Un paso más hacia la ampliación de derechos
A favor de la iniciativa impulsada por el oficialismo votaron 52 senadores. Sólo tres se opusieron y hubo dos abstenciones. La UCR y el peronismo disidente plantearon modificaciones en particular. La mayoría del FAP se ausentó. El texto pasó a Diputados.
Por Sebastian Abrevaya
El proyecto tuvo el apoyo de casi toda la oposición y fue aprobado por amplia mayoría.Imagen: Télam
Por una abrumadora mayoría, el Senado aprobó ayer el proyecto que habilita el voto de los jóvenes de 16 y 17 años. Con 52 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la iniciativa impulsada por el Frente para la Victoria recibió el acompañamiento de varios bloques de oposición. La Unión Cívica Radical y el peronismo disidente votaron afirmativamente en general y plantearon algunas modificaciones en particular, mientras que la mayoría de los miembros del Frente Amplio Progresista se ausentaron de la votación y los dos restantes, Luis Juez y Norma Morandini, se abstuvieron. En contra votaron el salteño Juan Agustín Pérez Alsina y los catamarqueños Blanca Monllau y Oscar Castillo. Después de varias jornadas de debate y luego de un amplio consenso, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados y se espera que para las próximas elecciones legislativas los jóvenes sean incorporados al padrón electoral.“Venimos a presentar esta propuesta que les reconoce derechos a los jóvenes de 16 y 17 años a la hora de emitir su voto para elegir cargos nacionales. No estamos otorgando derechos, lo que hacemos es reconocer derechos que les son intrínsecos a los ciudadanos”, señaló Aníbal Fernández, uno de los autores de la iniciativa, junto a la chaqueña Elena Corregido. El senador bonaerense aseguró que con el proyecto “no puede haber ningún tipo de manipulación” electoral y denunció que ahora los acusan de “pecaminosos” porque obtuvieron un resultado favorable en 2011.
El proyecto modifica siete leyes nacionales, entre ellas el Código Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de Electores, la Ley de Ciudadanía y Naturalización y la ley que establece las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Tras varias deliberaciones, se resolvió que el voto será obligatorio, como fija la Constitución Nacional en su artículo 37, pero mediante la modificación del artículo 25 del CNE se excluirá de multas a los jóvenes menores de 18 años y los mayores de 70 años. En el artículo 18 se excluirá a esos dos grupos del registro de infractores. Una de las modificaciones más cuestionadas fue el cambio del término “ciudadanos” por el de “electores” que, según senadores de la oposición, acotaba el reconocimiento de los derechos individuales al marco de los derechos políticos. “Son modificaciones de leyes electorales, los otros derechos están contemplados en la Constitución y en el resto de las normas”, respondió el ex jefe de Gabinete.
Al presentar el proyecto, Corregido replicó las denuncias sobre una eventual ventaja electoral para el oficialismo: “Se dijo que había una especulación con respecto a encuestas a favor. Los adolescentes no hacen lo que los adultos queremos que hagan. Son los jóvenes los que crean la contracultura, los que critican los paradigmas preestablecidos y proponen nuevos. Son los que nos ayudan a despojarnos de prejuicios y ver lo que muchas veces ya existe y no queremos ver”, señaló y sostuvo que quienes piden la baja en la edad de imputabilidad y niegan el derecho al voto son “doblemente antidemocráticos”.
Tal como adelantó Página/12, el proyecto fue acompañado por un amplio espectro multipartidario. Después de mucho debate y tensión interna, la UCR resolvió el voto a favor, en sintonía con lo que proponían sus agrupaciones juveniles, como Franja Morada y la Juventud Radical. “No sé cómo podían ir después a una asamblea de Franja Morada, los echarían a patadas. ¿Si decían que no, qué hacían?”, los chicaneó sobre el final el senador Miguel Pichetto.
“Algunos correligionarios decían: ‘Con el proyecto de Aníbal Fernández (no vamos) ni a la esquina’. La verdad es que les creemos bastante poco, pero fuimos al fondo de la cuestión”, le respondió el jujeño Gerardo Morales.
