión de contribuir a “la construcción de escenarios para la toma de decisiones estratégicas para la defensa”, responsabilidad que no le compete sino a niveles superiores de Planeamiento y Estrategia. Al Tío Oscar, entre otros.

El modelo argentino
Lourdes también elaboró otros aportes para la Directiva Política de Defensa Nacional. En el documento “Visión del Escenario” mencionó “la emergencia de la sociedad como actor que cuestiona e interpela al Estado con creciente protagonismo” y la consecuente “tendencia a un mayor involucramiento del instrumento militar en cuestiones de seguridad pública y desarrollo”. También previó un incremento del gasto militar en la región “ante la persistencia de algunos conflictos de soberanía históricos”. En el documento “Temas para tener en cuenta” reclamó “constituir un elemento de maniobra expedicionario que se despliegue proyectando el poder militar en una costa hostil para defender los derechos argentinos en el Atlántico Sur”. También recomendó crear un marco legal “en función de los escenarios futuros” para que las Fuerzas Armadas puedan “trabajar interagencialmente con organismos de seguridad”. En el documento “Para destacar del estudio de casos”, intentó incorporar lo que llama tres vectores (los roles militar, socioeconómico y de política exterior de las Fuerzas Armadas). Afirmó que la Argentina es el único país que no les asigna roles en política exterior. “El tema desarrollo no está en nuestras misiones y sin embargo lo hacen Ejército y Armada. Debiera agregarse en las misiones subsidiarias”. Al referirse a Brasil, exhortó a la proyección de poder argentino sobre la Antártida y el Atlántico Sur “donde en el futuro se disputa soberanía”. En un ítem sobre Estados Unidos, destacó la cooperación entre distintas agencias “para amenazas transnacionales o amenazas no militares” y demandó “incorporar esto en el plexo legal (Escudo Norte y Fortín)”. Al cotejar el marco argentino con el neocelandés, afirmó que entre las utilizaciones del instrumento militar “a nosotros nos falta mencionar funciones (presencia, interagencia, desarrollo social)”. La ley, los decretos y resoluciones ministeriales circunscriben a la Dirección que Lourdes ocupó hasta esta semana a producir inteligencia estratégica militar sobre amenazas estatales militares externas y le vedan realizar cualquier evaluación, análisis y propuesta sobre fenómenos ajenos a las responsabilidades de la jurisdicción Defensa.

Refutaciones
Un documento interno del Ministerio de Defensa le respondió en términos muy críticos. Por ejemplo,
1 La presunta emergencia de la sociedad como cuestionadora del Estado no corresponde a un análisis estratégico militar y evoca la Doctrina de la Seguridad Nacional que consideraba a la población como hipótesis de conflicto.
2 Las cuestiones de seguridad pública y desarrollo, no corresponden al Ministerio de Defensa en el ordenamiento institucional argentino.
3 La política exterior argentina excluye cualquier hipótesis de conflicto con los países vecinos. Y la recomendada constitución de una fuerza expedicionaria contradice la posición estratégica defensiva asumida por la conducción política del Estado.
4 El citado Operativo Fortín muestra que el encuadre legal de la cooperación militar en asuntos de seguridad, está legislado dentro de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas.
5 Sólo puede entenderse su documento como una sugerencia de modificación de las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia.
6 La idea de efectuar una proyección de poder argentino sobre la Antártida y el Atlántico Sur por una posible disputa de soberanía con Brasil, pasa por alto el concepto de legítima defensa asumido por la conducción política del Estado. La misión principal del instrumento militar argentino es enfrentar agresiones externas cometidas por Fuerzas Armadas de otros países.
7 El sentido de sus recomendaciones es ambiguo y revela su desacuerdo con la naturaleza de las misiones actualmente asignadas al Instrumento Militar y con “el gobierno político de la defensa nacional”, en tanto el órgano responsable de controlar a los dependientes organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, “desarrolla evaluaciones y análisis discrecionales, escasamente vinculados con las necesidades actuales de la política de defensa nacional y con independencia de las apreciaciones estratégicas definidas por la conducción política del Estado”.
8 No es cierto que la Argentina no les dé un rol a las Fuerzas Armadas en su política exterior. Lo que les rehúsa es la responsabilidad de conducir esa política.
Igual que con el consejo de la Cancillería para que la Fragata Libertad no se aventurara en aguas europeas y africanas pobladas de tiburones y sobre las que revolotean las buitres, también en este caso Puricelli desoyó las advertencias y mantuvo en un cargo decisivo a quien de tal modo contradecía los lineamientos políticos y estratégicos del Estado Nacional. Así le fue.

Dos familias, dos tragedias

La madre de Alfredo Forti, Azucena Sosa, fue secuestrada en 1977 por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea. La mujer fue detenida dentro de un avión a punto de decolar en la pista del aeropuerto internacional de Ezeiza. Forti era entonces un adolescente, el mayor de cinco hermanos que fueron separados en forma violenta de su madre y pasaron cinco días en un campo de concentración, hasta que pudieron salir del país. Pero Azucena continúa siendo una detenida-desaparecida y Forti, quien vivió parte del exilio en Estados Unidos, un convencido opositor al uso policial de los militares. La historia familiar de Lourdes Puente Olivera no es menos trágica, pero su forma de procesarla es diferente. Nieta de un general-médico del Ejército y sobrina de los sociólogos Rafael Palito Olivera y Nora Rodríguez Jurado, detenidos-desaparecidos en Mendoza en julio de 1976, ella se convirtió en agente civil de Inteligencia de la Armada. Durante el juicio realizado en Mendoza, en el que fueron condenados los responsables de la desaparición del matrimonio, una vecina que presenció el secuestro identificó por fotos entre los autores a un primo de la víctima y de la madre de Lourdes, el teniente coronel Alberto Meneco Olivera, ya fallecido. Y la hermana de Rafael, María Monserrat Olivera, declaró que su padre militar obtuvo la devolución de sus cuatro nietas, Soledad, Rosario, Ximena y Guadalupe, pero ni siquiera intentó averiguar qué había ocurrido con su hijo y su nuera. El padre de Lourdes, Ricardo Puente, las adoptó pero les cambió el apellido, de modo que se llamaran Puente y no Olivera.

Fuente:Pagina12