Finalmente, en la UCR primó la postura que encabezaban Luis Naidenoff y Eugenio “Nito” Artaza: “Algunos no estamos de acuerdo en la forma y en la circunstancias, pero no podemos dejar de coincidir en la ampliación de este derecho. Tenemos que estar preparados para darles respuesta a estos jóvenes que se incorporan, no sólo con el derecho político, sino también con sus reclamos”, argumentó Artaza, quien reclamó un boleto estudiantil gratuito y políticas activas para los jóvenes que en la actualidad no estudian ni trabajan. “No entramos en la lógica de confrontación, no caemos en la trampa. Vamos a votar más allá de las cuestiones de este gobierno. Nosotros estamos convencidos de que éste es un paso más y donde algunos ven la posibilidad de juntar un voto más, nosotros vemos una ampliación de derechos”, completó Naidenoff, al cerrar su intervención.
El peronismo disidente fue el que aportó otro gran respaldo a esta iniciativa, encabezados centralmente por la salteña Sonia Escudero, que propuso modificaciones recogidas por el kirchnerismo. Entre otras cosas, solicitó que se realice una campaña de difusión para advertir que todos los jóvenes deberán realizar su cambio de DNI a partir de los 14 años y no de los 16, como sucedía hasta ahora, e incorporó además que deberán presentar un certificado de escolaridad. Escudero desestimó el argumento de que los nuevos votantes son manipulables. “Es una subestimación absoluta de la juventud. La Unesco dice que los jóvenes de 14 a 28 años tienen mayor capacidad neuronal, asociativa y creativa”, afirmó la peronista disidente, que votó al igual que Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo, entre otros.
La posición del FAP fue llamativa, ya que Rubén Giustiniani, Jaime Linares y María Eugenia Estenssoro no estuvieron presentes por respectivos viajes. De los cinco miembros quedaron sólo Luis Juez y Norma Morandini, quien ensayó una argumentación, pero concluyó pidiendo permiso para abstenerse porque, después de más de un mes y medio de debate, continuaba con dudas al respecto. Juez había recorrido escuelas de su provincia para recoger la opinión de los jóvenes cordobeses y determinó que el voto no era una prioridad para ellos, por lo que también se abstuvo. Los votos en contra fueron del conservador salteño Pérez Alsina y los catamarqueños Monllau y Castillo.
Con su estilo irónico, el pampeano Carlos Verna acompañó el proyecto oficial y utilizó ejemplos críticos con el gobierno nacional para argumentarlo. “Como no puedo resolver por mi cuenta el tema de la inseguridad, y eso es responsabilidad de los mayores, les voy a permitir que voten”, sostuvo y agregó que sería un error que no se apliquen sanciones porque se trata de una forma de “discriminación”. La respuesta vino por parte de Escudero, quien defendió el carácter voluntario que adquiere el voto sin la aplicación de sanciones: “Es un facultamiento, un paso gradual que vamos a ir dando. Los derechos son progresivos, eso es lo que dice el plexo normativo argentino”, aseguró.
El vicepresidente Amado Boudou opinó que se trata de una ley “histórica” y que “no se puede tomar a los jóvenes por tontos”. “Es un triunfo no sólo de los jóvenes, sino para todo el país, y por suerte el proyecto ha tenido un acompañamiento de distintos sectores políticos, lo cual le da un nivel de legitimidad muy importante”, aseguró el titular del Senado, que concluyó así una extensa tarea iniciada hace casi dos meses.
El debate incluyó tres audiencias públicas, por las que pasaron 150 expositores, entre funcionarios del gobierno nacional como el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el director nacional electoral, Alejandro Tullio; especialistas en educación y juventud y representantes de agrupaciones juveniles y estudiantiles. Buena parte de la información incorporada en las audiencias fue utilizada para el debate en el recinto. El senador kirchnerista Daniel Filmus recordó que cuando se aprobó el voto a partir de los 18 años, en 1912, la mayoría de edad era a los 22 y la deserción escolar era del 93 por ciento, o sea, sólo el 7 por ciento de los menores de 18 años estaba dentro del sistema educativo. “Ahora, en cambio, más del 80 por ciento de los chicos de entre 16 y 18 años está dentro del sistema educativo”, argumentó.
De esta manera, se incorporarán alrededor de un millón 400 mil jóvenes al padrón, lo que implica un crecimiento del 4,6 por ciento para las primarias y las elecciones legislativas del año próximo.
LOS SENADORES K QUIEREN QUE LA CORTE INTERVENGA EN LA MAGISTRATURA
A reglamentar el per saltum
En medio del conflicto por la aplicación de la ley de medios, el oficialismo en el Senado presentó un proyecto para modificar un artículo del Código Procesal Civil y reglamentar el recurso que permite sortear instancias para llegar a la Corte.
Por Sebastian Abrevaya
Los senadores oficialistas reclamaron que se active la designación de los jueces.
El bloque de Senadores del Frente para la Victoria se metió de lleno ayer en el complejo conflicto jurídico y político que gira en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la causa iniciada por el Grupo Clarín para evitar adecuarse a la norma sancionada por amplia mayoría hace tres años. Por un lado, el oficialismo presentó un proyecto de declaración solicitando la intervención de la Corte Suprema para destrabar la crisis en el Consejo de la Magistratura, que tiene bloqueada la elevación de las ternas al Poder Ejecutivo para cubrir la vacante en el Juzgado Civil y Comercial Número 1, el cual debe resolver sobre el fondo de la cuestión. Por el otro, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y reglamentar el recurso de per saltum, lo que habilita el salto de instancias judiciales para llegar a la Corte Suprema.
En sintonía con los planteos realizados por el ministro de Justicia, Julio Alak, el oficialismo cuestionó ayer el “bloqueo” realizado por los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, que impiden la remisión al Poder Ejecutivo del concurso 258, destinado a cubrir las vacantes de cinco juzgados del fuero Civil y Comercial. Una vez enviadas las ternas al Ejecutivo, los candidatos son seleccionados y remitidos al Senado para que preste su acuerdo.
“El rol que le ha asignado (al Senado) la Constitución Nacional está siendo permanentemente obstaculizado por absurdas medidas judiciales dilatorias que tienden a impedir la aplicación de leyes sancionadas por este Honorable Congreso de la Nación, abusando ilegalmente de recursos que los códigos de procedimiento otorgan a las partes en el perjuicio de otro poder”, arranca el texto presentado por el presidente del bloque de Senadores del FpV, Miguel Pichetto. La nota, acompañada por todos los miembros de la bancada, le solicita al tribunal que resuelva la situación “de notoria gravedad institucional” cuyas “maniobras injustificadas y arbitrarias” atribuye a un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura”.
Por último, el proyecto que será analizado en comisión pide a la Corte “revisar lo actuado por la Cámara Nacional de Apelaciones” en el procedimiento de selección de jueces subrogantes para cubrir la vacante en ese juzgado y “suspender preventivamente” los efectos de esa decisión. La Cámara había designado mediante un sorteo calificado de “irregular” por el oficialismo al magistrado Raúl Tettamanti, quien renunció ante la amenaza de recusación por parte de Alak. En su lugar la Cámara sorteó a otro juez jubilado, Roberto Torti, también recusado por el Ejecutivo, aunque este magistrado rechazó la recusación.
“Este fuero se encuentra bloqueado. Hacen sorteos por su cuenta, designan a jueces jubilados que se encuentran fuera de cualquier tipo de control y de responsabilidad. Acá hay una ley que no se ha cumplido y se realizan sorteos que no tienen nada que ver con la ley de subrogancia”, denunció Pichetto.
“Los hechos no son ciertos. Los consejeros de su bloque no dan quórum. Esta manera de presionar es totalmente improcedente. Lo que está pasando en el Consejo es muy grave y pone en evidencia que al Poder Ejecutivo le molestan los jueces que ponen límites”, le salió al cruce el senador radical Mario Cimadevilla, integrante del Consejo.
El representante del oficialismo en el Consejo, Marcelo Fuentes, apuntó de lleno en el conflicto político: “Lo que está en juego es saber si esos grupos de poder tienen privilegios en Argentina. Este no es un problema entre Clarín y el Gobierno. Este es un conflicto entre un grupo fáctico de poder y el Estado de Derecho. Este poder fáctico desarrolla maniobras que son escandalosas”, señaló.
Además de la declaración, el oficialismo introdujo un proyecto de ley realizado en base al texto presentado por la presidenta Cristina Fernández cuando era titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayo de 2002. Además, se toman como fuente otros proyectos de legisladores de la oposición como Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero. Se trata de la incorporación de los artículos 257 bis y 257 ter al Código Procesal Civil y Comercial, lo que habilita la intervención de la Corte Suprema en causas que no hayan agotado las instancias ordinarias previas que debe atravesar cualquier causa antes de ser abordada por el máximo tribunal.
El recurso se podrá utilizar cuando exista “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y que el recurso constituye el único medio eficaz” para proteger el derecho comprometido y así evitar “perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”. Sólo eran susceptibles de este recurso las sentencias definitivas de primera instancia y “las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos”. “En este caso hay una medida cautelar que obstruye el camino a la cuestión de fondo, tiene que haber un avocamiento de la Corte y tratar el tema y resolverlo. La Corte resolvió en 48 horas el tema del aborto. Yo creo en este tipo de avocamiento, cuando tienen situaciones de gravedad institucional”, completó Pichetto.
La lista de subrogantes
El ministro de Justicia, Julio Alak, presentó ante el Senado la lista de candidatos para subrogar los juzgados civiles y comerciales federales de la Capital Federal. En medio de la polémica por la designación por parte de la Cámara de ese fuero de los jueces jubilados Raúl Tettamanti (que renunció) y Roberto Torti (que rechazó su recusación) en el juzgado en el que está el expediente en el que el Grupo Clarín cuestionó el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ver página 11), el Gobierno envió la nómina que será tratada hoy en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. Los candidatos son los abogados Ricardo Peyrano, Eduardo Fachal, Gabriel Chamorro, Antonio Rojas Salinas, Rodolfo María Ojea Quintana, Carlos María Cárcova, Lucrecia Decotto, Javier Rodiño, Federico Serrano, Gustavo Alvarez, Diego Fernando Cura, Alberto Aparicio, Carlos Martín Arias, Héctor Rodríguez, Rubén Sartirana, Iván Garbarino y Paula Feldman. De acuerdo con la Ley 23.376, de procedimientos para la designación de jueces subrogantes, en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia, la Cámara del fuero “procederá a la designación de un juez de igual competencia de la misma jurisdicción”. De no ser posible el mecanismo anterior, lo elegirá por sorteo entre la lista confeccionada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Esa lista es la que fue enviada ayer por Alak.
La iniciativa en las provincias
La Legislatura de Misiones intentará aprobar hoy un proyecto de ley para que puedan votar los jóvenes a partir de los 16 años, tras la aprobación del dictamen en comisiones. La iniciativa, que fue canalizada por el diputado renovador Alberto Alvarez y se originó en el Parlamento Estudiantil Misionero, es una réplica del proyecto aprobado en San Juan y que también se discute en Tucumán, y es similar al que aprobó el Senado a nivel nacional. El proyecto había sido impulsado por alumnos del Instituto Privado Proyección 2000 y tras su ingreso en la Legislatura fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Género. De aprobarse hoy esta ley, los jóvenes podrán votar en las elecciones de renovación parlamentaria del año próximo. El diputado Daniel Domínguez destacó la importancia de la iniciativa en “la historia de la política misionera y garantiza la participación de los jóvenes en la elección de sus representantes, en un marco normativo con una visión diferente”. Por su parte, el legislador Pablo Tschirsch (Unión Popular) puso de relieve el proyecto y dijo que “es muy importante para la juventud de Misiones por cuanto da garantía de una verdadera participación ciudadana”.
Fuente:Pagina12
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